València
Cinco años de cárcel por realizar una acción pacífica contra un barco que transportaba gas licuado

Hoy comienza el juicio en València contra los activistas de Greenpeace que participaron en una acción directa pacífica contra los combustibles fósiles en 2021 en Sagunto. En concreto, contra el gas que un buque traía procedente de Estados Unidos, en un contexto de emergencia climática y de un mundo tratando de volver a la normalidad tras la pandemia. La acción se llevó a cabo en las instalaciones de Enagás en el puerto de Sagunto (València), a una semana del comienzo de la XXVI Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) y en el contexto del Consejo Europeo extraordinario en el que los responsables de Energía de la Unión Europea abordaban el impacto del aumento de los precios de la energía y las posibles soluciones a la crisis.

En la acción participó el Esperanza, la embarcación más grande de la ONG ambientalista, que ancló frente a las citadas instalaciones de Enagás bloqueando el acceso e impidiendo la entrada del buque gasero Merchant, proveniente de Estados Unidos cargado de gas obtenido mediante fracking, una técnica prohibida en España. Realizaron una pintada en el buque objeto de la acción en la que se podía leer “No + gas”, mientras uno de los activistas se encaramaba al ancla del buque.

Las once personas acusadas, de ocho nacionalidades diferentes (entre ellas cuatro españoles), se enfrentan a la mayor pena jamás solicitada contra activistas medioambientales en Europa. El Ministerio Fiscal pide cinco años de cárcel para cada uno y la reparación del daño causado. Hasta el momento, Greenpeace ya ha hecho frente al pago de sanciones económicas, que califican como “abusivas”, por valor de 160.000 euros.

Inés Díez remarca que “nunca ningún activista debería poner su vida en pausa a la espera de que un tribunal decida si son culpables cinco años después de los hechos”

Para el equipo jurídico de Greenpeace, la desproporcionada pena solicitada por el Ministerio Fiscal refleja un marco de máxima represión contra la protesta actual y futura, ignorando que el derecho a manifestarse prevalece sobre las molestias menores que puedan causarse a la ciudadanía. “Los hechos que se juzgan el próximo día 23 se encuadran, por lo tanto, dentro del ámbito de la protesta pacífica o de la desobediencia civil y queremos nuevamente reseñar que no se causó daño alguno ni a las personas ni a la circulación marítima”, expone Inés Díez, abogada de Greenpeace.

La organización ecologista apunta que la Declaración Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) exige a los Estados respetar y proteger el ejercicio de la desobediencia civil pacífica, ya sea en espacios públicos o privados, abiertos o cerrados. Este será el argumento central que la defensa de Greenpeace llevará ante el tribunal que juzgará a los activistas. Inés Díez remarca que “nunca debieron verse sometidas a un proceso penal que lleva ya cinco años abierto por unos hechos que se encuadran dentro del derecho a la protesta. Nunca las personas que protestan de forma pacífica deben ver peligrar su libertad por protestar. Nunca ningún activista debería poner su vida en pausa a la espera de que un tribunal decida si son culpables cinco años después de los hechos”.

El caso ha suscitado la preocupación de Michel Forst, relator especial de Naciones Unidas sobre los defensores medioambientales, y de Amnistía Internacional. Ambos han anunciado su asistencia al juicio en calidad de observadores. Además, Greenpeace ha recibido mensajes de apoyo y solidaridad de las principales organizaciones de monitoreo del derecho a la protesta en España, como Novact, Irídia, Legal Sol o las coaliciones No Somos Delito y Defender a Quien Defiende.

Para Greenpeace, este juicio se enmarca en una preocupante tendencia mundial de endurecimiento de la represión e intento de silenciamiento del activismo y la movilización social. En los últimos años, la respuesta policial y judicial ante la protesta en favor del clima, el derecho a la vivienda o la solidaridad con Palestina ha derivado en la imposición de sanciones desproporcionadas, detenciones y acusaciones de graves delitos, incluso vinculados al terrorismo o al crimen organizado.

“La historia demuestra que la desobediencia civil y la protesta pacífica no constituyen una amenaza a la legalidad, sino un motor indispensable para el avance de las libertades y los derechos democráticos”, ha subrayado Eva Saldaña

El uso desproporcionado de la fuerza policial y de los tribunales, o la aprobación de leyes restrictivas como la Ley Mordaza, así como el acoso judicial por parte de grandes corporaciones o grupos de poder, buscan desincentivar el ejercicio democrático de la desobediencia civil, sin la cual no se podría explicar una parte importante del avance en derechos y libertades.

“La historia demuestra que la desobediencia civil y la protesta pacífica no constituyen una amenaza a la legalidad, sino un motor indispensable para el avance de las libertades y los derechos democráticos”, ha subrayado Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace España. “Tratar la movilización ciudadana como un mero asunto de orden público ignora su función imprescindible en la sociedad: la protesta actúa como un mecanismo de contrapoder y un indicador de salud democrática, permitiendo canalizar la indignación, señalar situaciones injustas y participar en sus soluciones”.

Javier Raboso, responsable del Área de Espacio Democrático y Derecho a la Protesta de Greenpeace, añade: “Ante el actual contexto global marcado por la aceleración de la crisis climática, el declive de los sistemas democráticos, el acaparamiento del poder sin precedentes y el desprecio a los derechos humanos más básicos, la desobediencia civil y otras formas de resistencia pacífica resultan herramientas imprescindibles para construir respuestas colectivas a los grandes desafíos de nuestro tiempo”.

“Solo espero que a los activistas del mañana les valgan estos precedentes para defenderse de las tormentas judiciales por venir”, concluye del Pozo

Entre las personas acusadas se encuentra Francisco del Pozo, que considera que “ser activista climático hoy en España es plantarse frente al derrotismo, es decir: ‘No. Basta ya’ de no hacer nada ante un clima que se desmorona entre incendios inapagables, danas arrolladoras, calor y sequía extremos. Ser activista es ser mensajero de una realidad terriblemente incómoda para los poderosos: tener un planeta habitable aún es posible, pero hay que hacer cambios y que los verdaderos culpables paren y paguen por lo que han hecho”.

Pero el coste personal puede ser demasiado alto: “Ser activista también es sufrir junto a tus seres queridos durante años la ansiedad y la preocupación de ser injustamente acusados de delitos definidos de forma tendenciosa, y la amenaza siempre presente de penas de cárcel desproporcionadas. Realmente solo espero que a los activistas del mañana les valgan estos precedentes para defenderse de las tormentas judiciales por venir y que estos juicios generen sentencias favorables al activismo pacífico”, concluye del Pozo.

Con ocasión de la celebración de este juicio histórico, Greenpeace ha querido impulsar un diálogo social más amplio sobre la criminalización del activismo y la protección de la protesta pacífica. Para ello, junto al European Center for Non-for-profit Law (ECNL), ha organizado un evento público que promueve un diálogo entre varios relatores especiales de Naciones Unidas y representantes de las principales organizaciones de derechos civiles en España, en el que se abordará la desobediencia civil desde una perspectiva del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. El evento ha contado con la participación de Hélène Tigroudja, vicepresidenta del Comité de Derechos Humanos de la ONU.