Violencia machista
Más menores enjuiciados por violencia machista en un año de máximo histórico de denuncias
El informe anual del Consejo General del Poder Judicial destaca que se incrementaron en un 1,2% las sentencias condenatorias a maltratadores y aumentaron un 3,4% las órdenes de protección adoptadas.

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, ha calificado como “positivo” el aumento de las sentencias condenatorias, que pasa de un 66,2% de 2016 a un 67,4% el año pasado.
El incremento de 3,4 puntos en la adopción de órdenes de protección, incluidas las medidas judiciales penales de protección de las víctimas —tanto de mujeres como de su hijos e hijas—, entre las que sobresalen las órdenes de alejamiento y las prohibiciones de comunicación acordadas, es otro de los aspectos que destaca el CGPJ.
El informe anual recoge que algo más de un 69% de las denuncias presentadas lo fueron por la propia víctima, directamente en el juzgado o a través de atestados policiales. Las denuncias por intervención directa de la policía se sitúan en algo más del 15% de los casos. El número de denuncias presentadas por familiares de la víctima alcanzó un porcentaje ligeramente superior al 2% del total. Los partes de lesiones recibidos directamente en el juzgado representaron algo más del 9% de las denuncias.
Por comunidades autónomas, destacan por encima de la media nacional —66,6 víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres—, Baleares —con una ratio de 95,6—; Murcia —87,8%; —Comunidad Valenciana —85,3—; y Canarias —84,5—. La ratio más baja se da en Castilla y León y Galicia, con ratios de 42 mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres.
La presidenta del Observatorio pone el foco también en el número de menores enjuiciados por la comisión de delitos de violencia de género. Los juzgados de menores enjuiciaron en 2017 por delitos en el ámbito de la violencia contra la mujer a 266 menores de edad, cifra sensiblemente superior a la de 2016, que fue de 179. Se impusieron medidas en 249 casos.
Sentencias condenatorias
El CGPJ destaca el incremento de las sentencias condenatorias, que en 2017 se situaría en un 67,4%, frente al 62,6% de condenas que se produjeron en 2015, y el 66,2% de 2016. Serían un total de 49.165 las sentencias dictadas, de las que 33.146 fueron condenas y 16.019, absoluciones.La distribución por tipo de juzgado es dispar, como es habitual. Así, en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, el número de sentencias condenatorias fue de algo más del 84%, mientras que en las Audiencias Provinciales supera el 80%. El porcentaje de condenas en los Juzgados de lo Penal, que también sigue la tendencia al alza, se situó en el 55,7% (frente al 54,9% de sentencias condenatorias en 2016).
Los juzgados especializados celebraron el pasado año un total de 8.407 juicios sobre delitos leves o faltas, de los que 3.421 fueron juicios de enjuiciamiento inmediato. En el 81% de los casos, los juicios fueron por vejaciones injustas o injurias. El perfil de los delitos instruidos en estos juzgados apenas sufre variación respecto a datos anteriores, ya que el mayor porcentaje, un 56%, corresponde a las lesiones previstas en el artículo 153 del Código Penal y un 11,5% al de lesiones previsto en el artículo 173 de la misma norma. Un total de 19.890 sentencias penales fueron dictadas en 2017 por los juzgados de violencia sobre la mujer, de las que un 84,2% (16.741) fueron condenas, suponiendo un incremento de dos puntos respecto del año anterior.
Los Juzgados de lo Penal, que enjuician los delitos castigados con hasta cinco años de cárcel, resolvieron un total de 30.366 asuntos, mientras que el número de asuntos que ingresaron fue de 30.159. Se dictaron 28.953 sentencias, de las que el 55,7% (16.146) fueron condenatorias, casi un punto porcentual más que en 2015. La sentencias absolutorias supusieron el 42,2%, y hubo archivo en un 1,8% de los casos.
En las Audiencias Provinciales, cuyas secciones especializadas en violencia sobre la mujer enjuician los delitos más graves, con pena privativa de libertad superior a cinco años, se dictaron 322 sentencias, 259 de las cuales fueron condenatorias, lo que representa un 80,4% del total de sentencias dictadas en todo el año, con un descenso interanual del 1%.
órdenes de protección
Durante 2017 se solicitaron 44.106 órdenes de protección en los órganos judiciales. Un total de 38.501 de estas órdenes de protección —que incluyen medidas de protección y seguridad de las víctimas— fueron solicitadas en los juzgados de violencia sobre la mujer y otras 5.605 lo fueron en los juzgados de guardia.
El incremento de solicitudes de órdenes de protección en los juzgados especializados con respecto a 2016 fue de un 1,44%. Un 68% de las órdenes de protección solicitadas fueron adoptadas (26.044), 3,4 puntos por encima del año anterior.
En los juzgados de guardia, se acordaron 4.116 órdenes de protección, lo que supone un 73% del total de las solicitadas (un punto más que en 2016), habiendo sido denegadas 1.488.
En la mitad de los casos, la relación de pareja —cónyuge o relación afectiva— se mantenía en el momento de la solicitud de la orden de protección.
Un 29% de las mujeres víctimas que solicitaron orden de protección en los juzgados de Violencia sobre la Mujer fueron extranjeras y un 2% del total —españolas y extranjeras— eran menores de edad en el momento de la solicitud. Porcentajes que coinciden con los del año anterior.
Además, derivadas de las órdenes de protección y otras medidas cautelares, se adoptaron 61.069 medidas judiciales penales de protección de las víctimas —mujeres y menores—, entre las que destacan la orden de alejamiento y la prohibición de comunicación, que se adoptaron respectivamente en un 66,2 y un 63,9% del total de órdenes de protección acordadas.
En 2017, los juzgados de violencia sobre la mujer adoptaron 23.874 órdenes de alejamiento y 22.825 medidas de prohibición de comunicación, lo que suponen datos similares a 2016, año en el que se produjo un importante incremento de 22 puntos respecto a las órdenes y medidas adoptadas en 2015.
Al mismo tiempo se dictaron 15.237 medidas civiles cautelares, tendentes a la protección tanto de la mujer como de los menores, mientras se resolvía el proceso penal. El número de medidas civiles adoptadas descendió con respecto al año anterior, en el que se acordaron 16.485. Un 19% de las medidas adoptadas lo fueron en relación con la prestación de alimentos y un 16% resolvieron la atribución de la vivienda.
Un 5% de las medidas adoptadas (1.263) supusieron la suspensión de la guarda y custodia mientras que un 3% de las medidas (749) tuvieron como finalidad la suspensión del régimen de visitas.
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