Violencia machista
Miles de mujeres se movilizan contra la violencia machista: así te hemos contado este 25N

“Hacer sensacionalismo de las agresiones sexuales es violencia. Revictimizar es violencia. Llamarnos desde algunos medios para arrinconarnos y que hablemos de penas, cuando nunca ha sido el foco de nuestras demandas, es violencia”. Marta Carramiñano, integrante de la Comisión 8M de Madrid, denuncia el ruido mediático de las últimas semanas en este artículo en El Salto Madrid.

Nora Miralles y Susanna Ligero, de la Xarxa de Feministes Anticapitalistes dels Països Catalans, denuncian los mecanismos que arman el terror sexual en este artículo de El Salto País Valenciá.

En el Salto Andalucía, Acción en Red denuncia la dificultad para garantizar una educación sexual de calidad en este artículo de Belén González Paredes.

Cuando era un niño, desde diversos ámbitos, ya conocía lo que era el cambio climático y los desastres que en el planeta podría causar este proceso. No eran pocas las semanas, los días, en los que la prensa sacara apuntes negativos sobre la situación de los casquetes polares, el agujero de la capa de ozono (¿os acordáis cuando se hablaba de esto?), el aumento del nivel del mar, la tala masiva en el Amazonas o cualquier otro evento que pusiese en jaque la estabilidad de nuestra casa, si es que podríamos estar estables de por sí.

Aquella narrativa apocalíptica me causaba un malestar y una preocupación acordes a las de un infante, pero confiaba en lo que todos los medios contaban al mundo: el cambio climático sería, por decirlo de una forma simplista, problema de las generaciones venideras. El azar divino quiso que nuestra existencia no se basara en el sufrimiento de un mundo dantesco, sino en el compromiso de cambiar radicalmente nuestro modo de vida para evitar, o en la medida de lo posible, mitigar, a las siguientes generaciones de tal espantoso panorama. Estábamos, pese al esfuerzo que conlleva sustraernos de las comodidades y necesidades del ser humano contemporáneo, a salvo. Pues resulta que no. No estamos a salvo.

Cuando todavía persiste en la memoria la destrucción del Katrina, Irma barrió por su paso todo lo que encontraba, causando innumerables daños materiales y pérdidas humanas

Las predicciones simplistas de las últimas dos décadas se han quedado en papel mojado al descubrirse muy empíricamente que el cambio climático es un problema real y presente. Personalmente, pondría el ojo en los últimos cuatro años para dar cuenta de una aceleración importante de este fenómeno, coincidiendo con un Niño (fenómeno climático asociado a una anomalía de temperatura en la corriente del Pacífico, contrario a la Niña) muy fuerte que produjo un calentamiento récord en el planeta, sumado a otros desastres como el de las costas de Perú.

Centrándonos en España, los problemas del calentamiento del planeta son palpables en cuanto nuestro país es frágil a este fenómeno. Las sequías (actualmente padecemos la peor en cuarenta años, con los embalses a una media del 40% de su capacidad) o las continuas olas y episodios de calor, provocan una reacción inmediata sobre la agricultura, las ciudades y, en definitiva, sobre nuestros modos de vida. Según las predicciones para las próximas décadas, el aumento de la temperatura conllevará el traslado de los viñedos cada vez más al norte, al tiempo que el sur será progresivamente más cálido y árido hasta adoptar las características climáticas del norte de África (he de recordar que localidades como Córdoba sufrieron altísimas temperaturas del orden de 46ºC durante varios días el último verano). Prueba de ello es el otoño actual; previsiblemente será uno de los más calurosos jamás registrados en nuestro país (el más caluroso fue 2014) y de los más secos, algo que no ayuda a la agricultura. Con el paso de los años vamos percibiendo que la chaqueta pasa cada vez más tiempo en el armario, y es que es un problema bastante duro para nuestro ecosistema.

Las predicciones simplistas de las últimas dos décadas se han quedado en papel mojado al descubrirse muy empíricamente que el cambio climático es un problema real y presente

El golfo del Caribe ha sufrido el peor huracán nunca visto hasta ahora. Cuando todavía persiste en la memoria la destrucción del Katrina, Irma barrió por su paso todo lo que encontraba, causando innumerables daños materiales y pérdidas humanas. La India sufre cada año olas de calor superiores a los 50ºC y, en la época de los monzones, lluvias torrenciales que destruyen prácticamente todo. Japón sufre cada vez tifones más virulentos con una capacidad de destrucción progresiva, a lo que se ha de sumar la radiación de Fukushima (ni la han podido sofocar ni tienen ni idea de cómo hacerlo).

La conservación del planeta es tarea de todos. Todos somos inquilinos y tenemos su usufructo (que no su propiedad), por lo que ayudar a mitigar este fenómeno es nuestro deber y nuestra responsabilidad. No hacerlo es, directamente, ser un irresponsable.  

Texto: Víctor Marrero | Ilustración de El Teto

Aura Garrido, actriz de 28 años conocida por su paso por El Ministerio del Tiempo y ganadora de la Biznaga de Plata en el Festival de Málaga, no pudo contenerse ante la publicación de un reportaje desde la página web de Esquire llamado "Caso Weinstein: ¿Por qué nadie dijo nada?".El tweet, que fue borrado por parte de Fotogramas tras la polémica pero recuperado a través de un pantallazo por la propia actriz, dejaba entrever la sospecha por el hecho de que tantas actrices se sumaran a las acusaciones contra el popular productor una vez soltada la liebre y no antes. 

"El linchamiento de Harvey Weinstein tras su escándalo da qué pensar… Hay algo que no me cuadra en toda esta historia"

El reportaje cuenta con frases como "No digo que Weinstein sea inocente, aunque él solo reconozca algunos casos de abuso, solo apunto a que, en la industria del espectáculo, cuando se da el escándalo, se da a lo grande, y queda recubierto con una pátina de morbo y escabrosidad". Durante el post hay frases que generan dudas y debates que ahora parecen innecesarios, como por ejemplo, que el caso "se convierte en una especie de lapidación pública en la que todos se animan a participar con un entusiasmo que a mí me provoca arcadas".

Fue por cosas como esta por las que Aura Garrido decidió usar su cuenta de Twitter para criticar el enfoque del reportaje.

Si ante un caso de abusador múltiple publicáis algo así, ¿qué hacéis frente al sexismo cotidiano?

— Aura Garrido (@garrido_aura) 17 de octubre de 2017

Este es el arranque del hilo completo.

¿EN SERIO @fotogramas_es y @EsquireEs? ¿En serio estáis haciendo esto? 😳 https://t.co/CwunNGxciE

— Aura Garrido (@garrido_aura) 17 de octubre de 2017

Pese a que desde la cuenta de Fotogramas se borró el tweet que desató la polémica, ya era tarde. Aura Garrido se pronunció contra ambos medios y la reacción de sus seguidores fue de apoyo.

Tras todas las publicaciones por el Caso Weinstein y las redes de apoyo y solidaridad que han surgido y que pueden servir para crear una comunidad menos sexista, hay que reconocer a las actrices y voces que no callan ante comentarios fuera de tono. 

Mujeres de la Plataforma Feminista de Carabanchel se han concentrado esta mañana a mediodía en la Plaza de Oporto, en una de las más de veinte convocatorias de la Plataforma de Barrios y Pueblos surgida en torno a la Comisión 8M de Madrid.

El gasto militar este año ha ascendido a 18.776 millones de euros, según expone un informe elaborado por el Centro Delás de Estudios por la Paz. La cifra supone un 32% que la registrada en 2016 y un 1,64% del PIB –muy por encima del 1% que afirma la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal–. 

