Caza
¿Zona de safari? Monterías y rehalas declaradas Bien de Interés Cultural en Extremadura

El 5 de abril de 2021 el Diario Oficial de Extremadura publicaba una resolución de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes del 24 de marzo por “la que se incoa expediente de declaración de Bien de Interés Cultural a favor de “La Montería y la Rehala en Extremadura” con carácter de Patrimonio Cultural Inmaterial”, haciéndose cargo de una solicitud proveniente de la Federación Extremeña de Caza “avalada” por informes de expertos. Dicha resolución se apoya en la Ley 2/1999 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, que determina que “constituyen el Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura todos los bienes tanto materiales como intangibles que, por poseer un interés artístico, histórico, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, etnológico, científico, técnico, documental y bibliográfico, sean merecedores de una protección y una defensa especiales.”

En Andalucía, en respuesta a una iniciativa del Grupo Popular de 2017 promovida por la Federación Andaluza de Caza, junto con la Asociación Española de Rehalas y la Asociación de Terrenos de Caza, dicha declaración de monterías y rehalas como Bien de Interés Cultural (BIC) se produjo en agosto de 2020.

Tales declaraciones implican diferentes problemáticas de índole ética, como la tensión entre maltrato animal por diversión dentro de una actividad privada y el interés general, entre el turismo cultural y de naturaleza responsable y sostenible frente al turismo cinegético, el impacto o los beneficios medioambientales de la alta caza, la responsabilidad social de las políticas culturales autonómicas o el blindaje de una actividad exclusiva que es posible que instrumentalice las ideas de bien cultural o de patrimonio etnológico en vistas a proteger los intereses económicos de un grupo empresarial reducido que ve amenazada su actividad, dada la continua bajada de demanda de licencias de caza.

Monterías y rehalas como “cultura”

El término “cultura” cuenta con un largo debate y en el mundo académico se han dado docenas de definiciones. No obstante, diferenciemos algunos usos comunes para preguntarnos de qué modo la montería puede considerarse cultura partiendo de los diferentes sentidos que puede adoptar el mismo. Uno sería el antropológico, para hacer referencia a todo aquello creado por el ser humano, que se transmite de generación en generación y que diferencia a unos pueblos de otros. Por ello mismo, la montería podría servir para comprender una determinada identidad grupal y ahí residiría su interés etnológico. También lo es la costumbre foré de devorar cerebros de las mujeres fallecidas de la familia o la prueba del pañuelo en los rituales de boda gitanos, con la diferencia de que causan menos daño.

Cercano a este uso antropológico estaría el de cultura popular, respecto al que también nos podemos preguntar si la montería, defendida efectivamente como un subtipo de “Patrimonio especial” como sería el patrimonio etnológico, es decir, el propio de un “pueblo”, cumpliría con tal criterio. Por “cultura popular” se suele entender que es aquella cultura producida espontáneamente por las poblaciones y al margen de la cultura oficial establecida desde el poder o la industria. Promovida y dominada por los nativos de una zona, se transmite oralmente mediante saberes populares, mitos y leyendas o formando parte de una tradición con un fuerte componente ritual y folklórico.

