Caza
El lobby cazador se echa al monte

En lo que se interpreta desde distintos sectores del conservacionismo como un movimiento de respuesta a la prohibición de la caza comercial en el Parque Nacional de Monfragüe (Cáceres), la Real Federación Española de Caza (RFEC) y la Fundación Artemisan han anunciado la presentación, ante la Fiscalía General de Medio Ambiente, de una denuncia contra la dirección del mismo, dependiente de la Consejería de Agricultura de la Junta de Extremadura. El motivo aducido: la acción de control poblacional llevada a cabo en el Parque Nacional el pasado 22 de abril, que terminó con la muerte de 40 jabalíes y ciervos, en lo que sería una práctica habitual dentro del espacio natural protegido pero que se interpreta desde los denunciantes como una “matanza” que, además, “carecería de criterio selectivo”.

Aunque sea evidente que en cualquier montería de dimensiones medias, práctica ya erradicada en Monfragüe, el total de animales muertos suele rebasar con creces ese número, resulta fundamental situar el análisis de la denuncia dentro de los últimos movimientos en torno a la industria cinegética, más allá de una disputa de cifras que enmascararía una realidad mucho más compleja. Se ubica esta en un contexto global en el que, con datos del año 2020, y aún con una caída de licencias de caza en torno al 16% desde el 2008 y disparada en el 2020 a causa de la crisis del Covid, paradójicamente se habría pasado de abatir anualmente 227.000 “piezas” de caza mayor a un total, una década después, de 639.000; un incremento exponencial, a todas luces desproporcionado y que aproxima una idea del volumen de negocio que supone y, en consecuencia, de la cantidad de recursos capaces de ser movilizados en su defensa.

Esta denuncia contra los gestores del Parque Nacional de Monfragüe se contextualizaría, pues, en un rearme estratégico y argumental de los sectores favorables a la caza, que habría encontrado reciente expresión, también, en la declaración de las rehalas como Bien de Interés Cultural en Andalucía o en el inicio de la tramitación en idéntico sentido en Extremadura 

Los datos en el sector de la caza menor, en cambio, reflejan una caída poblacional sostenida, relacionada con una presión cinegética que resultaría insoportable para algunas especies, incapaces de alcanzar una tasa de reposición suficiente en un entorno donde, además, la reducción de sus hábitats es constante. Todo ello teniendo en cuenta un elemento colateral distorsionador nada desdeñable, y es que las granjas cinegéticas efectúan sueltas que, cada año, rondan en España los cinco millones de ejemplares. En determinadas provincias (caso de León), y como denuncia la Plataforma No a la Caza, la denominada “caza enlatada” constituiría ya el 100% de los animales muertos.

Esta denuncia contra los gestores del Parque Nacional de Monfragüe se contextualizaría, pues, en un rearme estratégico y argumental de los sectores favorables a la caza, que habría encontrado reciente expresión, también, en la declaración de las rehalas como Bien de Interés Cultural en Andalucía o en el inicio de la tramitación en idéntico sentido en Extremadura, dentro de una polémica que llevó incluso a la recogida de casi 100.000 firmas en contra pero que, de momento, no ha conseguido paralizar la iniciativa.

Que viene el lobo...

Otros frentes donde distintas especies se juegan su futuro se adivinan en el horizonte, y ninguno resulta menor en su importancia. En ese sentido, para el 9 de junio está convocada en Madrid una manifestación contra la reciente declaración del lobo como especie protegida en todo el país, y no solo al sur del Duero. Los firmantes de la cita: la llamada Plataforma en Defensa de la Gestión del Lobo-Convivencia Lobo. Coinciden en la misma, abiertamente, asociaciones de ganaderos y de cazadores, así como organizaciones que ejercen de pantalla del lobby cinegético.

Para el 9 de junio está convocada en Madrid una manifestación contra la reciente declaración del lobo como especie protegida en todo el país, y no solo al sur del Duero

Cabría destacar entre estas a la fundación Artemisan, la cual, dentro de una retórica de inspiración aparentemente proteccionista, abiertamente se define compuesta por “un amplio número de organizaciones del ámbito cinegético, incluyendo Federaciones de Cazadores, propietarios privados, empresas y particulares”, estando entre sus fines “la defensa jurídica, para defender los intereses del sector cinegético y el mundo rural utilizando las evidencias científicas”. En este sentido, su director, Luis Fernando Villanueva, acumula cargos desde hace años en diferentes asociaciones en defensa de la caza, siendo vocal en la Junta Directiva de la Oficina Nacional de la Caza (ONC) y presidente de Asociación de Propietarios para la Gestión Cinegética y Conservación del Medio Ambiente (APROCA). Ambas, parece que no tan casualmente, inscritas en la plataforma convocante de la concentración del 9 de junio.

La tórtola y la perdiz, en el punto de mira

La regulación de la caza de la tórtola o la perdiz roja se encuentran también dentro de los objetivos a abatir, en una agenda que incluye confrontar las recientes propuestas, formuladas desde la Comisión Europea, para la protección de ambas especies.

En el caso de la perdiz roja, el desplome poblacional es absoluto, aun cuando, paradójicamente, los datos oficiales muestren un incremento elevado de capturas. La razón del desfase es clara, y se señala incluso desde estudios de los propios colectivos cazadores: el inventario nacional de caza y pesca recoge datos de los propios cotos, realizados con un dudoso rigor y donde se mezclan registros de capturas de aves silvestres y de suelta.

