Derecho a la vivienda
Batu denuncia la ofensiva del Ayuntamiento de Basauri contra las vecinas de San Fausto

En vísperas de las fiestas de Sanfaustos en Basauri, el Sindicato de Vivienda Batu ha convocado una rueda de prensa frente al Ayuntamiento, con el ojetivo de denunciar la falta de soluciones ante la situación crítica en la que se encuentran las vecinas de la calle que da nombre a las festividades de la localidad. En estas fechas se cumple un año desde que comenzase el calvario de las vecinas, cuando el Ayuntamiento notificó el proceso de expropiación de los edificios de los números 9 y 11 de la calle San Fausto, afectando a once familias y al local histórico “Trintxera”.

Batu denunció ayer frente al Ayuntamiento que el equipo del alcalde, Asier Iragorri, “ha ignorado su compromiso de realojar a las vecinas” y que las medidas tomadas han sido “intimidatorias y represivas". Según han expresado los portavoces del sindicato, el equipo de gobienro ha actuado de manera “infantilizadora”, negando la capacidad de las vecinas para comprender los procesos urbanísticos, y habiendo calificado la actuación del sindicato de “obstaculizadora y desconectada de la realidad”. 

El conflicto contra la expropiación de estas viviendas, en el marco del Plan Especial de Regeneración Urbana (PERU) para los barrios de Pozokoetxe-Bidezabal-San Fausto, tiene su origen en la revisión del PGOU de Basauri en 2018. Este proyecto, que en su momento fue aprobado por unanimidad en el pleno municipal, incluía el compromiso de realojar a las familias afectadas en viviendas de protección oficial que se construirían en la misma zona. Sin embargo, y a pesar de las distintas obras que se han ido realizando en Basauri para ejecutar el plan urbanístico, nunca ha llegado a materializarse el compromiso con las vecinas que habitan en la histórica calle del municipio. 

En diciembre de 2023, la empresa propietaria Atxalar S.L. notificó a las familias que sus contratos de arrendamiento no serían renovados, dejando a las vecinas en una situación de incertidumbre y sin garantías de realojo, lo que provocó una movilización vecinal apoyada por el Sindicato de Vivienda Batu.

Un año después, en febrero de 2024, el Ayuntamiento, a través de su sociedad pública Bidebi, ofreció a las vecinas indemnizaciones económicas en lugar de los realojos comprometidos. Las reuniones se llevaron a cabo sin la presencia de representantes del Ayuntamiento, siendo gestionadas por la empresa Krean, vinculada al grupo Mondragón. Desde el comienzo de estas reuniones de mediación, las vecinas denunciaron presiones para aceptar las indemnizaciones bajo la advertencia de que, de no hacerlo, se quedarían sin nada.

El consistorio ha continuado con acciones que el Sindicato de Vivienda Batu considera represivas, como el desalojo del local “Trintxera”

A pesar de una reunión en marzo entre las vecinas de San Fausto y el Ayuntamiento, en la que se presentó un documento firmado en el que las primeras delegaban su representación en el sindicato, el consistorio ha continuado con acciones que Batu considera represivas, como el desalojo del local “Trintxera”.

Batu insiste en que “la solución al conflicto es clara: cumplir con el realojo prometido a las vecinas en las viviendas de protección oficial que se construirán en San Fausto”. Mientras tanto, el equipo de gobierno, conformado por PNV y PSE, sigue sin reconocer al sindicato como interlocutor válido, lo que, según el sindicato de vivienda, “mantiene el conflicto abierto”.

Las vecinas denunciaron que se las presionó para aceptar las indemnizaciones, advirtiéndoles que si no lo hacían, podrían quedarse sin nada

Entre los agentes y colectivos que apoyan al Sindicato de Vivienda Batu, y a las vecinas de San Fausto, se encuentran los sindicatos ELA, LAB y ESK, las asociaciones de vecinas de Baskonia Lazarrazabal y San Fausto, colectivos feministas de Basauri como Kixkali y BAF, así como Sagarrak, miembro de Ekologistak Martxan, o Kakitzat, cuyo local “Trintxera” está ahora en peligro. Todos exigen que el Ayuntamiento cumpla con los realojos comprometidos y detenga lo que describen como un proceso de “criminalización de la protesta social”.