En el debate acerca de qué es la cultura popular destacan los fundadores de la llamada Historia Cultural. Así, para Raymond Williams, cultura popular sería “lo que gusta a muchas personas”, siendo el interés relativamente general una de sus determinaciones, a diferencia de la considerada Alta Cultura, otro sentido del término, compuesta de productos refinados solo accesibles a una elite cultural que cuenta con las propiedades sociales adecuadas de comprensión y disfrute. A aquella se añadió la idea de acceso abierto, es decir, de que la entrada en la práctica cultural fuese libre o al menos relativamente abierta, como puede ocurrir con el Carnaval de Cádiz o la Romería de la Virgen del Rocío. Tampoco en tal sentido podría encajarse una práctica como la montería dado que se celebra en espacios muy restringidos y opacos socialmente hablando y sus precios no son asequibles para el ciudadano medio, pues este solo acude como servidor (guardas, batidores, cocineras, etc.) de quienes ocupan unos puestos de caza cuyos precios oscilan entre los 500 y los 9000 euros. Su propia publicidad suele incluir la prohibición de acceso a cualquier persona que no esté en la lista de asistentes, es decir, que no haya pagado para ello o no esté al servicio de la empresa. Así, resulta contradictorio, o al menos curioso, que algo inaccesible al público general por su carácter privado se declare como de “interés” cultural, pues es una práctica peligrosa, de la “jet set” y de quienes la emulan. Obviamente, un pórtico en restauración, las pinturas rupestres protegidas o una escultura hundida en el océano no dejan de ser bienes de interés cultural por no ser accesibles al público, pero la falta de acceso se debe a motivos de protección o imposibilidad física, no por obedecer a una actividad económica privada y exclusiva en sí misma. Ese carácter cerrado de la práctica de la montería incumple la obligación de los bienes culturales de propiedad privada (pero de dominio público, como efectivamente pasa a ser cualquiera que se denomine BIC) de abrir al público periódicamente (visita pública gratuita), tal y como expone el artículo 24 de la propia Ley de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura respecto a los Bienes de Interés Cultural, que en la práctica es directamente incumplido.

En cualquier caso, cabe recordar la advertencia de Stuart Hall acerca de la inexistencia de una cultura popular en sentido puro. Pues no hay “cultura popular” al margen de las relaciones de poder cultural y de dominación, ya que lo que se entiende por “popular” y “auténtico” viene fabricado desde fuera en el contexto de una dialéctica o tensión social que tiene de fondo la diferencia de clase. Así, la inversión en prensa y presencia mediática por parte de las asociaciones o federaciones de caza contribuiría a construir la imagen de una identidad popular más imaginada que existente, dado que la participación espontánea de la población es marginal y en zonas muy localizadas. Dicha imagen además, puede ser fácilmente re-apropiada bajo la forma de algún tipo de populismo político, llamando la atención la propensión en su publicidad al uso masivo de la bandera española como reclamo que buscaría la identificación simbólica de los participantes con una cultura política nacional muy concreta que restringe aún más tanto su interés como su acceso. Buena parte del ritualismo que forma parte de la misma no sería una rémora o vestigio de una tradición arcaica, sino una construcción en el tiempo destinada a reproducir las relaciones simbólicas y de poder que se dan en el seno de la misma.

Dicha imagen además, puede ser fácilmente re-apropiada bajo la forma de algún tipo de populismo político, llamando la atención la propensión en su publicidad al uso masivo de la bandera española

También Mijaíl Batjin dio una visión bastante exitosa de la idea de cultura popular. Esta sería aquel espacio en el que se encuentran el arte con la vida, promoviendo formas de creación que sirven para hacer más soportable la cotidianidad (por ejemplo el cante o el baile), donde el pueblo desconecta o se encuentra (una feria), muestra sus anhelos de trascendencia (un culto patronal) o parodia y se ríe de su día a día (las Fallas o los carnavales). Difícilmente la alta caza cumple alguno de estos criterios: ni hay creación artística (aunque sí actividad artesana y saber popular, como en la ablación del clítoris o la castración de reses), ni la sociedad en su conjunto puede hacerse partícipe de tales festejos, pues se desarrollan en espacios cerrados e inaccesibles, mientras que el mundo que le rodea se reduce al de relaciones de clientela. Sin interés masivo, ni creación espontánea desde el pueblo, ni acceso abierto, parece que la montería carece de los elementos necesarios para ser considerada “cultura popular”, acercándose mucho más a un tipo de actividad económica que incorpora saberes tradicionales, así como símbolos y rituales de apariencia arcaica que formarían parte del reclamo para el negocio cinegético.

