València
El Constitucional suspende artículos de la ley de ‘concordia’ valenciana

La conocida como ley de la 'Concordia' fue uno de los primeros compromisos del acuerdo valenciano de gobierno entre PP y Vox en hacerse realidad. La prioridad política que ambas formaciones le concedieron se puede calibrar con la posición que ocupaba en el acuerdo programático del gobierno de coalición. Era el segundo punto, solo por detrás de “defender la unidad de España”, que ocupaba la primera posición.

Su tramitación parlamentaria materializó la norma que venía a derogar la ley de Memoria Democrática impulsada por el govern del Botànic. Y eso a pesar de que las propias asociaciones de víctimas del franquismo, pertenecientes al activo movimiento memorialista del País Valenciano, ya denunciaron en Les Corts que era una ley que les equiparaba a sus verdugos, que les invisibilizaba y les negaba a ser sujeto de derecho como víctimas.

Ángel González, víctima directa de la dictadura y presidente de la Coordinadora de Asociaciones por la Memoria Democrática del País Valenciano (CAMDE-PV), denunció en sede parlamentaria que la nueva ley “niega nuestro derecho a la verdad, la justicia y la reparación y que los crímenes de lesa humanidad, que no prescriben, cometidos por la dictadura deben ser juzgados”.

La norma equiparaba a las víctimas del franquismo con las de la Segunda República (que fueron ampliamente reconocidas en su momento por la dictadura) y el terrorismo, negándoles la especificidad de haber sido víctimas de la represión por parte del estado. De hecho, el recurso del gobierno impugna precisamente este artículo 1, apartado 3. 

El recurso del gobierno suspende la norma hasta que el TC decida

El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha considerado el recurso del gobierno, lo que automaticamente activa la suspensión de los artículos hasta que decida sobre si da o no la razón al ejecutivo en el fondo de la cuestión. La situación es idéntica a la que se encuentra la Ley de Concordia aragonesa.

El recurso firmado por el ejecutivo señala dos argumentos principales con los que impugnar la ley, considerando que vulnera los artículos 10.1 y 15 de la Constitución, por la derogación de los preceptos relativos al estatuto de las víctimas, así como que la norma podría ser contraria a competencias estatales.

El TC tendrá que dirimir si, como argumenta el gobierno, la ley 5/2024 de Concordia violenta la dignidad de las víctimas de la dictadura. El pasado septiembre, el ejecutivo ofreció a la Generalitat negociar el contenido de la Concordia para tratar de evitar acudir a los tribunales. Finalmente, el ejecutivo presentó su recurso el 29 de abril.

En el aire las enmiendas presupuestarias relacionadas con la 'Concordia'

Varias enmiendas impulsadas por PP y Vox en los Presupuestos de 2025 son relativas a reformar parte del articulado de esta ley así como subvenciones de acuerdo con lo dispuesto en el articulado de la misma. Queda suspendida la Unitat Valenciana de la Concòrdia y todas las partidas adscritas a la misma. También queda en el aire la introducción una disposición que permitiría que ayuntamientos y Generalitat puedan “restaurar en su ubicación original” aquellos “monumentos o cruces” que fueron retirados, siempre y cuando se respeten “los principios de la concordia democrática y no suponga la vulneración de los derechos de las víctimas”.

Mientras que, en la Ley de Presupuestos destaca la retirada de una subvención de 30.000 euros a la Cátedra de Derecho Foral Valenciano y Desarrollo Estatutario para destinar esta misma cantidad a una línea para el Arzobispado de Orihuela-Alicante dedicada a la “promoción de elementos conmemorativos al amparo de la Ley de Concordia”, una cuestión que ahora mismo tampoco podría llevarse a cabo, según lo expresado desde la Conselleria de Justicia. También queda en el aire el recorte, a iniciativa de Vox, de una ayuda de 30.000 euros a la Associació de Juristes Valencians, que iba a ser trasvasada a una nueva línea para “acciones en promoción de la concordia”.