Comunidad de Madrid
El movimiento feminista en pie de guerra contra Ayuso: “Nos quedamos a abortar en la sanidad pública de Madrid

El acceso a un aborto libre, universal y gratuito es, sobre el papel, un derecho que corresponde a todas las mujeres en España. Incluso el Tribunal Constitucional así lo ha reconocido recientemente. Sin embargo, en la práctica multitud de factores limitan el goce efectivo de estas interrupciones voluntarias, que todavía no han logrado despenalizarse. La Comisión por el Derecho al aborto de Madrid, que aglutina diversos colectivos y organizaciones feministas en esta comunidad, ha dado un golpe sobre la mesa para exigir que este derecho se cumpla de forma plena. Lo ha hecho a través de una concentración la tarde de este jueves en la puerta del Sol, frente a la sede del gobierno regional, para recordar a la presidenta comunitaria, Isabel Díaz Ayuso, que “no nos vamos, nos quedamos”. Más de 400 personas venidas de distintos puntos de la Comunidad se han congregado en esta ubicación desde las 19H con pancartas y carteles morados.

Este lema pretende poner de manifiesto de una realidad acuciante a la par que invisible en la región: cientos de mujeres se ven obligadas a desplazarse a otra comunidad para interrumpir de forma voluntaria su embarazo. Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, en España hay 12 provincias que el año pasado no practicaron ningún aborto y donde, quienes buscan someterse a esta práctica, deben hacerlo en otros territorios: Jaén, Huesca, Teruel, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Ávila, Palencia, Soria, Segovia, Zamora y Cáceres.

Aunque en Madrid existe la opción de abortar a través de la pública o la privada, este acceso tiene muchas grietas. Datos aportados por la agencia Efeminista indican que en la Comunidad de Madrid, donde en los últimos diez años se han practicado más de 162.000 interrupciones voluntarias, apenas 177 han tenido lugar en hospitales públicos. El año pasado tan solo el 0,47% de los abortos realizados en la Comunidad de Madrid se practicaron en centros de la red pública. Si ampliamos la mirada al conjunto del Estado, el 78,7% de los practicados en 2024 se llevaron a cabo en clínicas privadas.

“Si no se garantiza un acceso realmente público a este derecho protegido por la ley, las que tienen recursos y dinero se buscan la vida y el resto lo harán en condiciones de clandestinidad, en peores situaciones”

Esto resulta problemático ya que en la privada los abortos quirúrgicos –una de las dos formas de interrumpir la gestación, frente a los llamados abortos farmacológicos– pueden costar entre 300 y 400 euros. “Si no se garantiza un acceso realmente público a este derecho protegido por la ley, las que tienen recursos y dinero se buscan la vida y el resto lo harán en condiciones de clandestinidad, en peores situaciones, poniendo en riesgo su vida”, indican las activistas proaborto. Las clínicas privadas, mantienen las manifestantes, practican con más frecuencia abortos quirúrgicos o instrumentales frente a los farmacológicos, ya que los primeros les reportan mayores ingresos, a costa de precarizar todavía más a mujeres vulnerables.

Por eso, la Comisión lucha por que el aborto sea una prestación garantizada en la red pública de salud, “sin trabas burocráticas ni listas de espera”, una medida que a su juicio deberá ir acompañada de otras paralelas como la elaboración inmediata de la Estrategia Estatal de Salud Sexual y Reproductiva (que lleva 15 años sin actualizarse) o la implementación de una educación afectivo-sexual integral en todas las etapas educativas.

La ausencia de estas prácticas en centros públicos no se entiende sin la negativa de Díaz Ayuso de cara a crear un registro de objetores de conciencia en los hospitales, a lo que está obligada por mandato de la ley 1/2003. “Si les parece poco, váyanse a otro lado a abortar”, llegó a clamar. “El registro de objeción de conciencia es imprescindible para acabar con la opacidad que permite que servicios enteros se declaren objetores. Dicho registro, obligatorio y anónimo, debe ser la excepción y no la norma”, ha trasladado la Comisión a través de un comunicado.

Desde esta organización defienden que el registro cumple una función fundamental dentro de los centros médicos ya que permite distribuir y organizar de forma óptima los recursos disponibles para garantizar que siempre habrá personas disponibles para practicar abortos. Actualmente, puesto que Díaz Ayuso se ha declarado en rebeldía con lo estipulado en la ley estatal, existen hospitales públicos con plantillas enteras con médicos objetores de conciencia, es decir, no cuentan con ningún sanitario que pueda realizar la práctica.

“En Madrid llegó un punto en que como todo el mundo se declaraba objetor, había profesionales a los que destinaban únicamente a hacer abortos y ya no hacía prácticamente otras cosas”

“En los hospitales muchas veces hay coacciones, chantajes y amenazas para que esto no se realice”, desliza a El Salto Gemma, integrante de la Comisión por el Derecho al Aborto. De este modo, añade, si el jefe del departamento de ginecología y obstetricia se declara objetor, ejerce presión sobre el resto del departamento. “En Madrid llegó un punto en que como todo el mundo se declaraba objetor, había profesionales a los que destinaban únicamente a hacer abortos. Y como hay semejante tabú en torno a este tema y esta estigmatización, la carrera de estas personas era denostada, y ya no hacía prácticamente otras cosas”, señala. Por tanto, el registro de objetos de conciencia permite, en especial en aquellos centros donde prácticamente todos los sanitarios son objetores, redistribuir al personal para que siempre haya profesionales que sí practiquen IVEs.

