Violencia machista
Ocho medidas que entrarían en vigor en 2018 si se escuchan las demandas de la huelga feminista

Tras la fuerza que el movimiento feminista ha demostrado con las movilizaciones del 8 de marzo en la primera huelga feminista, la pelota está en el tejado de las administraciones. El manifiesto consensuado por cientos de mujeres y respaldado por miles en las marchas del pasado jueves incluyen medidas concretas que suponen una enmienda a la totalidad para poner la vida en el centro.

Sin embargo, como reconocía la coordinadora de la Comisión 8 de marzo la semana pasada en declaraciones a El Salto, lo más urgentes son las violencias. Es, de hecho, el grito de “ni una menos, vivas nos queremos” que lanzaron las feministas argentinas en 2017 el que ha prendido la mecha de la huelga feminista que las organizadoras consideran un éxito.

Y son las violencias machistas uno de los ejes de un argumentario que recoge una docena de propuestas contra las violencias machistas. Pese a la pereza de las administraciones, muchas de las propuestas que urge a poner en marcha el movimiento feminista contra las violencias machistas podrían entrar en vigor en 2018 si se da cumplimiento a las medidas que recoge el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género aprobado a finales del año pasado.

Estas son algunas de las propuestas concretas que plantea el movimiento feminista, y las medidas concretas que podrían ponerse en marcha si hubiera voluntad política y se destinase un presupuesto para ello.

Recoger todas las violencias machistas, y no solo la que se produce en pareja. 
El manifiesto de la Comisión 8 de Marzo pide en su manifiesto “que se considere la violencia machista como una cuestión que atañe a toda la sociedad, que tiene su raíz en un sistema patriarcal que organiza nuestras relaciones sociales”, lo que implicaría “que se tengan en cuenta las diferentes causas y se visibilicen los distintos niveles y dimensiones de las violencias”.

En concreto, la comisión propone “que se amplíe la definición de violencia machista para abarcar a todas aquellas violencias que sufrimos por el hecho de ser mujeres”, un planteamiento que ha salido a debate repetidamente desde la aprobación de la Ley Orgánica contra la Violencia de Género en 2004, que ciñe su objeto de actuación a “la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia”.

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Recoger todos los tipos de violencias machistas, y no solo la que se circunscribe al ámbito de la pareja, es una medida que plantea el Pacto de Estado. En concreto, el punto 84 recoge la ampliación de la definición del concepto de violencia de género para darle la dimensión que recoge el Convenio de Estambul, y la medida 166 establece la obligación legal de obtener y prestar datos estadísticos detallados y secuenciados sobre todas las formas de violencia contra las mujeres incluidas en este Pacto.

El Consejo General del Poder Judicial, que recoge estas estadísticas, anunció a principios del año que ampliará su recogida de datos para incluir otras formas de violencia machista. Consultado por El Salto, este organismo asegura que esta medida ya está en marcha y que el próximo informe trimestral recogerá estadísticas de casos como, por ejemplo, el de Diana Quer.

Educar contra las masculinidades violentas. 
El manifiesto feminista pide “que se promueva de manera efectiva una educación afectivo sexual que eduque a los niños contra unas masculinidades violentas, posesivas, dominantes, y a las niñas para desarrollar su individualidad y salir del marco del amor romántico”, una propuesta que también podría ponerse en marcha si se cumpliera el Pacto de Estado. La medida número 3 de este pacto insta a “reforzar y ampliar en materia de Educación, los valores igualitarios y la educación afectivo-sexual obligatoria en todos los niveles educativos, fomentando que los mismos se aborden de forma integral”.

El Pacto recoge otras medidas relacionadas con el ámbito educativo, como la 183, que consiste en “diseñar programas de prevención, detección y protocolos especializados o actualizar los existentes en atención y actuación, adaptándolos a las especificidades de las diferentes violencias sexuales”. 

Mejorar la protección a mujeres migrantes.  
El manifiesto también pide que se garantice “que a las mujeres migrantes en situación administrativa irregular seguridad jurídica y protección cuando denunciamos una violencia sexual, lo que requiere modificar la ley de extranjería”.

Esta propuesta, que pasaría entre otras cosas por modificar la Ley de Extranjería, también está recogida en el Pacto de Estado. En concreto, la medida 82 del Pacto de Estado recoge “revisar la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, para mejorar la protección a las víctimas de todas las formas de violencia de género evitando los procedimientos sancionadores por estancia irregular”.

