Vivienda
La Asamblea de Madrid llamará a comparecer a la cúpula de Blackstone por violar el derecho a la vivienda

“Hoy se acaba la impunidad de Blackstone en España y comienza su juicio”, afirman desde el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. Desde esta plataforma denuncian que el fondo de inversión estadounidense, que en España actúa a través de Fidere, ha iniciado procedimientos jurídicos para expulsar a todas las familias que viven en los bloques de El Boalo (Ensanche de Vallecas) y Joan Miró (Torrejón de Ardoz). Estos bloques de vivienda fueron dos de los primeros en unirse a la plataforma de Bloques en Lucha, apoyada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. En mayo comenzaron a negarse a pagar las subidas de hasta el 100% en los alquileres que les imponía el fondo de inversión, al que han conseguido obligarle a negociar las subidas en los alquileres de más de 20 bloques de vivienda. Pero, como lamentan desde la plataforma, “Blackstone negocia con una mano mientras nos abre procedimientos judiciales con la otra”.

“Hemos ido al juzgado y sabemos que están todos denunciados”, explica Javier Gil

A finales de la semana pasada comenzaron a llegar las primeras notificaciones. Hoy han llegado algunas más. “Hemos ido al juzgado y sabemos que están todos denunciados”, explica Javier Gil, portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid sobre los procedimientos que el fondo de inversión ha iniciado contra las familias de El Boalo y Joan Miró. Esta semana, desde la plataforma han propuesto a los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid que han expresado su apoyo a los Bloques en Lucha —Podemos, Más Madrid y PSOE— que pidieran la comparecencia en la Asamblea de los máximos responsables de Blackstone en España. Finalmente, ayer, 30 de octubre, los grupos parlamentarios de Podemos y Más Madrid registraron la petición de comparecencia de hasta siete altos cargos del fondo de inversión. “En el último momento, el PSOE se ha echado para atrás y ha dicho que lo tenía que pasar por el grupo parlamentario”, añade Gil.

Los bloques de El Boalo y Joan Miró, ubicados en Ensanche de Vallecas y Torrejón de Ardoz respectivamente, alojan a una treintena de familias. Fueron comprados por Blackstone en 2009, en el caso del edificio ubicado en Torrejón de Ardoz, y en 2013 en el caso del ubicado en la calle El Boalo. Este último es uno de los cientos de edificios que el fondo estadounidense compró ese año a la Empresa Pública de Vivienda y Suelo (EMVS). También fueron dos de los primeros que comenzaron a organizarse en contra de las subidas de los alquileres que siguieron al cambio de titularidad de los edificios, que en algunos casos llegaban al 80%.

A día de hoy ya son más de 20 los bloques de vivienda que se han negado a firmar los nuevos contratos de Blackstone

En mayo, las familias que viven en El Boalo decidieron plantarse, se negaron a firmar los nuevos contratos y continuaron pagando el alquiler que estaban pagando hasta entonces. Pronto les siguieron otros bloques en Ensanche de Vallecas, en Carabanchel y en Torrejón de Ardoz. A día de hoy ya son más de 20 los bloques de vivienda que se han negado a firmar los nuevos contratos de Blackstone y que intentan negociar con el fondo de inversión unas condiciones de alquiler más viables.

Sin embargo, según explica a El Salto Javier Gil, portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, la actitud del fondo de inversión en las negociaciones se ha limitado a “intentar dividir a los bloques y a las personas, no ha presentado ninguna propuesta sobre la mesa”.

Blackstone opera en España a través de un entramado de socimis —sociedades de inversión inmobiliaria con grandes ventajas fiscales— encabezadas por la marca Fidere en cuanto a vivienda pública y de alquiler, a las que se suman otras tantas, como Euripo, Testa o Corona, enfocadas en alquileres de alta renta y oficinas.

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Desde el Sindicato de Inquilinas denuncian que Blackstone ha impuesto subidas en los alquileres de hasta el 100% en cuatro años, vulnerando el Real decreto de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler aprobado en marzo 2019, en viviendas que, además, compró a administraciones públicas por debajo del precio de mercado. También que, bajo la figura de socimi, ha evitado el pago de impuestos, a la vez que “chantajea” al Gobierno español y amenaza a las familias que se unen al Sindicato de Inquilinas. “Por todo ello, consideramos que Blackstone debe ser juzgado y que la cúpula de Blackstone tiene que responder ante la ciudadanía, ante los inquilinos y antes los grupos parlamentarios de la Comunidad de Madrid”, concluyen desde el sindicato.

Entre los altos cargos de los que se ha pedido comparecencia están Claudio Boada —asesor senior de Blackstone después de pasar por Lehmann Brothers y presidente de Anticipa—, Diego San José de Santiago —presidente de Testa Residencial Socimi y alto cargo en otras socimis relacionadas con Fidere, la rama española de Blackstone—, Jean-François Pascal Emmanuel Bossy —presidente de Fidere Patrimonio Socimi—, Eduardo Mendiluce Fradera —presidente de Albirana Properties Socimi, de Euripo Properties Socimi y de Torbel Investments 2015 Socimi—, Jean-Christophe Dubois —consejero en Albirana Properties Socimi, en Euripo Properties y en Torbel Investments—, Juan Pablo Vera Martín —presidente de Fidere Residencial— y Miguel Oñate Rino —vicepresidente de Testa Residencial—. “Estos son los verdaderos responsables del sufrimiento de miles de familias en Madrid”, señalan desde el Sindicato de Inquilinas. “Ahora queremos ver cuál es la respuesta de Blakstone para seguir con la negociación: si ellos paran el proceso judicial, nosotros paramos; si siguen con las denuncias, empezaremos a activar las comparecencias”, añade Gil.