Doñana
Los regadíos ilegales en Doñana le pueden costar a España millones de euros en fondos europeos

Casi 20.000 firmas ciudadanas denuncian que Doñana se muere de sed. La campaña, todavía en marcha, de la Asociación para la defensa de la naturaleza WWF/Adena recoge el sentir ciudadano sobre lo que definen como “el ataque directo al corazón de Doñana por parte del Partido Popular de Andalucía, que quiere amnistiar a los agricultores ilegales que roban el agua del Parque Nacional de Doñana”. 

#DoñanaAmnistiaNo explica que la proposición de ley presentada por el PP en el Parlamento andaluz pretende regularizar el, hasta ahora, riego ilegal de una superficie equivalente a 1.460 campos de fútbol de cultivos de frutos rojos bajo plástico en el entorno de Doñana —más del 85% de la actual superficie ilegal—. La organización ecologista lo define como “uno de los mayores atentados ecológicos perpetrados por una administración en la historia de Doñana y una burla a toda la sociedad y a los organismos internacionales con los que se ha comprometido nuestro país que no podemos permitir, ni ahora, ni nunca”.

WWF denunció hace diez años ante la Comisión Europea “la extracción abusiva e insostenible de agua en el entorno de Doñana con destino al cultivo intensivo de fresas y frutos rojos, ante la total inacción y los reiterados incumplimientos durante años de las autoridades españolas, los ayuntamientos de la zona, la Junta de Andalucía y el Gobierno central”. La Comisión Europea inició un proceso de investigación y diálogo con las autoridades españolas y finalmente llevó en 2019 a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por el grave deterioro ambiental y el incumplimiento de las leyes europeas de protección de la naturaleza en el parque, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y hasta ahora uno de los humedales más importantes del mundo. En junio del año pasado, el TJUE concluyó que las “extracciones desmesuradas de agua subterránea” en el Espacio Natural de Doñana incumplían el derecho comunitario y, en concreto, las Directivas Marco del Agua y Hábitats, y condenó a España a aplicar medidas que revertieran la situación. 

La organización ecologista también ha señalado que la proposición de ley parlamentaria aprobada incumple las exigencias de la Unesco y la reciente sentencia del TJUE. El pasado viernes, la Comisión Europea transmitió en una carta pública a España su profunda preocupación y amenaza con multar al Estado español si finalmente se legalizan los regadíos ilegales de Doñana. 

Proposición de Ley aprobada. ¿Queda algo por hacer?

A pesar de tener en contra las firmas ciudadanas, las protestas ecologistas, la protesta de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y las advertencias de las autoridades europeas, la proposición de ley del PP fue aprobada en el Parlamento de Andalucía el pasado 9 de febrero, con los votos a favor del PP, Ciudadanos y Vox, los votos en contra de Unidas Podemos y Adelante Andalucía, y la abstención del PSOE. Para Juanjo Carmona, abogado de WWF, “el PP ha hecho trampa” tratando una normativa “especial” —algo que normalmente aborda el Gobierno— en el Parlamento. Entiende que, además de ahorrar un montón de tiempo, trámites y otras cuestiones mediante este procedimiento, “el presidente de la Junta se escuda jurídicamente en que esta cuestión es una decisión parlamentaria, como si no fuera de su partido”.  

Ahora se inicia una fase de tramitación parlamentaria donde hay posibilidad de “negociar” la normativa. ¿Qué cambios se podrían dar? Para Juanjo, el problema es que han elaborado una norma sin tener informes técnicos coherentes que amplía superficies aptas para el riego (SAR) —modificando el plan de la corona forestal de 2014, que las excluía— supuestamente en 800 hectáreas, “algo que es falso porque, aplicada a sus máximos, podría llegar a legalizar unas 1.900 hectáreas de regadío”. La organización ecologista, a pesar de la declaración de intenciones del PSOE de intentar una negociación, no tiene mucha esperanza en este proceso y, basándose en la votación de la ley, supone que no se va a dar una modificación significativa de la proposición “y todo va a seguir en la misma línea”. El letrado de la organización también pone sobre la mesa la posibilidad de que “se convoquen elecciones y el próximo Gobierno de la Junta sea quien continúe la propuesta o la rechace”. 

