Pobreza
El Ayuntamiento de Alicante empieza a poner multas a las personas que viven en la calle

No ha pasado ni un mes desde que se aprobara la norma y ya se tiene constancia de sus primeras aplicaciones. Apremiados por la llegada de las fiestas y el buen tiempo, y a pesar del amplio rechazo que ha generado entre la ciudadanía, desde el Ayuntamiento de Alicante ya han empezado a sacar a la calle un texto tachado de “ordenanza de la vergüenza” por los colectivos sociales, ya que contempla multas de hasta 3.000 euros a trabajadoras sexuales y personas sin hogar, supuestamente en aras de la “convivencia cívica”. Las personas que viven en la calle y los colectivos que trabajan con ellas han denunciado el carácter aporofóbico de la iniciativa y aseguran que la norma supone una cronificación de la pobreza, ya que la prohibición de dormir en la calle no ha venido acompañada de medidas que ofrezcan una alternativa real a quienes se ven obligadas a hacerlo. 

Aunque la ordenanza fue aprobada a mediados de febrero, el debate alrededor de su redacción lleva tiempo produciéndose y sus efectos comenzaron a notarse antes incluso de su entrada en vigor, según denunciaron personas sin hogar y colectivos sociales que les atienden. Tal y como explicó este medio a finales de 2020, la policía estaba desalojando a personas sin techo de las calles amparándose en “quejas de los vecinos” y haciendo alusión a las directrices que marcaba la ordenanza del Consistorio, a pesar de que su aprobación todavía no se había llevado a cabo. Estas actuaciones se produjeron en un contexto de pobreza agravada por la pandemia; de hecho, durante la primera ola de contagios, algunas asociaciones denunciaron no estar pudiendo prestar atención a las personas sin hogar por las limitaciones de movilidad derivadas del confinamiento estricto.

Sin hogar ni derecho a una acera

Lis Gaibar

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Personas sin hogar

Reportaje Sin hogar ni derecho a una acera

Lis Gaibar

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Una ordenanza del Ayuntamiento de Alicante pretende, en medio de una incipiente crisis económica, expulsar por motivos de “convivencia cívica” a quienes viven en la calle.

Hace año y medio solo eran desalojos y amenazas de multas, lo que ha cambiado desde el pasado febrero es que ahora los cuerpos policiales ya tienen el amparo legal para ejecutarlas. José (nombre ficticio) suele ponerse a pedir con su perro en la fachada del Corte Inglés de la Avenida Federico Soto, desde hace 13 años se ubica en el mismo lugar, una acera muy transitada donde vende objetos fabricados con latas que recoge de la calle. Explica que si bien a él de momento no le han dicho nada, sí conoce gente que vive en la calle a la que han multado: “Te echan y te multan pero nada, eso lo han hecho muchas veces, al final se cansan porque nos ponemos otra vez”, afirma, añadiendo que les dicen que están ocupando la vía pública. Al respecto refiere el caso de una mujer que solía ponerse a pedir con una perrita pequeña en la Avenida Alfonso el Sabio y que, según publicó el Diario Información, fue desalojada y multada el pasado sábado tras una batida de la policía local en el centro de la ciudad. 

Desde el Ayuntamiento de Alicante ya han empezado a sacar a la calle un texto tachado de “ordenanza de la vergüenza” por los colectivos sociales, ya que contempla multas de hasta 3.000 euros a trabajadoras sexuales y personas sin hogar, supuestamente en aras de la “convivencia cívica”

Almudena Mora, miembro de Reacción Solidaria, una de las ONG que presta asistencia a las personas sin hogar facilitándoles bienes de primera necesidad y atención médica, muestra su preocupación al conocer las propuestas de sanciones y hace alusión al efecto que está teniendo la norma: “El lunes estuvieron en la zona del CAI [Centro municipal de Acogida e Inserción] con las máquinas, quitaron todas las tiendas de campaña y están allanando el terreno y lo han vallado todo”. Era un lugar en el que pernoctaban diariamente entre 25 a 30 personas que no tienen hogar.

Según cuenta la sanitaria, el Ayuntamiento había informado a las asociaciones de que se tardaría unos seis meses en empezar a aplicar la norma, algo que interpretaron como un atisbo de oportunidad para ganar margen y echar para atrás la norma, pero este tiempo de respiro no se ha otorgado: muy al contrario, se ha endurecido la expulsión de las personas sin hogar. “No sabemos dónde están, sabemos que se han reubicado cerca pero no tenemos ni idea de dónde. Esta mañana he pasado por ahí y no había nadie, han hecho un barrido brutal”. También cita el caso de una señora de 90 años y problemas de movilidad que dormía en una céntrica sucursal del BBVA, y que la policía expulsó de su lugar de descanso habitual mientras el consistorio procedió a poner unas rejas para impedir que volviera a ubicarse ahí. “Tampoco tenemos ni idea de dónde está esa señora”. 