La cruzada del PP contra el derecho al aborto

El Ayuntamiento madrileño, regido por el alcalde José Luis Rodríguez Almeida, ya comenzó su cruzada particular contra este derecho varias semanas atrás al avalar el discurso de Vox sobre la existencia de un supuesto “síndrome postaborto”. Según las teorías probadamente pseudocientíficas de la formación ultra, las interrupciones del embarazo pueden provocar alcoholismo, depresión, bulimia y otras patologías similares. En base a esto, el PP aprobó en el último pleno municipal a favor de una medida que obliga a trabajadores del Servicio de Madrid Salud a informar de este síndrome a las mujeres que pretendan abortar.

Este viernes se celebrará a las 13.30 un pleno extraordinario solicitado por Más Madrid y el Partido Socialista con el fin de solicitar al alcalde que revoque su decisión: “Desde Más Madrid exigimos a Almeida que se retracte en el pleno, que dé marcha atrás. Aquí no valen medias tintas. La propuesta es repugnante, es sectaria, es lesiva para el interés público y vulnera los derechos de las mujeres, está basada en el fanatismo y en el odio”, desliza Eduardo Rubiño, portavoz interino de esta formación.

Aunque los bulos de Vox fueron desmentidos incluso por parte del propio partido, todavía permea un clima de desinformación y estigma en torno a esta cuestión. Actualmente, en el sistema público de salud a penas hay información al respecto: “Si entras a la página web de la Consejería de Sanidad, no hay información de cómo se lleva a cabo. El Ministerio de Sanidad tampoco te ofrece datos, aunque ahora hay una web que la ha creado la Asociación de Derechos Sexuales de Catalunya que se llama quieroabortar.org y ahí sí que por comunidades autónomas te cuentan cómo es el proceso, pero ha tenido que hacerlo una entidad privada porque no existe esa información pública”, denuncia Eva, también portavoz de la comisión convocante.

La lucha feminista es, destacan, una batalla contra ese el silencio y el tabú que ha operado históricamente “como un gran manto de impunidad” y ha impedido que este tema se normalice en la conversación pública. En palabras de Francisca Gallego, presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), “en más del 60% de los casos lo que siente la mujer que aborta es alivio porque ha resuelto una situación que no deseaba, solo surgen sentimientos negativos cuando existe estigma y culpabilidad”.

Una regresión antifeminista global

A la protesta han acudido miembros de movimientos como del migrantes antirracistas, 8M antirracista, BDS, así como asambleas y colectivos de diferentes barrios como 8M Getafe. Las mujeres migrantes, y muy en especial las de quienes se encuentran en situación administrativa irregular, atraviesan un auténtico laberinto burocrático para interrumpir sus embarazos cuando llegan al Estado español: “Las mujeres sin tarjeta sanitaria lo tienen imposible prácticamente para abortar en un hospital público de la Comunidad de Madrid, no es una prestación que puedas solicitar en tu centro de salud como cualquier otra. Si no llevas al menos tres meses aquí, es muy difícil obtener el Documento de Asistencia Sanitaria para Ciudadanos Extranjeros sin residencia legal (DASE)”, apuntan desde la Comisión.

En esta línea, Iliassou Olalla, integrante del colectivo antirracista Biznegra, quien aboga por la abolición de la ley de Extranjería, subraya en conversación con este medio que “las barreras lingüísticas, administrativas y las situaciones precarias” actúan a la hora de obstruir el ejercicio efectivo de este derecho en las mujeres migrantes.

“Estamos ante un intento de restauración de todos estos idearios patriarcales, conservadores y racistas en los que las mujeres blancas tenían un montón de hijos para la reproducción social”

Todo ello se enmarca en un contexto de regresión que lleva años cincelando la ultraderecha y que, a ojos del movimiento feminista, amenaza de forma severa la libertad sexual y reproductiva de las mujeres en nuestro país. “Estamos ante un intento de restauración de todos estos idearios patriarcales, conservadores y racistas, que están promoviendo una agenda que quiere dar a esa idea que es totalmente ficticia y nostálgica de vuelta a una serie de vida tradicional anterior en el cual las mujeres blancas tenían un montón de hijos para la reproducción social”, sostienen.

En ese imaginario anclado en un pasado para muchos idílico, no caben una inmensidad de mujeres como las trans o las migrantes o racializadas. Recuerdan la figura del exministro popular Jaime Mayor Oreja, al frente de la Red Política de Valores, un lobby al mando de la Cumbre Transatlántica contra el Aborto. Pero el receso en derechos también bebe de la reacción antifeminista global, desde la llegada de Trump al gobierno de Estados Unidos, hasta el auge de gobiernos ultracatólicos y tradicionalistas como los de Polonia y Hungría. El papel que la religión juega a nivel institucional y estatal también está muy discutido dentro de la Comisión, razón por la que reclaman la laicidad del Estado, “para evitar que la moral vinculada con las creencias religiosas se imponga sobre los derechos de los demás porque hoy la objeción de conciencia ahora mismo está por encima del derecho a decidir sobre nuestros cuerpos”, protestan.