Opinión
“Esto nunca toca”

El sistema, de manera casi automática, mutea los mensajes incómodos y fomenta los blancos (o neutros). La maquinaria social y mediática encaja sin problemas las quejas moderadas, pero cuando el mensaje señala al poder, la tolerancia se evapora. La reacción de los poderes fácticos se vuelve beligerante y desproporcionada. De repente, una fuerza desmedida busca tapar la boca de quienes osamos decir lo que no toca bloqueando discursos que tocan intereses económicos bien asentados en nuestra sociedad.

El 27 de octubre de 2021 en el puerto de Sagunto (Valencia), activistas de Greenpeace bloqueamos durante 12 horas la entrada del buque gasero Merchant, un gigante procedente de EEUU que transportaba 138.000 metros cúbicos de gas fósil de fracking. Este combustible fósil alimenta, además de nuestras calderas e industrias, la destrucción del clima. Es el combustible que impulsa eventos climáticos extremos como las danas, las olas de calor o los incendios, impactos que ya son nuestro pan de cada día. 

La Fiscalía solicita cinco años de cárcel para cada uno de nosotros por desórdenes públicos. Esta petición de pena desmedida no busca solo castigar a once personas; busca sentar un precedente

De aquel día, entre todas las emociones y recuerdos que me vienen a la cabeza, me resuena especialmente un comentario que me hizo un policía. El agente vino a decir algo así como : “Hombre, chicos, con la que está cayendo (se refería a la pandemia), esto no toca…”. Puedo entender que, con el shock colectivo que suponía la pandemia, sacar a la luz otro problema tan existencial fuese incómodo, pero no pude evitar que me saliese del alma contestarle: “Estos temas nunca tocan”. 

Quizás ahora, cinco años después, le añadiría que les dijera a las familias de 237 víctimas de la dana o a las 5.111 víctimas del calor este verano que esto no tocaba. Que le dijese a mi hija de tres años, que en aquel momento aún no había nacido, que ya no iba a conocer las cuatro estaciones, los veranos soportables o los inviernos con nieve en las montañas.

El caso es que, aquel día, lo quisiera o no aquel policía, tocaba, y bien que tocó… Por primera vez como Greenpeace, nuestras lanchas pintaron en el costado del inmenso buque el mensaje “NO + GAS”, mientras la resistencia pasiva de nuestro barco Esperanza trataba de frenar, aunque fuera por unas horas, la entrada del gasero en la terminal de Sagunto. 

El gas es un combustible fósil tan destructor como el carbón o el petróleo y, como tal, debe desaparecer de la dieta energética de nuestra sociedad

No olvidemos que el gas fósil que llevaba el Merchant es un combustible que, pese a su buena prensa (su nombre comercial lleva la palabra “natural”). No hay que ser un lumbreras para atar cabos y pensar que detrás de una petición penal tan desmedida no solo hay un intento de acallar una protesta, sino también la urgencia de proteger un relato multimillonario. Durante años, la industria ha financiado una narrativa edulcorada, que presenta al gas como un “combustible limpio” de transición, ocultando los enormes intereses económicos de empresas multinacionales como Naturgy, Repsol o Moeves, empeñadas en amortizar sus infraestructuras y mantenernos encadenados a la dependencia energética fósil.

Aquel día, en Sagunto, la acción de Greenpeace dio inicio a una campaña para intentar resquebrajar esa propaganda al mostrar la realidad sin filtros: el gas es un combustible fósil tan destructor como el carbón o el petróleo y, como tal, debe desaparecer de la dieta energética de nuestra sociedad al mismo ritmo si pretendemos frenar el colapso climático.

Al finalizar aquella protesta pacífica, once de nosotros fuimos detenidos a bordo y el capitán fue trasladado a dependencias policiales. Lo que comenzó como un acto de desobediencia civil en defensa de la salud del planeta se convirtió en un proceso judicial interminable.

El derecho a la protesta pacífica no es un privilegio concedido por las instituciones, sino un pilar democrático para proteger los derechos colectivos

El próximo 23 de septiembre de 2026 nos sentaremos en el banquillo del Juzgado de lo Penal de Valencia. El Ministerio Fiscal solicita cinco años de cárcel para cada uno de nosotros por desórdenes públicos. Esta petición de pena desmedida no busca solo castigar a once personas; busca sentar un precedente. Pretende transmitir un mensaje disuasorio al conjunto de la sociedad: defender el clima conlleva un coste personal muy alto.

El derecho a la protesta pacífica no es un privilegio concedido por las instituciones, sino un pilar democrático para proteger los derechos colectivos. Además, Defender a quien Defiende ha evidenciado un descenso de las protestas ecologistas tras su auge entre 2019 y 2023. Esto no responde a una desaparición de las causas que motivaron dichas protestas, sino al chilling effect (o efecto de desaliento), que ha generado un desgaste judicial que hace mella en los movimientos sociales y climáticos desde entonces.