Juan Romero (Ecologistas en Acción): “Esto es solo otro capítulo más para seguir explotando un acuífero que una sentencia europea y la propia Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ya dicen que está sobreexplotado [...]. Se está premiando la ilegalidad”

Para Juan Romero, de Ecologistas en Acción, se trata “de otra legalización más”. En 1988, el Plan Director Territorial de Coordinación (PDTC) regularizaba regadíos que no permitía la Ley del Parque Nacional de Doñana de 1978. En 2004 el Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (POTAD) hacía borrón y cuenta nueva con el PDTC y en 2014 sucedió lo mismo con la corona forestal. “Esto es solo otro capítulo más para seguir explotando un acuífero que una sentencia europea y la propia Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ya dicen que está sobreexplotado”, lamenta el ecologista, que cree que se está “premiando la ilegalidad”.

Romero encuentra un posible cauce legal para solucionar el estado actual de Doñana con la jurisprudencia de casos como los de Valdecañas o El Algarrobico, en los que el Tribunal Supremo ha considerado que la protección medioambiental tenía un valor superior a razones socioeconómicas de cualquier tipo. “El Parque Nacional de Doñana tiene todas las protecciones reconocidas: interés social, utilidad pública y Patrimonio de la Humanidad”. Aporta jurisprudencia aplicable a Doñana, como las sentencias —nunca ejecutadas— contra la agricultura intensiva en las marismas de Aznalcázar, en Sevilla, o el caso denunciado en 2008 por Ecologistas en Acción en el término municipal de Bonares (Huelva), donde se condenó por la vía penal a un empresario agrícola que realizó transformaciones de terreno en regadío de manera ilegal. Aunque no entró en prisión, el Supremo lo obligó a restaurar las zonas forestales y le aplicó grandes sanciones. Con estos precedentes, asegura que las organizaciones medioambientales en Doñana están estudiando qué vía jurídica tomar, sin descartar ninguna.

Europa podría dejar de transferir fondos

Después de la sentencia del TJUE, España tiene un mes para explicar qué va a hacer para enmendar esta situación y la Junta de Andalucía es la que va a realizar la comparecencia. Así que tenemos una Comisión Europea con una sentencia ejecutable en la mano, por incumplimiento en las normativas de hábitat y agua, y una nueva norma andaluza que amplía el riego con acuíferos sobreexplotados. Carmona nos recuerda una sentencia previa que afecta también a Doñana por depuración de aguas donde “España no cumplió haciendo las obras que la UE le pedía y donde llevamos 50 millones de euros pagados en multas” y advierte que para la UE “el cobro de estas multas es muy fácil, no envía el dinero que ha asignado: Fondos Europeos Agrícolas, fondos de cohesión o los nuevos ‘fondos covid’; no los manda y se los cobra de ahí”. 

Florent Marcellesi, coportavoz federal de Verdes Equo y ex parlamentario europeo por los Verdes Equo, augura una multa “de cantidades elevadísimas”. Para Marcellesi, la cuantificación de los daños medioambientales no tiene precio, ya que “una vez que entramos en procesos que pueden ser irreversibles, en los que has perdido parte de la riqueza natural, el dinero es ilusorio”. Señala que las multas solo sirven para que el daño no continúe y sea peor, y que serán elevadas porque toda la jurisprudencia apunta a que no se puede hacer lo que está haciendo el Parlamento andaluz: “El informe del Parlamento Europeo, la investigación de la Comisión Europea en los últimos años —que es muy estricta en el cumplimiento de la normativa europea— y la sentencia del Tribunal Superior Europeo señalan un camino, y el parlamento andaluz está tomando el contrario —en una especie de suicidio asistido— así que habrá que ver cómo maneja este problema entre el Ministerio del Gobierno español y la Junta de Andalucía”.

El coportavoz de los Verdes formó parte de una misión parlamentaria europea al Parque de Doñana en 2018 para investigar y realizar un informe sobre su estado; misión liderada por el eurodiputado conservador eslovaco Pal Csáky (PPE) que dictaminó hasta 11 llamadas a la acción a las autoridades estatales, autonómicas y locales y a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para “que trabajen conjuntamente en el cierre de los pozos ilegales y detener inmediatamente la extracción y captación ilegal, dejar de utilizar las infraestructuras sin licencia (captación en arroyos, estanques) y su posterior desmantelamiento”.

El grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo pone a Doñana, junto al Mar Menor en Murcia, como ejemplos de “ecocidio”

Actualmente, el grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo pone a Doñana, junto al Mar Menor en Murcia, como ejemplos de “ecocidio”, comisión de un crimen medioambiental. “Doñana y el Mar Menor son los casos más sangrantes en España, son dos ecocidios de manual”, acusa Marcellesi. Para él, la responsabilidad de este crimen medioambiental  no va dirigida a las personas que están trabajando en este sector y que intentan sobrevivir, sino a los responsables políticos que están haciendo lo contrario de lo que tienen que hacer: “Saben que tienen un problema, tienen la responsabilidad de solucionarlo y hacen lo contrario de lo que se espera para lograr un entorno socioeconómico más sostenible”, apunta.

El entorno de Doñana como base para experimentos de alta tecnología civil y militar

Pepa Suárez

Doñana

Rechazo ecologista El entorno de Doñana como base para experimentos de alta tecnología civil y militar

Pepa Suárez

Destrucción de superficie forestal, cambios normativos en la protección del suelo, descatalogación, prevalencia del interés científico en detrimento del ambiental y uso de tecnología militar en la zona son algunos argumentos de ecologistas para oponerse al proyecto CEUS.

Marcellesi predice que la solución no es fácil, y esta pasa por planificar una transición a cinco o diez años con el liderazgo de los Gobiernos estatal y autonómico, que reconozcan que hay un problema y se sienten a tratar de dar una solución dialogada con agricultores, sindicatos y empresas. “Esto se llama transición transición ecológica con justicia social ”, nos explica, “y se aplica en los sectores que están en declive o tienen un problema socio ambiental grave”. Florian lo compara con la transición de las cuencas mineras en el norte de España que en los dos últimos años, después de 30 años de conflicto, tuvieron que abordar el problema y dejar de negar la realidad, “que caía bajo su propio peso económico y ecológico".

El asunto de fondo, el trasvase de aguas contaminadas de Alcolea 

Leandro del Moral es catedrático de Geografía Humana en la Universidad de Sevilla y ha centrado sus últimas investigaciones en los procesos relativos a la gestión del agua en Andalucía, España y la Unión Europea, aunque también trabaja en EEUU y América Latina. Pertenece a la Fundación Nueva Cultura del Agua, organización que presentó con WWF en 2021 un informe que cuestionaba la viabilidad económica y medioambiental de la presa de Alcolea, un elemento clave para entender la “guerra del agua del regadío en Doñana”. 

Leandro del Moral (Fundación Nueva Cultura del Agua): “Los partidos parlamentarios que han presentado la proposición de Ley saben que está sobreexplotado, y los regantes también; y es que realmente no están mirando al acuífero, su objetivo es conseguir el trasvase”

Leandro explica a este medio lo que considera el porqué de la regularización de esas casi 2.000 nuevas hectáreas de regadío en la zona, que ya están consumiendo agua de un acuífero declarado sobreexplotado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir: “Los partidos parlamentarios que han presentado la proposición de Ley saben que está sobreexplotado y los regantes también; y es que realmente no están mirando al acuífero, su objetivo es conseguir el trasvase”. 

El trasvase desde los ríos Tinto, Odiel y Piedras a la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir está aprobado desde 2018 por una ley estatal votada a favor por todos los grupos políticos, excepto IU. La aprobación de esta Ley lo incluía todo, nos cuenta Leandro: el trasvase de hasta 19,9 hectómetros cúbicos de agua, sus conexiones, la distribución, sus condiciones de uso, etc., pero no se ha ejecutado. ¿Cuál es el problema? La contaminación del agua y la presa de Alcolea. 

Esta presa, que comenzó a construirse en 2012 y se paralizó en 2017 por un desacuerdo debido a un sobrecoste de la obra en un 20%, afrontó, además del elevado coste de su construcción calculada en más de 544 millones de euros, un informe de la Plataforma del Agua y de WWF que demostraba que la contaminación de metales pesados hacía inviable el uso del agua por cuestiones de salud, salvo que incluyera un tratamiento de depuración de 28 millones de euros anuales o se restaurasen todas las escombreras de minas abandonadas, con un coste de más de 600 millones de euros, algo que la hace inviable económicamente. 

Después de que la empresa que emitió el último informe de la Junta de Andalucía para presionar al Gobierno estatal para que reanudara las obras admitiera “múltiples errores en mismo”, la última palabra sobre el futuro de la presa de Alcolea depende de un informe del CEDEX, el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas adscrito al Ministerio de Fomento, que resuelva definitivamente el debate sobre la aptitud del uso del agua. Para Leandro, si el informe sobre Alcolea es negativo, “todo este asunto de la ampliación de regadíos se viene abajo”. Por el contrario, si el informe del CEDEX es más ambiguo y posibilista, el tema se realimentará “con la exigencia de la ejecución de una ley ya existente, cuando la calidad química de esas aguas puede ser un problema con metales pesados que afectarán a todo el territorio”. 

