Franquismo
Franco vive en nuestra legislación

El franquismo sigue presente en lo cotidiano. Aun caminamos por calles con nombres franquistas, el dictador —por ahora— sigue enterrado con honores en su mausoleo y es habitual ver a su descendencia en programas de televisión. Además, en los tribunales españoles, abogados, procuradores, fiscales y jueces tratan de impartir justicia con decenas de normas de la dictadura y centenares de normas preconstitucionales. Y es que aun existen leyes vigentes firmadas por Francisco Franco. Y lo que es más siniestro, algunas nunca han sido modificadas en democracia. Ni uno solo de sus artículos. Franco pervive en nuestra legislación.

Quienes tienen conocimientos de derecho quizá no se sorprendan, por que saben que el Código Civil actual es del siglo XIX. Publicado por Real Decreto el 24 de julio de 1889, regula las materias civiles que son de ámbito común en toda España y, aun con múltiples modificaciones, sigue vigente hasta nuestros días. Que la justicia avanza muy lenta, lo sabemos todos.

La Constitución se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 29 de diciembre de 1978, un día después de lo previsto, para evitar que naciera el día de los inocentes. Desde aquel día se podría decir que España vive en democracia. En su artículo 117 dice que la justicia emana del pueblo. Pero aun existen leyes y normas que los ciudadanos nunca pudimos aprobar. Y no es  broma. Hay 265 normas preconstitucionales vigentes y consolidadas. 169 son normas aprobadas durante el Franquismo. Y 66 siguen vigentes sin haber sido modificadas —ni una vez— desde la muerte del dictador. 43 tienen la firma de Francisco Franco, vigentes, consolidadas, y sin haber sido modificadas en ningún artículo hasta la actualidad.

El registro que el BOE hace público en su web permite buscar legislación vigente y consolidada —con las sucesivas modificaciones integradas en el texto— desde 1960. En este registro aparecen 169 normas vigentes y consolidadas aprobadas antes de aquel 20 de noviembre de 1975 en que murió el dictador. Durante la democracia, algunas de estas normas han tenido cambios en su articulado. Pero otras muchas, no. Algunas, como el Estatuto de Profesión Periodística, firmado el 13 de abril de 1967 por Francisco Franco y por el ministro de Información y Turismo Manuel Fraga Iribarne, han sufrido alguna modificación. En este caso, hasta en tres ocasiones se hicieron cambios, aunque el último fue en 1977, es decir, el Estatuto de los Periodistas es preconstitucional.

Entre las normas firmadas por el dictador y que siguen vigentes, sin haber sufrido nunca ni una sola modificación, muchas tiene rango de ley. Son de temática variada, afectan a los aspectos más diversos y cotidianos. Como la Ley sobre Hospitales o la Ley de Agrupaciones de Productores Agrarios. También hay decretos, convenios e instrumentos de ratificación de convenios, como el establecido con la Santa Sede, sobre el reconocimiento, de los estudios de ciencias no eclesiásticas realizados en Universidades de la Iglesia. También son franquistas la Ley de creación de Cuerpo de Farmacéuticos de la Sanidad Nacional y la creación del Archivo General de la Administración Civil, sin que en más de 40 años hayan tenido ningún cambio.

Franco aún también en la Ley de Condecoraciones policiales firmada por él, el 29 de abril de 1964. En democracia sólo han aumentado la cuantía económica de las condecoraciones. Torturadores de la transición como Antonio González Pacheco, conocido como 'Billy El Niño', aún mantienen condecoraciones recibidas en el marco de esta ley. Sorprende encontrar legislación franquista vigente, en todo tipo de cuestiones del cotidiano, como en el préstamo de libros de todas las Bibliotecas Públicas, en el pliego de cláusulas administrativas generales para la contratación de obras del Estado o en la instalación de la señal de televisión por cable. También la Ley de Límites de aeropuertos o la de Concesión de teleféricos datan de antes de la democracia.

Si nos fijamos en las normas que no llevan la firma del dictador, encontramos curiosos ejemplos. Como el decreto que regula la organización y funcionamiento del Registro Oficial de Altos Cargos de la Banca o las ordenanzas provisionales de Vivienda de Protección Oficial. Firmadas por el gobernador del Banco de España y el director general del Instituto Nacional de la Vivienda, de la época.

