Violencia machista
Ocho medidas que entrarían en vigor en 2018 si se escuchan las demandas de la huelga feminista

Con voluntad política y presupuesto, muchas de las propuestas contra la violencia machista que recoge el manifiesto de la Comisión 8 de Marzo podrían materializarse a lo largo de este año si se cumplen las medidas que recoge el Pacto de Estado aprobado a finales de septiembre sin presupuesto.

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A partir de las 0:00h estallaron caceroladas en numerosos barrios de Madrid, Redacción El Salto

Tras la fuerza que el movimiento feminista ha demostrado con las movilizaciones del 8 de marzo en la primera huelga feminista, la pelota está en el tejado de las administraciones. El manifiesto consensuado por cientos de mujeres y respaldado por miles en las marchas del pasado jueves incluyen medidas concretas que suponen una enmienda a la totalidad para poner la vida en el centro.

Sin embargo, como reconocía la coordinadora de la Comisión 8 de marzo la semana pasada en declaraciones a El Salto, lo más urgentes son las violencias. Es, de hecho, el grito de “ni una menos, vivas nos queremos” que lanzaron las feministas argentinas en 2017 el que ha prendido la mecha de la huelga feminista que las organizadoras consideran un éxito.

Y son las violencias machistas uno de los ejes de un argumentario que recoge una docena de propuestas contra las violencias machistas. Pese a la pereza de las administraciones, muchas de las propuestas que urge a poner en marcha el movimiento feminista contra las violencias machistas podrían entrar en vigor en 2018 si se da cumplimiento a las medidas que recoge el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género aprobado a finales del año pasado.

Estas son algunas de las propuestas concretas que plantea el movimiento feminista, y las medidas concretas que podrían ponerse en marcha si hubiera voluntad política y se destinase un presupuesto para ello.

Recoger todas las violencias machistas, y no solo la que se produce en pareja. 
El manifiesto de la Comisión 8 de Marzo pide en su manifiesto “que se considere la violencia machista como una cuestión que atañe a toda la sociedad, que tiene su raíz en un sistema patriarcal que organiza nuestras relaciones sociales”, lo que implicaría “que se tengan en cuenta las diferentes causas y se visibilicen los distintos niveles y dimensiones de las violencias”.

En concreto, la comisión propone “que se amplíe la definición de violencia machista para abarcar a todas aquellas violencias que sufrimos por el hecho de ser mujeres”, un planteamiento que ha salido a debate repetidamente desde la aprobación de la Ley Orgánica contra la Violencia de Género en 2004, que ciñe su objeto de actuación a “la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia”.

Leer: “Hay que dejar de educar a machitos violentos si queremos dejar de decir ni una menos”

Recoger todos los tipos de violencias machistas, y no solo la que se circunscribe al ámbito de la pareja, es una medida que plantea el Pacto de Estado. En concreto, el punto 84 recoge la ampliación de la definición del concepto de violencia de género para darle la dimensión que recoge el Convenio de Estambul, y la medida 166 establece la obligación legal de obtener y prestar datos estadísticos detallados y secuenciados sobre todas las formas de violencia contra las mujeres incluidas en este Pacto.

El Consejo General del Poder Judicial, que recoge estas estadísticas, anunció a principios del año que ampliará su recogida de datos para incluir otras formas de violencia machista. Consultado por El Salto, este organismo asegura que esta medida ya está en marcha y que el próximo informe trimestral recogerá estadísticas de casos como, por ejemplo, el de Diana Quer.

Educar contra las masculinidades violentas. 
El manifiesto feminista pide “que se promueva de manera efectiva una educación afectivo sexual que eduque a los niños contra unas masculinidades violentas, posesivas, dominantes, y a las niñas para desarrollar su individualidad y salir del marco del amor romántico”, una propuesta que también podría ponerse en marcha si se cumpliera el Pacto de Estado. La medida número 3 de este pacto insta a “reforzar y ampliar en materia de Educación, los valores igualitarios y la educación afectivo-sexual obligatoria en todos los niveles educativos, fomentando que los mismos se aborden de forma integral”.

El Pacto recoge otras medidas relacionadas con el ámbito educativo, como la 183, que consiste en “diseñar programas de prevención, detección y protocolos especializados o actualizar los existentes en atención y actuación, adaptándolos a las especificidades de las diferentes violencias sexuales”. 

Mejorar la protección a mujeres migrantes.  
El manifiesto también pide que se garantice “que a las mujeres migrantes en situación administrativa irregular seguridad jurídica y protección cuando denunciamos una violencia sexual, lo que requiere modificar la ley de extranjería”.