Atender la diversidad de las víctimas de violencia de género. 
Una de las motivaciones de la huelga feminista es “que todas las mujeres, sin discriminación de ningún tipo, tengamos derechos y justicia social”. La huelga feminista se convoca, recoge la comisión, “para que en todas las acciones contra las violencias machistas se tenga en cuenta la diversidad de circunstancias y condiciones de las mujeres y la intersección de opresiones que vivimos”.

En ese sentido, el Pacto de Estado recoge en su punto 28 “tener en cuenta, en la realización de campañas publicitarias contra la violencia de género y en la elaboración de los materiales, los distintos tipos de diversidad funcional/discapacidad y la especial incidencia de la violencia de género sobre dicha condición”. 

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Además, el texto incluye un apartado específico sobre diversidad funcional que contempla medidas como lecturas adaptadas sobre prevención en violencia de género, puesta en marcha de protocolos específicos para la atención de mujeres de colectivos más vulnerables —como las mujeres con diversidad funcional— o la activación de protocolos de violencia machista ante los casos de violencia ejercida sobre mujeres con diversidad funcional del mismo modo que se activan para el resto de mujeres, y no derivarlos directamente a servicios sociales. 

Formar al personal de la administración en prevención de la violencia. 
“Que las juezas y jueces, así como todo el personal relacionado con la administración de justicia y de atención a la salud, reciban formación específica con perspectiva de género y LGTBIQ+ garantizando así la atención a nuestros derechos; para que haya criterios claros de actuación para proteger a las mujeres y sus hijas e hijos de sus agresores” es una de las propuestas que hace el manifiesto de la Comisión 8 de Marzo.

En este aspecto, la medida 158 del Pacto de Estado contempla “ampliar la formación especializada que reciben los y las profesionales de la Administración de Justicia, y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en materia de prevención de la violencia de género y en materia de trata, llevando estos contenidos también a los jueces y juezas de familia y de menores, además de a los juzgados especializados en violencia de género”. 

Sensibilizar a los profesionales de los medios.
El manifiesto también pide a las y los profesionales de los medios que se hagan cargo del impacto que tienen en la opinión pública “para que los medios de comunicación traten los temas de violencias machistas con rigurosidad, tratando a las mujeres y sus derechos como sujetos, no victimizando ni empatizando con el agresor”. 

Si el Congreso se lo propone, la medida 157 podría ponerse en marcha en los próximos meses: “Impulsar la formación especializada en violencia de género para los y las profesionales de los medios de comunicación”.

Impulsar medidas contra la trata
La Comisión 8 de Marzo pide en su manifiesto que “se persiga de forma eficaz la trata con fines de explotación sexual, pero, sobre todo, se otorgue la protección que nuestra regulación en teoría contempla a las mujeres que se encuentran en esa situación, dejando de poner por delante la “lucha contra la inmigración irregular” en lugar de la protección de los derechos humanos de las mujeres”.

El Pacto de Estado recoge varias medidas relacionadas con la persecución de la trata, como impulsar la aprobación de una Ley Orgánica de lucha integral y multidisciplinar contra la trata, reforzar la persecución de oficio del delito, promover la eliminación de publicidad de contenido sexual o servicios y programas de protección social y recuperación integral de las víctimas, entre otras.

Escuchar a los menores frente a los deseos de los padres maltratadores
El manifiesto de la Comisión 8 de Marzo pide tener en cuenta “el bienestar de las y los menores de edad frente a los deseos de los padres maltratadores”. El Pacto de Estado contra la violencia de género dedica un apartado completo a la asistencia a los menores.

Así, cumplir las medidas del pacto supondría garantizar una prestación a los huérfanos por violencia de género, adoptar medidas contra la custodia compartida impuesta en casos de violencia de género, establecer el carácter imperativo de la suspensión del régimen de visitas en todos los casos en los que el menor hubiera presenciado, sufrido o convivido con manifestaciones de violencia, prohibir las visitas de los menores al padre en prisión condenado por violencia de género.

Según las estadísticas que hoy ha hecho públicas el Consejo General del Poder Judicial, en 2017 solo un cinco por ciento de las medidas adoptadas supusieron la suspensión de la guarda y custodia mientras que un tres por ciento de las medidas tuvieron como finalidad la suspensión del régimen de visitas.