Televisión pública
Las plantillas de las televisiones autonómicas se rebelan contra el control político del Partido Popular

El pasado mes de marzo, los comités de empresa de los distintos medios públicos de comunicación autonómicos mantuvieron un encuentro para explorar vías de protesta conjunta. Desde las plantillas de À Punt, RTV Andalucía y Canal Sur, IB3, RTPA, RTV Aragón, RTV Canarias, RTV Castilla-La Mancha, Canal Extremadura, Telemadrid, CSAG y TV3 conformaron la alianza RTV’s Públicas en Lucha, que prepara una gran movilización conjunta para visibilizar la “situación de desesperación ante el deterioro de la independencia informativa en las últimas semanas con casos groseros”.

Desde esta plataforma advierten que las maniobras de manipulación, control y degradación de los canales autonómicos “se repiten producto del afán de control político de los partidos y de la avaricia de las empresas audiovisuales”. Afirman que la coordinación de las políticas de externalización llega hasta el punto “de que determinados artículos de las leyes y los organismos de radio y televisión autonómicos son literalmente copiados de una comunidad a otra” y llaman a una “histórica jornada de huelga simultánea”, en la que convergerán las protestas que vienen realizando por separado en una fecha que aún está por definir. 

Las plantillas de las televisiones autonómicas preparan una gran movilización conjunta para visibilizar la “situación de desesperación ante el deterioro de la independencia informativa

La plataforma ha señalado que la manipulación informativa “también afecta a los medios privados, si los medios públicos son débiles ante el poder político, los medios privados lo son ante el poder económico”, señalan. En este sentido, afirman que “los responsables de la gestión publicitaria de los medios privados interfieren con frecuencia en las decisiones sobre los contenidos informativos” y que “solo algunos medios digitales de nueva generación han empezado a tomar medidas contra este fenómeno”.  En El Salto, por ejemplo, tenemos un código ético que pretender servir de defensa ante estas presiones.

Silenciamiento, miedo y Bertín Osborne en Canal Sur

“La resistencia al cambio ha hecho que en los últimos seis años en Canal Sur se convocaran más huelgas y paros”, así habla, en un capítulo de su libro Manual de convivencia, la vía andaluza que titula Canal Sur, un medio público, sobre la situación en la cadena el presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla. En esta cita señala que la razón de las movilizaciones de la plantilla de la cadena pública se debe a un inmovilismo ante una “nueva gestión” que, según el libro del presidente, se ha basado en “apostar por profesionales independientes y de prestigio, la renovación tecnológica, la innovación y la renovación generacional”.

Sin embargo, desde la plantilla de Canal Sur exponen una realidad bien distinta: “Las huelgas han sido precisamente, además de por las injerencias políticas, pidiendo que no se dejara morir a las plantillas y que se cubrieran las vacantes, también por la renovación tecnológica; los estudios se caen a pedazos y para que se invierta en infraestructura”, explica Rut Mingorance, presidenta del Comité Intercentros de Canal Sur.

“El miedo ahora mismo lo que rige la redacción de Canal Sur”, exponen fuentes del Consejo Profesional de Canal Sur recién dimitido

Desde el antiguo Consejo Profesional exponen que es “el miedo ahora mismo lo que rige la redacción de Canal Sur; han cambiado editores por negarse a abrir informativos con una noticia en concreto, la redacción se ha desmantelado, han desplazado a otros lugares a las personas que hacían periodismo”. Un ejemplo de este ambiente de control político es el mensaje que, tras la renuncia del Consejo Profesional, recibieron sus miembros desde la Dirección de la cadena, en el que se les pide que “se abstengan de realizar cualquier comunicación o manifestación pública en nombre del Consejo Profesional”.

La decisión de abandonar el órgano por parte de los profesionales que lo componían se produce tras dos hitos: el comunicado de la entidad apoyado por cientos de profesionales de la televisión pública andaluza denunciando el “tratamiento bochornoso” del escándalo de los cribados de cáncer de mama que la directiva de Canal Sur ha “intentado silenciar” y tras la falta de convocatoria de elecciones para renovar el órgano. El Consejo Profesional llevaba más de seis meses en funciones tras la negativa de la directiva a convocar elecciones, una situación que ya se dio en el anterior consejo, que estuvo dos años en funciones. “Quieren silenciar la voz de los profesionales, silenciar el órgano y apagar la voz de quienes hacemos Canal Sur cada día”, exponen miembros del Consejo recién dimitido.

