Sanidad pública
Javier Padilla: “Con nuestra propuesta, para privatizar algo se va a tener que justificar por muchas vías”

Javier Padilla (Madrid, 1983), es secretario de Estado de Sanidad, mano derecha de la ministra, Mónica García. Pero, antes de eso es médico de familia. Ha estado mucho tiempo atendiendo a la población y por eso es consciente de la importancia del acceso universal a la sanidad. Y hoy está contento. Atiende a El Salto un día después de que el Consejo de Ministros anunciara un nuevo real decreto para volver a la universalidad, esa que se perdió con los recortes de Mariano Rajoy, con el Real Decreto 16/2002, que dejó sin acceso a la asistencia con cargo a fondos públicos de colectivos como las personas migrantes en situación irregular. El día de ayer, asegura, es el más importante para él en lo que va de legislatura. Le brota una sonrisa contagiosa cuando lo verbaliza. Se lamenta solo de que falta un ingrediente para cuadrar el guiso: los ascendentes reagrupados, personas mayores de 65 años que son traídos desde sus países de origen por sus hijos e hijas que cuentan con residencia en España, que deberán seguir gestionando un seguro médico.

Y es que el real decreto no puede llegar hasta ese punto, porque desarrolla una ley previa. Así, esta nueva norma es en realidad el desarrollo del Real Decreto-ley 7/2018 sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud. En 2018, el gobierno del PSOE, con el objetivo de acabar con el apartheid sanitario impuesto por Rajoy, sacó adelante esta ley que no consiguió dar con la tecla correcta y que no ha acabado con la exclusión sanitaria: el último informe de Médicos del Mundo ha documentado 30.000 casos de personas que no pueden acceder a la sanidad pública en 32 meses.

Para hacer pleno, Sanidad lucha por sacar adelante una nueva ley que ya entró en el Congreso pero que debe enfrentarse a una complicada aritmética parlamentaria. Había pues, que utilizar otra estrategia para ampliar el derecho a la sanidad de toda la población. Sobre la estrategia utilizada, y otros proyectos de ley de este ministerio, hablamos con Padilla en esta amplia entrevista que hemos dividido en bloques para facilitar su lectura.

Vuelta a la sanidad universal

La aprobación de este Real Decreto es un paso muy importante. Os ha costado casi tres años. ¿Qué ha ocurrido con el intento de sacarlo por ley? ¿Y por qué recurristéis a esa vía al principio?
Cuando nosotros llegamos había ya en la legislatura anterior una ley preparada que incluía varios aspectos. Para intentar facilitar su tramitación parlamentaria la desmembramos y juntamos solo lo referente a la atención universal. La llevamos al Consejo de Ministros y al Congreso de los Diputados. El problema está en que no conseguíamos arrancar el compromiso de los grupos parlamentarios para no hacer una enmienda a la totalidad. Esto, además, está claro que se ve contaminado con el auge que ha tenido, muy especialmente en este último año, todo lo que son las políticas migratorias, pero sobre todo las posiciones racistas por parte de algunas formaciones políticas. Sin renunciar a eso, porque nuestra idea sí que es poder tirarnos a la piscina para ver si hay agua en unos meses, vimos que había que intentar entonces otra vía. Había dos opciones posibles: una era derogar una resolución, que eran unas recomendaciones de un acuerdo del Consejo Interterritorial, donde se ponían cosas como que había que pedir una estancia mínima de 90 días para recibir asistencia sanitaria, que la finalidad del viaje a España no podía ser la recepción de servicios sanitarios, etc... pero eso solamente lo podíamos derogar por un acuerdo del Consejo Interterritorial, entonces estaríamos en las mismas. Nos quedaba esta opción que era el desarrollo reglamentario, agarrándonos a una disposición final del Real Decreto 7/ 2018 y que creo que básicamente da salida a todo lo que podemos dar salida con un real decreto que es mucho.

Se nos sigue quedando fuera un grupo muy concreto de población, los reagrupados ascendentes. Y ese es el motivo por el cual queremos intentar el tema de la ley para poder sacar justamente ese punto. Sí que es cierto que la ley de 2018 es una ley que en su ánimo es notablemente universalista, pero siempre se dice la frase de: haz tú la ley, déjame a mí los reglamentos y, claro, hay que hacerlos. 

