Elecciones
Alicante no es ciudad para pobres

Alicante tiene el dudoso honor de albergar algunas de las zonas urbanas más empobrecidas de todo el país. La barriada de Juan XXIII, junto a la cercana Colonia Requena, Ciudad de Asís y el barrio del Cementerio, suelen formar parte del top ten estatal de barrios con menor renta per cápita. El deterioro externo de sus edificios de viviendas es tan evidente que incluso uno de ellos, Colonia Requena, se ha utilizado como escenario cinematográfico para simular calles del lejano Afganistán.

A pesar de esta circunstancia, la desigualdad y la pobreza, o más bien, las recetas políticas para acabar con ellas, no existen en campaña para el candidato a revalidar la alcaldía, Luis Barcala. El Partido Popular de Alicante está centrando su relato tanto en volver a vender muchos de los mismos proyectos e infraestructuras que ya prometió hace cuatro años, como en hacer oposición al gobierno central y al autonómico, dando continuidad a lo que ha sido su eje discursivo durante la legislatura.

El deterioro externo de sus edificios es tan evidente que Colonia Requena se ha utilizado como escenario cinematográfico para simular calles de Afganistán

Aun así, la política impulsada por el gobierno municipal que más repercusión mediática ha tenido tanto en la ciudad como a nivel autonómico y estatal, ha sido promulgar una ordenanza que sanciona económicamente conductas como dormir, asearse o ejercer la mendicidad en la calle, es decir, castiga a quienes no tienen hogar ni acceso a ingresos económicos.

La norma, que está impugnada en el Tribunal Superior de Justicia Valenciano por Unides Podem, y que ha sido llevada al Parlamento europeo para ser censurada por el PSOE, ejemplifica cómo ha encarado políticamente el alcalde Luis Barcala el acuciante problema de la desigualdad en la ciudad. A su vez, la oposición a esta ordenanza ha generado consenso y restaurado el clima de entendimiento, dañado tras la convulsa legislatura anterior, entre los partidos del bloque “botánico” y también de estos con los principales agentes sociales (sindicatos, asociaciones vecinales, ongs) y otras entidades de la ciudad contrarias a la norma.

Ana Barceló, candidata del PSOE a la alcaldía, y Consellera de sanidad durante la mayor parte de la pasada legislatura, se ofreció incluso el pasado febrero a aprobar los presupuestos de este curso si se retiraba la ordenanza, algo que también había ofrecido previamente el grupo municipal de Unides Podem-EU. Barcala ni lo contempló.

El Ayuntamiento de Alicante empieza a poner multas a las personas que viven en la calle

Lis Gaibar Miguel Ángel Valero

Pobreza

Pobreza El Ayuntamiento de Alicante empieza a poner multas a las personas que viven en la calle

Lis Gaibar ,  Miguel Ángel Valero

La policía local ha empezado a aplicar la tildada desde los colectivos sociales como “ordenanza de la vergüenza”, una norma impulsada desde el Consistorio alicantino por el PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox que multa a las personas sin hogar y trabajadoras sexuales amparándose en la ‘convivencia cívica’.

Reportaje Sin hogar ni derecho a una acera

Más allá de esta ordenanza, las políticas desplegadas por el bipartito en las zonas empobrecidas generan consenso entre los partidos de la oposición: todos las califican como nefastas. Señala el candidato a la alcaldía de Unides per Alacant (Podem-EU-ERPV), Manolo Copé (EU), que “mientras las cuentas bancarias municipales acumulan más de 120 millones de euros en positivo, los servicios sociales, especialmente de la zona norte, permanecen completamente desbordados, con un Plan de inclusión de la zona norte que ni aborda el problema de forma integral, ya que no cuenta con la participación de las entidades que operan en estas zonas, ni está suficientemente financiado”.

