Madrid
Horus Desokupa acosa y agrede durante meses a una anciana en San Blas para forzarla a abandonar su vivienda

La llegada en masa de fondos buitre a los barrios obreros y el relato extendido del miedo a la supuesta ‘inquiokupación’ han sembrado el terreno idóneo para que proliferen los grupos de desokupación en las grandes ciudades y sus periferias. Contratadas por rentistas para operar al margen de la legalidad y ahorrarse los tiempos judiciales cuando quieren desalojar sus viviendas con celeridad, estas empresas asociadas actúan con total impunidad. En algunos casos, incluso, han servido de mano derecha de las fuerzas policiales para ejecutar desahucios de forma violenta, aunque no todas ellas están registradas legalmente como entidades jurídicas.

Rosita (76 años, Madrid) ha sido, estos últimos meses, otra de las numerosas víctimas vulnerables de uno de estos grupos neofascistas. Concretamente de Horus Desokupa —también conocido bajo el nombre de D&S Desokupa—, empresa originaria de Toledo creada en 2023, cuyo administrador único, Rafael González, cuenta con antecedentes penales por tráfico de estupefacientes. González anteriormente trabajaba para otra empresa de este estilo, DIO Express 24H. Sus integrantes son un grupo motero toledano conocido como No Surrender con un abultado historial de participación en entidades del sector del “matonismo profesional” como Regain Your Home, Brigada Desokupa, APD Security o Nación 8 Desokupa, según destaca una investigación del medio antifascista Sistema 161.

Rosita trabajaba como empleada del hogar interna en la casa de una mujer del barrio madrileño de San Blas-Canillejas tras llegar, hace hoy más de 32 años, a España desde República Dominicana. Durante el tiempo que estuvo cuidándola en la casa, contrajo una relación con el hijo de su empleadora y propietaria del inmueble, Dolores González Concepción. Hace ya 30 años Dolores falleció y hace 15 lo hizo su hijo y pareja de Rosita, sin llegar a formalizar la herencia. Al no disponer de alternativas habitacionales, decidió permanecer en el inmueble donde había estado trabajando y residiendo todo ese tiempo asumiendo los gastos de comunidad, suministros y otros importes.

De la noche a la mañana Horus Desokupa comenzó a violentarla hasta el punto de llegar a poner literalmente su vida en riesgo. En agosto de 2025 trataron de sobornarla para que abandonara rápidamente la vivienda

Durante 20 años la dominicana, que estaba al corriente de todos los pagos mensuales, había podido vivir sin sobresaltos en el edificio, pero de la noche a la mañana Horus Desokupa comenzó a violentarla hasta el punto de llegar a poner literalmente su vida en riesgo. En agosto de 2025 trataron de sobornarla, como acostumbran a hacer estos grupos que actúan de manera extrajudicial, ofreciéndola primero 10.000 euros y luego 15.000 para que abandonara rápidamente la vivienda sin mostrar resistencia. Nadie se había puesto antes en contacto con ella para comunicarle que querían el piso para sí, de manera que sigue siendo una incógnita quién contrató a la empresa de desokupas para hacerse con el piso.

Corte de suministros, vandalizaciones y agresiones

Pero el verdadero infierno arrancó no sólo cuando rechazó cumplir con las exigencias de Horus Desokupa y resistir en su casa sino al decir que estaba organizada con Sindicato de Barrio de San Blas. Este colectivo ha acompañado a la vecina —que, a sus casi 80 años, tiene un grado alto de dependencia y cierto deterioro cognitivo— y algunos de sus miembros también han sido blanco de ataques homófobos reiterados por parte de la empresa. Dada su negativa a ceder, empezaron a aparecer todas las semanas en su casa vandalizando la cerradura hasta en seis ocasiones, tapando la mirilla con una sustancia corrosiva, acosándola al salir por las mañanas a la calle, hostigándola con cámaras o aporreando con violencia la puerta a altas horas de la madrugada.

En un primer momento el seguro de hogar cubría algunos desperfectos derivados de las vandalizaciones pero pronto el tamaño de los daños era tan grande que ya no alcanzaba con la cobertura contratada. “Tras exigirles desde el Sindicato el cese del acoso, la empresa respondió amenazando con realizar un “control de acceso” en la vivienda, incurriendo en un delito de usurpación de funciones públicas al afirmar falsamente que contaban con ‘aprobación de la Policía Nacional y los juzgados’”, alegan a través de un comunicado de prensa las integrantes de este colectivo.