Según explica el informe, titulado Los despropósitos del Gasto Militar. Análisis del presupuesto de defensa de España de 2017, este aumento es “consecuencia de las argucias `presupuestarias que se han aplicado para ocular a la opinión pública cuál es el gasto militar real”. La cifra que consta en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para Defensa en 2017, presentado en abril por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, cifraba el gasto en 5.758 millones de euros, a los que se añadirían otros 1.818 millones más en programas de armamento. Sin embargo, según detalla este informe, el gasto militar en España es tres veces más de las cifras dadas por el Ministerio de Hacienda. “La incorporación de los pagos de los Programas Especiales de Armamento, cuya ocultación mantenía bajos los presupuestos de forma engañosa, ha permitido empezar a visualizar la verdadera dimensión del gasto militar”, señala el informe, que añade que, aun con esta incorporación de gastos, la falta de transparencia de los gastos de defensa continúa, dado que no se incorporan otras partidas claras como aquellas vinculadas a las operaciones militares en el exterior, que se aportan desde un fondo de contingencias para “imprevistos y funciones clasificadas”.

Entre las partidas que incluye el informe, y que están excluidas de los datos ofrecidos por el Ministerio de Hacienda –a pesar de que varias de estas partidas se contemplan como gastos de defensa por organismos internacionales– figuran los gastos en seguridad social de los militares, la mutua militar, los créditos en I+D para la adquisición de armas y los gastos derivados de la Guardia Civil, cuerpo de carácter militar.

También los Programas Especiales de Armamento, partidas que tradicionalmente el Ministerio deja fuera del presupuesto para aprobarlas, durante el curso, en Consejo de Ministros. Entre los años 1998 y 2016, se aprobaron hasta 36.500 millones de euros para estos programas.

Pero es la partida de misiones militares en el exterior una de las que más llama a engaño. Frente a los 14,3 millones que se asignan todos los años, según el informe, el gasto real anual está entre los 800 y los 1.000 millones. Para este año 2017, el secretario de Defensa, Agustín Conde Bajén, ya ha anunciado en la Comisión de Defensa, celebrada en abril en el Congreso de los Diputados, una previsión de gasto en misiones en el exterior que supera los 1.062 millones de euros.

La Comisión de Investigación sobre la evasión fiscal y el blanqueo de capitales ha votado un documento que, gracias a la alineación en los votos de los socialistas europeos (PSOE), populares europeos (PP) y liberales (Ciudadanos), ha dejado fuera puntos tan importantes como los nuevos criterios para considerar a Luxemburgo, Andorra o Gibraltar como paraísos fiscales. El informe final se deberá votar en el Parlamento Europeo (PE) en los próximos meses, pero las votaciones de hoy evitan que muchas de las medidas de lucha contra la evasión propuestas lleguen al PE.

El resultado de la investigación realizada por la Comisión sobre las infracciones y la mala administración en la aplicación del Derecho de la Unión en relación con el blanqueo de capitales, la evasión y la elusión fiscal, que toma nombre del escándalo de los Panama Papers, se presentó en forma de un informe y una serie de recomendaciones que plantean propuestas para abordar la cuestión de los paraísos fiscales, la evasión, la elusión fiscal y el lavado de dinero. A los textos presentados inicialmente, los diferentes grupos políticos europeos, han presentado más de 1.400 enmiendas y 100 acuerdos que han sido votados hoy. 

Los acuerdos y votaciones finales han dejado fuera muchas de las propuestas encaminadas a denunciar la poca e ineficiente regulación interna de la Unión Europea (UE) para luchar contra la elusión fiscal, la crítica a los tratados de doble imposición -que al final hacen que no se pague ni en un país ni en otro- o la crítica al movimiento no regulado de capitales en la UE.

Pero sin duda, una de las principales decepciones de la votación ha sido la eliminación de enmiendas encaminadas a la identificación de jurisdicciones no cooperativas fiscalmente, los paraísos fiscales. Las normas actuales dejan fuera a países que se encuentran en el mismo seno de Europa y que son considerados paraísos fiscales por gran parte del planeta. “El grupo socialista cede a las presiones de los lobbies y, arrastrado por el ALDE, se alinea con los populares para evitar que salgan enmiendas tan importantes como la identificación de paraísos fiscales dentro de la UE, Aquí tenemos a Luxemburgo, Liechtenstein, Gibraltar, Mónaco, Andorra, Las Islas Madeira, sin olvidarnos de los semiparaísos de Holanda o Irlanda”, ha declarado a este periódico el eurodiputado de Podemos e integrante de esta comisión, Miguel Urbán, a lo que ha añadido que: “El Parlamento Europeo tenía una oportunidad para mostrar su utilidad en la defensa de los derechos de los ciudadanos, sin embargo la tendencia del grupo Socialista a buscar acuerdos con los populares pueden dejarnos con un informe aguado que no aporte nada sustancial a los anteriores informes”. 

Las normas actuales dejan fuera a países que se encuentran en el mismo seno de Europa y que son considerados paraísos fiscales por gran parte del planeta

En cambio, el documento se centra en criticar a jurisdicciones fiscales de fuera de la UE, especialmente del tercer mundo, y a reclamar la autorregulación como solución a todos los problemas. Mientras bancos en territorios del corazón de Europa siguen funcionando con legislaciones que les permiten mantener el secreto bancario o negarse a intercambiar información fiscal referente a sus clientes, la UE sigue haciendo la vista gorda y apelando a la responsabilidad de los propios países para que combatan con sus propias legislaciones las prácticas de evasión y lavado de dinero. “Para nosotros la ‘responsabilidad de la autorregulación’ no basta, es necesario una regulación fuerte y dejar de culpar a terceros países, sobre todo dejar de poner la carga sobre países en desarrollo”, lamenta Urbán. 

Los Whistleblowers olvidados

Otra de las propuestas de la Izquierda Unitaria Europea (GUE/GLN), grupo parlamentario europeo en el que se integran Podemos e Izquierda Unida, fue la de proporcionar protección a los filtradores y denunciantes, también conocidos como Whistleblowers. Pero las enmiendas y acuerdos tomados en la votación de hoy han dejado también de lado la protección de estas personas.

Esta negativa llega solo dos días más tarde de que la periodista Daphne Caruana fuera asesinada mediante una bomba colocada en su coche. La periodista maltesa había sido una de las denunciantes que sacaron a la luz los Panama Papers, que salpicaron de lleno a varios ministros y a la misma esposa del Primer ministro Joseph Muscat. La votación de hoy ha empezado con un minuto de silencio para recordar a la periodista, pero el documento final no contemplará ninguna medida de protección a personas como ella.

La Comisión Europea (CE) votará en las próximas semanas un informe realizado por la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, para elaborar una nueva directiva para proteger a los filtradores. Casos como el filtrador de los Luxleaks o del informático del HSBC que filtró documentos sobre los clientes del banco en Suiza, Herve Falciani, siguen esperando que la legislación europea les proteja de ir a la cárcel y de amenazas como las que sufría Caruana antes de ser asesinada. El informe resultado de la Comisión PANA y los bloqueos de socialistas y populares, deja en manos de la CE el futuro de los Whistleblowers.

“Presos polítics, llibertat” fue uno de los lemas más repetidos en la concentración del pasado martes 17 de octubre en Barcelona. Y no se referían a los presos políticos venezolanos, sino a la entrada en prisión de Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, dirigentes de dos de las principales organizaciones de la sociedad civil catalana, Òmnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana.

El delito: sedición. En concreto, la jueza Carmen Lamela —la misma que lleva el proceso en el que la Fiscalía ha solicitado más de 300 años de prisión a los jóvenes de Alsasua por una pelea de bar y un tobillo lesionado— les acusa de dirigir y alentar las concentraciones del 20 y 21 de septiembre que intentaron impedir, sin éxito, la detención de 14 altos cargos de la Generalitat por su participación en los previos del referéndum del 1 de octubre.

El diario El País se apresuró —excusatio non petita, accusatio manifesta— a publicar un artículo editorial titulado “Por qué los ‘jordis’ no son presos políticos”. El principal argumento de este periódico es que “no han sido enviados a prisión por sus ideas, sino por un delito de sedición previsto en el Código Penal”.

Según Amnistía Internacional, el hecho de que el Gobierno responsable niegue que se traten de presos políticos es lo habitual: “Los gobiernos suelen afirmar que en su país no hay presos políticos”

Pero, ¿qué es exactamente un preso político? Según Amnistía Internacional, es “todo preso cuya causa contenga un elemento político significativo, ya sea la motivación de sus actos, los actos en sí mismos o la motivación de las autoridades”. Según afirma esta ONG, máxima autoridad mundial en el tema, el hecho de que el Gobierno responsable niegue que se traten de presos políticos es lo habitual: “Los gobiernos suelen afirmar que en su país no hay presos políticos”.