Por último, recordar que otro de los argumentos de los defensores de la declaración BIC es que el mundo de la montería cuenta con un lenguaje propio, un patrimonio lingüístico derivado de su historia, los trabajos y tradiciones asociados a la misma. Sin embargo, si bien conviene conservar la riqueza y variedad lingüística, un lenguaje propio que perdura durante décadas también lo tienen la cárcel (o trullo), las bandas latinas o logias y sectas religiosas, y eso no los convierte en bienes a conservar de por sí.

Otros sentidos del término cultura serían el de Alta Cultura y el de cultura de masas. Esta sería la que no viene producida directamente desde el “pueblo”, sino por las industrias culturales y creativas, que produce un mercado de bienes culturales estandarizados, de fácil acceso y normalmente con una finalidad hedonista. La Alta Cultura hace referencia a la cultura refinada y minoritaria que requiere formación para poder participar, comprender o disfrutar de la misma, como pueda ser el arte contemporáneo, la ópera o el cine de autor, y cuyos criterios de evaluación son normalmente estéticos y totalmente alejados de las categorías en las que se sitúa la alta caza. No obstante, desde que Cicerón hablase de la “cultura animi”, es decir, cultura en sentido de cultivo del alma, la tradición humanista puso de relieve que cultura sería todo aquello que contribuye a promover en las personas valores como el bien, la verdad o la belleza. Hoy diríamos que cultura en ese sentido, es aquello que como un libro, una ermita, una película o un cuadro, nos hace mejores personas: más tolerantes, solidarias, reflexivas, sensibles o sabias. ¿Cabe ese uso de la palabra cultura para las monterías y rehalas?

Solo quedaría o entender la montería como una práctica cultural en el sentido más general de este término (todo lo creado por los seres humanos, como el sushi o las armas de fuego) o seguir atendiendo a su sentido o interés etnológico, que es como lo defiende su declaración como BIC. Estos serían aquellos bienes integrantes del Patrimonio Histórico que representan una las “artes y tradiciones populares, los usos y costumbres de transmisión consuetudinaria en canciones, música, tradición oral, las peculiaridades lingüísticas y las manifestaciones de espontaneidad social extremeña” (art. 6, Ley 2/1999), e incluiría aquellas actividades de interés identitario que tienen una incidencia social, cultural, económica y medioambiental.

Lo cierto es que de interés etnológico puede ser cualquier práctica que ayude a comprender la identidad de un grupo, su manera de ver el mundo o como se organiza socialmente. En ese sentido, la tradición de casar a los hijos preadolescentes en aquellas culturas que mantienen el matrimonio forzado, el mellado de los dientes de las chicas de la isla de Sumatra o tirar cabras desde el campanario de Manganases de la Polvorosa son prácticas con un interés etnológico claro y eso no las convierte de por sí en costumbres o actividades protegibles fiscalmente porque difícilmente son defendibles moralmente. Por tanto, el interés etnológico no es condición suficiente para defender una práctica como tampoco lo es su antigüedad. En cualquier caso, las monterías actuales tienen poco que ver con las antiguas monterías, pues los cotos y fincas no estaban cercados y los animales no eran cebados en reserva ni introducidos en las mismas para tal fin. ¿Por qué la insistencia en reclamar su interés cultural?

Sufrimiento animal y alteración de ecosistemas

Hay estudios que demuestran que el mundo cinegético está en declive: entre 1987 y 2013 el número de licencias de caza expedidas en España descendió un 32% y se estima que hasta un 61% en los últimos 25 años. En Extremadura, por ejemplo, se pasó de expedir 60.876 licencias de caza en 2013 a 32.364 en 2018. Pero como ocurre con la tauromaquia, en relación indirectamente proporcional a tal decadencia, los colectivos que defienden la caza han aumentado su presión, la demanda de subvenciones y la promoción en ferias y medios de comunicación (con revistas de alta tirada como Jara y Sedal, Caza Mayor… o espacios en televisiones públicas). Por su parte, la cantidad de hectáreas destinadas a la práctica de la caza permanece inalterable o incluso se extiende. Cabe recordar que el 87% de la superficie española está destinada a la caza y de los 50 millones de hectáreas que tiene el estado español, 29.098.095 son de cotos privados de caza. Extremadura en 2017 contaba con 3.474.014 hectáreas de cotos de caza. Si bien la Junta recauda unos 5 millones de euros en concepto de impuestos, los directamente beneficiados de la promoción de la misma son los propietarios de las fincas (ganaderos, banqueros, empresarios, aristócratas, etc.), que obtienen suculentos beneficios directos e indirectos, porque los encuentros en las monterías siempre han servido para acumular capital social y simbólico, así como promover y cerrar diversos negocios: allí también se darán cita directivos de televisión, altos cargos de la administración y miembros de la judicatura (como el famoso caso de Baltazar Garzón de cacería con imputados de las tramas Gürtel y Púnica en Ciudad Real en 2015). Sus principales promotores constituyen además un grupo altamente endogámico que se reproduce en círculos sociales cerrados.