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Comienza la temporada de caza, una actividad que mueve más de 3.500 millones de euros anuales en España. En todo el Estado se expiden unas 800.000 licencias anuales y hay 332.000 federados, que disponen para su actividad de cerca del 80% del espacio natural.

Atendiendo a la situación general de la especie, la Comisión Europea ha debatido recientemente una propuesta de actuación en la última reunión del grupo de expertos sobre las Directivas Aves y Hábitats de la Comisión Europea (NADEG), remitida ya al Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA) para que éste recopile aportaciones de las distintas comunidades autónomas, habida cuenta de que las medidas propuestas entran en el ámbito competencial de las mismas. La iniciativa podría incluir restricciones severas en la caza de la perdiz, incluyéndola en un listado de especies en estado amenazado.

Frente a estos análisis y propuestas, la Real Federación Española de Caza (RFEC) y, de nuevo, Artemisan, manifiestan su “intención de trasladar inmediatamente un documento con alegaciones técnicas y políticas al ministerio de Agricultura, para responder de forma contundente a este nuevo ataque de Europa que pretende acabar con la caza de la perdiz en nuestro país”.

“Puede que la pregunta que hoy debamos hacernos con la tórtola como telón de fondo sea si resulta compatible el actual estatus poblacional de nuestra fauna agraria cinegética en general, y de la tórtola en particular, con un aprovechamiento cinegético sostenible”

Para la tórtola la situación resulta similar, llegándose a hablar, cada vez con más intensidad, de la oportunidad de un decreto de moratoria en su caza. De acuerdo con algunas publicaciones especializadas en caza y defensoras de su práctica, poco sospechosas de obedecer consignas de los sectores ambientalistas y situadas en una estrategia propositiva abiertamente minoritaria, “puede que la pregunta que hoy debamos hacernos con la tórtola como telón de fondo sea si resulta compatible el actual estatus poblacional de nuestra fauna agraria cinegética en general, y de la tórtola en particular, con un aprovechamiento cinegético sostenible”.

Inmune a este tipo de razonamientos, y con un discurso centrado en una hipotética injerencia extranjera en los intereses nacionales, el presidente de la RFEC, Manuel Gallardo, ha solicitado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) que “frene esta peligrosa deriva anticaza de la CE”, ya que, “como se ha demostrado con la moratoria de la tórtola, el único fin del organismo europeo es acabar con su caza y no trabajar en su recuperación, al no implementar ninguna medida en recuperar su hábitat”. Cerrando el hilo argumental, también ha señalado que “no vamos a permitir que la deriva prohibicionista, ultraecologista y anticaza de la Comisión y el Ministerio para la Transición Ecológica prohíba nuestra actividad y terminen con la labor de conservación que los cazadores llevamos desarrollando durante años”.

Múltiples factores y estrategias políticas cruzadas

En cualquier caso, son múltiples los factores que se añaden a la propia presión cazadora sobre la fauna, y dentro de ellos no son menores aquellos que se refieren a un tipo de producción agrícola contaminante y agresiva, al abandono de prácticas agrarias y de cultivos tradicionales y a un continuo deterioro de hábitats, con la consiguiente pérdida de biodiversidad y puesta en peligro de la supervivencia efectiva de numerosas especies. Desde el sector cinegético, constantemente se señalan estas cuestiones como determinantes, pero parece a todas luces evidente que no se pueden obviar en los procesos de degradación de las poblaciones de diferentes aves y animales las pérdidas millonarias de individuos abatidos en cada campaña de caza. De acuerdo con diversas fuentes, el cómputo total de animales muertos anualmente por la práctica cinegética en sus distintas modalidades se establecería en el Estado español en torno a la cifra de 30 millones. Ningún ecosistema parece capaz de regenerarse en esas condiciones.

El propio oso pardo, todavía en riesgo de extinción (...)  llegó al extremo de sufrir la pérdida de dos ejemplares el mismo día (en el valle de Bardají, Huesca, y en Cervera de Pisuerga, Palencia), el 29 de noviembre de 2020, en sendas batidas de jabalí

La situación parece abierta en todos los espacios y en todos los órdenes, con un debate social en marcha trasladado a las instituciones y en el que se mezclan claramente intereses políticos y electorales. En este aspecto, el rearme de la ultraderecha intentando capitalizar los sectores más intransigentes del mundo de la caza es transparente, dentro de su estrategia de apropiación de “tradiciones” y “valores” patrios. Baste con recordar que Ángel López Maraver, anterior presidente de la Real Federación Española de Caza, es actual diputado de Vox por Guadalajara.

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Ecologistas en Acción exige el fin de los privilegios a la caza y documenta cómo esta actividad está afectando negativamente al medio rural.

En cualquier caso, el momento parece clave y los propios hechos señalan la necesidad de intensificar medidas eficaces de protección del medio. La sombra de la relación de algunos cotos en determinados siniestros forestales es, quizás, una de las expresiones más sangrantes de un conflicto sordo pero permanente, en el que ni siquiera auténticos emblemas de la fauna ibérica, menos problemáticos culturalmente que el lobo ―que parece acaparar las fobias― parecen actualmente a salvo de las escopetas. Así, varios linces ibéricos han sido muertos a tiros, llegando sus casos a los tribunales (siendo algunos de los más sonados en Extremadura), y el propio oso pardo, todavía en riesgo de extinción y con la implicación de distintas administraciones autonómicas en diferentes estrategias para su conservación, llegó al extremo de sufrir la pérdida de dos ejemplares el mismo día (en el valle de Bardají, Huesca, y en Cervera de Pisuerga, Palencia), el 29 de noviembre de 2020, en sendas batidas de jabalí.