Una de las cosas que creemos que falló es la ausencia de seguimiento de la aplicación. El punto siete de las recomendaciones que se firmaron por una resolución de la Directora General de Cartera de Farmacia, decía que se iba a constituir un grupo de seguimiento por parte de comunidades autónomas y colectivos sociales. Eso no se hizo. Sin embargo, ahora vamos a hacerlo. Hemos aprobado una orden ministerial de creación de una mesa para el seguimiento de la aplicación del Real Decreto con colectivos sociales, que pueden estar incluidos dentro de REDER (Red de Denuncia y Resistencia al Real Decreto 16/2012), pero también, y esto yo creo que es nuestro especial empeño, con colectivos de población migrante y además con las comunidades autónomas y con los diferentes órganos del Ministerio. Creemos que una aplicación correcta del real decreto, y para ello un seguimiento correcto de su aplicación, puede ser un cambio muy notable en la situación actual.

Las personas requerirán demostrar residencia en el territorio de una manera flexible. No será necesario el padrón. Podrán presentar otro tipo de facturas, informes de servicios sociales...
Y de trabajadores sociales de ONG de utilidad pública. Creo que esa es una de las cosas que marca diferencia.

¿Hemos vuelto, pues a la época previa a los recortes de Rajoy, cuando cualquiera podía ser atendido en la sanidad sin necesidad de demostrar nada?
Es que esa época en realidad existió muy poco. La universalidad plena en España duró ocho meses, en términos puramente jurídicos, que fue lo que separó la aprobación de la Ley 33/2011 General de Salud Pública y la aprobación del Real Decreto 16/ 2012, que creo que entró en vigor en agosto. El elemento fundamental de lo que ocurrió con Rajoy era que el sistema llevaba tiempo ampliándose, llegando a capas a las que no llegaba. Las últimas capas a las que no llegaba eran personas desempleadas que habían perdido ya derecho a cualquier tipo de prestación. Y entonces con eso ya se llegó. Y con Rajoy no solamente hubo una desuniversalización, sino un señalamiento totalmente descarado a un grupo de población. Fue la identificación clara y unívoca de colectivos como no merecedores de la asistencia sanitaria y además, gracias a su expulsión alegaban que iban a hacer sostenible el sistema. 

A ese respecto sí que creo que es importante decir que en términos de masa poblacional, durante este tiempo con los migrantes en situación irregular con dificultades de acceso, hemos seguido teniendo unas cifras de cobertura que eran muy buenas cuando uno miraba el porcentaje y lo comparaba con otros países. Pero es que aunque sean diez, estamos hablando de población en una situación de especial vulnerabilidad. Y luego, además, el concepto de que el derecho a la asistencia sanitaria es el derecho previo a poder tener otros derechos. Más allá del número de personas, lo que supone en términos conceptuales. Yo cuando tomé posesión del cargo de la Secretaría de Estado, una de las cosas que hice fue pedir perdón a las personas migrantes en situación irregular por el daño causado por la institución y el compromiso de que íbamos a trabajar para que de una manera u otra eso quedara restituido. Luego también ocurre en un momento muy singular, en un momento en el que esto, cuando lo cuentas fuera, parece una marcianada, porque son muy pocos países los que están en estas ¿no? Y esto lo notamos también cuando salimos fuera y nos reclaman desde diferentes ámbitos para que lideremos cosas que tienen que ver con migraciones. De hecho, en el segundo semestre vamos a albergar en España una escuela sobre salud y personas migrantes de la Organización Mundial de la Salud, que es un momento de especial singularidad y afortunadamente se acompaña de la medida de la regularización, que es infinitamente más importante que cualquier otra que podamos hacer segmentaria en cualquier punto concreto.

Decías que el carácter puramente universal había durado 11 meses. Yo creo que la cultura era otra y eso es lo que cambióRajoy. Antes era la cultura de la atención por encima de los papeles y ahora los papeles están por encima de la atención.
Sí, la cultura era otra. Es mucho más fácil cambiar el elemento cultural cuando consigues identificar a un grupo concreto de población al cual atribuir todos tus males. No hay más que ver cuáles han sido las respuestas de la derecha al nuevo real decreto. Yo cuando empecé esta legislatura, solía decir que me daba la sensación de que si volviéramos a 2012 el Partido Popular no habría tomado la misma decisión, porque me parecía que era una decisión que ni siquiera en ese momento apoyaban muchas comunidades del Partido Popular. Sin embargo, en estos dos años he de reconocer que me tengo que tragar mis palabras porque ha habido una modificación del discurso enorme. Ayer Abascal evidentemente salió diciendo la barbaridad racista de turno, que era lo que se podía esperar de él. Pero sin embargo, Núñez Feijóo también salió con una reacción tremendamente excluyente. Pero bueno, ahora lo que toca es que esto se empiece a aplicar y que se empiece a aplicar cuanto antes.

