Elecciones autonómicas
El gobierno de Juanma Moreno visto por los movimientos sociales: “La Junta de Andalucía es intocable”

Las elecciones en Andalucía se celebrarán el próximo 19 de junio, así lo anunciaba el actual presidente, Juanma Moreno, el pasado lunes al firmar el decreto de disolución del Parlamento. Concluye así la primera legislatura sin un Gobierno socialista en la Junta, que comenzó en enero de 2019 después de unas elecciones con resultados muy ajustados y bajo el signo de una protesta frente a la sede parlamentaria. En diciembre de 2018, Moreno llegó a un acuerdo con Ciudadanos y, por primera vez en la historia de los gobiernos autonómicos, contó con el apoyo de la ultraderecha. 

El viraje a la derecha del gobierno andaluz ha supuesto la puesta en marcha de medidas y decisiones que han afectado a los distintos tipos de movimientos sociales en el territorio: movimientos por la memoria histórica, la ecología, la antituristificación, la lucha vecinal y la comunidad educativa. El balance general es negativo. El Gobierno de Moreno ha acelerado tendencias que ya se denunciaban durante la etapa de Susana Díaz en el Palacio de San Telmo en materia de territorio o servicios públicos.

Medioambiente y territorio

En el nivel medioambiental, durante la etapa de Moreno y de la consejera de Agricultura y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, se han dado distintos pasos para la recalificación de terrenos naturales y la posible edificación en zonas protegidas. En el caso de Doñana, la Junta de Andalucía publicaba en marzo de este año una resolución en el BOJA en la que anulaba la prohibición de llevar a cabo proyectos de extracción y almacenamiento de gas en el parque natural.

Esta medida se unía a una de las grandes propuestas del PP Andaluz: ampliar la carretera que cruza el parque natural, con el objetivo de unir las provincias de Cádiz y Huelva. En octubre de 2020, la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía anunciaba la adjudicación a una empresa consultora la redacción del proyecto de construcción de dicha vía. Asociaciones ecologistas a nivel mundial se han hecho eco y ponen el foco en lo que supondría esta carretera para el ecosistema: “Doñana no aguanta más impactos. Lamentamos que la Junta de Andalucía continúe apostando por proyectos de carreteras que dañarían de forma irreversible su naturaleza”, explican desde el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF.

El Colectivo-Asamblea Contra la Turistización de Sevilla alertó en noviembre de 2020 sobre la aprobación durante la crisis de un Decreto que cambia una veintena de leyes y afecta a la regulación del turismo y el urbanismo.

Otro caso que ha hecho saltar las alarmas de los grupos ecologistas es la mercantilización de un paraje natural es el de la construcción de un hotel en Cabo de Gata. Se trata de un proyecto en la playa de los Genoveses (Almería) al que la Junta de Andalucía dio luz verde en junio de 2021. La construcción del hotel de los Genoveses estaría amparada por la Ley de Suelos, aprobada en diciembre de 2021 por la Junta de Andalucía. Dicha norma limita la burocracia y facilita la creación de proyectos urbanísticos en todo el litoral de la comunidad. La plataforma Genoveses sin hotel ha recogido más de 200.000 firmas para detener el proyecto: “Cuando nos reunimos con la Junta de Andalucía, decían que no veían que el impacto fuera a ser para tanto. También minusvaloraron el movimiento que habíamos generado, insinuando que las firmas las habíamos conseguido a través de mentiras”, comenta Celine Feutry desde la plataforma.

La preocupación de este movimiento es que se trataría de la primera construcción de este tipo en una zona protegida: “Si este hotel llegará a construirse, sentaría un precedente para poder construir muchos más”, alerta Feutry. El caso ha sido comparado con el del Algarrobico, un hotel que nunca se llegó a inaugurar y que permanece como una mole de hormigón después de 15 años de condenas sin que se haya procedido a su derribo.

El ladrillo que araña el Cabo de Gata

Sara Plaza Casares

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Urbanismo

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Sara Plaza Casares

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Desde que se declarara Parque Nacional, en 1987, el espacio ha sufrido diferentes envites recalificadores. Hoy las organizaciones conservacionistas miran con miedo la autorización de un hotel frente a Genoveses.

El Colectivo-Asamblea Contra la Turistización de Sevilla (Cactus) alertó en noviembre de 2020 sobre la aprobación durante la crisis del Covid-19 de un Decreto que cambia una veintena de leyes y afecta a la regulación del turismo y el urbanismo. Una norma que, bajo su punto de vista, facilita los mega proyectos urbanísticos y rebaja las trabas administrativas al turismo masivo. “En lugar de apostar por la diversificación de la economía, han apostado por más turismo, agrandando la dependencia a una industria que justo en estos momentos se está demostrando profundamente volátil”, comentan desde Cactus.

Durante su legislatura, el presidente se ha referido al turismo en diversas declaraciones en el parlamento andaluz como el centro de su “Estrategia económica y de recuperación con respecto a la crisis de la pandemia”. Desde Cactus advierten de cómo esta postura afecta a las personas de a pie: “En lugar de gobernar para las personas, lo hacen para las empresas, condenando a la precariedad y al sufrimiento a miles de familias en toda Andalucía”. Las críticas vienen fundamentalmente por el impacto que la actividad turística tiene sobre los alquileres en las principales capitales andaluzas —en las que se ha incrementado un 2% en el último año y, en casos como Sevilla, un 31% en menos de una década—  y por el tipo de empleo que genera el modelo de ocio y servicios orientado al sector, precarizado y sin derechos. 

