Extremadura
Extorsión y violencia para echar a una familia con un bebé en Cabezuela del Valle

Una familia —compuesta por una mujer, su hija de 24 años, un joven de 18, un bebé de un año y algunos animales de compañía— abandonó su vivienda en Cabezuela del Valle (Cáceres) el pasado 15 de mayo tras tres días de asedio por parte de la empresa de desocupación APD Security Iberia. La inquilina, que residía en la finca bajo un contrato de arrendamiento en vigor, denuncia haber sido víctima de coacciones, cortes intencionados de suministros y omisión del deber de socorro por parte de las administraciones públicas. El caso expone las metodologías empleadas por empresas de desocupación extrajudicial y cuestiona el papel de las autoridades ante situaciones de vulnerabilidad, en un sector que acumula múltiples diligencias policiales e investigaciones judiciales.

El origen de la situación

La arrendataria subraya de forma categórica que su familia no ocupaba ilegalmente el inmueble. El Salto Extremadura ha tenido acceso a los justificantes bancarios aportados por la afectada y ha corroborado que la familia se encontraba al día con todos los pagos de la renta. Además, la familia llevaba meses contactando con inmobiliarias de localidades cercanas como Arroyo de la Luz, Malpartida de Cáceres y Aliseda para intentar reubicarse.

El conflicto con el propietario de la parcela —un hombre de 70 años y conocido empresario de la zona— se originó tras detectar irregularidades en la facturación. La inquilina afirma en conversaciones con este medio que el arrendador exigía el pago de recibos de electricidad que incluían el consumo de las viviendas contiguas. Tras realizar consultas en el Consorcio, la Diputación y la Mancomunidad, la familia descubrió que la parcela no constaba registralmente como un edificio dividido, emitiéndose un único recibo que el propietario cobraba íntegramente a cada uno de los cuatro inquilinos. Al percatarse de la presunta estafa, la arrendataria retuvo el pago de esos sobrecostes, exigiendo la factura oficial, documento que el casero nunca llegó a aportar.

La negativa a ceder a las exigencias económicas desencadenó un hostigamiento prolongado. Según el testimonio de la familia, el propietario se negó a reparar la caldera central, forzándoles a pasar el invierno en condiciones de frío extremo y obligándoles a depender de una estufa de pellets cuyo uso suponía un riesgo para la oxigenación de la habitación del bebé.

La situación empeoró a finales de año, cuando el propietario instaló en la vivienda inferior a personas con problemas de adicción, presuntamente para forzar la salida de la familia. Esto derivó en manipulaciones de contadores, cortes constantes de luz y agua, y episodios de tensión que culminaron el 13 de marzo. Aquel día, un individuo residente en la finca golpeó a la inquilina en la cabeza con un martillo, requiriendo asistencia hospitalaria. “Les permitió hacer lo que quisieran con nosotros. (...) Al mes y medio me pegan un martillazo en la cabeza... Me mandan al hospital”. El asalto fue documentado por medios regionales como el diario Hoy y tratado en directo a nivel nacional por la cadena Cuatro, donde la víctima denunció el ataque y episodios previos en los que se utilizó gas pimienta.

El operativo del 13 de mayo y la inacción institucional

La documentación oficial a la que ha tenido acceso El Salto Extremadura, que incluye denuncias y diligencias ante la Guardia Civil y el Juzgado de Guardia de Plasencia, expone el desarrollo del operativo. Los atestados policiales recogen que la familia residía en la vivienda con un contrato de alquiler cuya fecha de finalización estaba prevista para el 31 de julio del año en curso.

La intervención se inició el 13 de mayo a las 06:30 horas, con la llegada a la parcela de una furgoneta negra con los cristales tintados. En el vehículo viajaban tres individuos, uno de los cuales se identificó ante los inquilinos como “perito judicial”, acompañado por personal vinculado a la empresa de desocupación APD Security Iberia. Según consta en las denuncias, a las que ha tenido acceso El Salto Extremadura, lo primero que hicieron los individuos al llegar fue, presuntamente, destrozar el coche de la familia lanzando ladrillos contra el parabrisas y la ventanilla. Tras la negativa de la arrendataria a abandonar la vivienda, se procedió al bloqueo de los accesos a la parcela y comenzó un asedio violento que se prolongó durante tres días.

Las denuncias presentadas ante la Guardia Civil señalan que los integrantes de la empresa inhabilitaron las entradas e interrumpieron los suministros de luz y agua. La mujer logró aguantar atrincherada en el interior de la vivienda hasta el 15 de mayo, fecha en la que el hostigamiento cruzó todas las líneas rojas: la denuncia oficial recoge que los violentos rompieron una ventana y dirigieron a la denunciante gestos consistentes en pasarse el dedo por el cuello. En la misma comparecencia, la mujer declara haber sido rociada con un líquido, simulando que era gasolina, mientras los individuos le hacían ademanes con un mechero, además de haber recibido el impacto de un cactus que le causó un derrame ocular y de una baldosa en la cabeza. “Intentaron matar a mi gato, que se escapó, con una escoba y con una maceta. (...) Me habían cortado el agua, me habían cortado la luz”, declara la víctima a este medio.

