Comunidad de Madrid
23F: el día que una veintena de colectivos llenarán de verde Madrid para defender la educación pública

El pasado 11 de febrero un grupo de alumnos y alumnas de la Universidad Complutense de Madrid hacía un escrache a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, durante su nombramiento como Académica de Honor por la Academia Médico-Quirúrgica Española. Ese día el alumnado desplegaba una pancarta en la que se leía “23-F: contra la privatización de la universidad pública”. Este era el pistoletazo de salida hacia una manifestación que están organizando más de 20 colectivos en defensa de la educación pública. La cita es a las 12 hs desde Atocha hasta Sol. Y esperan una movilización multitudinaria para “salvar” este derecho “de los ataques del Gobierno de la Comunidad de Madrid”.

Según los últimos datos disponibles en el Ministerio de Educación, la Comunidad de Madrid invierte 6.039 euros al año por alumno de la educación pública y es así la región que menos destina a esta cartera, lejos de los 11.880 que destina Euskadi o 9.446 que destina Navarra. Y lejos también de la media nacional, que es de 7.384 euros. Una situación, que ha ido pareja a las “políticas privatizadoras” de los sucesivos gobiernos del Partido Popular que ha cristalizado en “falta de recursos y plazas públicas”, así como en “segregación educativa y empeoramiento generalizado de las condiciones laborales del profesorado y del personal no docente”, lo que “impide que la sociedad pueda disfrutar de la educación pública, universal y de calidad que se merece”, denuncian los convocantes en el manifiesto, que demuestra un descontento a todos los niveles.

Los colectivos llaman a la organización desde abajo “en cada colegio, en cada escuela infantil, cada facultad y cada instituto para preparar una gran huelga"

Entre los colectivos organizadores se encuentran los movimientos de profesores y estudiantes por la pública de las universidades UCM, UAM UC3M y UAH, la plataforma FP sin prácticas, los sindicatos CGT y CNT Enseñanza y STEM, colectivos de alumnado como Sindicato de Estudiantes o Abrir Brecha, diferentes asociaciones de familias y la asamblea de docentes Menos Lectivas, entre otros. Unas agrupaciones que llaman a la organización desde abajo “en cada colegio, en cada escuela infantil, cada facultad y cada instituto para preparar una gran huelga en la que familias, estudiantes, personal laboral y docentes paralicemos los centros educativos”.

Movilizaciones precedentes

Esta gran movilización se inserta en un contexto de protestas que en este sector se han reavivado tras la pandemia. No en vano, el profesorado de Infantil, Primaria y Secundaria de toda la región madrileña lleva ya dos cursos de intensas movilizaciones, con jornadas de huelga incluidas, repitiendo su principal demanda: volver a las horas lectivas de antes de los recortes del 2011, aunque también exigiendo mejoras en los centros como la bajada de ratios o la dotación de los cupos necesarios para la atención a la diversidad.

Demandas que, por el momento, no han tenido eco en las políticas del Consejero de Educación, Emilio Viciana, el único del ramo que mantiene a las y los docentes con una carga de horas lectivas ampliada durante la crisis económica.

“Estamos por encima de los 25 niños en Primaria y estamos exhaustas. Nos faltan materiales, orientadoras, profesoras de Pedagogía Terapéutica y por ello no vamos a permitir que esto siga así”

“Estamos por encima de los veinticinco niños en Primaria y estamos exhaustas. Nos faltan materiales, orientadoras, profesoras de Pedagogía Terapéutica y por ello no vamos a permitir que esto siga así”, sentencia Sandra, educadora de Primaria, integrante de la plataforma Menos Lectivas.

Movilización específica se ha vivido en Educación Infantil, especialmente entre las trabajadoras de centros públicos de gestión privatizada y de centros privados, quienes también han tenido sus días de huelga. Unos paros, compartidos con otras comunidades, para denunciar sus precarias condiciones, directamente relacionadas con la privatización de estos servicios, y que en Madrid capitaneó la Plataforma Personal Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI).

“Nos unimos a la manifestación porque estamos hartas de que las empresas y las administraciones públicas conviertan esta etapa en un negocio. Queremos que unifiquen los modelos de gestión para que todas las criaturas tengan igualdad de oportunidades y sus trabajadoras tengan las mismas condiciones laborales; condiciones que deben ser acordes a la responsabilidad que implica educar y gestionar a veinte criaturas y que no casan con el salario mínimo interprofesional”, afirma Rosa, de la plataforma PLEI.

Universidad y FP, a las calles

La formación superior también ha vivido unos últimos meses calientes. En la Universidad la chispa fue la situación “insostenible” de unos presupuestos que cada vez empequeñecen más mientras Ayuso se negaba a aceptar el plan del Ministerio de Educación para aumentar la financiación de la universidad. Posición que, finalmente, tuvo que abandonar, dado a estas presiones. Al mismo tiempo se conocía el nuevo proyecto de ley universitaria madrileña “que implica el aumento de las tasas y una mayor segregación, entre otras medidas”, denuncian los convocantes.

“Los presupuestos aprobados para la universidad suponen un recorte del 34%, afectando a docentes, investigadores y alumnado. Todo esto responde a una estrategia de privatización"

“Los presupuestos aprobados para la universidad suponen un recorte del 34%, afectando a docentes, investigadores y alumnado. Todo esto responde a una estrategia de privatización que es la que nos une al resto de la comunidad educativa en esta manifestación. Ya existen catorce universidades privadas en la Comunidad frente a las seis públicas infrafinanciadas”, comenta Juan, profesor de la UNED.

Tampoco sobran las demandas entre la comunidad de FP, donde ala falta de casi 50.000 plazas en la pública y la infrafinanciación, se une la dificultad para encontrar prácticas de cientos de alumnos y alumnas, y así lo expresan los convocantes. “No solo es que las privadas tengan más facilidades para firmar convenios, sino que en la pública estamos absorbidos por la burocracia. En mi centro, con seis cursos de FP y unos 180 alumnos por cada uno, cada profesor debe rellenar 1.100 documentos para comunicar si un alumno es apto para realizar sus prácticas” afirma Mario, profesor de FP.

Procesos de desestabilización y alguna victoria

A todo esto se suman las movilizaciones por los procesos de estabilización del personal, que han significado un ERE encubierto, con nuevos contratos, tras haber aprobado una oposición, fijos discontinuos y personal trabajando al 50% de la jornada “llegando incluso hasta el 19%”, denuncian los colectivos en defensa de la educación pública.

“Los técnicos especialistas III, las fisioterapeutas, las enfermeras, las educadoras infantiles, las integradoras sociales y las auxiliares de control acudiremos a la movilización porque nuestro salario no se adapta a las situaciones de exigencia que vivimos, con gran carga física y peligrosidad, y porque nuestras bajas no se cubren”, añade Manu, técnico de educación especial.

Y saldrán a la calle junto a las familias, quienes festejaban hace poco una victoria: gracias a la presión de algunas de ellas la Comunidad de Madrid tuvo que recular y el alumnado que acude a los centros de primaria que albergarán también secundaria (denominados CEIPSO) no perderán su adscripción en los institutos de la zona.

Dicen los convocantes que esta manifestación pretende apelar a toda la sociedad y por ello han habilitado un manifiesto que recaba firmas de adhesión desde la web, “para defender algo tan esencial como una educación pública bien financiada y que dé cabida a todo el mundo”.