Baleares
La ley de memoria histórica de Baleares vuelve a estar en vigor

Como ya ocurrió con las normas aragonesa y valenciana, el TC ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central contra la derogación de la Ley 2/2018, de 13 de abril, de memoria y reconocimiento democráticos de las Illes Balears y el texto vuelve a tener vigencia. La norma ha estado abolida durante casi tres meses, ya que fue el 10 de marzo, cuando los votos del Partido Popular y Vox hicieron posible su eliminación. La oposición en bloque, por su parte, votó en contra.

Para la Plataforma de Memòria Democràtica de Mallorca se trata de un triunfo, una jornada de mucha satisfacción, aunque esconde una realidad más oscura: el ejecutivo balear no está desarrollando la norma. Maria Antònia Oliver recuerda que “en los tres años que llevamos de legislatura, solo se ha convocado dos veces la comisión encargada de ejecutar la ley y no se han tomado decisiones de ningún tipo”. En el período anterior, se produjeron más de setenta encuentros y se pusieron en marcha iniciativas y programas piloto que en el período 2023-2026 han muerto de inanición.

Según ha informado el Tribunal Constitucional, se devuelve la vigencia a la ley como medida cautelar para estudiar si su eliminación “podría ser contraria a los artículos 15 y 10.1 de la Constitución por la derogación del estatuto jurídico de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos” o afectar a “los principios de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (art. 9.3 CE)”.

Le Senne en el punto de mira

El pleno del TC se reunió ayer martes para debatir el asunto y pronto volverá a hacerlo para tratar otro tema relacionado con este: la expulsión de dos diputadas del PSIB-PSOE por parte del presidente de la Cámara balear, Gabriel Le Senne, miembro de Vox, el 18 de junio de 2024.

Ese día se trataba en el Parlament, por primera vez, la derogación de la Ley de Memoria. Numerosos miembros de la oposición habían colgado de sus portátiles fotografías de víctimas de la represión franquista. Las socialistas de la mesa Pilar Costa y Mercedes Garrido llevaban una camiseta en la que aparecía el rostro de tres mujeres, entre ellas, Aurora Picornell, máximo exponente del sindicalismo y del feminismo mallorquín.

A petición de la diputada de Vox Manuela Cañadas, Le Senne invitó a Garrido y Costa a que abandonaran su escaño y se sentaran junto a los miembros de su partido para no violar la imparcialidad de la mesa. Ellas se negaron y las expulsó.

Dos meses más tarde, las diputadas presentaron un recurso de amparo ante el TC porque consideran que “en ningún artículo se recoge que un miembro de un parlamento no pueda exhibir una camiseta”, asegura Costa. Además, declara que “la acción de Gabriel Le Senne atenta contra nuestro derecho a la libertad de expresión y a la participación en los asuntos públicos, además de no tener base legal”.

En mayo del año pasado, el Tribunal admitió a trámite este recurso y, según el PSIB, “la resolución del Tribunal tendrá una relevancia jurídica, social y política considerable”.

Mucho por hacer

Después de este varapalo al gobierno de Marga Prohens, queda por ver si habrá alguna reacción y se aprovecharán los últimos meses de legislatura para trabajar por la memoria y distanciarse del discurso de Vox. Hay que recordar que el PP fue uno de los partidos que participó en la elaboración de la norma y que en su programa electoral no figuraba la eliminación de la ley.

Desde la Plataforma por la Memoria Democrática, se pide al ejecutivo que continúe con la emisión de los certificados de reconocimiento de las víctimas del franquismo y no abandone la digitalización de los archivos ni los proyectos educativos. “Es básico que en las escuelas y los institutos se hable de lo que pasó para garantizar la no repetición”, indica Maria Antònia Oliver. También consideran necesario acabar con la simbología franquista aún presente en las calles de las islas y tomarse en serio la declaración de lugares de memoria, como, por ejemplo, el Fortí de Illetes, en Calvià, que ,entre 1936 y 1941, acogió a más de 400 presos políticos.