Su número dos en la candidatura y portavoz del grupo municipal los últimos cuatro años, Xavier López (Podem), apunta que “no solo falta personal multidisciplinar, más allá de trabajadoras sociales, también se requieren nuevas infraestructuras como recoge la propia Oficina de Emergencia Social”. Por su parte, el alcaldable de Compromís, Rafa Mas, añade otro dato significativo: “Se han devuelto a la Generalitat cuatro de cada diez euros de los fondos aportados para afrontar la emergencia social”.

Las políticas desplegadas por el bipartito en las zonas empobrecidas generan consenso entre los partidos de la oposición: todos las califican como nefastas

Si la oposición al gobierno autonómico, y en menor medida al central, ha sido la estrategia principal del ahora candidato Luis Barcala, la gestión de Acción social, el área del ayuntamiento desde donde se deberían impulsar las políticas sociales, ha sido uno de sus arietes. La concejala responsable del área, Julia Llopis, ha responsabilizado al Botànic y al gobierno de coalición de la grave situación de las zonas empobrecidas de la ciudad, acusando de abandonar Alicante a la conselleria que durante la mayor parte de la legislatura comandó Monica Oltra. Sin embargo, ha devuelto fondos sin gastar a la Generalitat concedidos para contratar más personal, algo imprescindible para tramitar ayudas, tal y como señalan desde la Plataforma contra la pobreza, ya que “para solicitar la renta de inclusión, o el ingreso mínimo vital se requiere de los servicios sociales municipales, que están infrautilizados, muy burocratizados y sin personal suficiente”.

Educación pública

Otra de las competencias de Llopis ha sido la educación, ámbito en el que su sesgo a favor de la concertada —ha sido parte desde 2012 de la junta directiva de CONCAPA (Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos)— se ha hecho evidente con medidas como devolver cuatro de cada cinco euros que la Generalitat aportaba para subvencionar actividades extraescolares en los colegios públicos. O en su boicot al “Pla edificant”, un proyecto de la Conselleria de Educación para financiar y delegar en los ayuntamientos la reparación y licitación de nuevos colegios.

Las bibliotecas de Alicante llevan cuatro años sin comprar libros

Ana Bisquert

Alicante

Servicios públicos Las bibliotecas de Alicante llevan cuatro años sin comprar libros

Ana Bisquert

Tres bibliotecas cerradas desde la pandemia, más de cuatro años sin comprar libros, presupuestos de un euro para renovar materiales, horarios raquíticos, material informático obsoleto, falta de personal: así son las bibliotecas en la ciudad de Alicante. Con estas condiciones, las asociaciones de vecinos remarcan la necesidad urgente de reactivar este servicio y considerarlo como elemental.

Las AMPA de colegios como el El palmeral, La Cañada , Santo Ángel de la Guarda, La Florida, Juan Bautista Llorca y El Somni se han manifestado en repetidas ocasiones por las malas condiciones de sus centros y los retrasos en las obras prometidas. Este último centro, que acoge a alumnado con necesidades especiales, sufre inundaciones cada vez que llueve con fuerza. Desde 2018, la concejalía de Llopis solo ha ejecutado 44.000 euros para la reforma de una escalera en el CEIP Emilio Valera.

Más sangrante aún es el caso de la educación infantil. Quinientas criaturas no obtuvieron plaza el pasado julio en una ciudad que solo cuenta con dos escuelas infantiles públicas. Además, una de ellas, Siete Enanitos, está cerrada desde el pasado febrero y su alumnado ha sido traspasado al otro centro por riesgo evidente ante el mal estado en el que se encuentra la instalación. Llopis ha acabado la legislatura dimitiendo de su cargo, pero no por su mala gestión. Barcala decidió excluirla de las listas para estas elecciones y rápidamente ha encontrado acomodo en las listas de Vox para las Cortes Valencianas.

