Baleares
El Gobierno presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la derogación de la ley de memoria balear

El Consejo de Ministros ejecutó este martes dos de junio su intención de pedir al Tribunal Constitucional la suspensión cautelar de la derogación de la Ley de memoria y reconocimiento democráticos de las Illes Balears. Sería la tercera norma de esta índole que llega al Tribunal Constitucional, después de la aragonesa y la valenciana. 

El Ejecutivo acude al máximo tribunal al considerar que la citada ley vulnera derechos fundamentales de las víctimas y contraviene la legislación estatal vigente. El Tribunal Constitucional, una vez admita a trámite el recurso, podría suspender cautelarmente la norma. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática argumenta que la derogación de la normativa balear no solo elimina estructuras administrativas creadas para desarrollar políticas de memoria, sino que también deja sin cobertura aspectos esenciales como el derecho a la verdad, la reparación pública de las víctimas y las garantías de no repetición, derechos que forman parte del marco jurídico internacional de protección de los derechos humanos y están recogidos igualmente en la Ley estatal de Memoria Democrática de 2022.

Fue el pasado 10 de marzo que el Partido Popular y Vox votaron en el Parlament Balear la abolición de la norma, que el mismo PP había negociado con el resto de las formaciones el 2018. Entonces, la ultraderecha aún no había aterrizado en esta Comunidad.

Como ya ha pasado en anteriores ocasiones, el Gobierno ha intentado negociar con el equipo de la presidenta Marga Prohens, pero no han alcanzado ningún acuerdo. El Ejecutivo argumenta que la abolición de la norma atenta contra principios constitucionales esenciales y las obligaciones internacionales asumidas por España en materia de derechos humanos, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Sin ley de concordia

El caso de les Illes Balears es distinto al de Aragón o el País Valencià, comunidades en las que una Ley de concordia ha substituido las normas anteriores. En el archipiélago, el Partido Popular ha optado por eliminar el texto alegando la existencia de la regla estatal. Se había comprometido a ello en el acuerdo programático que firmó con Vox en junio de 2023, el cual le permitió asegurarse los votos de la formación en la investidura.

En el punto 48 de dicho pacto se concreta: “Se derogará la Ley 2/2018, de 13 de abril, de memoria y reconocimiento democráticos de las Islas Baleares, y se buscará siempre la reconciliación, evitando la manipulación histórica y el uso partidista de las víctimas y del drama del enfrentamiento civil. Se realizarán políticas para facilitar la recuperación de personas fallecidas, sin discriminaciones por motivos ideológicos o religiosos. Igualmente, se evitará la destrucción de monumentos y elementos históricos, procurando su correcto mantenimiento y su conocimiento dentro del contexto histórico”.

Para el presidente de la Plataforma de Memòria Democràtica de Mallorca, Miquel Rosselló, ahí radica el problema, no tanto en el hecho que se cambien nombres de calles o se mantengan monumentos. “La cuestión es el relato y el motivo que llevó a la guerra civil. Es evidente que en todas las contiendas caen bombas, pero debemos tener claro que la guerra del 36 empezó con un golpe de estado contra un régimen escogido democráticamente”, afirma.

Por otro lado, queda el trato recibido por las víctimas. Rosselló recuerda que “mientras las del bando nacional recibieron ayudas, las republicanas han tenido que esperar setenta años para ser reconocidas, y aún hay cuerpos no identificados en las fosas comunes”.

Posibilidades de prosperar

Tanto los miembros de la plataforma memorialista como los partidos de la oposición en el Parlament Balear confían que antes de seis meses se suspenderá cautelarmente la derogación y la norma volverá a entrar en vigor. Maria Ramon, de Més per Mallorca, asegura que es inevitable: “Abolir la ley es atentar contra los principios de reparación, no repetición y derechos humanos de las víctimas; no vemos con qué argumento puede sustentarse”.

Además de ello, considera que el PP les ha traicionado. “A finales de 2024, se comprometió con todas las formaciones de izquierda del arco parlamentario a no eliminar la ley. Fue a cambio de nuestro voto en la subsanación de unas enmiendas al Decreto de medidas urgentes. Y el 10 de marzo pasado, lo rompió.

Pilar Costa, diputada del PSIB-PSOE, ve en la abolición de la ley una gran incongruencia del partido que lidera Marga Prohens. “La derogación no formaba parte de su programa político. No tendría demasido sentido, tampoco, ya que el PP ayudó a redactarla y votó a favor de la mayoría de artículos”. En este sentido, Costa afirma que algunos de los votantes de la formación deben sentirse engañados.

Inacción

Una de las principales críticas de la oposición y el colectivo memorialista al Govern balear ha sido la no aplicación de la ley. Miquel Rosselló afirma que “el ejecutivo autonómico no ha hecho nada de nada y ha roto con la dinámica anterior”. Se ha paralizado el cambio de nombre de las vías, se han suspendido los programas en las escuelas e institutos, se han negado a reunirse con la plataforma y sus miembros han dejado de acudir a la celebración de las fechas de reconocimiento de las víctimas. “Consideramos especialmente relevante que nadie haya venido al acto de memoria del 24 de febrero, cuando recordamos que el alcalde de Palma, Emili Darder, el de Inca, Antoni Mateu Ques, el regidor Antoni Maria Ques y el abogado Alexandre Jaume fueron fusilados”.

Desde el colectivo que preside Rosselló se aboga porque “la memoria histórica sea un eje central de la los valores democráticos” y trascienda el debate jurídico.