Derecho a la vivienda
Alicante es la ciudad donde más se desahucia del País Valencià y la cuarta del Estado

La capital de la Costa Blanca continúa con una dinámica de turistificación masiva. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la provincia concentra seis de cada diez viviendas turísticas del País Valencià. En la capital, la proliferación de edificios enteros dedicados al alojamiento temporal de turistas en barrios que, tradicionalmente, habían sido residenciales y de clase media baja, está convirtiendo estas zonas en un entorno hostil para quien la habita. Para quien realmente la mantiene.

Mientras que la oferta de pisos turísticos no hace más que incrementarse, Alicante acabó el año 2023 siendo la primera ciudad del País Valencià en desahucios ejecutados (368 al trimestre) y la cuarta de España. Además, empezó el año 2024 con mayor presencia y más violencia policial en los mismos.  Tampoco es sencillo buscar una vivienda asequible, no hay en el mercado de alquiler por debajo de los mil euros, tampoco siquiera en las zonas más periféricas, alejadas de la playa o del centro.

¿Quién limpia tu airbnb? La otra cara del auge de apartamentos turísticos en Alicante

Adrián Fauro

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Hostelería

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Solo en Alicante ciudad hay 33.000 pisos turísticos dados de alta. Mientras en la provincia el número de apartamentos turísticos no para de crecer, las encargadas de la limpieza de estos espacios ven sus derechos laborales menguados.

El Sindicat de Barri de Carolines —colectivo que lucha por el derecho a la vivienda en la ciudad— realiza una labor que permite conocer la situación en los barrios periféricos. Luchas como la de María, que se vio en la calle después de vivir alquilada doce años en la misma casa. El propietario de su bloque lo vendió como un terreno y se le adjudicaron cinco viviendas además del pago. “Los inquilinos nos vimos en pocos meses en la calle, nos ofrecieron 2.000 euros si nos íbamos en ese mismo momento, y nuestra única alternativa era comprarles las casa por 92.000 euros más los 8.500 de la plaza de garaje por obligación”, relata.

María, que vive junto con su hijo, una persona dependiente, cobra una pensión con la que viven los dos, pagaba 300 euros de alquiler y se ofreció a pagar más por mantener su casa. En febrero de 2023 se vio en la calle y hasta marzo el EVhA (Entitat Valenciana d’habitatge i sol) no le facilitó una vivienda de alquiler social. “Yo tuve la suerte de acceder a este piso porque luché, fui a plenos del ayuntamiento, he salido en prensa y sigo asistiendo a reuniones y desahucios con la gente del Sindicat”, afirma. Esta vivienda social se le cede durante siete años “siempre que no dé problemas” y, cuando estos se cumplan, las personas que le hacen un seguimiento decidirán si se le prolonga. La mensualidad inicial es de 200 euros, cantidad que va aumentando con el paso de los meses aunque no lo haga su pensión.

En Alicante hay una lista de espera municipal de más de 90 familias para conseguir una vivienda social. Muchas de esas personas son desahuciadas que no han recibido alternativa habitacional

En Alicante hay una lista de espera municipal de más de 90 familias para conseguir una vivienda social. Muchas de esas personas son desahuciadas que no han recibido alternativa habitacional, cuya estancia temporal en un hostal acaba siempre sin una solución a su problema: vuelven a la calle después de una semana. Viven en un silencio administrativo constante por parte del gobierno municipal del Partido Popular, que encabeza Luis Barcala.

Cuando hablamos de familias, hablamos también de Ali, una persona que según Javier, miembro del Sindicat de Barri de Carolines, vivía en “una cueva sin luz, con humedades y llena de ratas e insectos”. “Es increíble que se le pidiera dinero por vivir en un lugar así”, relata el activista. Desde el Sindicat tienen muy claro que la okupación es una vía que se sigue cuando no hay otra forma de conseguir un techo y que es “importantísimo saber diferenciar allanamiento de okupación” para no criminalizar la necesidad. Y no confundir, como decía Hanna Arendt, la seguridad con la libertad de posesión segura o de posesión privada.

Ejecutan el desahucio de un hombre de 73 años en pleno centro de Alicante y hieren a un concejal

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Desahucios

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El Sindicat de Barri de Carolinas ha tratado de impedir el desalojo de Ali, quien también ha tenido que ser atendido por una ambulancia ante una posible afección cardiaca.

En el desahucio de Ali, a la propia María la policía le dijo que saliera del edificio porque iban a entrar “por las buenas o las malas” ya que la gente que estaba intentando pararlo se convierte automáticamente en “rebelde y delincuente”. Algo que no le extraña a Javier. Todo se reduce a criminalizar para poder actuar. “Como estamos organizados y cada vez somos más gente, necesitan aumentar la presencia y la violencia”.

En el Sindicat organizan eventos y colectas para pagar las multas que los policías interponen en este tipo de intervenciones. “Evitan que haya cámaras para poder actuar y luego multarnos, es su palabra contra la tuya”, asegura Javier. Lo corrobora María, y explica que “los policías llegan mucho antes de la hora convocada a los desahucios para evitar que la gente los impida, pero yo siempre voy a primera hora para ayudar a las familias”. Quienes asisten a la paralización de un desahucio han vivido como se ha pasado de dos furgonetas a siete y de pasivos cercos policiales a golpes y faltas de respeto por parte de los agentes. “Han llegado a golpear a gente que ayudaba a sacar bolsas y maletas de las casas”. En el desahucio de la propia María, nos cuenta ella, “entraron a golpes a pesar de que esta y su hijo ya habían accedido a salir por las buenas”.