Esta propuesta, que pasaría entre otras cosas por modificar la Ley de Extranjería, también está recogida en el Pacto de Estado. En concreto, la medida 82 del Pacto de Estado recoge “revisar la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, para mejorar la protección a las víctimas de todas las formas de violencia de género evitando los procedimientos sancionadores por estancia irregular”.

Atender la diversidad de las víctimas de violencia de género. 
Una de las motivaciones de la huelga feminista es “que todas las mujeres, sin discriminación de ningún tipo, tengamos derechos y justicia social”. La huelga feminista se convoca, recoge la comisión, “para que en todas las acciones contra las violencias machistas se tenga en cuenta la diversidad de circunstancias y condiciones de las mujeres y la intersección de opresiones que vivimos”.

En ese sentido, el Pacto de Estado recoge en su punto 28 “tener en cuenta, en la realización de campañas publicitarias contra la violencia de género y en la elaboración de los materiales, los distintos tipos de diversidad funcional/discapacidad y la especial incidencia de la violencia de género sobre dicha condición”. 

Leer: Nos quieren sumisas, nos tienen combativas: hacia el 8M2019

Además, el texto incluye un apartado específico sobre diversidad funcional que contempla medidas como lecturas adaptadas sobre prevención en violencia de género, puesta en marcha de protocolos específicos para la atención de mujeres de colectivos más vulnerables como las mujeres con diversidad funcional o la activación de protocolos de violencia machista ante los casos de violencia ejercida sobre mujeres con diversidad funcional del mismo modo que se activan para el resto de mujeres, y no derivarlos directamente a servicios sociales. 

Formar al personal de la administración en prevención de la violencia. 
“Que las juezas y jueces, así como todo el personal relacionado con la administración de justicia y de atención a la salud, reciban formación específica con perspectiva de género y LGTBIQ+ garantizando así la atención a nuestros derechos; para que haya criterios claros de actuación para proteger a las mujeres y sus hijas e hijos de sus agresores” es una de las propuestas que hace el manifiesto de la Comisión 8 de Marzo.

En este aspecto, la medida 158 del Pacto de Estado contempla “ampliar la formación especializada que reciben los y las profesionales de la Administración de Justicia, y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en materia de prevención de la violencia de género y en materia de trata, llevando estos contenidos también a los jueces y juezas de familia y de menores, además de a los juzgados especializados en violencia de género”. 

Sensibilizar a los profesionales de los medios.
El manifiesto también pide a las y los profesionales de los medios que se hagan cargo del impacto que tienen en la opinión pública “para que los medios de comunicación traten los temas de violencias machistas con rigurosidad, tratando a las mujeres y sus derechos como sujetos, no victimizando ni empatizando con el agresor”. 

Si el Congreso se lo propone, la medida 157 podría ponerse en marcha en los próximos meses: Impulsar la formación especializada en violencia de género para los y las profesionales de los medios de comunicación”.

Impulsar medidas contra la trata
La Comisión 8 de Marzo pide en su manifiesto que “se persiga de forma eficaz la trata con fines de explotación sexual, pero, sobre todo, se otorgue la protección que nuestra regulación en teoría contempla a las mujeres que se encuentran en esa situación, dejando de poner por delante la “lucha contra la inmigración irregular” en lugar de la protección de los derechos humanos de las mujeres”.

El Pacto de Estado recoge varias medidas relacionadas con la persecución de la trata, como impulsar la aprobación de una Ley Orgánica de lucha integral y multidisciplinar contra la trata, reforzar la persecución de oficio del delito, promover la eliminación de publicidad de contenido sexual o servicios y programas de protección social y recuperación integral de las víctimas, entre otras.

Escuchar a los menores frente a los deseos de los padres maltratadores
El manifiesto de la Comisión 8 de Marzo pide tener en cuenta “el bienestar de las y los menores de edad frente a los deseos de los padres maltratadores”. El Pacto de Estado contra la violencia de género dedica un apartado completo a la asistencia a los menores.

Así, cumplir las medidas del pacto supondría garantizar una prestación a los huérfanos por violencia de género, adoptar medidas contra la custodia compartida impuesta en casos de violencia de género, establecer el carácter imperativo de la suspensión del régimen de visitas en todos los casos en los que el menor hubiera presenciado, sufrido o convivido con manifestaciones de violencia, prohibir las visitas de los menores al padre en prisión condenado por violencia de género.

Según las estadísticas que hoy ha hecho públicas el Consejo General del Poder Judicial, en 2017 solo un cinco por ciento de las medidas adoptadas supusieron la suspensión de la guarda y custodia mientras que un tres por ciento de las medidas tuvieron como finalidad la suspensión del régimen de visitas.

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Dawinny Bandura
24/5/2019 13:56

El feminismo moderno es una ideología política de la izquierda y no tiene nada que ver con la igualdad sino se ve que ofenden a los hombres como si todos fueran maltratadores de mujeres.