Presos políticos, entonces, son siempre los de otros países. Pero ¿hasta dónde se pueden utilizar los mismos argumentos para acusar a otros países de tener presos políticos y negar que los hay en el propio territorio?

El caso del opositor venezolano Leopoldo López es sintomático. En 2013, días después de la muerte de Hugo Chávez, el partido de Nicolás Maduro ganó las elecciones con un 50,61% de los votos. Entre los líderes de la oposición, destacó rápidamente Leopoldo López, que llamaba a “derrocar al presidente a través de manifestaciones” y “con métodos no pacíficos” que permitan “expresar la frustración” de los jóvenes. Una de esas marchas convocadas por Leopoldo López terminó con la muerte de 43 personas.

Leopoldo López llama a los jóvenes a "articular métodos no pacíficos que permitan expresar la frustración"

¿Es entonces Leopoldo López un preso político? ¿Lo sería según la legislación española? Para resolver el enigma volvemos al artículo de El País en referencia a los 'Jordis': “Su actuación, según el auto judicial, se ajusta al delito de sedición (...) a quienes ‘se alcen pública y tumultuariamente’ para ‘impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes’, o para ‘impedir a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales’”.

Según los criterios del propio medio de Prisa, Leopoldo López no sería un preso político. O en todo caso tan preso político como los ‘Jordis’. En ambos casos, el desencadenante es una manifestación que amenaza el orden establecido y, en ambos casos, las movilizaciones terminaron con distintos tipos de "desórdenes públicos".

En Venezuela murieron decenas de personas; en el caso de Catalunya, algunas patrullas fueron dañadas y varios agentes permanecieron atrapados durante la noche en el interior de uno de los edificios. En el caso de Venezuela, las movilizaciones estaban motivadas, según la oposición al chavismo, por la violación de los derechos humanos, especialmente los democráticos. Con distintos contextos y palabras, las mismas motivaciones invocadas por los defensores del Procés.

Y ahora las diferencias: los responsables de Òmnium Cultural y la ANC llamaban a la desobediencia civil pacífica, mientras que Leopoldo López apelaba a una respuesta “no pacífica”. En otros discursos, como el realizado justo antes de entregarse a la policía, el opositor hacía un llamamiento a la no violencia y al respeto de la Constitución.

Discurso de despedida de Jordi Sànchez antes de ser detenido.Discurso de Leopoldo López, antes de entregarse a la policía.

Leopoldo, sé fuerte

Distintas figuras de la política española no dudaron en calificar de “preso político” a Leopoldo López y mostrarle públicamente su apoyo, mientras justificaban el arresto de los 'Jordis'.

Hay que felicitarse porque Leopoldo pueda estar en casa con su familia, es un paso adelante. Aún quedan muchos presos políticos en Venezuela

— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 8 de julio de 2017

Leopoldo está hoy con su familia, pero bajo arresto domiciliario. Exigimos su libertad, y la de todos los presos políticos venezolanos. https://t.co/c4zDb7VKG4

— Albert Rivera (@Albert_Rivera) 8 de julio de 2017

📸 Con @liliantintori, en defensa de la democracia y la libertad. #LibertadYa #Venezuela pic.twitter.com/VgmY6Zh9TQ

— Cristina Cifuentes (@ccifuentes) 15 de marzo de 2016

De fondo, el debate sobre la resistencia y sobre cómo se producen los cambios sociales. El filósofo Fernando Savater daba la clave en una columna en El País, entroncando Venezuela con la lucha contra el Franquismo: “Hace cuatro décadas algunos fuimos delincuentes como Leopoldo López, y creamos discordia hasta que conseguimos una democracia constitucional”. Si cambiamos ligeramente la frase de Savater, poniendo los nombres de los 'Jordis' y lo de "democracia constitucional" lo dejamos en "república catalana", sería perfectamente aplicable a la situación actual.

Y, por supuesto, también sería aplicable a lo que ocurrió la noche del 14 al 15 de junio de 2011, en el 15M barcelonés, cuando miles de personas rodearon el Parlament de Catalunya para intentar impedir la votación de nuevos recortes en los presupuestos de Catalunya. La Generalitat y el Parlament —entre ellos muchos de los que claman hoy por el carácter político de las detenciones y el derecho a la desobediencia antes leyes injustas— apoyaron una demanda que terminó casi dos años después, en mayo de 2013, con una condena de cinco años y medio de cárcel y 7.500 euros de multa para cada uno de los 20 acusados de “delitos contra las instituciones del Estado y atentado”.

Una definición aplicable a decenas y decenas de presos por razones políticas en el Estado español, como Alfon, Andrés Bódalo y, hasta hace unos meses, Arnaldo Otegi.

El Passeig de Gràcia se encuentra a rebosar en un ambiente muy animado a su paso por La Milla de Oro de Barcelona. Se escuchan gritos de “cap agresió sense resposta”, “Ni víctimas ni pasivas”, “mujeres combativas y “las vidas trans también importan”. Una activista de Regularización Ya hace un llamamiento a denunciar las expulsiones racistas y a firmar la ILP Regularización Ya. Desde el camión que ve en la cabecera se denuncia a la violencia vicaria y la persecución a las madres protectoras, así como la utilización del falso síndrome de alienación parental contra las mujeres. Informa Bárbara Boyero

En España se consumen anualmente 144 bolsas de plástico por persona: 6.800 millones. A nivel europeo la cifra asciende a 177 por habitante, más de 100.000 millones puestas en circulación por la industria, según los datos que maneja la Comisión Europea. El tiempo medio de utilización de cada una de ellas es de 15 minutos. 8.000 millones acaban en el medio natural cada año y, según Greenpeace, solo se recicla un 7%. Esta inmensa cantidad de residuo plástico tarda en descomponerse entre 50 años y cuatro siglos.

El informe Plastics - The facts 2016 de Plastics Europe, la asociación que engloba a las empresas del sector, muestra un incesante incremento global de la producción de estos materiales. De 230 millones de toneladas en 2005 se fabricaron 322 en 2016, 58 de ellas en Europa. Esta patronal afirma que, en 2014, solo se recicló el 29,7% de la producción, una cifra que las ONG ambientales ponen en duda.

Lo que nadie pone en cuestión es que entre 4,8 y 12,7 millones de toneladas de plástico, en su mayoría productos de usar y tirar, llegan a los océanos cada año. En el caso del Mediterráneo, el 96% de las muestras de basura recopiladas son de este material. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en 2050 habrá más plástico que peces en los mares y el 99% de las aves marinas habrán tenido este material en su aparato digestivo. El mar de plástico es una realidad, no solo en Almería.

Costa Rica marca el rumbo

Ante la magnitud del problema, hay países que han decidido tomar cartas en el asunto, una vieja demanda de los ecologistas que no obtiene el apoyo institucional que quisieran. El más adelantado es Costa Rica, que quiere ser la primera nación del mundo en eliminar los plásticos de un solo uso declarándose “zona libre de plásticos”.

No hablamos solo de bolsas. Pajitas, bastoncillos para los oídos, botellas de agua, tenedores, cuchillos, removedores de café, cucharas, platos y vasos están en la lista negra. Y el gobierno costarricense quiere tener hacerlo en un tiempo récord: el año 2021. Para ello ya ha puesto en marcha una estrategia nacional para la sustitución de plásticos de un solo uso por alternativas renovables y compostables marinas –deben degradarse en menos de seis meses en el medio marino–, con un enfoque multidisciplinar y con múltiples actores implicados, de empresas a gobiernos locales.

Pero para encontrar otros ejemplos de estrategia para atajar el problema no hay que irse tan lejos. De hecho, como explica Carlos Arribas, responsable de Residuos de Ecologistas en Acción, “estamos rodeados de países que han sido más valientes”. Francia aprobó en septiembre de 2016 el veto a platos, vasos, tazas y cubiertos de plástico para 2020, productos que tendrán que estar fabricados en un 50% de material biodegradable, cifra que aumenta al 60% en 2025. A ello hay que sumar la prohibición que realizó meses antes de la distribución de bolsas de plástico gratuitas en los supermercados.

