Bilbao
Empresas privadas ultiman nuevos desalojos de personas sin hogar en Zorrotzaurre

La destrucción de varias chabolas autoconstruidas en Zorrotzaurre podría producirse en las próximas horas. En un solar cercano a los pabellones desalojados recientemente, una docena de personas vive desde hace meses en asentamientos precarios levantados sobre terrenos aún sin edificar, a los que se han sumado varios de los expulsados que optaron por no ingresar en los albergues municipales.

En los últimos días, empresas privadas han empezado a mover maquinaria en el entorno, sin notificación ni orden judicial, con el objetivo de arrasar las construcciones y desalojar a sus ocupantes.

Las personas afectadas aseguran que ni el Ayuntamiento ni los servicios sociales han ofrecido alternativas reales y denuncian la connivencia municipal con los propietarios, que actúan sin garantías y con cobertura policial

Las personas afectadas aseguran que ni el Ayuntamiento ni los servicios sociales han ofrecido alternativas reales y denuncian la connivencia municipal con los propietarios, que actúan sin garantías y con cobertura policial.  La mayoría del grupo que ahora enfrenta una nueva expulsión reclama un albergue propio y estable, adaptado a sus necesidades.

El episodio se suma a una secuencia de expulsiones sin garantías que se repiten en distintos puntos de Bilbao. Unas se justifican por intereses urbanísticos, otras bajo el pretexto de la seguridad o la salud pública, pero el resultado es el mismo: acoso a las personas pobres y desplazamiento de quienes viven al borde.

Según los datos oficiales, en la Comunidad Autónoma del País Vasco se estiman 4.456 personas sin hogar (Eustat, 2022), de las cuales casi la mitad —un 43,7 %— se encuentran en Bizkaia. En Bilbao, los recuentos municipales contabilizan más de 600 personas sin hogar, aunque las organizaciones sociales advierten que la cifra real es mayor: a las acogidas en recursos asistenciales se suman decenas que sobreviven en asentamientos dispersos e invisibles para las estadísticas. 

En el mayor desalojo de las últimas décadas en Bilbao, más de ochenta personas fueron expulsadas de los pabellones de Consonni y Lancor, en una operación que combinó presión policial, sabotaje del sistema de agua y la intervención del SMUS

Macrodesalojo añade a 80 personas sin hogar 

El actual escenario en Zorrozaure se produce apenas unas semanas después del mayor desalojo de las últimas décadas en Bilbao. Más de ochenta personas fueron expulsadas de los pabellones de Consonni y Lancor en una operación que combinó presión policial, sabotaje del sistema de agua y la intervención del Servicio Municipal de Urgencias Sociales (SMUS). Durante horas, el agua brotó a borbotones por las tuberías rotas, inundando la nave y forzando la salida de sus habitantes bajo la apariencia de un “abandono voluntario”.

El dispositivo, ejecutado sin orden judicial y con la participación de empresas privadas contratadas por el Grupo Mondragón, se llevó a cabo en un marco de dudosa legalidad. Testimonios recogidos por Hordago señalan impedimentos a los bomberos municipales y la presencia continuada de la Policía durante las demoliciones posteriores. Pese a la gravedad del operativo, ni el Ayuntamiento ni la Diputación ofrecieron explicaciones públicas sobre lo ocurrido.

Tampoco los principales partidos políticos ni la oposición municipal han emitido pronunciamiento alguno. El silencio institucional contrasta con la magnitud del desalojo y con la situación de vulnerabilidad de las personas afectadas, muchas de las cuales continúan sin alojamiento estable y sobreviven ahora en chabolas dispersas por el borde de la isla, bajo la amenaza constante de nuevas expulsiones.