Las funciones que realiza Horus Desokupa en la práctica no coinciden con las que aparecen en el registro. Oficialmente figura como una empresa de “actividades de seguridad privada” al uso pero en su web, y en su nombre, dejan claras sus intenciones

Horus Desokupa no figura legalmente como una entidad dedicada a desocupar viviendas, aunque sí es una entidad jurídica, a diferencia de muchas otras empresas desokupa que ni siquiera existen de forma oficial. Las funciones que realiza en la práctica no coinciden con las que aparecen en el registro. Oficialmente figura como una empresa de “actividades de seguridad privada” al uso pero en su web, y en su nombre, dejan claras sus intenciones, incluso hacen públicamente gala de sus praxis violentas y “mediaciones extrajudiciales”, para dar cuenta de la naturaleza de sus procedimientos. Teniendo en cuenta que el precio promedio de un desalojo extrajudicial, según datos de Idealista, ronda los 3.000 euros, quienes suelen recurrir a los servicios de estos grupos son o bien multipropietarios acaudalados o fondos de inversión, que pueden permitirse invertir elevadas cantidades de dinero en desalojos ilegales.

La violencia ejercida contra Rosita ha escalado hasta llegar a cortarle los suministros haciéndose pasar por técnicos eléctricos y cortando el cable neutro de los contadores, lo que provocó el pasado mes de diciembre que se quedara sin luz. Para esta anciana sin apoyos familiares, que necesita estar conectada a un respirador para dormir debido a sus problemas de salud, tener cortes de suministros constantes no sólo atenta contra su tranquilidad y seguridad sino, directamente, contra su vida.

“Han vandalizado sistemáticamente la instalación de la luz en el cuarto de contadores del edificio, robado diferenciales y arrancado cables para dejarla completamente a oscuras y sin calefacción en pleno invierno”: Sindicato de Barrio de San Blas

“Han vandalizado sistemáticamente la instalación de la luz en el cuarto de contadores del edificio, robado diferenciales y arrancado cables para dejarla completamente a oscuras y sin calefacción en pleno invierno. La compañía de la luz se lava las manos y se niega a hacerse cargo de las reparaciones, alegando que las agresiones y sabotajes se producen después del diferencial, por lo que consideran que los daños son responsabilidad económica de Rosita. Lo que está sufriendo no es un corte por impago, es un ataque deliberado”, explican desde el Sindicato.

Debido a que Horus Desokupa tiene la llave del cuarto de contadores del edificio, pueden sabotear los suministros a placer y con total impunidad, ya que además ni las instituciones ni la propia Policía han actuado en todo este tiempo para defender a Rosita. Ya en noviembre de 2025 esta empresa trató de expulsar a una familia de su residencia en Bilbao a través de amenazas y extorsiones pero el músculo del tejido barrial logró impedirlo. En aquel momento un rentista había intentado echar a los inquilinos y, para acelerar el proceso de expulsión, contrato a estos ‘matones a sueldo’. Pero el caso de Rosita es algo más atípico porque se desconoce la identidad de la persona o empresa que ha contratado a Horus para ‘hacer el trabajo sucio’ a través de prácticas intimidatorias.

Se desconoce la identidad de quién contrató al grupo de desokupación

El Sindicato tan solo tiene constancia de que, en la última nota simple a la que han tenido acceso, aparece una empresa inmobiliaria a la que se le ha asignado la tramitación de la herencia. Se llama Wills & Laws gestion internacional de herencia SL (también firman como Grupo Hereda) pero ésta ha negado toda relación con el grupo fascista y ha reiterado su desvinculación respecto a ellos a través de emails intercambiados con las activistas.

Se trata de una entidad que gestiona herencias de descendencia desconocida, buscando a posibles herederos. Horus Desokupa dejó recientemente a Rosita una tarjeta de esta empresa en su casa. “Tenemos una llamada haciéndonos pasar por clientes en el que decíamos que teníamos una herencia en forma de inmueble, había un familiar pero que había una persona habitándolo. Dijeron que ellos llegados al punto se encargarían de contratar a una empresa de desokupación para expulsar al inquilino”, desliza Celia, activista y militante del Sindicato.