También Marruecos decidió actuar el año pasado, prohibiendo la comercialización, exportación, importación y producción de bolsas de plástico, un problema que en África tiene especial relevancia y que ha hecho actuar a otros países como Kenia, Ruanda, Senegal o Sudáfrica.

aquí a la cola

¿Y en España? El Gobierno presentó el mes pasado un proyecto de Real Decreto que pretende prohibir la distribución gratuita de bolsas de plástico convencionales en tiendas y supermercados para 2020, fecha desde la cual solo se podrán distribuir reutilizables y compostables mediante procesos industriales. Impone además un precio mínimo para las de un espesor igual o superior a 50 micras –desde el 1 de marzo de 2018–, aunque deja fuera de cargo a las de uno menor a 5 micras, habituales en pescaderías y fruterías de supermercados, que deberán ser compostables.

Se trata del segundo borrador que el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente presenta tras el que planteó a principios de verano, al que organizaciones ecologistas alegaron en su contra por considerarlo “insuficiente” y por “no cumplir la directiva del 2015 sobre bolsas de plástico que exige un porcentaje de reducción”, tal como expone Arribas. En concreto, la Directiva 2015/720 exige una disminución de 190 a 90 unidades de un solo uso por persona al año en 2019, una disminución de en torno al 50% respecto a los niveles de 2010, que debe aumentar al 80% en 2025.

Por el momento, en el Estado español solo se va a atacar a las bolsas de plástico ligeras, sin una prohibición real

Sin embargo, el nuevo borrador tampoco convence a los ecologistas. “Se habla de sustitución, pero lo que nosotros pedimos es la prohibición, no queremos que la problemática se traslade a otros materiales como los biodegradables o el papel”, expone Diana Osuna, responsable de Residuos de Amigos de la Tierra en Madrid, quien plantea que lo que hay que conseguir es “un cambio de hábitos, reducir la necesidad de consumir este tipo de productos e insistir en el reciclaje y la reutilización”.

También para Ecologistas en Acción el proyecto de real decreto es poco ambicioso. “Las bolsas compostables no son biodegradables en el medio natural, son compostables en plantas de tratamiento industrial, con lo que nos vamos a encontrar con los mismos problemas que tenemos ahora con las bolsas abandonadas en el medio”, denuncia Arribas.

Para este experto, “cobrar a estas alturas, cuando ya todo el mundo lo está haciendo, no es muy exigente”, e indica que lo efectivo sería “adoptar medidas de prohibición”.

Al futuro real decreto, hay que sumar el Programa Estatal de Prevención de Residuos, en el que una de las líneas de trabajo es disminuir los productos de un solo uso, aunque, tal como apunta Osuna, “no ha tenido medidas muy efectivas para llegar a ello”. También existen planes de prevención de residuos de comunidades autónomas y entidades locales, como es el caso del Consell Insular de Formentera, que prohibió en 2013 la distribución de bolsas de plástico en los comercios de la isla.

El SDDR no llega

Una medida que va directamente a una de las vías de solución, el incremento de la reciclabilidad de los envases, no acaba de arrancar en la primera comunidad autónoma que lo ha proyectado en serio: el País Valencià. El sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR) que planteó la Generalitat a finales de 2016, cuyo proyecto de ley lleva preparado meses, está paralizado. Se trata de un sistema adoptado en más de 40 países y regiones del mundo que aumenta de forma importante la tasa de reciclabilidad. La última nación en adoptarlo ha sido Escocia, cuya primera ministra, Nicola Sturgeon, anunció el mes pasado su implementación.

La iniciativa, por la cual el ciudadano paga un canon por cada envase de un solo uso que luego se le retorna cuando lo devuelve al establecimiento, es defendida al unísono por todos los grupos ecologistas. Pero tiene un enemigo claro y poderoso en España: el lobby de la gestión de envases de plástico, latas y bricks, personificado en la entidad que tiene su monopolio, Ecoembes.

"En Valencia el proyecto está en stand by porque el PSOE no quiere llevarlo a cabo”, explica Arribas. “La consellera de Medio Ambiente, Elena Cebrían, está haciendo caso a Ximo Puig y al Partido Socialista, aunque esa consellera fue elegida por Compromís. Había un compromiso de presentar el proyecto de ley este año que ya se ha incumplido, porque no se va a presentar, y no sabemos si se presentará el año que viene, la última oportunidad para que sea en esta legislatura".

Otras comunidades están barajando introducir el SDDR. Es el caso de Baleares, Catalunya o Navarra. Esta última realizó una experiencia piloto en Cadaqués en 2013 con resultados muy positivos, multiplicando por cinco la recogida selectiva de envases ligeros. Pero hasta que nadie rompa la baraja el sistema no podrá expandirse, según plantea el responsable de residuos de Ecologistas: "Si una comunidad lo desarrolla es posible que el pressing que está haciendo Ecoembes para que ninguna comunidad lo adopte se rompa".

Mientras tanto, la acumulación de residuos y su abandono en el medio ambiente prosigue. Por el momento, en el Estado español solo se va a atacar a las bolsas de plástico ligeras, sin una prohibición real. "Es muy ridículo que utilicemos cosas de usar y tirar a estas alturas, porque estamos tirando recursos naturales a la basura, más toda la problemática que conlleva la gestión de residuos", plantea Diana Osuna. "Habría que insistir en la prohibición y no solo concentrar las medidas en el último eslabón de la cadena de producción de un residuo, como una bolsa de plástico de un solo uso".

Si se quiere atajar el problema, la ecologista expone que habría que "aplicar la responsabilidad ampliada del productor y que se penalice o que tenga mayor implicación aquel productor o distribuidor que genere un producto con más envoltorio o con un plástico de usar y tirar". Precisamente uno de los principios en los que insiste la directiva europea de 2015 que ha obligado al Gobierno español a tomar cartas en el asunto.

Volvía a casa en metro cuando un varón de uno 30 años que llevaba un niño en brazos le dio una patada en el muslo derecho mientras decía “¡maricón! suerte que tengo al niño en brazos”. Una mujer que lo acompañaba justificó al agresor y trató de disculpar el ataque homófobo.

Es la última agresión homófoba que ha recogido el Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia de la asociación Arcópoli. Arcópoli acompañó a denunciar a la Policía Nacional al día siguiente. Además, ha presentado la denuncia a la Fiscalía de Delitos de Odio, a la Unidad de la Gestión de la Diversidad de la Policía Municipal y a la Policía Nacional específica de delitos de odio.

Con este caso, el Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia ha registrado 236 incidentes de odio ocurridos en la Comunidad de Madrid en lo que va de año.

El Informe sobre Incidentes de Odio por LGTBfobia en la Comunidad de Madrid recogió el año pasado 240 casos en la Comunidad de Madrid. ¿Han aumentado las agresiones homófobas? “No tenemos datos para decir que esto sea así, creo que es más bien por el trabajo que se ha hecho el año pasado para dar a conocer el Observatorio”, explica Rubén Lodi, de Arcópoli.

¿Qué hacer ante una agresión? “Lo primero, llamar a la Policía por si el agresor está en las inmediaciones; y luego contactar con nosotros para dar acompañamiento”, explica Lodi. En el caso de Metro de Madrid, el convenio firmado con Arcópoli garantiza la colaboración para investigar el caso. “La coordinación con metro es muy buena”.

Sobre la posibilidad de que la agresión esté relacionada con la mayor visibización de la extrema derecha en los días en torno al 12 de octubre, Lodi asegura que no tienen datos para aformar que sea así.

Sin embargo, “cuando hay una polarización está claro que el colectivo LGTB sale perdiendo, y estos días la extrema derecha está en la calle”, asegura.

240 agresiones en 2016

El informe de 2016 apunta que la mayoría de los incidentes registrados el año pasado fueron insultos y agresiones físicas. La mayoría de las agresiones tuvieron lugar en la vía pública (96), a lo que se pueden sumar 6 ocurridas en las cercanías de un local LGTB, 5 en un parque y 1 en una zona de cruising .

