Educación pública
Miles de personas se manifiestan en Andalucía por la educación pública ante los recortes de la Junta

“Nos están robando”, así de claro es el mensaje que quieren dar las mareas verdes andaluzas con respecto al estado de la educación pública en Andalucía tras años de política de recortes y privatización de este servicio público esencial por parte de la Junta de Andalucía. Miles de personas se han manifestado durante la jornada del sábado ante esta situación en las ciudades de Sevilla, Málaga y Cádiz.

Unas movilizaciones previas a la huelga educativa del próximo 14 de mayo que las plataformas en apoyo a la educación pública han convocado en todo el territorio andaluz. Desde la llegada de Juanma Moreno Bonilla en 2019, según los datos del sindicato USTEA, el gobierno andaluz ha recortado 1.943 clases en la educación pública andaluza. Una situación que desde la Marea Verde denuncia que “está dejando sin plaza a muchas alumnas” y tiene como consecuencia “aulas masificadas que dificultan la atención individualizada del alumnado”.

Sevilla es la provincia que ha sufrido más el recorte de unidades con 259 supresiones y tan solo 80 creaciones. La provincia cuenta este curso 2023/2024 con 179 aulas menos en infantil y primaria. En la provincia de Cádiz la cifra alcanza una disminución total de 101 clases en la red de colegios públicos. En el resto de provincias los recortes se cuentan por decenas, en el caso de Córdoba y Málaga son 52 clases menos. En Huelva se han eliminado 40 clases, 25 en Jaén, 21 en Almería y 16 en Granada.

El descenso de inversión en la educación pública tiene como contrapartida una inversión sin precedentes en la educación concertada, un 22% más desde que el PP gobierna en Andalucía, lo que se traduce en 1.000 millones de euros de dinero público en 2024, según los presupuestos andaluces. Además, el estudio El coste de acceso a la escuela concertada en España: las cuotas que pagan las familias y sus causas, redactado por la Esade los colegios concertados andaluces ganan 37 millones de euros al año a través de las cuotas que paga el alumnado, unas cuotas que según ese mismo estudio el 60% son “ilegales en la teoría pero habituales en la práctica”.

El colectivo Docentes Unidos Andalucía expone que “La Consejería nos deja abandonados, no se cubren las bajas, que sepan que los alumnos están sin clase semanas y semanas”

Uno de los hechos más mediáticos y extremos de esta política de apoyo a ultranza a la concertada ha sido la devolución por parte de la Junta de Andalucía de 119 millones de euros de fondos europeos destinados a ampliar plazas públicas gratuitas para infancias de entre 0 y 3 años. La Consejería quería utilizar el dinero para reforzar su sistema de bonificaciones en la educación infantil que fomenta la red concertada de centros y las instituciones nacionales y europeas no le ha permitido utilizar esa partida para ello.

La falta de inversión en la pública, crítica la marea verde, desemboca en una falta de personal educativo en los centros andaluces “falta de especialistas, de orientadores” y “hay docentes impartiendo materias distintas a su especialidad como mecanismo de ahorro de la consejería y en perjuicio de la calidad educativa”.

El colectivo Docentes Unidos Andalucía expone que “La Consejería nos deja abandonados, no se cubren las bajas, que sepan que los alumnos están sin clase semanas y semanas”. Por su parte, la Consejera Patricia del Pozo echa balones fuera y expone que no aumenta la plantilla docente por “el escenario de absoluta incertidumbre de financiación por parte del Gobierno de España al no aprobar un nuevo presupuesto”.

Marea Verde además añade que la falta de aulas y recursos se extiende más allá de la educación primaria “Esta falta de clases y plazas también se está dando en las enseñanzas superiores, como la Formación Profesional y la Universidad”. Sobre la FP además pone el foco sobre como “está siendo privatizada por el actual Gobierno de la Junta”.

El movimiento por la educación pública andaluza también denuncia la falta de infraestructuras, de bioclimatización en una comunidad en la que las altas temperaturas desde mayo imposibilitan la vida cotidiana y la privatización de servicios esenciales como el comedor o las PTIS. Por ello llaman también al seguimiento de la huelga docente el próximo 14 de mayo, en el que exigen, como comenta el sindicato USTEA, “un aumento de las plantillas y ni un aula menos en la pública”.