Segunda ciudad más sucia del Estado

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) realiza una encuesta cada cuatro años para valorar la satisfacción con la limpieza. Este año, por segunda vez consecutiva, Alicante ocupa el segundo puesto en el ranking de ciudades más sucias. No es difícil encontrar las razones de esta insatisfacción dando un paseo por la ciudad, donde es frecuente toparse con contenedores desbordados, desperdicios y manchas crónicas por las aceras. Algo que documenta diariamente en sus redes sociales la Coordinadora Alicante Limpia (CAL).

No obstante, en octubre de 2021, el alcalde Luis Barcala, acompañado de Ramón Tamames, presentaba desde el lujoso Hotel Meliá un sondeo elaborado por el Observatorio de los Servicios Urbanos (OSUR) con unos sorprendentes resultados. Según ese estudio, un 64% de la ciudadanía se declaraba satisfecha con la limpieza frente a solo un 14% que mostraba su descontento.

Fue la indignación ante unos datos que consideraban totalmente inverosímiles lo que llevo a la CAL a elaborar su propio estudio sobre el particular, con una muestra que superó las mil personas. Los resultados, muy distintos a los de OSUR, establecían en el 83% la tasa de insatisfacción con la limpieza de la ciudad. Paloma Valverde, portavoz de esta coordinadora y que va como independiente en las listas municipales de Compromis, apuntaba en la presentación de los resultados que “en los barrios tradicionales se es más crítico con la limpieza que en el centro o en la playa de San Juan, y lo que más preocupa a la ciudadanía son las heces de perros y la suciedad acumulada en los alrededores de las islas de contenedores”.

La externalización de la limpieza viaria y gestión de residuos es una de las contratas que más dinero cuesta a las arcas municipales (más de 40 millones anuales) y, además, se ha renovado en esta legislatura para los próximos ocho años, poniendo muy difícil a los próximos dos gobiernos apostar por una remunicipalización del servicio.

El modelo económico de Barcala

Desde que llegó por primera vez a la alcaldía el PP, allá por el año 1991, la externalización y privatización de servicios municipales ha sido una de sus políticas habituales, pero hasta esta legislatura no se habían atrevido con elementos patrimoniales tan simbólicos como el Castillo de Santa Barbará. La fortaleza está gestionada por una empresa privada desde 2021, con el objetivo, según la vicealcaldesa saliente, Mari Carmen Sánchez (Ciudadanos), de “dinamizar el potencial turístico del monumento”. El alcalde Luis Barcala también abanderó construir un restaurante de lujo en el histórico faro del Cabo de la Huerta, en un polémico vídeo con el que intentaba desactivar una plataforma ciudadana creada para oponerse al proyecto.

De faro a exótico restaurante: el proyecto que ecologistas y vecindario quieren paralizar en Alicante

Lis Gaibar

Medio ambiente

De faro a exótico restaurante: el proyecto que ecologistas y vecindario quieren paralizar en Alicante

Lis Gaibar

A pesar de la movilización social para detener la concesión, una empresa de restauración ha ganado el concurso que supone un primer paso para construir un restaurante en el faro del Cabo de la Huerta (Alicante). La adjudicataria ya posee un complejo en una torre de la zona que fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC).

Precisamente la hostelería y el turismo han sido los dos sectores económicos más mimados por el bipartito. La ciudad bate año tras año el récord de cruceristas haciendo escala, el prototipo del turista premium, al que se le presupone un gasto diario en la ciudad más elevado que al turista convencional, y por tanto, un aparente impacto económico que tapa convenientemente el debate sobre los efectos que las emisiones de gases perjudiciales de los grandes barcos en los que llegan pueden tener en la salud de los habitantes de la ciudad.

Otro tipo de turistas, quienes se hospedan en pisos turísticos, están teniendo una influencia evidente en el alza de los alquileres y generando malestar en barrios que hasta hace poco no solían ver desfilar visitantes con maletas. Según datos de Fotocasa, el alquiler ha subido un 24,6% en el último año, siendo la tercera cifra más alta del Estado. Ante esta situación, el pasado 6 de mayo, entidades del tejido social de Carolinas, una barriada tradicionalmente de clase media y popular, realizaron un simbólico acto que representaba el funeral del barrio, muerto por la enfermedad de la turistificación.