¿Y por qué demostrar la residencia con documentación? No creéis que simplemente con una declaración jurada firmada por las personas en las que aseguran que viven en el lugar sería suficiente?
Pues porque hicimos la consulta jurídica necesaria. La declaración responsable está regulada legalmente y en realidad para poder presentarla tienes que encontrarte en posesión de los documentos acreditativos de que lo que estás jurando es verdaderamente cierto. El Ministerio de Seguridad Social, que es el que tiene el expertise jurídico a ese respecto, nos decía que, habiendo puesto tal número de justificaciones, no les parecía que estuviera jurídicamente justificada la utilización de la declaración responsable en los términos en los que está regulada. Dicho esto, hay facturas de suministros que no requieren en absoluto empadronamiento ni nada que se le parezca. Y luego el haber podido incorporar a las trabajadoras sociales del ámbito de las organizaciones de utilidad pública, no solamente los ayuntamientos o las comunidades autónomas, sí que creemos que abre la puerta de manera notable. Dicho esto, si identificamos situaciones en las cuales con las medidas actualmente existentes no es suficiente, no habría ningún tipo de problema, o bien en abrirnos a hacer una modificación del real decreto para dar respuesta a eso, o en ver en qué ámbito de aplicación se puede hacer para que eso sí que quepa.

Durante la tramitación del Real Decreto 17/ 2018, una de las cosas que se escuchó mucho desde las organizaciones sociales es que dejaba abiertas muchas puertas que posteriormente iban a acabar siendo utilizadas por las comunidades autónomas que quisieran excluir, para excluir. Durante la tramitación nos hemos reunido en varias ocasiones con las organizaciones que durante estos 14 años han estado y están trabajando en materia de acceso contra la exclusión sanitaria. Y además, esto no termina aquí: hay que darle seguimiento. Yo creo que si hubiera habido ese seguimiento al Real Decreto de 2018, probablemente en la siguiente legislatura, que fue la legislatura de la pandemia, en la cual fue muy llamativo el valor de la universalidad, esto se podría haber quedado resuelto.

Para mí, el sentido más importante que puede tener estar en cualquier posición de la política sanitaria es trabajar por la universalidad del sistema

Entonces vamos en un camino universalista. Me comentabas que hay un colectivo que se queda fuera, que son los reagrupados, y para eso necesitamos una nueva ley, una nueva ley que se enfrenta a un bloqueo parlamentario. Si en la próxima legislatura continuáis en los cargos, vais a pelear hacia esa dirección. Entiendo.
Hombre, claro. Yo siempre lo he dicho. Para mí, el sentido más importante que puede tener estar en cualquier posición de la política sanitaria es trabajar por la universalidad del sistema. La universalidad del sistema es el elemento de posibilidad, tanto en términos de legitimidad social, como en términos de efectividad del sistema, como en términos de gestión eficiente del mismo, como en términos de justicia social. Y de hecho, eso es lo que justificaría que intentáramos, aún sin tener garantizado los apoyos, dar un paso adelante en el Congreso.

Ayuso y el registro de objetores de la ley del aborto

Vamos a hablar del aborto, habéis llevado a la Comunidad de Madrid ante los tribunales por incumplir la ley de libertad sexual en cuanto a la creación del registro de objetores. El Tribunal Supremo ha dicho que deben de comenzar los trámites de inmediato en la creación de este registro. El gobierno de Ayuso dice que eso es solo una medida cautelar y que no han entrado de fondo en vuestra demanda. ¿Qué les respondes?
Bueno, lo primero es que no se han leído el auto. Aunque está claro que esto es una medida cautelar, cabe pensar que va a estar alineada con el dictamen final dado el objeto del asunto. Además, en el día de ayer el propio Partido Popular en el Congreso vino a recomendarle a la Comunidad de Madrid que diera los pasos encaminados a la creación del registro del aborto. Así que básicamente le diría que ya estaban solos, pero es que ahora no les apoyan ni los suyos. Que lo creen, que se dejen de esta performance. La principal muestra de que ellos saben que no tienen razón, y que la justicia les obliga a crearlo, es que se apresurarán al nombramiento de los tres miembros del Comité Clínico [un órgano consultivo que confirma anomalías fetales para abortos realizados tras la semana 22] antes de la creación del registro de objetores, porque una de las cosas que está marcada en la ley es que no puede formar parte de los comités clínicos nadie que esté inscrito en el registro de objetores o lo haya estado en los tres años anteriores. A la Comunidad de Madrid le toca cumplir la ley con respecto al aborto, ellos mismos dijeron que querían ver qué era lo que decía la Justicia, pues ya han visto lo que dice la Justicia, no les queda otra.