Otro problema añadido en la guerra del agua en Doñana, señalado por Leandro y Juanjo Carmona, es el conflicto de relaciones internacionales con Portugal por el uso del agua, ya que los regadíos de la zona también están bombeando agua de Boca-Chanza, una estación de bombeo en el estuario del Guadiana, que compartimos con nuestro vecino luso, que ya se ha percatado del uso desmesurado de agua.

Patada hacia adelante hinchando la burbuja del regadío

Para Juanjo Carmona, abogado de WWF, “toda esta problemática se conjuga con que la Junta se hace trampa a sí misma”. La ley habla de traer el agua sobrante de una cuenca donde no se dejan de aprobar hectáreas y hectáreas de nuevas plantaciones de aguacates y mangos. Carmona advierte: “Ese agua no va a poder llegar porque no va a sobrar, se le está dando esperanza a la gente de que va a tener agua y tendrá el agua que sobre en los momentos que sobre. En años como este, sin lluvia, no hay agua en los embalses. Esto es una carrera hacia adelante de más y más agua y, al final, se fabrican discursos políticos pidiendo burradas como el trasvase del Ebro”. 

Juanjo Carmona (WWF): “Tenemos que escuchar la señal de alerta que dice ‘cuidado, solo nos queda agua para dos temporadas y la última sequía duró cuatro años’”

Juanjo señala que en Doñana el problema no es solo la extracción ilegal del agua para el regadío, sino que hay una conjunción de factores, como problemas de agricultura intensiva en la zona de la marisma sevillana que ahora lleva tres años seca. “Este año, en enero, se está pasando por la marisma en coche como si fuera pleno verano, algo que no pasaba desde el año 95 con la gran sequía que hubo en aquella época. En los años 90 la marisma en enero, era como un mar”, indica. Para el ecologista, es necesario revertir el “plan loco” de buscar agua donde sea con tal de no establecer un límite racional a lo que podemos o no podemos hacer. Considera que hay que cambiar la perspectiva: “En vez de pensar, en Sevilla tenemos en los embalses agua potable asegurada para dos años. Tenemos que escuchar la señal de alerta que dice ‘cuidado, solo nos queda agua para dos temporadas y la última sequía duró cuatro años’”. 

Para Leandro del Moral, la solución a esta situación precisa de un proceso de reestructuración. Los planteamientos del trasvase del Plan Tinto, Odiel y Piedras para traer agua, además del reto de la presa de Alcolea, suponen un crecimiento de decenas de miles de hectáreas en el horizonte del 2027. Para el profesor, por tanto, hay que redefinir la estrategia de crecimiento del regadío porque “la demanda, como en el Mar Menor, supera los recursos existentes, además de cuantitativamente, cualitativamente; hay exceso en los impactos sobre la calidad”. Y avisa de que es un proceso de degeneración natural que ha sucedido ya en el Mar Menor, y que está sucediendo en las Tablas de Daimiel y en toda España.

Leandro defiende una transición ecológica justa, en la que establecer una alianza con los pequeños y medianos agricultores, con explotaciones de una o dos hectáreas, y reducir las grandes que llegan a ocupar 150 y 200 hectáreas, “una enormidad para una explotación intensiva de invernadero; hay que repartir, no nos queda otra”. 

Los regantes legales temen restricciones de agua 

Miguel Coronel, portavoz de la Asociación Puerta de Doñana, que agrupa a los regantes de Almonte —es decir, a los regadíos legales no afectados por la PNL—, afirma no estar en contra de nuevas ampliaciones de zonas agrícolas, pero sí “de que se rieguen con el agua de Doñana, que somos nosotros los que tenemos nuestras fincas pegadas a la linde del Parque”. Los almonteños se oponen a que estas 1.400 nuevas hectáreas “legalizadas” se rieguen también con el agua del trasvase de la cuenca del Tinto-Odiel-Piedras hacia la del Guadalquivir, a la que pertenecen ellos.