En el apartado del transporte público, en 2016 se registraron 17 agresiones en Metro de Madrid, 6 en autobuses de la EMT, 4 en RENFE Cercanías y 1 en BiciMad. En el propio domicilio se detectaron 18 casos, y en discotecas 12 (2 de ellas en discotecas dirigidas a clientes LGTB), junto a 9 ocurridos en bares y cafeterías. Igualmente quedaron registrados 12 casos ocurridos en el lugar de trabajo y 10 en espacios educativos.

También hay casos sueltos en centros de mayores, gimnasios, alojamientos y una iglesia católica. Es destacable el dato referido a discurso de odio a través de las redes sociales, con 31 impactos.

El momento de la agresión, dice el informe, fue mayoritariamente de noche (80 casos, el 48,5%). Por la tarde tuvieron lugar 55 incidentes (33,3%) y por la mañana 30. En 17 casos se puede considerar que la agresión es continuada durante todo el día.

Enorme conmoción vive la sociedad argentina ante la aparición de un cuerpo sin vida en el Río Chubut, en la provincia homónima, cerca del lugar donde hace 79 días desapareció el joven artesano Santiago Maldonado, cuando participaba de una protesta del pueblo mapuche que fue reprimida por la Gendarmería Argentina. El hallazgo se produjo ayer al mediodía (hora local), en medio de un operativo dispuesto por el magistrado que atiende la causa por desaparición forzada, el juez federal de Rawson Gustavo Lleral.

En un marco de escuetas declaraciones oficiales y pedidos de cautela, la fiscal de Esquel, Silvia Ávila, declaró que el cuerpo tenía una cazadora color azul celeste, ropa con la que describieró al joven el mapuche Matías Santana, testimonio al que el primer juez que entendió en la causa, Guido Otranto, y el propio Gobierno habían restado importancia.

Incluso el periódico porteño Página12 publica hoy en su portada unas fotos exclusivas que, según el periodista Horacio Verbitsky, estaban en un ordenador de la Gendarmería, principal organismo sospechoso de llevar acabo la desaparición de Maldonado. En esas imágenes, secuestradas oportunamente por orden judicial, puede verse a Santiago vistiendo la cazadora de esos mismos colores.

Es el tercer registro que se hace en la causa judicial, pero esta vez con una particularidad: se permitió la presencia de familiares, integrantes de la comunidad mapuche y representantes de los organismos de derechos humanos.

El cuerpo fue localizado cauce arriba de donde se produjo el foco de violencia el pasado 1 de agosto, cuando Gendarmería inició una feroz represión en territorio mapuche tras haber desalojado la ruta 40, donde miembros de esta comunidad y el propio Maldonado reclamaban la libertad del lonco Facundo Jones Huala.

aumentan las dudas

A medida que transcurren las horas, aumentan las dudas en torno a este hallazgo que tiene en vilo a la sociedad argentina y también a organismos internacionales de derechos humanos que se han sumado a la campaña de Aparición con vida de Santiago Maldonado.

La vocera de la Pu Lof y una de las personas que ayer acompañó la búsqueda, Soraya Maicoño, en declaraciones radiofónicas denunció que “lo plantaron”, en alusión a que el cuerpo habría sido depositado en el lugar pero que hace escasos días “no estaba”.

“Decimos plantaron un cuerpo porque uno se paraba desde una loma y podía verlo claramente”, argumentó Maicoño, y agregó que “es un lugar bastante transitado, se hubiera visto. Si vos vivís ahí lo notás. Teniendo en cuenta que el río subió, apareció ahí nomás de la orilla, lo hubiera visto antes”, sentenció.

En el mismo sentido se pronunció Mabel Sánchez, otra de las personas que formó parte de los rastreos, en un audio que está recorriendo las redes sociales argentinas. “Hemos vivido una jornada terrible y dolorosa. Fue plantado, una escenografía absoluta, pero al menos el perito de la familia pudo observar la escena del hallazgo y dirigió el levantamiento del cuerpo del río”, explicó.

La propia familia de Santiago Maldonado emitió un escueto comunicado mediante su cuenta oficial de Facebook pidiendo “respeto” ante los momentos que estaban viviendo, aunque destacando que “el hallazgo se produjo en un zona del río que ya había sido rastrillada en tres oportunidades”, afirmaron.

Esta tarde la plataforma Memoria Verdad y Justicia convoca a manifestarse en la célebre Plaza de Mayo. Sin embargo las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo y otros organismos de derechos humanos han decidido aguardar a una decisión de la familia y la identificación del cadáver para llamar a movilizar.

La cercanía de las elecciones legislativas hacen temer, en círculos militantes, que cualquier altercado que se produzca en estas concentraciones pueda desviar la opinión pública del foco de lo que realmente interesa: saber la verdad de lo que ha sucedido con Santiago Maldonado y la posible responsabilidad de la Gendarmería Nacional.

En este marco, la candidata a diputada por el partido oficialista del presidente Mauricio Macri, Elisa Carrió, ha suspendido todas las entrevistas acordadas para estos días previos a los comicios, previsiblemente a pedido de su partido tras las barbaridades dichas ayer, en directo televisivo, mientras se conocía el hallazgo del cuerpo en el Río Chubut.

Cuando los periodistas indicaban que las bajas temperaturas de las aguas podrían haber facilitado una mejor “conservación” del cuerpo, la diputada respondió en forma automática: “Es como Walt Disney”, en referencia al mito que indica que el dibujante permanecería congelado a la espera de una cura para su enfermedad.

La misma política expresó sin tapujos que no descartaba un “posible suicidio” de Maldonado y días atrás incluso se había permitido sospechar que “hay un 20% de posibilidades de que este chico esté en Chile", lo que le valió la repulsa de amplios sectores de la sociedad.

Si por algo han destacado en su historia los anteriormente conocidos como Premios Príncipe de Asturias es por su fino olfato para detectar las modas culturales del momento, y con mucha inteligencia saber apuntarse a ellas.

Los Premios Príncipe, ahora Princesa, una institución de eso que Guillem Martínez ha bautizado como la CT, la Cultura de la Transición, es decir, la cultura oficial de la España democrática, han servido y sirven como mecanismo para modernizar y dar una pátina de cultura progre a nuestra monarquía, históricamente poco o muy poco culta y poco o muy poco progre.

Consciente de que en España a la derecha no le queda más remedio que ser monárquica, los Premios se han empleado a fondo, yo diría incluso que con pasión y entusiasmo, a la seducción, cuando no compra o alquiler, de nuestra izquierda cultural, siempre sensible al discreto encanto de la Casa Real. No por casualidad, uno de los primeros Premios de la Comunicación y las Humanidades recaía en 1983 en el diario canónico del régimen del 78, El País.

La Fundación sabe lo que se hace. Nada de caspa ni de facherío sobre el escenario del Teatro Campoamor. La lista de premiados es impresionante: Woody Allen, Paul Auster, Doris Lessing, Sebastiao Salgado, Arthur Miller, Les Luthiers, Rigoberta Menchú, Quino, Nelson Mandela, o incluso afinando más, gente casi del rollito, que no desentonaría en una Uni de Verano de Podemos, la socióloga Saskia Sassen o el economista neokeynesiano, Paul Krugman, por ejemplo.

Estamos hablando pues, de grandes profesionales de la relaciones públicas y de la normalización de monarquías con pasados difíciles y demasiadas amistades en Arabia Saudí.

Es por ello que llama tanto la atención que este año se haya cometido un aparente error, apostado por premiar a una Unión Europea que ha perdido bastante de su pasado sex appeal tras 14.000 muertes en el Mediterráneo.

Aunque las críticas a la concesión del premio por parte de ONG y redes de apoyo a refugiados no hayan tenido un gran impacto en medios, por primera vez en mucho tiempo hemos escuchado a algunas voces poco frecuentes manifestar su disconformidad con estos premios.

