Sanidad amenaza con acciones legales contra la Junta por no entregar los datos del cribado de cáncer de mama

Amama expone que el propio consejero de salud andaluz les admitió que el origen del fallo se dio en “una orden verbal” de los jefes de servicio que paralizaron las llamadas a las mujeres “porque había una empresa que iba a hacer eso”.

“Ha perdido el control”, así de tajante se ha mostrado Mónica García, ministra de Sanidad, con respecto a la responsabilidad de la Junta de Andalucía en el escándalo de los cribados de cáncer de mama. Una sensación que comparte la sociedad andaluza, pero que, sin embargo, el Gobierno autonómico, lejos de asumir, sigue con su estrategia de grandes números y promesas y esquivando las responsabilidades hacia otro lado. García pone el foco en la causa de esta falta de gestión que extiende a todas las comunidades donde gobierna el PP: “Ha troceado la sanidad pública para privatizarla y entregarla a intereses particulares”.

Amama remite a la reunión mantenida con el consejero de salud el miércoles y expone que “Según él, fue una orden verbal, dijeron que no había que llamar más porque había una empresa que iba a hacer eso”.

La presidenta de Amama, Angela Claverol, durante la reunión con la ministra en la jornada del jueves, también ha puesto el foco sobre las privatizaciones como causa de esta crisis que está desestabilizando al Gobierno andaluz. Claverol remite a la reunión mantenida con el consejero de salud el miércoles y expone que “Según él, fue una orden verbal de los jefes del servicio, que dijeron que no había que llamar más (a las mujeres) porque había una empresa que iba a hacer eso”. Una decisión que desde 2021 ha dejado sin avisar al menos a 2.317 personas, y que según la asociación podrían llegar a ser hasta 20.000 las afectadas. Aunque, según la presidenta de Amama, el consejero no aclaró de qué empresa se trataba, la Junta de Andalucía ha realizado contratos, por valor de 5,4 millones de euros, desde hace cuatro años con la empresa Centro Diagnóstico Granada, que se ha encargado en ese período de realizar mamografías por “falta de recursos propios” de la Junta.

Ministra Sanidad Amama
La ministra de Sanidad, Mónica García, reunida con Amama

El caso está especialmente envuelto por una falta de transparencia por parte del Gobierno andaluz, una actitud que le podría costar sanciones desde Sanidad. El Ministerio le exige a la Junta que aporte los datos de los cribados de los últimos cinco años con amenaza de procesos judiciales si no lo hiciera: “Vamos a utilizar todas las herramientas disponibles, judiciales y administrativas, para saber qué ha pasado con esas mamografías que no están firmadas o que desaparecieron, y con aquellas que dieron positivo y nunca se comunicaron”. La ministra de Sanidad insiste en que los datos sanitarios “no pueden ser rehén de ningún gobierno”.

La Junta, a la contra

Lejos de asumir responsabilidades, Antonio Sanz sigue con la misma estrategia que su antecesora: echar balones fuera y señalar a la oposición. El consejero en algunas de sus intervenciones sigue defendiendo que el fallo se concentra en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, un hecho desmentido por los testimonios en otras provincias hechos públicos durante este mes.

Durante la comisión parlamentaria de Sanidad, Presidencia y Emergencias del jueves, Sanz se ha atrincherado en la postura de la Junta de Andalucía, sin aportar datos reales de cómo piensa abordar esta crisis sanitaria, durante cuatro horas. En la mayor parte del tiempo, su discurso hacía referencia a cómo los partidos de la oposición andaluza intentaban “dañar la credibilidad del sistema”, así como la de “los profesionales sanitarios”, con el objetivo de obtener “cuatro votos más”. Desde la oposición reiteran que el sistema “está fallando por su negligencia y lo están tapando”, como exponía Inma Nieto de la coalición Por Andalucía. En este contexto, la diputada andaluza del PP Beatriz Jurado ha señalado a María Ángeles Prieto de “querer protagonizar un titular” al hacer público que el pasado 21 de octubre recibió una carta del SAS para que se hiciera una prueba del programa de cribado de cáncer de cuello uterino 25 años después de haberlo padecido y haberse sometido a una histerectomía total.

Distintas instituciones estatales están denunciando el silencio de la administración andaluza, como el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo que se trata de una situación “desastrosa” que no se está atajando, tras un mes sin respuestas. No solo en el Parlamento andaluz el PP está esquivando tomar responsabilidades; en otras instancias, en el Pleno de Málaga, con mayoría del PP, celebrado el jueves, han rechazado dos mociones de censura que exigían al partido tomar responsabilidades y ser transparente con la situación. 

Andalucía
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