“Llevo 20 años en la calle”, comenta José recordando que en el pasado la policía le ha llegado a quitar los objetos que fabrica con latas: “Si son cuatro latas, voy a buscar más latas y hago más, si no pasa nada, a mí mientras que no me quiten la vida”. José insiste en que a él de momento no le han dicho nada, pero sí indica que “hay una temporada, sobre todo para el verano, que empiezan a sacarnos a todos”. Alicante celebra del 20 al 24 de junio las Hogueras, la ciudad se llena de turistas y visitantes y permanece en temporada alta durante todo el periodo estival presumiendo de balcón al Mediterráneo y oferta de ocio, que este año se espera con más avidez que de costumbre tras los anteriores ejercicios aciagos marcados por la pandemia. 

Un agente le dijo a Ernesto que “de lunes a viernes me podía poner aquí, sábado y domingo no, en cualquier calle menos aquí”, en referencia a la céntrica Avenida Maisonnave

En la Avenida Maisonnave, la principal arteria comercial de la ciudad, con un edificio del Corte Inglés en cada extremo y decenas de locales de diferentes marcas, Ernesto (nombre ficticio) se sienta a pedir apoyado en el escaparate de una sucursal bancaria cerrada. Asegura que por el momento a él tampoco le han multado, pero explica que hace un mes un policía se le acercó y le pidió el DNI y un teléfono de contacto. Cuando Ernesto preguntó para qué quería su teléfono el agente le respondió que lo iba a “pasar a Servicios Sociales para ver si a usted le pueden llamar y darle un trabajo o algo”, relata Ernesto, añadiendo que a continuación el agente le dijo que “de lunes a viernes me podía poner aquí, sábado y domingo no, en cualquier calle menos aquí”, en referencia a la Avenida Maisonnave. 

¿Por qué no podía ponerse ahí? Ernesto se encoge de hombros. “No lo sé, nos dijeron eso solamente, que de lunes a viernes sí, sábado y domingo la avenida tenía que estar libre completamente”. Al respecto Ernesto explica que la orden se la dieron en fin de semana: “Les dije ¿Pero no me pueden dejar terminar aquí? Me dijo ‘Lo siento’, así que le dije, pues nada, me marcho... ¡Si no había hecho más que ponerme, eran las 11 de la mañana!”, lamenta este hombre, que en su cincuentena reclama que si le dieran “un trabajo, porque hay cosas que hacer, yo no estaría aquí”. Para las asociaciones que acompañan a las personas sin hogar, más allá del carácter excluyente de la norma, resulta especialmente grave que no venga acompañada de políticas que den atención a las personas a las que expulsa: “No se les ha reubicado en absoluto, simplemente se les dice que no pueden estar en la calle y que se vayan de ahí”, resume Mora. 

“Hace ya un mes que me pidieron el teléfono y no me han llamado”, exclama molesto Ernesto sobre la visita del policía que le pidió su contacto y le hizo moverse de su lugar habitual a una calle menos concurrida. “Voy [al Ayuntamiento] y nada, me dicen que hay que pedir cita, para mí es urgente hablar con ellos, con Servicios Sociales, pero hay que pedir cita”, lamenta Ernesto.  

Sin embargo, no es el centro el único lugar en el que la policía está actuando bajo la orden del Consistorio. Además de los alrededores del CAI, Mora denuncia que “también han cerrado toda la zona de taquillas [del estadio de fútbol Rico Pérez] y hace meses habían cerrado también la zona de la piscina municipal”, dos lugares donde también era frecuente que pernoctaran personas sin hogar. Además, alertan desde Reacción Solidaria, la policía local ha avisado a las personas que habitan bajo el Puente Rojo de Alicante de que “les van a tirar todo y que se vayan ya”. “No solamente están multando a la gente del centro, sino que están haciendo un barrido general de todos los barrios de Alicante para intimidarles y que no se pongan en ningún sitio. Para quitárselos de en medio, acorralarlos y apartarlos”.