Puerta de Doñana representa a más de 300 agricultores de Almonte y el pasado enero rompió la tradicional unidad de los productores de los frutos rojos en la provincia de Huelva, abandonando la Plataforma de los Regadíos del Condado, que agrupaba a un total de 1.300 agricultores. Coronel aclara que se hizo porque se negoció la legalización de regadíos “sin comunicárselo a nuestros representantes en la plataforma, porque sabían que no nos iba a gustar”. Los agricultores almonteños poseen más del 50% de las hectáreas de regadío de frutos rojos y pertenecen al municipio más poblado, con 25.000 habitantes.

Miguel Coronel (Asociación Puerta de Doñana): “No está lloviendo, el acuífero está declarado como sobreexplotado y el trasvase ya lo anunció la CHG para sustituir a los regadíos que estaban autorizados antes de este decreto”

El principal miedo de los regantes legales es que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir imponga restricciones de regadío como las que ya existen en la provincia de Sevilla a la producción del arroz. “No está lloviendo, el acuífero está declarado como sobreexplotado y el trasvase ya lo anunció la CHG para sustituir a los regadíos que estaban autorizados antes de este decreto. Era un plan para regenerar el acuífero y antes de empezar ya no se quiere respetar”.

Añade Coronel que la presa de Alcolea “no es una solución y se dicen muchas mentiras. Son aguas que también pertenecen a Portugal y no va a permitir que España saque lo que quiera y, en cualquier caso, a nosotros no nos valdría porque si usamos agua con metales pesados de Río Tinto, estaríamos contaminando el acuífero, es que es a donde va el 50% de lo que regamos”.

Un modelo de producción barato a costa del agua y la mano de obra

Soledad Castillero, investigadora en el Instituto de Migraciones de la Universidad de Granada, analiza la legalización de los regadíos junto a las condiciones sociolaborales de los trabajadores y trabajadoras de la zona, que responden “a lo que Jason Moore a través de la ecología mundo llama las ‘naturalezas baratas’”. Para que haya un proceso de acumulación de riqueza, explica, “es necesario controlar cuatro factores baratos que son: las materias primas, el trabajo, la comida y la energía”. Castillero recuerda que en el caso de Huelva, “las semillas, la innovación y la investigación tiene lugar fuera, en laboratorios de California; los plantones vienen principalmente de viveros de Ávila y Segovia y la transformación de la fruta en terceros productos —yogures, mermeladas, helados etc.— tiene lugar fuera del territorio debido a la nula industrialización”.

En el caso de Huelva, el productor solo tiene control sobre dos factores: materia prima (tierra y agua) y mano de obra. Como la mayor parte de la producción está dedicada a la exportación, los precios vienen marcados por los intermediarios. El agricultor que deposita la mercancía en la cooperativa no sabrá hasta los 21 días siguientes a cuánto le pagarán la fruta. En estas circunstancias, el modelo de la agricultura intensiva del fruto rojo en Huelva se mantiene sobre la explotación de la mano de obra jornalera y/o migrante cuyas condiciones de vida han sido denunciadas a partir de las condiciones de la pandemia, los incendios en asentamientos chabolistas o las denuncias de abusos a jornaleras.

Emma Gonzalez: “Estas personas [temporeras] viven en condiciones de habitabilidad extrema, sin recogida de basura, redes de alcantarillado, agua corriente, luz, ni nada. Vivimos en el día de la marmota desde hace décadas y no se ve ninguna solución”

Emma González, de Huelva Acoge, explica que en muchos asentamientos de la provincia, en los alrededor de Moguer, Lucena o Almonte, se constatan situaciones tan irónicas como que estos trabajadores de los regadíos “ilegales” vivan sin acceso a agua potable o la recojan en recipientes de productos fitosanitarios y, por tanto, no sea apta para consumo. Aunque esto solo sea la punta del iceberg, “estas personas viven en condiciones de habitabilidad extrema, sin recogida de basura, redes de alcantarillado, agua corriente, luz, ni nada. Vivimos en el día de la marmota desde hace décadas y no se ve ninguna solución”. Los primeros años del boom de los frutos rojos “hablábamos de perfiles temporeros, asentamientos ocupados solo en campaña”, pero que “a medida que han ido pasando los años se han cronificado: personas con adicciones, enfermedades mentales... y que no se van a ir a ningún lado y es su forma de vida”. Emma González concluye que hay que abordarlos de tantas formas que es una situación muy compleja: “No son temporeros al uso”.

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En 1992, Marc Augé acuñó el término no-lugar para describir espacios transitorios, deslocalizados, contrarios a los antropológicos, que gozan de una historia o vitalidad bien definida. Son lugares sin identidad, constituidos bajo una premisa muy particular.