Pero como ocurre con la tauromaquia, en relación indirectamente proporcional a tal decadencia, los colectivos que defienden la caza han aumentado su presión, la demanda de subvenciones y la promoción en ferias y medios de comunicación

Sin duda, la caza y en el caso que nos ocupa, la alta caza, es una importante actividad económica. En 2017 aportaba el 0.3% del PIB nacional y los empleos rondaban (equivalentes a jornada completa) los 185.000. Dentro del grupo de trabajadores, 7 de cada 10 personas solo tenían un nivel de estudios primario, lo que significa una vía de integración en el mercado laboral en territorios carentes de estructura económica y en proceso de despoblación. Así,la Fundación Artemisa publicaba un informe en 2018 en el que se recoge que el gasto traccionado (efecto económico directo, indirecto e inducido) de la actividad cinegética en España es de más 6.475 millones de euros al año. En el caso que nos ocupa, la Federacion de Caza de Extremadura estimaba en 2017 que el flujo económico de ese año estuvo en 385.026.034 de euros. Sin embargo, un estudio de 2009 a cargo del investigador J. Bernard (“La caza, un elemento esencial en el desarrollo rural”) ya señalaba la gran cantidad de dinero negro que se mueve en estas actividades. En concreto llegaría hasta los 6.000 millones, de modo que más que producir riqueza, contribuiría al fortalecimiento de la economía sumergida en zonas rurales que sufren los altibajos de la producción agropecuaria, generando relaciones de dependencia que ya son muy antiguas en territorios abandonados por las inversiones públicas. A su vez, se crea un tipo de empleo estacionario y precario. En ese sentido, ¿pueden las instituciones públicas legitimar un negocio privado exento de la necesaria inspección y cuyas prácticas parecen muy alejadas de cualquier criterio de justicia redistributiva bajo el manto de una declaración BIC? Es confundir un relativo bien económico con un bien cultural y con un bien en sentido moral, porque su negocio se basa en el sufrimiento animal y la alteración del ecosistema.

Desde la ética ecológica hay quien justifica que debemos de respetar el medio ambiente desde argumentos antropocéntricos. Es decir, como el bienestar del ser humano depende del medio natural, debemos de conservar este, como luchar contra la contaminación por nuestra salud. Desde este enfoque habría que evaluar en qué sentido las monterías y rehalas contribuyen a la conservación del medio natural en beneficio de los seres humanos. Pues si bien algunas empresas participan en planes de conservación de la biodiversidad y especies publicitándose además como “caza sostenible”, el impacto negativo de la caza en el medio natural y humano parece evidente. No negando los posibles beneficios (económicos o de conservación de monte), los perjuicios directos para los habitantes de las zonas rurales son cuantiosos. En primer lugar, está la apropiación del monte mediante cortes de caminos, compuertas de arroyo, vías pecuarias y públicas total o parcialmente que por ley deberían de estar abiertos. También, el impacto medioambiental del acceso en todoterrenos y estancia en fincas y perjuicios económicos y sociales derivados de las limitaciones de los usos creativos, deportivos y culturales del bosque. A ello se suman los límites a la interpretación, al turismo de naturaleza y el astroturismo, los límites en el aprovechamiento de los bosques (setas, frutos secos…), barreras a las atenciones de emergencias y accidentes. También son frecuentes los casos de disuasión y amenazas a quienes rondan los cotos y el acoso y limitación inmobiliaria en las localidades de la sierra, etc. También habría que evaluar el impacto negativo en empresas de ecoturismo y turismo rural que encuentran muy limitadas sus actividades a ofertar y su expansión. Ademas, en los cotos privados de caza, existen restos de vida humana anterior, tales como fortificaciones, poblaciones etc. bajo forma de yacimientos de interés cultural genérico que permanecen cercados para el público y los investigadores, que frecuentemente son disuadidos e incluso amenazados cuando piden acceder a los mismos.