“No solamente están multando a la gente del centro, sino que están haciendo un barrido general de todos los barrios de Alicante para intimidarles y que no se pongan en ningún sitio. Para quitárselos de en medio, acorralarlos y apartarlos”, denuncia Mora

Sobre los efectos de las multas en unas personas claramente no solventes, Mora apunta que es pronto para saber qué va a suceder, ya que la primera multa de la que se tiene constancia se produjo la semana pasada. “Nosotros pensamos que se busca un efecto intimidatorio, no creo que luego les metan en listas o no les dejen tener derecho a recursos o a trabajo social, pero aún no lo sabemos”. Define el estado de ánimo actual de las personas sin hogar con dos palabras: “destrozados y alterados”.

El futuro de la norma

Unidas Podemos ha sido el único partido político que ha movido ficha para intentar impedir la continuidad de esta norma y ha llevado la ordenanza a los tribunales. En realidad, tal y como recuerda Xavier López, portavoz de la formación en Alicante, esta ordenanza bebe —“aunque endureciendo todavía más”— de otro texto promulgado por el gobierno popular de Sonia Castedo (2008-2014), que también tuvo “una amplia contestación ciudadana, porque ponía el foco en las personas sin hogar sin desplegar tampoco ningún tipo de medida social para paliar la situación en la que se encontraban” y que fue derogada con el cambio de signo político en el Consistorio a partir de 2015. 

López recuerda que no existe un afán recaudatorio detrás de la norma, sino más bien la voluntad de “instaurar la sensación de miedo entre determinados colectivos para que sean los propios afectados los que acaben abandonando el término municipal para que no molesten a la vista de algunas personas”

López arranca criticando la falta de escucha y participación desde el Ayuntamiento a colectivos sociales y entidades que trabajan con las personas sin hogar y las trabajadoras sexuales en la elaboración de la ordenanza, que ha sido criticada incluso por sectores conservadores. El recurso presentado por su formación política se enfoca en dos aspectos del texto “que nos preocupan muchísimo y que además entendemos que pueden estar vulnerando los derechos fundamentales de la ciudadanía de Alicante y en particular de los colectivos a los que afecta”.

Uno es la prohibición total de dormir en ningún punto del término municipal, sin atender a las circunstancias de las personas que lo hacen por una ausencia de recursos; y el otro es la persecución ejercida sobre las trabajadoras sexuales “pues se pena el ofrecimiento de los servicios sexuales, algo que además va en contra de declaraciones institucionales y de normativas que de ayuntamiento de Alicante ha ido firmando a lo largo de todo todos estos años”. López recuerda que no existe un afán recaudatorio detrás de la norma, sino más bien la voluntad de “instaurar la sensación de miedo entre determinados colectivos para que sean los propios afectados los que acaben abandonando el término municipal para que no molesten a la vista de algunas personas”, expone, incidiendo en el hecho que sea en la zona más céntrica y turística donde se están endureciendo los controles.

Unidas Podemos pidió la suspensión de la ordenanza y el Ayuntamiento de Alicante respondió negativamente alegando “motivos de prejuicio para la ciudad y aquellos aspectos que la norma está regulando”, afirmación que la formación cuestiona. En estos momentos, la ordenanza está siendo analizada por el TSJCV. Aunque Mora no se muestra demasiado esperanzada con que se consiga tumbar la normativa por esta vía, López defiende que “hay fundamentos legales para que se retiren estos dos perceptos que son susceptibles de vulneración de derechos” o al menos para conseguir una suspensión cautelar. De momento el recurso ha pasado el corte de aceptación del TSJCV.

“No es una cuestión que sea exclusiva de la de la ciudad de Alicante porque aquí tengamos un Partido Popular peor que en otro sitio, sino que responde a la voluntad de la derecha a nivel nacional e implementar medidas que vayan en la camino del retroceso de derechos sociales adquiridos históricamente en este país” 

El político hace también una llamada de atención sobre la escalabilidad del carácter excluyente de esta ordenanza municipal: “No es una cuestión que sea exclusiva de la de la ciudad de Alicante porque aquí tengamos un Partido Popular peor que en otro sitio, sino que responde a la voluntad de la derecha a nivel nacional de implementar medidas que vayan en el camino del retroceso de derechos sociales adquiridos históricamente en este país”. Quizás en unos meses otro gobierno local o regional redacte y aplique una normativa parecida: “Esto no es una anécdota, es el inicio de una serie de políticas que pueden afectar más allá”.

Ante la urgencia de corregir este retroceso de derechos sociales, Mora apunta algo que le parece obvio: la necesidad de no pasar por alto que detrás de las personas sobre las que carga la ordenanza hay historias particulares que no requieren de juicios sino de alternativas. “Da mucha pena, porque lo único que tenía esta gente eran sus tienditas de campaña y se las están quitando. Y es indignante, porque, ¿cómo podemos machacar más aún a esta gente? Pues así, echándoles”.