Granada
La Fiscalía pide archivar la causa contra Juana Rivas por evitar el retorno de su hijo menor a Italia

La Fiscalía Provincial de Granada ha solicitado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa penal abierta contra Juana Rivas por un presunto delito de sustracción de menores, al considerar que las diligencias practicadas durante la investigación no han aportado elementos suficientes para formular acusación. El equipo de defensa de Juana Rivas ha relatado en una nota de prensa que el Ministerio Público sostiene que “no concurren elementos suficientes para sostener una acusación por sustracción de menores”.

La petición consta en un informe firmado el 14 de septiembre de este año y dirigido a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Granada, en el marco de las Diligencias Previas. El escrito, al que ha podido tener acceso este medio, expone que “no ha quedado suficientemente acreditada la comisión de un nuevo delito y establece una diferencia entre los hechos investigados en 2025 y los que dieron lugar a la condena de Rivas en 2018”.

El procedimiento tiene su origen en la denuncia presentada en marzo de 2025 por Francesco Arcuri, después de que el hijo menor de ambos permaneciera en España tras las vacaciones de Navidad y no regresara inmediatamente a Italia, donde residía con su padre. El 7 de enero de 2025, el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada, en funciones de guardia, había adoptado una medida cautelar de protección tras escuchar al menor, que legitimaba su permanencia en Granada junto a su madre. Medida que, según relata el informe fiscal fue mantenida en fecha 6 de febrero aunque quedó sin efecto “desde el mismo momento en que la Corte de Apelación de Cagliari dictó un Decreto de restitución del menor al padre en Italia”, Decreto que fue ratificado por la Audiencia Provincial de Granada en julio de 2025. 

A partir de ahí ambos padres, continúa el informe, “desplegaron en paralelo una serie de actuaciones judiciales”. Arcuri para hacer efectiva la restitución y Rivas para suspender la entrega del menor.

Además, Francisco Arcuri, interpuso denuncia contra Juana por sustracción de menores en marzo del pasado año, y aunque el Juzgado de Instrucción la archivó inicialmente, la Audiencia Provincial de Granada acordó en julio de 2025 que se continuara con la investigación. Esta se centró en determinar si la permanencia del menor en España podía constituir una conducta delictiva, pese a las medidas judiciales adoptadas y a los procedimientos iniciados durante ese periodo.

Sin voluntad de retener al menor

Uno de los argumentos centrales del informe del Ministerio Fiscal es la distinción entre la actuación de Juana Rivas en 2025 y los hechos que dieron lugar a su condena en el procedimiento anterior. La Fiscalía considera que, en esta segunda ocasión, no concurrió una voluntad de retener al menor con el propósito de hacerse con su guarda y custodia mediante una vía de hecho al margen de los procedimientos judiciales.

Según el razonamiento recogido en el informe, Rivas actuó asesorada jurídicamente y recurrió a diferentes procedimientos judiciales para intentar suspender o retrasar la entrega del niño. Aunque sus pretensiones fueron desestimadas en la vía civil, el Ministerio Público considera relevante que se plantearan a través de los mecanismos legales previstos, y no mediante la ocultación o desaparición del menor. El informe destaca asimismo que, cuando la orden de restitución adquirió carácter ejecutivo, el niño fue finalmente entregado el 25 de julio de 2025.

El Ministerio Fiscal otorga importancia a la medida de protección adoptada en enero de 2025 por el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada. La resolución se dictó después de la exploración del menor ante la alegación de una posible situación de riesgo y permitió su permanencia en España durante parte del periodo controvertido. La Fiscalía sostiene que esta medida contaba con cobertura judicial y “Ni puede tacharse de irregular, ni se basa en una reconstrucción unilateral y artificial de los hechos realizada por Juan Rivas”, mantiene el informe fiscal.

La protección del menor, en el centro de la argumentación

La Fiscalía considera que durante la investigación, la defensa de Juana Rivas ha sostenido en todo momento que su actuación estuvo orientada a proteger a su hijo ante una situación que consideraba de riesgo, una “situación de violencia”, y no a apropiarse de su custodia mediante vías de hecho.

El informe fiscal valora que existieran elementos objetivos que pudieran sustentar esa preocupación, entre ellos las actuaciones judiciales seguidas en Italia en relación con presuntos malos tratos físicos y psicológicos a los hijos de Francesco Arcuri que, en la actualidad, continúa en fase de juicio oral.