Educación
La educación andaluza a prueba: filtraciones, segregación y llamadas al boicot a las puertas de la huelga

A lo largo de esta semana más de 200.000 alumnas andaluzas van a realizar en cientos de centros de enseñanza pública y concertada unas Evaluaciones de Diagnóstico para “comprobar el dominio de las competencias del alumnado en comunicación lingüística y matemáticas“, según la Consejería de Educación.

Unas pruebas que se están llevando a cabo en los niveles educativos de 4º de primaria y 2º de la ESO, y que el gobierno de Juanma Moreno Bonilla ha rescatado de un cajón, ya que hacía más de 13 años que no se realizaban evaluaciones de este tipo en la comunidad. Desde la Junta de Andalucía argumentan que estas pruebas tienen “carácter informativo y orientador para los centros”; sin embargo, desde los sindicatos educativos y la mareas verde creen que es un error volver a este tipo de exámenes. “Estas pruebas, que son externas y estandarizadas, no tienen en cuenta la singularidad de cada alumno/a ni la realidad de cada centro”, sostienen desde el sindicato USTEA.

“Están al servicio de los intereses de un mercado laboral que quiere que nuestro alumnado aprenda lo imprescindible para ser mano de obra precaria y dócil”, comentan a cerca de las pruebas desde USTEA

Unas evaluaciones que además, según este colectivo educativo, “están al servicio de los intereses de un mercado laboral que quiere que nuestro alumnado aprenda lo imprescindible para ser mano de obra precaria y dócil” y que los resultados tienen como consecuencia: “la confrontación entre centros a partir de las comparativas de resultados que pueden originar rankings segregadores”.

Por su parte, desde CGT Educación creen que estas pruebas resultan “incoherentes con la política de recortes y deterioro continuo de la enseñanza pública llevada a cabo desde la consejería, al tiempo que no deja de favorecer a la concertada y a la privada”. Desde el sindicato además hacen hincapié en que para saber en qué estado se encuentra la educación en Andalucía “No hace falta gastar un dineral en estas pruebas” sino “preguntar a quienes trabajamos en los centros”.

Desde hace varios días el contenido y las respuestas de las pruebas ha sido filtrado y replicado por colectivos en favor de la educación pública para exigir que las pruebas no se realizasen. “Esta filtración debería sonrojar a la Consejera de Educación, Patricia del Pozo”, comentan desde la Marea Verde Andaluza y además añaden que “la comunidad educativa se rebela contra unas pruebas que aumentan la carga burocrática del profesorado y no sirven para absolutamente nada”. Estas pruebas dejaron de realizarse durante más de una década tras años de presión de la comunidad educativa andaluza.

Diversos sindicatos además insisten en señalar que este tipo de exámenes suponen una merma en las condiciones del profesorado, ya que como señala CCOO: “sobrecargan a los docentes” debido a “la nefasta planificación de la ejecución de las pruebas de diagnóstico” por parte de la Junta de Andalucía. Este tipo de exámenes además suponen “un cuestionamiento implícito de la profesionalidad y objetividad evaluadora del profesorado, de los equipos directivos de los centros y de la Inspección de Educación” según USTEA, que cree que para una educación pública de calidad “no nos hacen falta pruebas externas, sino más recursos y un aumento de las plantillas docentes”.

La polémica surge a menos de una semana de la huelga educativa convocada para el próximo martes 14 de mayo en todo el territorio andaluz  por USTEA, ANPE, CCOO, CGT y el Sindicato de Estudiantes. El objetivo del paro es el “aumento de la plantilla docente”, ya que las convocantes consideran que “es una urgente necesidad de la Educación Pública andaluza y la única vía para aliviar los importantes déficits que arrastra”. Unos déficits consecuencia de las políticas privatizadoras y en beneficio de la educación concertada que la Junta de Andalucía lleva años llevando a cabo.

A principios de mayo, la consejera de educación, Patricia del Pozo, anunciaba en el Parlamento Andaluz la convocatoria de 14.000 plazas docentes para los dos próximos años. Unas plazas correspondientes a una “estrategia de estabilización de la plantilla, que plantea la reconfiguración de las convocatorias de los procesos selectivos con el objetivo de incrementar el número de funcionarios de carrera docente y dotar de una mayor estabilidad al profesorado”, según la consejera. Tras el anuncio del Pozo argumentó que “no hay razones para la huelga”.

Por su parte los sindicatos han denunciado que la consejera miente al respecto de estas plazas, ya que según argumenta USTEA “las plazas que van a convocarse en los próximos años corresponden a las jubilaciones del profesorado que ya se han producido o se van a producir, por lo que ni son plazas nuevas, ni esto supone un incremento de las plantillas docentes”. Desde CCOO además añaden que las “mentiras solo tienen la intención por parte de la Consejería de desactivar la huelga”.

Una convocatoria, la del próximo 14 de mayo, que surge tras la paralización de las negociaciones sobre aumento de plantillas el pasado abril entre consejería y sindicatos, colectivos educativos y Consejería. Una ruptura de las negociaciones llevada a cabo unilateralmente por los responsables de la Junta de Andalucía, según señalan las convocantes de la huelga.