Uno de los objetivos del Consejo era realizar una reforma de los estatutos para que los profesionales de la cadena participaran en el Consejo de administración de la misma, el órgano que rige la cadena y en el que hay representación y capacidad de decisión de todos los partidos políticos, pero no de la plantilla. Además, desde 2021, el grupo de profesionales ha emitido decenas de informes donde se demuestran más de 1.000 malas prácticas periodísticas por seguir la “agenda ideológica” del Gobierno andaluz, una estrategia que con el caso de los cribados de cáncer de mama ha llegado a su culmen: “Es una quiebra del servicio público, es traicionar a las andaluzas y los andaluces”.

La falta de honestidad en las prácticas informativas también ha sido señalada por la Fape, que en 2023 señaló que la cobertura informativa acerca de los pozos ilegales en Doñana no cumplía con “los principios de veracidad e independencia y al compromiso con la búsqueda de la verdad”. A pesar de que Bonilla se muestra muy preocupado en su libro por la independencia de los medios de comunicación públicos: “El sanchismo y su obsesión por controlar los medios de comunicación públicos es una estrategia que se está volviendo en su contra”; no parece importarle los señalamientos que se le realizan al respecto a Canal Sur. “Nunca se han comunicado para poder mejorar; al contrario, siempre han intentado desprestigiarnos”, así exponen desde el antiguo Consejo Profesional.

La plantilla de la televisión pública andaluza expone que uno de los grandes problemas es además “las externalizaciones a empresas privadas afines al PP como Huri o Secuoya”, explica Mingorance, que hace que no se invierta de forma estructural ni en producción propia ni en equipos: “Alquilamos los equipos, hemos perdido nuestra capacidad productiva; antes teníamos cuatro unidades móviles y ahora dos, no se han renovado por decisión política”. La directora del Comité insiste en la incertidumbre del futuro: “En los próximos cuatro años se van a jubilar 500 trabajadores y no sabemos si se van a reponer”. De 2012 a 2021, el gobierno del PSOE dejó sin reponer 300 puestos de trabajo en la cadena sin que se hayan recuperado.

El presidente andaluz, además de “los servicios informativos veraces”, valora su proyecto de Canal Sur por su “entretenimiento de calidad”. Un entretenimiento basado en tres pilares fundamentales en los que invierte gran parte del presupuesto: Toros, religión y Bertín Osborne. En el último año, la cadena pública ha invertido al menos 1,645 millones de euros, como señala el listado de licitaciones de la Junta de Andalucía en el ‘Show de Bertín’.

Por su parte, Moreno Bonilla ha redoblado sus esfuerzos por promocionar la tauromaquia y así lo demuestran los contratos públicos referentes a la emisión de corridas de toros; en lo que va de 2025 ha gastado 4,6 millones de euros, una cifra que se queda lejos del millón y medio invertido en 2024. Pero sin duda es en las emisiones de carácter religioso en las que el ejecutivo andaluz invierte más, rondando entre los diez millones de euros en 2025. El monto es invertido en emisiones de misas y procesiones de Semana Santa y programas cofrades como Andalucía es Semana Santa por el valor de 141.927,78 €.

Privatización de la producción y 16 años de mano militar en la información en la TVG

Las denuncias de manipulación informativa y de privatización de servicios de producción llevan escritas en las pancartas de las trabajadoras y los trabajadores de la Televisión de Galicia (CSAG, desde hace apenas unas semanas) desde 2009. La fecha no es casual. Ese fue el año en que Alberto Núñez Feijóo llegó a los despachos de la Xunta. Desde entonces, la calidad periodística —y la audiencia en los últimos meses también— no ha dejado de ir a peor.

Especialmente, desde el nuevo cambio legislativo de Alfonso Rueda, su Lei de Medios. Una norma que reforma el texto de 2011 y que le permitió elegir por mayoría absoluta y no cualificada a la directora xeral de la Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia, Concepción Pombo. El BNG y el PSOE, que presentaron más de sesenta enmiendas al proceso votaron en contra mientras que el único diputado de Democracia Ourensana se abstuvo.