¿Ha sido pues sólo un error, un despiste, un nos la suda o un anuncio más del fin de la monarquía buenrrollera juancarlista, esa que pareció morir el otro día en el discurso televisado de Felipe VI? Aún es pronto para saberlo.

Las organizaciones convocantes cifran en 7.000 personas la asistencia a la manifestación que ha llegado al final de trayecto en el Paseo del Salón de Granada. Se ha dado lectura al manifiesto, performado una obra de danza que visibiliza los micromachismos diarios y ha finalizado con la actuación de Bembé batucada. Informa Susana Sarrión

El discurso no llama la atención, pero sí el hecho de que lo enuncie Phil Hogan, el comisario europeo de Agricultura: “Si los agricultores y ganaderos [literalmente, farmers] no obtienen un precio justo por su trabajo –si no pueden vivir una vida decente– tenemos un problema real. La parte de lo que obtienen agricultores y ganaderos de aquello que los consumidores gastan en alimentación está siendo exprimida, dado el desequilibrio de poder entre los productores y los otros eslabones de la cadena de distribución alimentaria”.

Las palabras de Hogan han sido interpretadas en Bruselas como un ataque a las todopoderosas multinacionales de la distribución. Carrefour, Tesco, Día, Lidl; Mercadona o Eroski en el Estado español. El sector ha sido señalado por la Comisión Europea, que denuncia “represalias comerciales” contra los ganaderos que no asumen los criterios de pago de las grandes cadenas. 

La Comisión Europea, partiendo del trabajo de un grupo de expertos, plantea el establecimiento de cláusulas que denuncien las prácticas injustas de comercio, junto a medidas sobre el etiquetado de los alimentos y de establecimiento de plazos máximos de pago a los proveedores. Medidas insuficientes, para las organizaciones, pero que además tienen que ser aceptadas por las grandes cadenas de alimentación.

La eurodiputada de la Izquierda Europea (GUE/NGL), Lídia Senra, valora positivamente el interés de la Comisión de Agricultura por proteger los derechos laborales de los agricultores y ganaderos frente a las grandes cadenas, pero señala que se trata de “hacer cumplir” esas normas y no dejarlas en el vago campo de la voluntariedad.

Para Senra, la Comisión tiene que levantar las trabas a la negociación colectiva: “El campesinado está organizado”, recuerda Senra, quien critica los avances de la Comisión para restar capacidad de decisión a los sindicatos agrarios.

Daniel López, doctor en agroecología, utiliza una expresión del ecologismo social para definir el alcance de estas directivas: "Son medidas de final de tubería". Es decir, que tienen un impacto solo al final de un proceso basado en la concentración del poder de decisión en pocas empresas. Para López, las directivas tienen sentido para hacer "más difíciles situaciones muy abusivas" pero no van a transformar la concentración del sector: "Muy pocas empresas tienen muy claro lo que quieren", señala López.

En el caso Español, cinco empresas concentran casi el 60% de la distribución alimentaria. El modelo, adoptado desde el desarrollismo de los 60, está basado en los mercados centrales (los 'mercas' de Madrid, Barcelona, Sevilla, etc), la red de autovías y políticas pensadas para la concentración del sector, señala López, como las de investigación y regadíos. Políticas ligadas a gigantes del sector como Fertiberia –de la que procede la ministra Isabel García Tejerina– y que fueron trasladadas a la Unión Europea por Miguel Arias Cañete, entonces ministro de agricultura, en la negociación de la anterior Política Agraria Común (PAC).

 

El brindis por el trabajo campesino de la Comisión Europea se produce en plena negociación de la nueva Política Agraria Común, que debería entrar en vigor en 2020. Senra considera que la PAC, que es la política más importante a nivel presupuestario a nivel europeo, “responde solo a los intereses de las grandes multinacionales agroalimentarios y del negocio agroexportador” en lugar de orientarse al mercado interno europeo, lo que garantizaría una mejor distribución de rentas, según Senra.

La propia Comisión reconoce que será difícil que las multinacionales alimentarias acepten revisar sus privilegios para reequilibrar la situación con los productores. 

Las cuotas lácteas

44 millones de personas trabajan en 14 millones de explotaciones agrícolas y ganaderas en la UE. En España, el 4,6% de la población activa –6,3% de los varones y 2,6% de las mujeres– se dedica a la agricultura.

El principal impacto sobre el sector en España ha sido el fin de las cuotas lecheras impuesto por la propia Comisión Europea. En Galicia, según La Voz de Galicia, han desaparecido 1.100 explotaciones desde la cancelación de las cuotas en 2015. La Voz de Asturias cifraba en 178 las ganaderías desaparecidas en el Principado desde el fin de las cuotas. Es el síntoma de una tendencia generalizada en todo el continente hacia la concentración ganadera. La Macrogranja de Noviercas provocará el cierre de otras 430 granjas en el entorno de este municipio soriano. 

Hoy hablamos sobre la huída de empresas de Cataluña y analizamos cuánto de decisión económica y cuánto de decisión política tiene y cómo está afectando al conflicto. también analizamos los distintos puntos de vista del conflicto: desde Cataluña, desde el resto de España y desde el extranjero. Con Alfred Coll, Pepe Basauri, Carlos García y Juan Carlos Cabrero. Conduce Juan Carlos Barba.

La manifestación de Vallecas hace una parada frente a la Junta Municipal para guardar un minuto de silencio por la mujeres asesinadas por la violencia machista antes de seguir hasta Puentea de Vallecas. Informa Susana Albarrán

¿Qué es la deuda pública? Es el dinero que las Administraciones piden a los bancos para acometer los gastos de gestión. ¿Qué deuda pública tenemos en Navarra? En el periodo 2008-2015 UPN quintuplicó la deuda pública en Navarra, pasando de 660 a 3.300 millones de euros.

¿Cómo generó UPN esta deuda? La mayor parte se debe al despilfarro en proyectos megalómanos, de escasa rentabilidad económica y social, pero de grandes ganancias para los bancos y empresa privadas: Circuito de los Arcos, Pabellón Reino de Navarra Arena, Ciudad Agroalimentaria de Tudela, Psis de Aroztegia, venta de acciones de Iberdrola, contratos Swaps, desaparición de la CAN, etc, etc. 

¿Qué significa esto? Que cada habitante de esta comunidad debemos a los bancos 5.150€ por la herencia envenenada que nos ha dejado UPN. ¿Y me los van a quitar de mi cuenta? Pues no. Esos 5.150€ que pagas al Gobierno con tus impuestos para que se empleen en educación, sanidad y bienestar social… el Gobierno los emplea en pagar la deuda pública a los bancos. Así es como la ciudadanía paga esta deuda.

¿A qué bancos se debe esta millonada? Principalmente a: La Caixa (721 millones), BBVA (552 millones), Santander (389 millones), Banco Europeo (300 millones), Bankia (165 millones), Sabadell (125 millones) y Caja Rural (66 millones).

¿Cuándo y cómo se les paga? Anualmente se les va pagando intereses y en fechas concretas se les abona de golpe el dinero que UPN solicitó a estos bancos (amortizacion). El 17 de febrero de este año el Gobierno de Navarra pagó 293 millones de euros, y el año que viene en los meses de junio y octubre se pagarán 240.

¿A qué interés estamos pagando esta deuda? El interés de la deuda correspondiente a los 240 millones del año que viene es del 5,8%, mientras que el tipo de interés que el Banco Central Europeo pone a estos bancos es en estos momentos del 0%.  

¿Por qué el Gobierno de Navarra no pide directamente dinero al Banco Central Europeo? La CEE prohíbe a las Administraciones Públicas financiarse directamente a través del Banco Central Europeo. Son las consecuencias del "txiringito" capitalista que nos tienen montado en esta vieja Europa.

¿Qué es la deuda ilegitima? Es la deuda contraída, creada y utilizada en contra de los intereses de la ciudadanía.¿Cuál es el importe de deuda ilegitima Navarra que se va a amortizar en esta legislatura? El importe de deuda ilegitima calculada en Navarra es de 171 millones de euros.  