Pero también se puede poner a los animales, en tanto que son seres con capacidad de sentir dolor, en el centro del debate ético incluyéndolos dentro del círculo de nuestras evaluaciones y decisiones morales. La muerte de animales por diversión o el maltrato que sufren los perros de las rehalas es difícil de defender racionalmente. Matar a un animal para comer, es decir, para satisfacer una necesidad si no hay alternativa, puede tener cierta justificación moral desde tal punto de vista (paliar el dolor del hambre de una familia puede contrarrestar el generado al animal con su muerte), pero en ningún caso matar por deporte o por mantener unas determinadas relaciones sociales, pues no obedece al ámbito de las necesidades primarias o básicas.

La muerte de animales por diversión o el maltrato que sufren los perros de las rehalas es difícil de defender racionalmente

En Extremadura, se contabilizaron oficialmente la muerte de 24.165 jabalíes y 36.764 ciervos en la temporada 2016/2017, en un total de 1460 monterías. En 2019, el número de jabalies ascendió a 33.027 y el número de ciervos a 41.583, según datos directos del Instituto Estadístico de Extremadura. En 2018, Andalucía contabilizó 112.186 ejemplares de caza mayor (cabras, ciervos, rebecos, corzos, jabalíes, etc.) muertos en tales tipos de actividad deportiva, donde la caza de la presa importa tanto como su valor exhibitivo en las fotos posteriores.

Por su parte las rehalas, que son grupos de 25/35 perros cuya función es desalojar a las presas de sus refugios para que corran hacia los puestos de caza, son también una práctica que genera un sufrimiento difícil de cuantificar dada también la opacidad con la que se desarrolla. Los perros de rehala (podencos, etc.) son criados y amaestrados a tal efecto, y a veces amputados de orejas y rabo, lo cual les genera estrés y problemas nerviosos que afloran cuando se les suelta en el monte dado el aislamiento y desequilibrio en el que viven la mayor parte del año. Así, a raíz de un famoso vídeo en el que una rehala de perros se despeñaba junto a un ciervo al que estaban acosando y mordiendo en Herreruela (Cáceres) en diciembre de 2018, el catedrático de Psicobiología Fernando Peláez del Hierro consideraba que “El grado de excitación es tan grande que los animales no reconocen el lugar donde se encuentran. No les asusta el vacío, pero muchos perros tampoco se asustan de los coches”. Los perros de las rehalas además “son razas tremendamente activas que están seleccionadas y entrenadas para, si tienen ocasión de perseguir, lanzarse sobre una presa”. Una vez dejan de servir por edad o por lesiones, son frecuentemente abandonados y en ocasiones ahorcados. Así, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) entre 2012 y 2016 contabilizó 27.724 perros de caza que sufrieron algún tipo de maltrato, ya fuera abandono, desnutrición, ahorcamiento, golpes o envenenamiento, entre otros.

En tercer lugar, dentro de las corrientes éticas que desaprobarían tales prácticas está el ecocentrismo de Aldo Leopold, el cual defiende que lo que es moralmente relevante es toda la bioesfera. El conjunto la bioesfera funciona como una especie de organismo vivo que hay que mantener con salud, por eso, bosques, playas o la atmósfera son dignos de consideración moral y hay que respetar su devenir sin intervenir en su auto-regulación, algo que no se hace en los cotos privados de caza al introducir especies híbridas o condicionar el desarrollo de la foresta. El impacto directo sobre la fauna y flora aquí escapa a nuestra especialidad, pero se pueden apuntar algunas evidencias.

