Andalucía
Los últimos cuatro años de gobierno de Juanma Moreno según los movimientos sociales

En 2022 a las puertas de las anteriores elecciones andaluzas los movimientos sociales hablaron con El Salto sobre como habían vivido la primera legislatura de Moreno Bonilla en la Junta de Andalucía. Los distintos colectivos comenzaban a poner en el centro unas preocupaciones: las políticas medioambientales basadas en la destrucción del territorio, la merma en sanidad y educación, el impulso aún mayor al turismo... 

Hace cuatro años vislumbraban con preocupación una deriva que una segunda legislatura, y con mayoría absoluta, han confirmado. Lo que se mostraba como una inquietud es hoy un grito de desasosiego. 

“Ha habido una gran y malísima política que es la de los recortes de servicios sociales que  han querido enmascarar con subidas de presupuestos destinados a la concertación con la privada”, explica María Luisa Cid, de la Coordinadora de Movimientos Sociales de Andalucía.

Un malestar que también se ha hecho ver en las preocupaciones de andaluzas y andaluces, el CIS de 2022 apuntaba que un 7% de la población consideraba que la sanidad era su primera preocupación en 2026 el mismo estudio cifra este porcentaje en 21,5%. 

María Luisa Cid de la Coordinadora de Movimientos Sociales de Andalucía lo resume de este modo: “ha habido una gran y malísima política, que es la de los recortes de servicios sociales que además han querido enmascarar con subidas de presupuestos, pero que esos presupuestos iban destinados a la concertación con la privada”.

Una línea política que tiene sus efectos especialmente en la sanidad, poniendo en riesgo la salud de la población como recoge el estudio Atención oncológica y sobremortalidad por cáncer en Andalucía. Más allá del escándalo de los cribados de cáncer de mama. Este trabajo expone que en Andalucía entre 2019 y 2024 se produjeron 3.701 fallecimientos por cáncer más de los esperables. Este grupo de expertos pone el foco sobre los recursos que la Junta de Andalucía dedica a la sanidad.

Un servicio que en los últimos cuatro años además de por el escándalo de los cribados ha tenido dos focos fundamentales: las decenas de conciertos millonarios con empresas sanitarias privadas que ha impulsado el Gobierno autonómico y el presunto caso de corrupción de los contratos fraccionados a dedo.

Educación y medio ambiente

Otro servicio esencial que se ha visto mermado en estos últimos años ha sido la educación, uno de los grandes hitos de esta legislatura ha sido la puesta en marcha de la Ley Universitaria Para Andalucía. La Lupa ha provocado movilizaciones de toda la comunidad educativa y el rechazo frontal de todos los rectores de las universidades andaluzas por mermar la institución, la autonomía de los centros y beneficiar a la educación privada.

En Infantil, Primaria y Secundaria según el sindicato Ustea el Ejecutivo de Moreno Bonilla ha suprimido 2.758 aulas. Fran Fernández, secretario general de la formación también pone el foco sobre otras políticas impulsadas por la Junta “la ley de bioclimatización aprobada en 2020, solo ha llegado a menos  10 % de los centros educativos, la Junta la ha sustituido por una dotación presupuestaria insuficiente que no permite hacer obras a los centros educativos”.

Fernández completa la imagen “tampoco ha querido aprobar la ley de comedores escolares que propusimos, las ratios son altísimas en las clases además de los recortes y los millones de euros desviados de los bolsillos de las andaluzas a la educación concertada”. En los últimos meses además la denuncia de las familias de estudiantes con necesidades educativas especiales también se han enfrentado a la Junta por la falta de recursos para que estos niños puedan acceder de forma plena a la educación.