También dicen que en Madrid la ley se cumple, que se practican abortos, pero se practican menos del 0,5% en la pública.
La ley yo creo que conviene no leerla como a cada uno le convenga. La ley dice, en efecto, que la interrupción voluntaria del embarazo se tiene que practicar en centros públicos o acreditados. Pero también dice que de manera prioritaria hay que garantizar la prestación en centros públicos. Nosotros este año hemos sacado el primer informe sobre la evolución de la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo en centros públicos en el Sistema Nacional de Salud. Durante la última década hemos visto como comunidades de muy distinto signo político están llevando a cabo la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo en centros públicos. A la cabeza tenemos a comunidades tan poco sospechosas de ser fanáticas pro aborto como Cantabria o Galicia. También tenemos otras comunidades como Navarra o como Cataluña. Esto es algo que creo que muestra que hay que intentar empujar a ese respecto porque hay muestra de la pluralidad política.

El Ministerio de Sanidad es competente de manera directa en la prestación de la asistencia sanitaria en Ceuta y Melilla. En su día no se había hecho un aborto en centros públicos desde que hay registros. Desde el mes de diciembre, se han empezado a hacer interrupciones del embarazo en centros públicos. Mérito total y absoluto del equipo directivo de Ceuta y de las trabajadoras ginecólogas y matronas del hospital que lo han tomado como un proyecto ilusionante para poder dar un servicio a una población que hasta ahora tenía que trasladarse a la península para hacer una interrupción voluntaria embarazo. Lo cual es una barbaridad.

¿Por qué es útil tener un registro de objetores? ¿Es una lista negra, como dice Ayuso?
Es una lista privada. Lo primero. Esto es importante decirlo. Lo segundo, creo que para quien es más útil es para los objetores. Porque yo creo que la existencia de un registro una de las cosas que hace es darle seguridad jurídica en el ejercicio de un derecho que ellos tienen, que es el de objetor de conciencia.

El registro de objetores no es una lista negra, es una herramienta de gestión, pero también es una herramienta que confiere seguridad jurídica a los profesionales que realizan la objeción

Y luego también, sin ningún tipo de lugar a dudas, tiene que ser, y para eso está concebido, útil para la Administración, para gestionar. Si yo tengo un centro sanitario en el cual sé que absolutamente todos los profesionales que están ahí son objetores de conciencia, tengo que tener herramientas de gestión para poder garantizar que eso no se interpone, como dice la ley, entre el derecho de las mujeres y la realización de esa prestación. No es una lista negra, es una herramienta de gestión, pero también es una herramienta que confiere seguridad jurídica a los profesionales que realizan la objeción.

Y esto ya se ha visto en la eutanasia. El problema de la objeción de conciencia es que en el ámbito del aborto, más que regulada, estaba desregulada. La gente podía objetar más o menos como quisiera, sin que hubiera un registro en ningún lugar. Cuando se hizo la ley de eutanasia, todo el mundo era muy consciente de que el modelo del aborto no era un modelo válido. Y entonces se hizo creando desde el primer momento los registros de objetores. Todas las comunidades crearon los registros de objetores, sin que eso fuera ningún tipo de problema, incluida la Comunidad de Madrid. Y ahora cuando han tenido que hacerlo con el aborto es cuando se han revuelto. No tiene sentido. Con la eutanasia no está generando ningún tipo de problema. Y en otras comunidades autónomas, donde lleva muchos años creado, tampoco está creando ningún tipo de problema.

Yo creo que algo hay de cruzada contra el feminismo de fondo.
Esto está clarísimo, es una lucha total y absoluta contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y además es el lugar para intentar escenificar la deriva más ultra de un gobierno ya de por sí bastante ultra.