“Trabajadoras con derechos y vecinas con techos”, demandas en Sevilla el día del turismo

Aurora Báez Boza

Turismo

Modelo turístico “Trabajadoras con derechos y vecinas con techos”, demandas en Sevilla el día del turismo

Aurora Báez Boza

Un centenar de personas ha reclamado medidas contra las consecuencias de la turistización en la ciudad y la precariedad laboral en el sector.

Pobreza y derechos sociales

La llegada de Moreno a la Junta no ha terminado con las problemáticas estructurales de muchos barrios de Andalucía. La pobreza, los miles de desahucios anuales, la falta de recursos y equipamientos o los problemas de acceso a la luz se han agravado por la vocación privatizadora del gobierno de Juanma Moreno. Así lo denuncia Andrés Piñero, de la plataforma de Barrios Hartos de Sevilla, quien comenta cómo uno de los problemas más acuciantes en los barrios es el proceso de privatización de la salud y la educación. “Hemos notado mucho la mala gestión del Gobierno andaluz, por una parte, en el acceso a la salud, con unos servicios colapsados y, por otro lado, en educación, en el hecho de que cada vez menos alumnos de barrio obrero pueden acceder a la universidad”, denuncia Piñero.

El pasado 11 de diciembre miles de vecinos de uno de estos barrios, Amate, salía a manifestarse ante la falta de pediatras en su centro de salud. Esta situación lleva repitiéndose desde la crisis sanitaria en todas las zonas populares de Andalucía, donde los centros de atención primaria están recortando servicios, horas de atención e incluso cerrando, como el caso de el centro de salud Los Gallos en Chiclana, que lleva toda la legislatura paralizado por la inacción del gobierno.

A nivel sanitario, el gobierno andaluz también ha tenido que enfrentarse a la movilización de la Marcha Blanca, del Servicio de Atención Domiciliaria (SAD). El colectivo de trabajadoras lleva meses de manifestaciones poniendo el foco en su situación de precariedad debido a la privatización del servicio por parte de la Junta. “Llevamos mucho tiempo luchando para que el servicio, que se gestiona con dinero público, lo lleven empresas públicas. La situación cada vez va a peor”, comenta Ana Richarte, trabajadora del SAD y promotora de la Marcha Blanca.

La Junta de Andalucía dio en junio de 2019 una medalla reconociendo la labor de estas trabajadoras en la pandemia; sin embargo, este acto mediático no se ha traducido en una valorización de su trabajo. Las trabajadoras denuncian abandono y falsas promesas por parte de la Junta de Andalucía además de amenazas a las trabajadoras en ciertos lugares: “En municipios como Espera (Cádiz), La Puebla y Alcalá del Río (Sevilla), y muchos otros, la Junta de Andalucía amenaza a las trabajadoras con la privatización o el recorte de sus derechos”, comenta Ana Richarte.

A pesar de que esta Marcha Blanca ha movilizado a miles de trabajadoras por toda Andalucía y se trata de un acontecimiento pionero en el sector, el colectivo se queja de la poca repercusión mediática que ha tenido debido al poder de la institución: “Muy pocos medios han venido a cubrirlo porque la Junta de Andalucía es intocable”, sentencia Ana Richarte.

“Arrepentío vendrá a pedirme perdón cuando te haga falta a ti el servicio mío”: la Marcha Blanca del SAD finaliza por sevillanas

Aurora Báez Boza

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Aurora Báez Boza

La primera Marcha Blanca del Servicio de Atención Domiciliaria acaba en Sevilla tras cuatro meses recorriendo todas las provincias andaluzas pidiendo derechos laborales para dignificar su trabajo.

El pasado 2 de febrero el gobierno andaluz aprobaba la modificación del Decreto de Escolarización, ante la que la comunidad educativa se lleva manifestando meses debido a que supone privilegiar los centros concertados con respecto a los centros de enseñanza pública. Como respuesta, el 4 de marzo se convocó una huelga educativa a nivel andaluz en contra de la modificación de este Decreto por considerar que se trata de un proceso de comercialización de la educación: “La educación no contará con la calidad que necesitamos hasta que dejen de usar dinero público para financiar a instituciones privadas que solo pretenden lucrarse”, señalan desde el Frente de Estudiantes.

Otro de los asuntos que se critica del gobierno de Moreno es el incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica aprobada en 2017. Desde las asociaciones de Memoria Histórica andaluza han señalado que el gobierno, que ahora termina, únicamente ha ejecutado un 5% de la partida de exhumaciones y un 0,6% para investigaciones. El pasado 13 de noviembre de 2021 la Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica convocaba una manifestación para exigir a Moreno “que respete y cumpla la Ley andaluza de memoria democrática”.

“Mientras nosotras estábamos gritando nuestra rabia frente al Parlamento Andaluz, Moreno estaba en Córdoba mientras le cantaban”, con esta imagen Ana Richarte, resume la actitud con respecto a los movimientos sociales del presidente de la Junta de Andalucía. Un tedio y una invisibilización que los distintos colectivos esperan que cambie con el próximo gobierno andaluz.