Doñana
El entorno de Doñana como base para experimentos de alta tecnología civil y militar

Las llamas llegaron a Doñana. Diez mil hectáreas afectadas entre la corona de protección y el Espacio Natural. Pero aunque nada será igual, la vida se abrió paso después del dramático incendio de 2017. También se abrió paso en el paraje Atalaya después de sufrir un incendio en 2008. Hoy, crecen vigorosos el lentisco y el mirto, la olivilla, el romero, el alliun pruinatum (ajo silvestre) y hermosas retamas. Refugio de una fauna superviviente, este paraje está situado a unos diez kilómetros del municipio de Moguer. Y a un kilómetro de unas puertas que nos indican el comienzo del Espacio Natural de Doñana. Se trata del terreno elegido para el proyecto CEUS (Centro para Ensayos, Entrenamiento y Montaje de Aeronaves No Tripuladas). CEUS necesita 75 hectáreas desforestadas de monte público para empezar a funcionar.

CEUS tiene como objetivo la implantación de un centro de ensayo para investigar con vehículos no tripulados UAV o RPAs

En este punto comienza la oposición de Ecologistas en Acción al proyecto. En sus notas de prensa y alegaciones expresan su preocupación por la eliminación de 75 hectáreas del monte público del grupo “Ordenados de Moguer”. CEUS tiene como objetivo la implantación de un centro de ensayo para investigar con vehículos no tripulados UAV (Unnmaned Aerial Vehicle) o RPAs por sus siglas en ingles (Remotely Piloted Aircraft Systems) que necesitan espacio para despegue y aterrizaje de dos kilómetros de longitud, con viales de acceso, plataformas de lanzamiento, dos hangares y el edificio de control. El comienzo de las obras, el pasado 1 de diciembre, fue celebrado a bombo y platillo, in situ, ante los medios de comunicación, por los representante de todas las administraciones. El centro comenzará a funcionar dentro de dos años, fecha prevista para la finalización de las obras. Se trata de un proyecto impulsado por el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), dependiente del Ministerio de Defensa, y con apoyo del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (Cedeti) y la Consejería de Transformación Económica de la Junta de Andalucía. El interés mostrado por empresas como Airbus y Airtec por el CEUS y la relación de las mismas con la investigación militar y el Ministerio de Defensa han hecho saltar las alarmas: “El entrenamiento de drones militares nada tiene que ver con los valores que representa Doñana”, sentencian desde Ecologistas en Acción.  

Impacto ambiental de CEUS en DOÑANA  

Desde que vio la luz el primer Estudio de Impacto Ambiental en 2013, necesario para comenzar las obras en Atalaya, el grupo ecologista ha presentado numerosas alegaciones. Todas se basan en las leyes que protegen a Doñana y su entorno. Según los ecologistas, el incendio sufrido en esa parcela en 2008 impedía transformar su uso y su estado administrativo. Por otra parte, consideran que solicitar el cambio de uso de la parcela, basándose en la degradación del terreno, resulta un argumento muy peligroso, ya que el mismo podría llevar a la “desafección” de extensos terrenos de Monte Público afectados, por ejemplo, por los incendios, ocupaciones o roturaciones ilegales. En este sentido, la Ley de Montes de Andalucía obliga a la restauración de los sistemas forestales degradados. Así lo corroboraba también el Defensor del Pueblo Andaluz, en una resolución sobre terrenos degradados de hace unos años, donde pedía a la Consejería de Medio Ambiente, en aquel momento, a tomar medidas inmediatas para su recuperación.  

El paraje Atalaya forma parte del grupo llamado zona A en el POTAD (Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana) que impide su transformación y su utilización para otros fines que no sean los forestales. La declaración de “utilidad pública”, necesaria para descatalogar, no se justificaba porque CEUS se encargaría de una actividad secundaria, consistente en la prueba de aparatos que se fabrican en otros lugares. Al mismo tiempo, los ecologistas recordaban que los promotores de CEUS reconocían el bajo nivel de utilización de las instalaciones, consistente en un vuelo diario. 

En cuanto al daño a la fauna que podría ocasionar la presencia del CEUS, la zona aparece en el DIA (Declaración de Impacto Ambiental) como “fuera del área de distribución del Lince Ibérico”. Para Ecologistas en Acción, el lugar se encuentra en zona de tránsito y dispersión de la especie, asegurando que todo el mundo sabe que hay varias parejas que se encuentran en su entorno hace años.

Al mismo tiempo, se minimiza el impacto que producirán los vuelos de prueba sobre las rapaces de la zona. Los promotores del proyecto argumentan que la altura a la que volarán los aparatos no tendrá impacto sobre la avifauna, olvidando en el Estudio de Impacto Ambiental a numerosas aves como el busardo, ratonero, aguililla, calzada, azor, gavilán, cárabo, búho real o cernícalo común entre otros.  