¿De dónde salen esos 171 millones? Del abuso de las entidades financieras a la hora de fijar los tipos de interés, de cláusulas abusivas a la hora de formalizar los contratos, y de préstamos realizados por los bancos para proyectos empresariales de nula rentabilidad social fracasados, que fueron devueltos en su integridad por el Gobierno de Navarra (avales fallidos).

¿Qué bancos nos deben esos 171 millones? Principalmente: La Caixa (42 millones), BBVA (38 millones), Sabadell (16 millones), Bankia (11 millones), Santander (9 millones), Caja Rural (2 millones).

¿Cómo se los podemos cobrar? El año que viene el Gobierno de Navarra tiene que pagarles 240 millones de euros. En ese momento tendría que descontar la cantidad que nos deben.

¿Lo va a hacer? En estos momentos el Gobierno de Navarra no considera factible el realizar ninguna acción tendente a recuperar esa deuda ilegitima usurpada. Es más, entiende que los estudios, acciones y reivindicaciones de este tema no se pueden considerar más que un “brindis al sol”.

¿Entonces, qué hacemos?

Toca que la ciudadanía navarra se informe y movilice de cara a presionar, tanto al Gobierno de Navarra como a los bancos, con el fin de iniciar un proceso que culmine con la devolución de esa deuda ilegítima, y su utilización en beneficio de toda la sociedad. Si todo el sistema financiero ha supuesto un trasvase de dinero público a manos privadas, los intereses abusivos y la deuda ilegítima son un robo en toda regla. Cuando estamos planteando reivindicaciones sociales en materia de vivienda, renta garantizada, sanidad, educación, cultura… tendríamos que preguntarnos cómo podríamos repartir y qué usos dar a esos 171 millones de euros. Seguro que podrían aliviar en mucho el mucho malestar social.

Desde hace ya muchos años (a grandes rasgos, unos treinta), una pesada batería de conceptos, imágenes, expresiones y vocablos se ha estado filtrando en el lenguaje popular cotidiano desde los lugares donde se fabrican las visiones del mundo destinadas a permear sobre el imaginario colectivo. Comprar un armario es una “inversión”. Gastar más dinero en un producto equivale a obtener “calidad”. Fuera del lugar de trabajo, facturas, tarifas, y hasta oscilaciones bursátiles de índices hipotecarios adquirieron importancia creciente en la vida diaria, así como los “gastos” y los “beneficios”, y en general las nociones de “interés” y de “deuda”, omnipresentes en los discursos públicos, pero también en los juegos de apuestas online o en las plataformas digitales de compra-venta de productos. En el ámbito laboral, todo el mundo se acostumbró a que se valorase su trabajo según los criterios de oferta y demanda, según los índices de productividad, el grado de competencia que puede soportar, la importancia capital del cliente con quien tiene que tratar, el grado de eficiencia que es capaz de alcanzar. Por mucho que diéramos por supuesto que vivimos en una democracia, se entiende, como idea del “sentido común”, que en el lugar de trabajo esa democracia no existe ni debe existir. Se hace lo que dice el jefe.

Porque de eso se trata. El capitalismo en su fase neoliberal, con sus características particularmente picantes en España, ha consistido en una colonización del inconsciente colectivo de larga duración, que ha constado, entre otras cosas, de una invasión lingüística, conceptual, imaginaria, que imprimiera en las mentes de la gente común el principio de valorización capitalista de los objetos y los deseos, la naturalización del aprecio por el beneficio económico en las mentes de todos y todas las que, medio siglo atrás, sostuvieron la cultura antagonista al capitalismo. ¿Para qué? No sólo para hacer lo que dice el jefe, sino para pensar y sentir como él. Para desear un coche lujoso con el que circular, solos, por carreteras lejanas; para desear maquillajes caros o aparatos de aire acondicionado de alta calidad; para desear la propiedad de un inmueble como algo “natural”. Y de este modo, naturalizar el dominio, a través, ya no de una creación de lenguaje, sino de una supresión del mismo, dirigida a mantener el tabú del dominio. Éste queda protegido, así, cada vez que un compañero o compañera tratan de espolearnos para que nos movilicemos contra las malas prácticas y tratos de un jefe o compañía y el resto nos quedamos callados; pero es sólo un ejemplo. Habría que buscar, y no sería difícil encontrar, las situaciones en las que, desde la escuela, el dominio se instala dentro de nosotros como un cáncer con el que deberemos convivir “desde la cuna hasta la sepultura”. No estamos hablando de teoría, sino de la práctica diaria y de la relación que establecemos (o que nos dejamos establecer) entre nosotras mismas, el lenguaje y el poder.

Todo esto tiene algo que ver con el concepto de autogestión. Gerentes de toda ralea han invadido los ayuntamientos y otros entes públicos y privados, haciéndose “responsables” de las vidas y recursos de otros y otras. Hasta las pequeñas asociaciones de comerciantes o de vecinos, y muchas cooperativas sin una vocación clara de transformación social (que las hay y muchas, aunque por fortuna esto está cambiando), se ven obligadas, cuando no lo hacen de buen grado, a dilapidar una enorme cantidad de energía y capital social en la “gestión económica” de sus entidades, de modo que en multitud de casos contratan a terceros que realizan ese trabajo (las famosas “gestorías” inmobiliarias que se han apropiado de la gestión de las comunidades de vecinos, por ejemplo). De tal manera que mucho dinero va a parar a las manos de estos “intermediarios” que hinchan precios y cuentas corrientes. La vida de barrio, que no hay que mitificar ni mucho menos, pero antaño tan llena de actos y lenguajes que no pertenecían al universo de la “gestión”, también se ha “financiarizado”: todo el mundo se ve obligado a prestar una atención inusual a sus “equilibrios presupuestarios” (léase “llegar a fin de mes”, en una versión profana de los libros de cuentas de las élites económicas).

La observación diaria de todos estos fenómenos, mediante los cuales el lenguaje y los actos de la “gente común” han perdido originalidad, creatividad y fuerza moral y material (lo que el historiador E. P. Thompson llamaba “economía moral” del pueblo), nos puede llevar a contraponerlos a otra alternativa existencial posible, y de hecho, real: la autogestión. A mucha gente no familiarizada con la tradición libertaria, con el lenguaje de los “comunes”, con la economía cooperativa e incluso con el marxismo más popular de los años 60 y 70, la palabra podrá sonarle a concepto meramente económico. Pero resulta que la autogestión es un concepto principalmente antropológico, es decir, a medio camino entre lo ideal y lo real, entre lo que pensamos y lo que hacemos: es una práctica y una teoría al mismo tiempo, es una cultura y es una acción, que se opone, punto por punto, a cualquier sistema social basado en la dominación desde arriba: económica, social, racial, patriarcal, e incluso, según se mire, también especista.

Existe la costumbre de utilizar el lenguaje de los economistas “profesionales” (léase “capitalistas”), costumbre tan arraigada que incluso llegamos a “gestionar” nuestras emociones, tal y como hacen los psiquiatras (y muchos psicólogos) que trabajan para las administraciones públicas. Utilizamos la palabra “gestión” como sinónimo de administración, dirección, es decir, dominio, ejercicio de autoridad. El gestor siempre es una especie o sub-especie de cargo. Si la miramos de determinada manera, la autogestión podría no significar sino un auto-dominio, es decir, un “ser uno mismo su propio jefe”. Es así como la definen algunos teóricos capitalistas. Pero esa es también la noción de “autónomo” que los gobiernos, y las grandes empresas, han promocionado, y no expresa el significado de transformación social que lleva adherido, desde sus primeros usos allá por los años 50, el concepto de autogestión. Para los teóricos capitalistas, autogestión tiene el sentido del “self-control”, en el sentido puramente individual, que le daría la ética protestante; también, a veces, encontramos una variante del “yo me lo guiso, yo me lo como”, un poco como pretenden que nos sintamos esos empresarios suecos que nos ofrecen que nos montemos, alegremente, nuestros propios muebles. Gobiernos y grandes empresas no necesitan la autogestión en sentido colectivo, pues quieren tener la certeza de que no nos vamos a organizar; de que no nos vamos a quejar, de que no tendremos convicciones políticas ni compromisos éticos más allá de los “tolerables” (familia, amigos…), sentido comunitario ni vocaciones que impliquen algún tipo de transformación en sentido social. De que no exigiremos un trato digno ni una excesiva voluntad de “pensar por nosotros mismos”. De que seremos “flexibles” y podremos desplazarnos por autopistas y rotondas allí donde nos necesiten (las rotondas son al tráfico rodado lo que las ETTs, llegadas en los años 90 a nuestro país, al mundo laboral: una forma de envolvernos en una rueda que nunca deja de girar, de acomodarnos a lo imprevisible, a lo que no podemos calcular, una forma de generalizarnos la ansiedad, de tratarnos como fichas de Monopoly sujetas a contratos temporales y turbulencias constantes). Por eso, de autogestión colectiva, no, ni hablar; ya quedó dicho en los pactos de la Moncloa que nunca podríamos pasar de largo de las instituciones existentes, preocupadas siempre por prevenirnos de actuar por nosotras mismas.