Si algo se recordará de la gestión en torno a medio ambiente de la Junta de estos últimos cuatro años han sido dos acontecimientos. El primero en 2023 cuando Juanma Moreno estuvo a punto de amnistiar los regadíos ilegales en el entorno de Doñana, un hecho que no llegó a llevarse a cabo por la presión social. Sin embargo el Gobierno regional no ha cesado de descuidar el enclave: “La Junta de Andalucía ha apoyado absolutamente las peticiones de los que estaban expoliando el agua de Doñana por eso está como está”, sostienen Ecologistas en Acción.

“Andalucía se quiere convertir en el polo de la fabricación de armas y en la cabeza de la desregulación minera en Europa”, exponen desde Ecologistas en Acción.

El segundo, la reapertura de Aznalcóllar, que se hizo efectiva el verano de 2025, y el impulso de otros proyectos mineros. Los expertos llevan años denunciando la consecuencia de estas políticas en torno a la minería, como el vertido 130.000 millones de litros de aguas tóxicas al Estuario del Guadalquivir. “Andalucía se quiere colocar a la cabeza de la desregulación minera europea”, profundiza la organización ecologista.

Otra arista que se ha fomentado desde la institución andaluza ha sido la industria armamentística, abriendo a la implantación de empresas y proyectos de defensa en distintos puntos del territorio y siendo lugar de celebración de ferias de armas internacionales. “Andalucía se quiere convertir en el polo de la fabricación de armas de Europa, de España”, sentencian desde Ecologistas.

En los últimos meses además Moreno Bonilla ha aprobado dos leyes en este ámbito, la Ley de Gestión Medioambiental de Andalucía, que según las asociación permitirá aprobar proyectos con mínimos requisitos ambientales”, y la nueva Ley de Montes de Andalucía “que va a privatizar el monte público”.

Vivienda

En 2022 la situación de la vivienda mostraba una cara terrible pero aún no se había convertido en la emergencia habitacional que es ahora. Andalucía se encuentra entre las comunidades en las que el precio de los alquileres ha subido en los últimos años, especialmente desde 2021.

Si volvemos al CIS tenemos una imagen clara del desarrollo en los últimos años de esta problemática. En 2022 se situaba en el puesto 18 del ranking de problemas de los andaluces- era la mayor preocupación de un 3.6% de la población. Actualmente ha subido al segundo puesto.

Desde la puesta en marcha de la ley estatal de vivienda en 2023 Juanma Moreno ha sido el mayor detractor de la misma y ha puesto impedimentos a que se implemente en el territorio. Además de eso ha contrarrestado con su propia ley de vivienda andaluza aprobada a principios de 2026. La legislación ha supuesto un foco de conflicto entre ambas administraciones ya que el Gobierno central amenazó el pasado mayo con denunciar a la Junta porque considera que choca con su normativa y que invade competencias.

Más allá de las instituciones la ley ha hecho llevarse las manos a la cabeza a los colectivos por la vivienda de Andalucía especialmente por tres cuestiones que señalan desde el Sindicato de Vivienda de Granada “la definición de vivienda asequible que permite el incremento de precios de la VPO para subvencionar a las clases medias y altas, la posibilidad de construir vivienda en suelo dotacional y negar la posibilidad de acceder a vivienda protegida o pública a quien esté en un proceso de ocupación”.

Además desde la organización por la vivienda hacen hincapié en que el presidente andaluz lejos de intentar solucionar con sus propuestas la crisis habitacional en el territorio la está agudizando al “no declarar municipios tensionados”. 

Otro de los hitos en esta materia ha sido la “nefasta” gestión de las ayudas al alquiler joven “la ventanilla electrónica de la junta colapsada y trabas, se le da a quien primero la pide sin tener en cuenta factores de ingresos, 0 transparencia en saber el estado, retrasos para pagarla...” además de tratarse de una medida “parche y un trasvase de dinero público a los caseros”.

En 2022 los colectivos albergaban la ilusión de que se produjese un cambio en el Gobierno andaluz. Cuatro años después con un incremento notable en el malestar social y con cada vez más personas manifestándose en las calles, con una legislatura más de deterioro en todos los sectores, la esperanza se ha convertido en urgencia.