Pero, hay dos leyes en concreto, vigentes y firmadas por Francisco Franco, que hacen que el dictador aun viva en la legislación española.

TODO QUEDÓ ATADO Y BIEN ATADO

Si el año 1968 será recordado por la primavera francesa, en la que encontraban la playa bajo los adoquines, en España se buscaba futuro sucesor al dictador. El año siguiente, 1969 comenzó con las universidades cerradas y más de 300 estudiantes detenidos. El 24 de enero se declaró el estado de excepción, durante tres meses, en todo el territorio nacional. En junio comenzó el cierre de la verja en Gibraltar y duró hasta mediados de los años 80. Fue una orden ministerial de 7 de junio de 1969 la que suprimió la posibilidad de transito entre Gibraltar y la Línea de la Concepción. Estuvo en vigor hasta 1982. Aunque a día de hoy no aparezca en el BOE, esa orden queda citada en otra posterior de 1985.

En aquel verano de 1969 el hombre pisó la Luna. Y más de medio millón de personas se reunieron en Woodstock, para pasar cuatro días de sexo, drogas y rock-and-roll, con música de Janis Joplin, The Who o Jimi Hendrix. Mientras, en España triunfaba Formula V con la canción de Cuéntame. Y fue en el tradicional discurso de Navidad, el 30 de diciembre de 1969, cuando Franco pronunció su célebre frase de “todo ha quedado atado y bien atado”. Hace 50 años de aquel día, en que el dictador firmó en el Palacio de El Pardo, un 22 de Julio de 1969, la Ley 62/1969, por la que se provee lo concerniente a la sucesión en la Jefatura del Estado. Y así, el sucesor del dictador sería el rey. Y aunque cambie el rey, la ley sigue vigente y sin cambios.

Pero fue varios meses antes cuando Franco aprobó el secreto mejor guardado de nuestra democracia: la Ley de Secretos Oficiales. Fue modificada por última vez el 10 de noviembre de 1978. Un mes antes de aprobarse la Constitución, Adolfo Suárez le dio un pequeño lavado de cara. El decreto por el que se desarrollan las disposiciones de la ley de secretos oficiales, firmado el 20 de febrero de 1969, tampoco ha sido modificado en democracia. Ya en 1986 se empezaba hablar de la necesidad de cambiar esta ley para equiparar España a los países miembro de la OTAN. Uno de esos “aspectos tremendos que habría que cambiar” —decía El País hace más de 30 años— era —y es— “la supresión de la facultad que se otorga a la Jefatura de Estado Mayor para clasificar materias secretas al margen del Gobierno”.

A día de hoy, medio siglo más tarde, esta ley franquista de secretos oficiales sigue vigente y choca a diario con la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno. Firmada el 9 de diciembre de 2013 por el Rey Juan Carlos y el entonces presidente del Gobierno Mariano Rajoy. Esta ley sí que ha sido modificada: el año pasado se añadió la protección de datos y la garantías de los derechos digitales.

Sin embargo, la actual Ley de Secretos Oficiales es la original del franquismo. Y no tiene un procedimiento automático de desclasificación de documentos pasado un tiempo, como en otros países. Hay temas que pueden permanecer secretos hasta la eternidad. A iniciativa del PNV hace tres años, se propuso fijar un plazo de 25 años para materias secretas y otro de diez años para las materias reservadas. Historiadores e investigadores aplaudían la iniciativa, pero el plazo de enmiendas fue prorrogado más de 14 veces y, a día de hoy, nada ha cambiado y los secretos oficiales pueden seguir siendo eternos.

Así, todo quedó atado y bien atado, y no podemos saber nada de las etapas más ocultas de la dictadura o la transición, como el 23F. Tampoco podemos conocer cuestiones de mayor actualidad, como a qué país han ido a parar las armas que se fabrican en España o cuantas veces ha usado el presidente Sánchez el helicóptero presidencial. Los secretos oficiales prevalecen sobre la transparencia, el acceso a la información y el buen gobierno. Hay leyes franquistas que nos gobiernan en democracia. Y es que, aun hoy, la firma de Franco sigue vigente en la legislación.