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Martin
23/3/2018 20:47

Aumentemos el diccionario y la enciclopedia de "violencias machistas" para acrecentar el negocio y la demagogia. Parece que a algunas les molesta sobremanera la custodia compartida que pone algo de atajo a uno de los privilegios femeninos más antiguos. Nadie puede prohibirle a un niño ver a su padre; una cosa es la relación de un hombre con la ex que tras una separación sea por el motivo que sea, ya no significa nada, y otra muy diferente la eterna relación con su hijo.

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La otra cara de la ley
14/3/2018 15:38

El pacto de Estado y la Ley de Violencia de Género representan el mayor atentado de un Estado contra los derechos humanos. Ya cualquier mujer sin escrúpulos podrá destrozar la vida a cualquier hombre. Simplemente en una discusión por un accidente de tráfico,solo diciendo me ha maltratado y la palabra mágica violencia de genero.O porque odia a los hombres en general,o alguno en particular Violencia psicológica es cualquier cosa y no necesita demostración, más cuando se pretende veracidad a la palabra de la mujer y que no tenga ni que declarar para evitar su "revictimización". Millones de denuncias que pondrán como prueba "cientifica" de la maldad y peligrosidad del hombre, y dirán que ninguna es falsa, y justificar la necesidad de las terribles leyes de autor,para perpetrar su terrible cruel negocio de género,y se habrá cambiado la realidad para adaptarla a la ley,generando el problema que antes no existía. Seremos bombardeados a todas horas en todos los medios adoctrinados con titulares: crece el terrorismo machista,pedimos leyes aún más discriminatorias y duras, y no faltará ya más que el exterminio por género. Se perpetrarán venganzas maltratos, extorsiones, porque las mujeres son exactamente igual de malas que los hombres, y la que lo sea podrá ejercer su maldad, y obtener todos los premios y ayudas que la ley le otorga, mientras que los hombres indefensos pasarán a ser maltratadores antes de ningún juicio, no podrán volver a ver a sus hijos, serán expulsados de sus casas, retirados sus bienes, darán positivo en los test de maltrato en los centros de salud, aunque el hombre sea la víctima y el maltratado jamás se le preguntará. Maltrato psicológico es el que más duele,lo sufren muy probablemente más hombres que mujeres, pues esta ley ya es el peor maltrato inimaginable para una persona simplemente por el género al que pertenece. El culpable un delito es quien lo comete pero nunca todo su género su raza o todos los que tengan su mismo color de piel. Una ley justa debe amparar y proteger a mujeres hombres niñ@s anciano@s a todas las personas, indistintamente del número de casos o de quien la ejerce, sin ninguna discriminación. Pedir un mínimo de reflexión y cordura,por encima de querer criminalizar al hombre, fomentando el odio y la psicosis contra él, e imposición de ideologías de género y leyes contrarias a la vida, los derechos humanos, la igualdad y la razón.

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El feminismo predica la igualdad pero hace lo contrario
13/3/2018 17:29

EDITERRÁNEO

Sociedad
Las órdenes de protección a maltratadas apenas se incrementaron un 3,4% el año récord de denuncias
Una de cada tres sentencias de malos tratos absuelve a los denunciados por violencia de género

Por Natalio Blanco - 13/03/2018 1
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Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.

La realidad de la violencia de género y su lucha desde las instituciones recorre en demasiadas ocasiones caminos muy desiguales y diferentes. Mientras el número de denuncias por violencia de género ha experimentado este 2017 un incremento histórico del 16,4% respecto a 2016, desde que se realizan registros, con un total de 166.620 denuncias contabilizadas en España, las órdenes de protección adoptadas por los jueces sobre estas mismas víctimas sólo crecen a un ritmo del 3,4% pese a que el incremento de las solicitudes de protección en los juzgados especializados se ha estancado prácticamente respecto a 2016, con un incremento de solo el 1,44%, según el balance del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.

CASI LA MITAD DE LAS DENUNCIAS POR MALOS TRATOS FALLADAS EN JUZGADOS DE LO PENAL ACABAN CON LA ABSOLUCIÓN DEL ACUSADO

También el dato de las sentencias condenatorias sirve para evidenciar que la lucha contra la violencia de género desde el sistema judicial español no está siendo todo lo efectiva que desearían las entidades y víctimas que denuncian a diario una lacra que termina cada año con decenas de asesinadas. En 2017, el porcentaje de fallos condenatorios se ha situado en el 67,4%, que en dos años apenas ha experimentado una subida de menos del 2%. De las 49.165 sentencias dictadas, 33.146 fueron condenas y 16.019 absoluciones, lo que representa que a día de hoy una de cada tres denuncias por malos tratos culmina con la absolución del acusado.