El Colexio de Xornalistas de Galicia ha reiterado que la última estocada de la Xunta sobre los medios públicos “reduce la libertad de prensa, devalúa el trabajo periodístico, incumple las directrices europeas y rompe el consenso previo sobre los medios públicos en Galicia”

En esencia, el PP aprobó una ley en solitario para poder elegir en solitario el futuro de la radio y televisión públicas de Galicia. La norma también ha abierto la puerta al uso de lenguas diferentes al gallego: “Todo se hará en gallego, con excepción de que se trate de dar a conocer la identidad gallega fuera”. Todo ello, contradiciendo no solo la posición de los cuatro sindicatos presentes en el comité de empresa (CUT, CCOO, CIG y UXT), sino también la de una sociedad civil que presentó una iniciativa legislativa popular (ILP) firmada por más de 24.000 personas que reclamaba herramientas para limitar el control político del ente y que el Gobierno de Rueda todavía tiene en un cajón.

Pero el Partido Popular no solo no escucha a la ciudadanía y a los trabajadores y trabajadoras, tampoco lo hace con los audímetros: la Televisión de Galicia cayó hasta el 7,7% de ‘share’ en octubre, manteniéndose por debajo de las cifras de 2024, el peor año de su historia. En esa caída en picado, no han faltado los intentos frustrados de levantar la audiencia con despilfarros presupuestarios como los 839.772 euros que se gastaron en un programa del humorista de cabecera de Telemadrid, Miguel Lago, que fue un desastre de audiencia cayendo hasta menos del 3,5% de cuota de pantalla. O los siete millones que se dejó en los programas semanales de Land Rober por donde el Partido Popular pasea a sus altos cargos: Alfonso Rueda bailando bachata o Alberto Núñez Feijóo sentado en la cátedra de Juego de Tronos.

Con este telón de fondo, el Colexio de Xornalistas de Galicia ha reiterado en no pocas ocasiones que la última estocada de la Xunta sobre los medios públicos “reduce la libertad de prensa, devalúa el trabajo periodístico, incumple las directrices europeas y rompe el consenso previo sobre los medios públicos en Galicia”. Del mismo modo, los y las trabajadoras del ente han cumplido siete años de huelgas y manifestaciones semanales a las que la cadena y el Gobierno gallego hacen caso omiso. Es el caso de los ‘Venres negros’, una protesta que cada fin de semana durante los últimos 390 ha pedido incesantemente: “Menos manipulación y más servicio público. Menos propaganda y más servicio público. Menos vaciado de contenidos y más servicio público. Menos externalización y más servicio público”.

Àpunt vuelve a ser Canal 9: Toros para tapar las protestas a Mazón, tertulias con Toni Cantó y ocultación de imágenes del Cecopi de la dana

La manipulación más escandalosa de À Punt, la Radiotelevisión pública valenciana, se produjo el pasado 25 de octubre. Mientras que en la capital se manifestaban por doceava ocasión contra la gestión de la dana de Mazón, en el canal valenciano se emitía una corrida de Toros del año 1997 correspondiente a la feria de Fogueres d'Alacant. La decisión de ignorar uno de los acontecimientos informativos más relevantes para la sociedad valenciana —se produjo apenas diez días antes del anuncio de salida de Mazón—, fue la demostración palpable de que los cambios introducidos en el último año había supuesto la vuelta al fatídico modelo de Canal 9.

 “Por primera vez en À Punt, algunos trabajadores han tenido que recurrir a la cláusula de conciencia para negarse a cubrir noticias”, denuncian desde la asamblea de trabajadores.

La plantilla de À Punt, la Radiotelevisión pública valenciana, reunida en asamblea el pasado 8 de octubre, ya advertía en un comunicado conjunto sobre las maniobras para controlar políticamente la cadena. En su denuncia, hecha pública a través de un comunicado, explicaban que el primer cambio fue “el de la ley que ha convertido la radiotelevisión pública en correa de transmisión del Consell y que merma la autonomía de esta empresa, necesaria para dar un servicio público de calidad”. Esta reforma significó también la supresión del Consell de la Ciudadania y la suspensión temporal del Consell d'Informatius. Precisamente, denuncian que el nuevo reglamento de este órgano “ha eliminado toda la capacidad de decisión de la Redacción y ha borrado el ejercicio necesario de la transparencia. La falta de Consell d'Informatius ha impedido tener una voz para denunciar todos los cambios que se han producido estos meses”.