En relación con la actuación de las instituciones, la afectada expone que dos trabajadoras sociales acudieron al lugar y, al constatar la falta de suministro de agua en un domicilio con menores, les entregaron dos botellas de agua. Posteriormente, una patrulla de la Guardia Civil se personó en la finca. Ante el cuadro de ansiedad de la denunciante, asomada a la ventana solicitando auxilio, los operarios mostraron a los agentes una grabación en vídeo argumentando que la mujer manifestaba “intenciones autolíticas”. A raíz de esta comunicación, se activó el protocolo médico correspondiente y la inquilina fue evacuada en ambulancia al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia, quedando la propiedad vacía. “Sabían que estábamos sin luz. Y ellos lo comprobaron. Y también sabían que no tenía agua, y todo estaba permitido. O sea, nadie comprobó si en el pueblo había agua, si en el pueblo había luz... querían quitarse el problema cuanto antes y ya está”.

En la actualidad, la familia no ha podido regresar al domicilio. En los escritos de ampliación de denuncia redactados a mano y presentados ante el juzgado, la denunciante solicita la aplicación de medidas cautelares urgentes. Según consta en estos documentos, en el interior de la vivienda permanecen ocho gatos y dos serpientes, además de dinero en efectivo, documentación personal, medicación y alimentos para el bebé de doce meses. En las diligencias se hace constar también que la empresa comunicó telefónicamente a la denunciante su intención de sacar los enseres personales y depositarlos a pie de carretera. “No tenemos nada, no tengo documentación, no tengo nada, entiendes. Me han dejado en la calle”.

Radiografía de APD Security Iberia: antecedentes, extrema derecha y tácticas militares

La intervención en Cabezuela del Valle ha sido ejecutada por una de las empresas con mayor actividad reciente en el sector de la desocupación extrajudicial. Operando bajo las sociedades mercantiles APD Security Iberia S.L. y APD Security Group S.L. (registradas en 2017 en Aranjuez), la compañía acumula un historial documentado por atestados policiales e investigaciones periodísticas.

Según informaciones publicadas por diarios como El Español y ABC, el 8 de noviembre de 2023, la Policía Nacional detuvo a siete integrantes de APD Security durante un desalojo extrajudicial en Tetuán (Madrid). El responsable del operativo se identificó con una placa policial falsa. Los agentes incautaron cuchillos de gran tamaño, defensas extensibles, puños americanos y aerosoles de pimienta. Posteriormente, tal y como reportaron medios como El Diario.es y Diario Red, en octubre de 2025 un operativo de la empresa en Vallecas finalizó con el asalto violento al centro deportivo La Fabrika, resultando en varios heridos y la detención de diez trabajadores de la compañía. 

También desde El Salto hemos identificado a diversos empleados de la empresa con trayectorias en organizaciones de extrema derecha. Destaca Diego Ajado, vinculado al grupo radical Yomus y a formaciones como España 2000 y Bastión Frontal; así como Isidro de Campo Bonora, exdirigente en Alicante del partido neonazi Amanecer Dorado, para quien la Fiscalía solicitó cinco años de prisión por una agresión ideológica cometida en 2021.

Entre las filas de la compañía se documenta la actividad de Alin “Tod” Atodiresei, quien publicita certificaciones como instructor de la International Security Academy (ISA-Israel). Dicha academia, fundada por generales retirados de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF), provee instrucción en tácticas paramilitares y antiterroristas, metodologías que posteriormente se han observado en la gestión de conflictos inmobiliarios con población civil en España. A pesar de los antecedentes penales de varios de sus miembros y de la naturaleza de sus intervenciones, APD Security Iberia mantiene una presencia habitual en diversos programas de televisión nacional, donde son presentados de forma regular como portavoces expertos en el fenómeno de la ocupación inmobiliaria.

Los sucesos denunciados en Cabezuela del Valle exponen las dinámicas de las empresas de desocupación extrajudicial frente a inquilinos con contrato en vigor. El uso del corte de suministros, el bloqueo de accesos y la intimidación para forzar el abandono de un inmueble sin mediar orden de un juez constituye una práctica que los expertos jurídicos enmarcan en los delitos de coacciones y realización arbitraria del propio derecho. Como resultado de este operativo, ejecutado al margen de los tribunales, una madre, sus hijos —uno de ellos un bebé de doce meses— y sus animales de compañía permanecen en la calle tras reportar meses de hostigamiento y agresiones físicas. El caso abre, además, el debate sobre los protocolos de actuación y protección de las fuerzas de seguridad y los servicios sociales ante este tipo de intervenciones. Actualmente, a través de las ampliaciones de denuncia presentadas en el Juzgado, la familia solicita medidas cautelares de extrema urgencia para recuperar su hogar, los animales retenidos en la propiedad, así como la documentación personal, la medicación y los enseres básicos del lactante.