Estos datos son aún más alarmantes cuando se analizan las condenas a maltratadores que se realizan en los juzgados especializados de violencia sobre la mujer y las que se fallan en los juzgados de lo penal. Según los datos del Observatorio, el mayor porcentaje de condenas a maltratadores se produjo en los juzgados de violencia sobre la mujer, con algo más del 84%, lo que representa un incremento del 2% respecto a 2016. En las Audiencias Provinciales este dato no pasa del 80% de condenas.

El dato más llamativo se produce en los juzgados de lo penal, donde el porcentaje de condenas a maltratadores se situó en un 55,7%, menos de un punto por encima del dato de 2016. Esto significa que casi la mitad de las denuncias por malos tratos falladas en juzgados de lo penal se cierran con la absolución del acusado.

Los juzgados de violencia de la mujer celebraron en 2017 un total de 8.407 juicios sobre delitos leves o faltas, de los que 3.421 se realizaron por la vía exprés de enjuiciamiento inmediato. En la inmensa mayoría de los casos, el 81%, los juicios fueron por vejaciones injustas o injurias.

Los juzgados de violencia sobre la mujer dictaron en 2017 un total de 19.890 sentencias penales, de las que el 84,2% fueron condenas, experimentando un incremento respecto a 2016 del 2%.

Respecto a las 166.620 denuncias presentadas en los órganos judiciales en 2017, esta cifra supone el dato anual más alto desde que se contabilizan estos registros. Más de 158.000 mujeres aparecen como víctimas de violencia machista en las denuncias presentadas. Descendió del 12 al 10% el porcentaje de víctimas que se acogió a la dispensa de la obligación de declarar.

Con estos datos que vuelven a cuestionar la efectividad real actualmente del poder judicial español en la lucha contra la violencia de género, la presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, apunta que “una vez más, pues, el mensaje a trasladar a la ciudadanía tiene que ver con que, pese a todos los imponderables que coexisten en una materia tan sensible como es la violencia de género, no hay impunidad alguna y el Estado de Derecho funciona”.

Carmona no entra a valorar el elevadísimo porcentaje de fallos absolutorios ni el del incremento contenido de las órdenes de protección sobre las maltratadas pese a batirse el récord absoluto en el número de denuncias. “Es muy positivo comprobar, una vez más, cómo aumentan las condenas y también resulta satisfactorio ver cómo se incrementan de nuevo las medidas de protección de las víctimas, sean mujeres o sean hijos o hijas”, apunta Carmona, quien valora positivamente que las órdenes de alejamiento o las prohibiciones de comunicación adoptadas por los órganos judiciales “afecten a dos de cada tres casos en que se ha solicitado una orden de protección”. Todo esto, unido al dato de las medidas civiles de protección, esencialmente de menores, considera la presidenta del Observatorio que “no es sino el fiel reflejo de la sensibilización judicial hacia el fenómeno de la violencia de género”.

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1 Comentario
BASTA DE NO QUERER VER 13/03/2018 at 13:45
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ACLARACIÓN SOBRE EL LARGO COMENTARIO ANTERIOR
13/3/2018 18:51

La explicación de este enorme comentario no es más que, tras comentar en otro madio,decidí también hacerlo aquí,pues me parece muy grave lo que está ocurriendo, toda esta psicosis y dictadura que representa la ideología de género que pide igualdad y derechos que ya existen en España,a la vez que vulnera derechos de los hombres, imprescindibles y fundamentales para evitar injusticias y atropellos sobre cualquier persona. Al copiar y pegar el comentario anterior no he advertido que se había copiado también parte de otras noticias que publicaba este medio. Pido disculpas por ello, ya que no puedo editar ni borrar la parte del comentario que no corresponde. Mi único deseo es hacer uso de la libertad de expresión para expresar lo que en conciencia creo que es justo, sin ánimo de ofender o faltar a nadie.

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#10579
13/3/2018 12:01

Todo eso esta muy bien, pero que pasa con las denuncias falsas?

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Anónimo
13/3/2018 13:08

Eso no importa,son mínimas pues como todo vale entran todas por buenas.Además los hombres son los maltratadores,que más dá que esta locura arrastre a miles de inocentes.Lo que importa es que las mujeres salgamos del heteropatriarcado que no nos deja hacer lo que queramos y nos cosifica.A denunciar por lo más minimo,cuantas más denuncias,más negocio.Y si el problema no existe lo inventamos.Ahora ya todo sera violencia de genero de cualquier mujer a cualquir hombre.Las denuncias creceran por millones,el maltrato de genero crecerá por millones y el negocio de genero no lo parará nadie,con millones de denuncias el problema será enorme y traerá más dinero y alarma contra el hombre.La ideología avanzá.Viva la igualdad,jejeje

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