La mayoría de las monterías se realizan en cotos cerrados, donde los animales son cebados y acostumbrados a pacer en los lugares donde luego serán instalados los puestos de caza. Las especies objeto de la caza son endogámicas porque no hay libre circulación de grupos de ciervos, jabalíes o demás especies criadas a tal efecto, ni del resto de habitantes del bosque (zorros, lobos, linces, etc.). El cruce entre individuos de la misma manada crea problemas genéticos y la biodiversidad de los cotos es cada vez menor. De hecho, se han introducido especies como el muflón con el único objetivo de cazarlas.

El cruce entre individuos de la misma manada crea problemas genéticos y la biodiversidad de los cotos es cada vez menor

Un argumento recurrente por parte de los defensores de la caza es, que si los cotos cercados de caza o las fincas dedicadas a la ganadería no existieran, las especies que ceban para sus prácticas económicas desaparecerían, como si los peligros de extinción de especies dependieran de que no sean un recurso económico, cuando viene a ser lo contrario. Cualquier medioambientalista confirmaría de qué modo la cría del toro de lidia (que es una especie fruto de una larga selección genética) genera muchos problemas a largo plazo en las dehesas: destrucción de la vegetación cercana a los ríos (que puede afectar la calidad y composición del agua y el ensanchamiento los riachuelos afectando a otras especies autóctonas que dependen de estos), alteración de los sistemas de drenaje naturales, pérdida de especies poco comunes de plantas y animales, problemas de compactación de la tierra, erosión y pérdida de la fertilidad del suelo o desertificación, debido sobre todo al pastoreo excesivo.

Recurriendo a la taxonomía, la prohibición de la alta caza traería que algunas variedades dentro de una especie vieran muy mermada sus poblaciones o incluso desaparecieran como tales, pero no la especie como tal, pues como ocurre con el búfalo o el caballo, estos pueden vivir en reservas naturales de diferentes hábitats mundiales con las debidas medidas de protección. A aquel argumento suele acompañar otro: “viven muy bien hasta que mueren”, lo cual quiere decir que el asesinato de un ser quedaría justificado por la buena vida que ha llevado. Nos preguntamos si eso serviría como atenuante en un juicio por homicidio voluntario hacia una persona que ha llevado una buena vida.

Conclusiones

“Ea, a mandar, para eso estamos”. Así contestaba Régula a su señorito en el cortijo de la novela inspirada en un cortijo extremeño llamada Los Santos Inocentes. En la expresión se reflejaba buena parte de la historia del mundo rural cuyo tejido social e imaginario político habían sido machacados con la Guerra Civil y la Posguerra. En él, buena parte de los supervivientes, humillados y privados de dignidad, tenían que servir fiel y humildemente a los vencedores: en los campos, en la mesa, en sus juegos o en las monterías. Estas, con un origen inmemorial, pervivía en las sierras españolas como espacios privilegiados en los que se encontraban los altos mandos del Régimen, el empresariado beneficiado por la Guerra y la dictadura, la aristocracia y las diferentes elites locales o nacionales. Muy alejada de la cacería tradicional para la subsistencia que aún practicaban muchos vecinos, fue desde sus orígenes una práctica de caza ociosa. El objetivo era divertirse pero también, cerrar tratos, distinguirse socialmente, traficar con influencias y reproducirse como clase. En un campo privatizado del que se apropiaron de buena parte de sus caminos públicos, la élites tradicionales hicieron de las sierras extremeñas y andaluzas un punto de encuentro y de distinción que ha permanecido como tal a lo largo de las décadas.