Mikel Forcada, representante de Esquerra Republicana del País Valencia en la candidatura de Unides per Alacant, señala que este fenómeno “promueve la especulación, aumenta los precios y cambia los barrios, desplaza las clases populares y las actividades comerciales que usaban”. Y plantea como medida urgente “hacer una auditoría del parque actual de pisos turísticos para diagnosticar las distorsiones que genera en los barrios populares de Alicante como el acoso inmobiliario, finalización de contratos de alquiler y alzas de precios”.

Adaptación al cambio climático

El pasado 2 de febrero, un grupo de activistas intentó encadenarse al camión que iba a trasladar las icónicas melias de la Avenida de la Constitución. Ni las casi 8.000 firmas recogidas, ni el respaldo de la Conselleria de Transición Ecológica, de la Universidad de Alicante o de entidades como la Asociación de Arboricultura Española o la Asociación de Paisajistas Españolas sirvieron para que el ayuntamiento retrocediese en su intención de eliminar los 23 árboles que durante décadas han regulado la temperatura con la sombra proyectada por su elevada altura y frondosidad.

Xavier López, de Unides per Alacant, señala que “no fue un hecho aislado, lo vimos con los chopos de El Palamó, con los árboles de General Marvá, y con los cientos de tocones vacíos que hay por toda la ciudad, el modelo de ciudad del gobierno de Barcala es la de la ciudad gris, de hormigón y cemento, donde no tiene cabida la vegetación, algo incomprensible en un momento de crisis climática, ya que talar árboles maduros indiscriminadamente es condenarnos a veranos insoportables“.

Precisamente la peatonalización del eje que une la citada avenida con la calle Bailén es una de las pocas iniciativas que ha tomado el gobierno municipal para cambiar las infraestructuras de la ciudad y adaptarla a movilidades más sostenibles. Colectivos como Alacant en Bici y la Plataforma Comarcal por la Movilidad de l'Alacantí denuncian la insuficiencia crónica en la infraestructura ciclista de la ciudad. El pasado 14 de mayo realizaron una bicifestación que reclamaba una infraestructura que el gobierno de Barcala ha anunciado como de inminente construcción repetidas veces durante estos cuatro años, la pasarela hacia Urbanova, pero que aún no ha empezado. Como señala Xavier López, de Unides Per Alacant, “no se ha construido ni un solo kilómetro de carril bici y no solo no se ha mejorado el transporte público, sino que se ha licitado una contrata con la misma empresa que la ha gestionado muy deficientemente durante los últimos cincuenta años”.

Aprobada en pleno franquismo y prorrogada en dos ocasiones, la misma empresa con un modelo de líneas muy similar al que ha mantenido durante décadas ha sido la que ha resultado adjudicataria para los próximos diez años. Mientras que otras ciudades cercanas como Elche o València han hecho grandes apuestas por transformar sus infraestructuras, en Alicante ni siquiera está claro aún cómo se va a llevar a cabo la Zona de Bajas Emisiones. La ley estatal marca que tiene que estar en vigor antes de enero de 2024, pero el bipartito ha defendido una propuesta que, en palabras del propio Barcala, “no va a suponer restricciones de tráfico, ni en la ZBE ni en particular en la nuez del Centro; no se va a prohibir el tráfico de vehículos particulares”.

Las Zonas de Bajas Emisiones de Alicante: sombras y luces de un proyecto que no termina de arrancar

Ana Bisquert

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Medio Ambiente Las Zonas de Bajas Emisiones de Alicante: sombras y luces de un proyecto que no termina de arrancar

Ana Bisquert

Alicante se suma a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) siguiendo con las indicaciones europeas. El plazo máximo de cumplimiento es diciembre de 2023, pero mientras la ciudad pide más tiempo para su implementación, la oposición señala la insuficiencia de las reformas.