Otro aspecto considerado muy preocupante por los ecologistas es el previsible aumento de circulación de vehículos a motor por las dos pistas forestales que rodean el paraje Atalaya, tanto en el período de obras como posteriormente cuando el centro comience a funcionar. Advierten del potencial peligro que esta situación puede suponer para los mamíferos que viven en la zona, como tejón, garduña, jabalí, ciervo, jineta, comadreja y, sobre todo, lince ibérico. También se elude en el EIA el impacto que esta circulación a motor tendrá sobre la población de anfibios y reptiles.     

Airbus y Airtec, interesadas por el CEUS

El CEUS está concebido para ser también una gran infraestructura de apoyo al Centro de Experimentación del Arenosillo (CEDEA) del INTA, de los elementos necesarios para operar plataformas aéreas, principalmente no tripuladas. Ofrecerá soporte a los ensayos de aeronaves, vehículos terrestres no tripulados y navales. 

Con una situación geográfica cercana a CEUS, el INTA lo proveerá de las herramientas de comunicación y procesado. Las inmejorables condiciones atmosféricas de la zona, así como el espacio aéreo restringido más importante de toda Europa, con una zona de exclusión aérea de un millón de hectáreas, han atraído a empresas como Airtec y Airbus, con diferentes convenios de colaboración con el Ministerio de Defensa, que ya han mostrado su interés por CEUS para la certificación de sus drones.

Airbus está llevando a cabo la fabricación de un nuevo dron táctico de última generación para las fuerzas armadas españolas. Según Infodefensa.com, este Vehículo Aéreo no Tripulado (UAV) se conoce con el nombre de “Sirtap” (Sistemas Remotamente Tripulados de Altas Prestaciones). Se trata de una aeronave de gran envergadura de 2,2 metros de altura y 7,3 metros de largo, tiene 12 metros de punta a punta de cada ala y un peso de 750 kilos. Este UAV está pensado para misiones de inteligencia, reconocimiento y vigilancia. El núcleo de este sistema está formado por una potente cámara electróptica e infrarroja y un radar para la detección de los objetivos. 

Aertec tiene suscrito un convenio de colaboración con el Ministerio de Defensa, desde enero de 2019 y por 4 años, para llevar a cabo ensayos en tierra y en vuelo de los productos en desarrollo

Al mismo tiempo, según consta en la web de Aertec, esta empresa tiene suscrito un convenio de colaboración con el Ministerio de Defensa - Ejército del Aire, desde enero de 2019 y por 4 años, para llevar a cabo ensayos en tierra y en vuelo de los productos en desarrollo de la empresa que así lo requieran en el ámbito de Seguridad y Defensa. El primer proyecto que están desarrollando dentro del citado convenio es BASGE (Bomba Aire-Superficie Guiada para Entrenamiento), una propuesta desarrollada íntegramente por AERTEC Solutions, y que ha sido seleccionada como proyecto de desarrollo tecnológico de interés para Defensa dentro del Programa de Cooperación en Investigación Científica y Desarrollo en Tecnologías Estratégicas (Programa Coincidente). AERTEC desarrollará un prototipo que será financiado en un 30% por el Ministerio de Defensa. 

Que las dos empresas hayan mostrado interés en el CEUS y que tengan relaciones comerciales con el Ministerio de Defensa, y dado el carácter militar de sus productos, ha llevado a Ecologistas en Acción a pedir que CEUS se ubique en cualquiera de las instalaciones que posee dicho ministerio en otros lugares de la región. Al mismo tiempo, muestran su rechazo a unas instalaciones que se utilizarán para estudio de sistemas de vuelos con carácter ofensivo y de destrucción como han sido en gran parte los UAV hasta la fecha, utilizados en conflictos armados para agredir a la población civil. Alegan que esta finalidad se contrapone a su ubicación, como uno de los lugares más relevantes en riqueza y biodiversidad de Europa.

Centros de RPAs en España 

En España existen otros dos centros de este tipo: el polo aeroespacial de Galicia, CIAR, que comenzó su andadura en 2019, tiene un límite de capacidad de naves de media tonelada; el centro ATLAS en Villacarrillo (Jaén), el más antiguo, lleva siete años funcionando. Sin embago, CEUS está concebido para ensayos de sistemas no tripulados pero de gran tamaño, pudiendo competir con instalaciones europeas como Noruega y Finlandia. Estos antecedentes de centros españoles son los que toman como referencia Ecologistas en Acción para afirmar que el triunfalismo de las autoridades anunciando la creación de miles de puestos de trabajo alrededor del proyecto CEUS es, sencillamente, humo.

Ecologistas en Acción denuncia el uso de fondos europeos Next Generation 

La idea de CEUS se remonta a 2005 y parte del Gobierno central, Junta de Andalucía e INTA. Sin embargo, aunque la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) data de 2014, no ha sido hasta 2020 cuando se le da un impulso al proyecto. Con la tala de árboles comienza la primera fase de preparación del terreno de un total de tres, más el equipamiento. El compromiso es terminar las obras para noviembre de 2023. En la inversión, que asciende a 28 millones de euros, participan todas las Administraciones públicas, incluida la Unión Europea. En este sentido, el grupo ecologista denuncia el uso de fondos europeos Next Generation que deberían ser destinados, en su totalidad, a la recuperación del daño producido en el tejido social y económico por el COVID-19.