“Colin Ward recuerda que no existe ninguna teoría técnica que demuestre que la autogestión resulta imposible; lo que sí es una realidad, y que constituye un obstáculo para practicarla, son los intereses de privilegio creados en la distribución del poder y de la propiedad”. Como el mismo Ward afirmaba, cargado de una fina y juguetona ironía, las guerras, el poder económico, la explotación y el autoritarismo son “pequeños contratiempos” para la autogestión. Ésta ha existido, probablemente, desde siempre. El antropólogo Pierre Clastres, estudiando a las sociedades mal llamadas “primitivas” del Amazonas en los años 60, llegó a la conclusión de que la guerra fue inventada no por corporaciones burocráticas, o Estados, para conquistar más territorio o reafirmarse, sino por la propia población, para evitar que surgieran, dentro de las comunidades, estas corporaciones de individuos parasitarios cargados de privilegios que pretendían “gestionar” a personas y recursos desde sus aulas secretas. Lo cual nos lleva a la, tal vez, algo temeraria conclusión, de que debería existir algún tipo de contra-poder que haga posible la autogestión, alguna forma social primigenia que esté encargada de prevenir la emergencia de grandes concentraciones de poder como son los Estados, las multinacionales, los imperios, las monarquías, las dictaduras e incluso casi todas las repúblicas. El concepto que podríamos proponer es el de la autogestión entendida como el ejercer un control sobre todos los aspectos de nuestras vidas, en tanto que individuos-que-formamos-parte-de-una-comunidad, sin contar con ninguna autoridad superior, y sin convertirnos nosotras mismas en una autoridad superior. La autogestión no es, no debería ser, la absurda negación del poder y del liderazgo; implica, de forma diferente, la idea de dispersar el poder, como diría Raúl Zibechi, en múltiples “nódulos” o “nudos”. Ante la objeción que dice que siempre habrá un gran poder central dispuesto a aplastarnos en nuestras prácticas autogestionarias, debemos concluir que es una objeción más que razonable; la libertad para las comunidades de organizarse como mejor les convenga siempre será una libertad en peligro; y sin embargo, la autogestión se reproduce insistentemente: “El mundo contemporáneo está lleno de esos espacios anárquicos, y cuanto más éxito tienen, menos oímos hablar de ellos. Ni tan solo cuando se acaba violentamente con ellos nos llegan noticias de su existencia”.

La autogestión no sólo niega y combate la propiedad privada o estatal de los medios de producción. Marx puso demasiado énfasis en su idea de que la propiedad de los medios de producción era el origen de la dominación. La dominación reside, más profundamente, en la propiedad privada o estatal de los medios de decisión. Lo cual, en los regímenes más conocidos de inspiración marxista de la guerra fría, condujo inevitablemente a una dictadura de los dirigentes por encima de los ejecutantes y los productores. Es decir, que se re-creó la sociedad de clases en un nuevo sentido (lo que ya estaba contemplado en la teoría marxista como primer paso para el establecimiento de una sociedad sin clases). Por lo tanto, la expropiación de los medios de producción de las manos de sus poseedores burgueses no conduce por ella misma a una sociedad igualitaria. La revolución social en la Barcelona del 36, con sus errores, excesos y lacras, fue una revolución social que no se jugó sólo en la expropiación de los medios de producción, sino, y sobre todo, en el intento de expropiación obrera de los medios de decisión. Es curioso constatar cómo el proceso “estatalizador”, mediante el cual las instituciones burguesas republicanas y los nuevos partidos creados al calor de la situación se rehicieron y retuvieron el poder en sus manos haciendo frente a los avances revolucionarios, se jugó en gran medida en retener (o no) los medios de decisión: los medios de producción, colectivizados al principio de la guerra, fueron recuperados paulatinamente, mediante los decretos que iban un paso atrás respecto de las colectivizaciones. Debemos tener claro que la autogestión implica no sólo la posesión de unos medios para satisfacer necesidades humanas colectivas, sino la posesión de la toma de decisiones por parte de los y las mismas que producen y que consumen.

“¡Cómo!”, nos dirán nuestros jerarcas, “¡eso no es posible! Y de hecho, ya votáis cada cuatro años para que nosotros os gestionemos la vida”. David Graeber ha explicado la historia del voto en el siglo XIX como la de un mecanismo mediante el cual, de forma aparentemente paradójica, las élites europeas capitalistas despojaron el voto de su implicación realmente democrática mediante la idea de la representación política en lugares como los parlamentos. Despojar a la gente de la posibilidad de tener voz, y voto, en todo lo que les afecta. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo podríamos votar en todo lo que nos afecta? A través de instituciones cercanas a la población. Antiguamente existieron los concejos abiertos; pero las asociaciones de vecinos, las cooperativas, las empresas y las tierras colectivizadas, incluso los municipios, concebidos no como delegaciones del poder estatal sino como su antítesis, son, hoy en día, posibilidades de acercar a la gente la gestión de los recursos locales. Actualmente, con una nueva y mucho más devastadora crisis del sistema estatal-capitalista asomando por el horizonte, las propuestas autogestionarias parecen las únicas que aportan aire al sofocante destino de las generaciones venideras. Las únicas que pretenden acostumbrar a la gente a pensar y actuar por sí misma, a organizarse sin contar con todos aquellos y aquellas cuya responsabilidad en la situación actual es palmaria y evidente. Que, como sabemos, son los menos. Para ello, hay que empezar por reapropiarnos del lenguaje, por abrir perspectivas socio-psicológicas para el común de las gentes. Derribar hábitos de pensamiento (y, por tanto, de acción, o de in-acción) instalados en el inconsciente colectivo desde las guerras europeas de 1936-1945.

Las costumbres mentales de la guerra fría persisten, pues, muchos años después de la caída de la URSS. La burguesía occidental sigue creyendo (o haciendo ver que cree) que la historia sólo tiene dos salidas: o la burguesía propietaria, es decir, ella misma (tratando, como hemos visto, de que todo el mundo la imite al moldear el lenguaje y los deseos humanos a su imagen y semejanza), o una improbable burocracia de partido y “dictatorial”. “O yo, o el abismo”, parece decirnos. El neoliberalismo como expansión cultural de la burguesía triunfante ha “confirmado” que la primera opción es la que vale (aunque también la ineficiencia de los partidos comunistas de todo el globo durante los años 70 y 80). La autogestión, como la entiendo aquí, viene a decirnos que este dilema es falso. La autogestión (con otros nombres) fue la gran derrotada de la guerra española y de la segunda guerra mundial. En aquellos tiempos estaba representada, en nuestro país, por la amplia adhesión del movimiento obrero español al anarquismo y al anarcosindicalismo en todas sus facetas. Hoy en día no podemos mirar a otro lado, fingiendo que no sabemos cuál es la palabra mágica que empieza por A. Es un paso para poner en evidencia cada vez para un público más amplio, que una práctica de la autogestión empieza por imaginar las posibilidades que se nos abren si optamos por reapropiarnos de los mecanismos de toma de decisiones. Pero eso no será posible si antes no nos reapropiamos del lenguaje, poniendo cabeza abajo el imaginario que nos han dictado, desde sus aulas secretas, los publicistas del régimen mundial.