“Unos supuestos herederos o terceros no identificados han contratado a esta empresa de matones sin tener título firme alguno sobre la vivienda, que sigue apareciendo en el registro a nombre de la propietaria original”

En las últimas notas simples del Registro de la Propiedad, tal y como ha podido comprobar este medio, la casa sigue a nombre de la propietaria original desde 1997 (es decir, la madre de su expareja). No hay constancia tampoco de que un familiar haya reclamado el inmueble en forma de herencia en los 16 años que lleva viviendo desde que falleció su expareja. “Unos supuestos herederos o terceros no identificados han contratado a esta empresa de matones sin tener título firme alguno sobre la vivienda, que sigue apareciendo en el registro a nombre de la propietaria original, fallecida hace más de 30 años”, expresan.

“A Rosita la han amenazado también de muerte y la han acusado de haber asesinado a su ex pareja para hacerse con el piso, le han rayado la madera de la puerta llamándola peyorativamente ‘puta’...”

El Sindicato ha tenido que denunciar a la Horus por sus prácticas violentas y han ampliado la denuncia en varias ocasiones porque los ataques no paran de sucederse. Las actuaciones encajan, aseguran desde el Sindicato, en los delitos de coacciones (art. 172 CP), acoso inmobiliario (art. 173.1 CP), daños, amenazas y allanamiento, con el agravante de obrar contra una persona mayor y dependiente (art. 22.4 CP). “A un compañero le amenazaron con que le iban a disparar y le han puesto una orden de alejamiento, a Rosita la han amenazado también de muerte y la han acusado de haber asesinado a su ex pareja para hacerse con el piso, le han rayado la madera de la puerta llamándola peyorativamente ‘puta’. También han dicho que iban a tirarla por la ventana”, afirma el Sindicato.

La quiebra de las redes comunitarias allana el terreno para los ‘desokupas’

Grupos como Horus campan a sus anchas cada vez con más libertad a medida que se engrosa el negocio de la vivienda. Los barrios, que antes contaban con nutridas redes informales de apoyo mutuo, viven un proceso creciente de fragmentación de los tejidos comunitarios. Estas estructuras orgánicas servían en muchos casos de protección cuando una vecina se veía amenazada, pero con el paso de los años las dinámicas individualistas han ido ganando fuerza: “La impunidad de quienes acosan a Rosita hace unos años habría sido impensable porque el tejido de barrio era mucho más sólido. Nosotras hemos estado algún día gestionando porque le habían puesto silicona en la cerradura y había vecinos que salían a decirnos ‘qué coño estáis haciendo aquí, estáis haciendo mucho ruido’ en lugar de preguntar qué pasa o cómo pueden ayudar. Ahora cada uno está a lo suyo y no se preocupa por lo que le ocurre al de al lado”, lamenta Celia.

El auge de discursos de extrema derecha que criminalizan a quienes resisten en sus viviendas ha sentado un marco securitizante que legitima las agresiones de estos grupos. La seguridad ciudadana se interpreta falsamente como un problema acuciante de los barrios que sólo quienes ejercen el monopolio de la violencia pueden solventar. Eso sí, tomándose la justicia por su mano y amedrentando a personas como Rosita, cuya vulnerabilidad ha sido certificada por parte de los servicios sociales. “Antes te encontrabas cuatro nazis en tu puerta y reaccionabas, ahora parece que están haciendo su trabajo porque se ha creado un falso relato de que hay inseguridad, y lo único que se ha conseguido es más presencia policial en los barrios y una impunidad absoluta hacia estos grupos”, destaca la activista.

Y así, mes a mes se multiplican los desahucios invisibles, los cuales ni figuran en las estadísticas oficiales ni cuentan con una respuesta institucional. Ante la acción violenta de estas entidades que siguen el modelo de Desokupa, desde Sistema 161 recomiendan crear grupos de afinidad cuando empiezan los primeros signos de hostigamiento, que puedan acudir rápidamente en caso de que las amenazas se incrementen, mantener una buena relación con otros inquilinos del mismo edificio, instalar un control de acceso en las zonas comunes (algo que precisa del permiso de la comunidad en las áreas compartidas) y disponer de grabaciones de todas las actuaciones ilegales.