La asamblea relata las maniobras que ha seguido el equipo instaurado por Mazón, impulsado justo después de la catástrofe de la dana. Entre ellas, la de aprobar de forma precipitada un nuevo Libro de estilo con modificaciones sustanciales respecto a la línea editorial anterior. El libro elimina cualquier referencia a la violencia de género, incluso la niega, y no proporciona pautas para tratarla informativamente. Además, incorpora la cobertura de actos taurinos, a los que se opone parte de la plantilla por considerarlos maltrato animal: “Por primera vez en À Punt, algunos trabajadores han tenido que recurrir a la cláusula de conciencia para negarse a cubrir noticias”, denuncia el comunicado conjunto de la asamblea. En el mismo texto, denuncian que “dos trabajadoras ya han hecho uso de esta cláusula y han abandonado la casa por el cambio de la línea editorial, que atenta contra el servicio público de este medio”.

Los trabajadores de À Punt dicen sentirse “avergonzados de todo lo que ha pasado con el famoso vídeo del Cecopi. Sorprendentemente, la empresa ha decidido investigar la filtración de este vídeo a TVE y no las personas que decidieron no entregar las imágenes y el audio a la juez”, señalan. Cabe recordar que esas imágenes, ocultadas durante meses, han socavado la versión que Salomé Pradas, de momento principal acusada, sostuvo ante la jueza. “Reclamamos explicaciones y transparencia y exigimos responsabilidades a la anterior dirección de Informativos, que tomó la decisión de prohibir la utilización de ese audio, y a la actual, que lo ha perpetuado posteriormente; también lo reclamamos para la jefa del Departamento Jurídico por la gestión jurídica del caso”.

La asamblea recalca que “el viernes 19 de septiembre la juez emitió un auto demoledor contra la postura de la dirección de À Punt”. Además, denuncian que “a la redacción se la engañó diciendo que sí que se había enviado, y ahora ya estamos sufriendo la crisis reputacional ocasionada exclusivamente por la dirección. Queremos recordar que la plantilla no es la dirección y luchamos desde dentro para ayudar a denunciar todo lo que se hizo mal y se ha continuado haciendo en esta triste desgracia”

“Denunciamos también la manipulación en los informativos con noticias al dictado, que se hace extensible a otros programas de contenido informativo como es Va de bo, con información sesgada y poco seria que no ha tenido ninguna consecuencia interna en la dirección de este programa” afirman y citan dos ejemplos: “el lamentable vídeo sobre Diana Morant y Pedro Sánchez o las de acusaciones contra la organización de las protestas en la Vuelta Ciclista a España”. Es precisamente en esa tertulia, que ha alcanzado cifras récord, —por bajas, cercanas al 0% de share—, donde se ha hecho fuerte un viejo conocido de la política valenciana, Toni Cantó. Las víctimas de la dana también han denunciado en reiteradas ocasiones el tratamiento ofensivo que algunos colaboradores, como Pilar Losantos, de Ok Diario, les han dispensado.

En cuanto al uso del valenciano en À Punt, la plantilla critica que “el Libro de estilo abre la puerta a la incorporación del castellano de forma masiva en la radiotelevisión pública, en la que el valenciano ha dejado de ser la lengua vehicular, que es la razón de ser de este medio de comunicación. No sólo arrincona la lengua, sino que impone un valenciano coloquial, lejos del estándar, que debería ser nuestro registro, y no el “valenciano de la calle” del que habla el PP”.

En este sentido, insisten que el “Libro de estilo no tiene el visto bueno de la AVL (Acadèmia Valenciana de la Llengua). En este contexto la dirección de informativos está pasando por encima del departamento lingüístico, que es el que tiene la competencia en cuestiones de lengua, e incluso da directrices sobre palabras normativas que no quiere que se utilicen. Por otro lado, la incorporación de periodistas que no tienen el nivel mínimo de valenciano en determinadas ventanas lo deteriora aún más. Nos avergonzamos del deterioro que está sufriendo nuestra lengua, objeto de burla merecida en las redes sociales”.

Los trabajadores de la radiotelevisión pública valenciana concluyen que «todo lo que hemos expuesto dificulta nuestra labor para dar un servicio público y de calidad como el que merece la ciudadanía, pero queremos decir que no rehuiremos nuestro deber. Los trabajadores y trabajadoras de la web, las redes, la radio y la televisión públicas tenemos un compromiso con la sociedad valenciana. Hemos demostrado que a pesar de todo, somos profesionales, como se comprobó en la cobertura de la dana, y que podemos hacerlo bien; si no lo hacemos ahora es porque no nos dejan”.