Cuando hablamos de desahucios, hablamos de personas que se quedan sin casa en una ciudad que ha visto cómo ha subido de media el alquiler un 16% en el último año, según los datos que manejan los principales portales inmobiliarios. Estas subidas pueden dar lugar a otros procesos judiciales que impliquen seguir dejando a gente sin casa porque sus sueldos no aumentan o carecen de él. Situaciones que derivan en obligar a vivir en la calle a personas para acabar siendo criminalizada en una ciudad hostil para quién no tiene techo. En 2021, por ejemplo, un agente de la policía nacional agredió a una de estas personas sin hogar en el barrio de altozano. Un hecho que, a pesar de ser grabado por los vecinos, quedó impune.

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La ciudad se juega dar continuidad al proyecto del alcalde que ha impulsado la ordenanza más restrictiva y excluyente con las personas más vulnerables.

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Alicante es una de las ciudades con más demandas porque sus desahuciados se encuentran en una situación de vulnerabilidad y/o a cargo de personas dependientes. A pesar de que el gobierno de España extendió hasta finales del 2024 la paralización de desahucios en casos en los que las familias sean vulnerables. “Con la crisis del 2008, los bancos empezaron a quedarse los pisos y se los vendían a fondos buitres que preferían revenderlos a alquilarlos para lucrarse mucho más. Esta práctica se sigue haciendo porque el gobierno la facilita”, cuenta Javier. “No existe una ley que prohíba este tipo de desahucios aunque el gobierno diga que los va a impedir”.

Las segundas residencias y su relación con la precaria situación de vivienda

Además de la proliferación de pisos reconvertidos en alojamientos turísticos, el crecimiento de la adquisición de inmuebles por parte de extranjeros, —principalmente europeos, a los que no se les llama inmigrantes porque cuentan con poder adquisitivo— ha contribuido también al alza de los precios de las viviendas. En el alquiler es un factor que contribuye decisivamente a que haya llegado a su máximo histórico, y en el caso de compra, la subida ha sido de un 17,5% de media.

Empresas como Sky Cim Spain SL, Solvia o Caixabank, entre otras, se dedican a la compraventa de inmuebles y otras como impagorentas.com venden sus servicios como “especialidad en el desahucio, lo hacemos mejor que nadie”. En términos legales, estas empresas hablan de “recuperación de viviendas”. Este tipo de eufemismos sirven para tratar de engañar a la víctima que va a ser desahuciada y contribuye a alejar de la realidad, más si cabe, a los “inversores”. Recuperar, en la narrativa del marketing que utilizan estas empresas, ya no significa ampliar el bienestar común, significa desahuciar. Un significado que se contrapone al que le otorgan, en positivo, la lucha del Sindicat de Carolinas para recuperar el barrio.

En mitad de una situación tan crítica, el gobierno de Alicante ha concedido a sus socios de Vox la creación de una oficina antiokupa y una antiaborto con el dinero de la ya eliminada concejalía de igualdad

En mitad de una situación tan crítica, el gobierno de Alicante ha concedido a sus socios de Vox la creación de una oficina antiokupa y una antiaborto con el dinero de la ya eliminada concejalía de igualdad. Además, los servicios sociales para conceder ayudas están colapsados mientras que han devuelto casi dos millones de euros a la Generalitat de fondos destinados a las personas vulnerables. En paralelo a estas medida, van a aumentar la flota local de vehículos policiales, quieren crear una Escuela Taurina y un museo de la Semana Santa.

La lucha de María y del Sindicat de Barri de Carolinas ha permitido parar desahucios como el de un edificio completo con el que se pretendía dejar en la calle a once familias. En otras ocasiones, “porque no acuden a nosotros o lo hacen demasiado tarde porque están cansados de pelear”, no es posible hacer nada, asegura María. Desde el comienzo de año han acudido a cuatro intentos de desahucio y en cada asamblea surgen nuevos. Algo que no sorprende si vemos que, cediendo toda la actividad al modelo de turismo masivo, Alicante se ha convertido en una de las ciudades con más segundas viviendas que solo se usan en vacaciones (81.794), siendo un 27,6% del total de inmuebles de la ciudad. Una cifra a la que habría que sumar las que son propiedades de entidades bancarias o fondos buitre y que están en proceso de especulación.

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María explica que en el Sindicat son “gente joven que ejerce sus derechos” y no solo eso, sino que, como ella, luchan por los de los demás. Lo mismo ocurre con el Punto de Información y Denuncia sobre Derechos Sociales, que se monta cada semana en la plaza de Les Palmeretes, donde se ayuda a personas inmigrantes con trámites sobre su documentación y derecho a vivienda, entre otros. La lucha de organizaciones que no dejan todas las decisiones en manos de la burocracia y que confían en la lucha vecinal se ha convertido en una realidad. La unión del barrio se explica muy bien en este tipo de relaciones en las que la gente joven y la gente mayor se junta para lucha por una misma causa.

El trabajo de estas organizaciones contra el proceso de devaluación, abandono, compra y especulación de los barrios es vital para la ciudad. Como explican desde la editorial Milvus en su libro Armas de barrio. Luchas por la vivienda y la autoorganización sobre la Federación Anarquista de Gran Canaria, el Sindicat de Barri de Poble Sec y el Espai Veïnal del Cabanyal, el problema es político y le corresponde arreglarlo al Estado, en consecuencia , todo se queda paralizado y  ahí aparece “el movimiento popular, plural y diverso” o, como dice Italo Calvino en Las ciudades invisibles, la ciudad “obligada a permanecer inmóvil  [...] languideció, se deshizo y desapareció”.