A día de hoy, esta modalidad de caza deportiva representa un tipo de actividad económica importante en algunas localidades que como tal y como se ha señalado más arriba perjudica seriamente el medio ambiente alterando sus procesos, lo que significa que el turismo cinegético es difícil de defender desde el punto de vista de la sustentabilidad. Pero ello hay que enmarcarlo en el contexto de un capitalismo de tipo extractivo que parte de una injusta distribución del terreno agropecuario y que no redistribuye ni crea riqueza, tal y como se fue configurando en Extremadura desde el siglo XIX, reforzando la desigualdad social y las relaciones de dependencia y clientela locales. Solamente en ese contexto se puede defender como “bien económico”.

En el informe adjunto de la resolución se incide en la idea de los rituales que rodean la actividad de la montería como prácticas culturales que por ello mismo, cabe conservar. No sabemos si quien lo cree también piensa que por el mismo argumento deben de conservarse rituales como el canibalismo ritual indígena o la dimensión ritual de la lapidación femenina. En los rituales de las llamadas juntas (desayuno, almuerzo o cenas, etc.) los pobres son invitados a la mesa del rico para que se anule simbólicamente una distancia social con cuyo ritual se está reforzando. Práctica de origen romano y extendida en la Edad Media, un boletín oficial de una comunidad autónoma de un Estado social de derecho gobernado por un partido que se llama “progresista” la acepta como intrínsecamente jerárquica y elitista y la declara como buena. Pues a diferencia de los que hacen caza menor, la alta caza es practicada casi en exclusiva por profesionales liberales, industriales o empresarios, generalmente allegados a esa modalidad por tradición familiar, con altos estudios y que pernoctan en fincas y hoteles no accesibles a las clases subalternas, pues emulan a la aristocracia.

Lo cierto es que el afán que ponen pueblos, ciudades y comunidades en conseguir declaraciones del tipo de BIC suele responder a la actual carrera por la creación de marca turística a través de la promoción de los rasgos patrimoniales que las deben de hacer únicas y atractivas a ojos de los inversores y de los turistas mismos, como también se suele hacer con la promoción de eventos (macroconciertos, competiciones deportivas, jornadas, ferias de productos, etc.). Que los representantes políticos se conviertan en promotores turísticos constituye de por sí un ejemplo de populismo cultural que falsea habitualmente las historias locales, acentuando unas tradiciones pero olvidando y borrando otras. Eso está ocurriendo con la montería, olvidándose de que el espacio y los caminos públicos, la habitabilidad o la movilidad, son cuestiones que los gobernantes deben de gestionar para sus ciudadanos, no para un mercado restringido que se apropia de caminos públicos y pone vallas a los que en realidad disfrutan de la naturaleza.

Que los representantes políticos se conviertan en promotores turísticos constituye de por sí un ejemplo de populismo cultural que falsea habitualmente las historias locales

Toda la confusión puede venir porque vivimos en una época en la que todo tipo de bien se reduce a un único modelo: el de bien económico, es decir, el de bien material o inmaterial que posee un valor expresable en cantidad de dinero. Por eso, prolifera la idea y la práctica política de que la cultura solamente es defendible desde el punto de vista de la rentabilidad. Quizás, haya quien piense que tendrá su valor educativo que los docentes llevemos a nuestros/as alumnos/as a conocer las jaulas de las rehalas, fotografiarse con cornamentas para ponerlo en Instagram o contemplar el reparto de las piezas de la caza, como bienes deseables en sí mismos que les harán más solidarios, comprometidos, sensibles y cultos. También es posible que los turistas culturales europeos se encuentren atraídos por ese tipo de costumbres como algo exótico, porque la mezcla de sangre, garrulismo, alcohol y testosterona les evocará una versión posmoderna de la serie negra de Goya. Pues cabe recordar que España es el único país de la Unión Europea que permite la caza con rehalas y que la caza con perros no acompañantes del cazador se prohibió en Alemania en 1952, en Bélgica en 1995 y en Reino Unido en 2004. Con ello Extremadura, como Andalucía, también puede considerarse extensión africana, esta vez como zona de safari.