Proyecto de ley que limita la privatización sanitaria

Vamos con la gestión pública, que ahí tenéis otro frente abierto. Habéis sacado adelante un proyecto de ley que limita las formas de gestión. ¿Por qué limitar y no prohibir?
Pues básicamente podemos decir que la ley ha sido escrita en un desfiladero que está rodeado por dos colinas. Y esas dos colinas son la Directiva Europea en materia de contratación que está transpuesta en la ley de contratos del sector público en nuestro país. Y la otra colina sería el marco competencial de las comunidades autónomas. Yo puedo garantizar una cosa de esta ley y es que es la primera vez que se pone encima de la mesa y que va a ir al Congreso de los Diputados un texto normativo en favor de la gestión pública, que es a la vez solvente política y jurídicamente, no invade en absoluto las competencias de las comunidades autónomas, para que no sea tumbada en el Constitucional, y a la vez no incumple las obligaciones en materia de contratación pública que tenemos. Sí que podemos decir que hemos prohibido lo que podíamos prohibir, que es el modelo PFI, que lo que hace es vincular los contratos de concesión de obra a unas empresas a la concesión  también de los servicios del hospital. Ese es el modelo Esperanza Aguirre por antonomasia.

Con respecto a los otros elementos, lo que se hace es establecer, digamos, una serie de incentivos negativos, por decirlo en la terminología económica, que básicamente son trabas a la contratación por la vía privada. Se añaden muchos elementos de transparencia, rendición de cuentas, una fiscalización previa que incorpora además a la sociedad civil y a los profesionales en unos órganos de evaluación. Y, bueno, yo no suelo ser muy fan de decir que para saber lo que pensar de una cosa no tienes más que mirar a lo que dicen los que están al otro lado, pero sí que es verdad que la reacción que se ha llevado a cabo por parte de la sanidad privada a mí me parece hasta desmesurada. Algunas veces decimos que ojalá hiciéramos lo que dice la derecha que hacemos...

Lo que queremos es que no sea posible que cuando hay un incremento de las necesidades, la primera respuesta de la institución pública sea la de la externalización. Yo entiendo que si estoy gestionando un área de salud y de repente un año tengo un incremento de 300 resonancias magnéticas, para 300 resonancias magnéticas no tengo la capacidad y sería además un despilfarro si es una necesidad coyuntural, comprar un nuevo aparato de resonancia magnética para para dar respuesta a eso. Pero en el caso de que acudas a la gestión indirecta, primero vas a tener que pasar unos informes y por un comité de evaluación que te va a decir si verdaderamente eso lo puedes hacer o no lo puedes hacer. Segundo, vas a tener que justificar qué es lo que vas a hacer para que si eso es una necesidad estructural no se vaya a cronificar. Porque una de las cosas en las que hemos puesto el foco es que no solamente la ley pretende limitar los conciertos, sino que también pretende acabar con la cronificación de conciertos. Al final das una respuesta coyuntural a problemas estructurales. Entonces, en el caso de que tú veas que hoy necesitas 300, el año que viene otros 300 y al año siguiente otros tantos, ya son 900. Entonces, planificas la compra de tu aparato de resonancia magnética y le das respuesta.

Hemos hecho esto en Ceuta. Hasta hace seis meses se estaban externalizando las pruebas de resonancia magnética. Nosotros vimos que teníamos músculo económico para comprar un aparato de resonancia magnética que diera salida a las necesidades que teníamos y teníamos los profesionales para ello. Tuvimos un recurso judicial de las clínicas que hacían las resonancias magnéticas y tuvieron que ir a juicio nuestros compañeros de Ceuta. Lo pasaron por la vía del defecto de forma, pero básicamente lo que pasaba es que se les estaba acabando el negocio. Y ahora lo que hemos visto es que con un aparato no nos sirve para dar cabida a la totalidad de las necesidades existente y durante el año que viene se va a adquirir un nuevo aparato de resonancia magnética.

Básicamente es eso, es lo público por defecto. En los casos excepcionales en los que se haya que acudir a la gestión indirecta van a tener que justificarlo por muchas vías que lo va a hacer más difícil que hacer la prestación de manera directa.

 Yo lo que quiero hacer es una ley de gestión pública que no vaya a ser tumbada. Y si se tumba, que sea el Congreso, no unos jueces

Hay otros modelos para la gestión indirecta de hospitales, no solo el PFI. Por ejemplo, el modelo PPP en el que la empresa gestiona los servicios sanitarios y no se encarga de la obra. ¿Por qué no se prohíben también esos otros modelos?
Porque la prohibición de esos modelos choca con la directiva europea en esa materia. No te engaño, lo primero que miramos fue cuáles eran las cosas que podían prohibirse. Pero claro, yo lo que quiero hacer es una ley que no vaya a ser tumbada. Y si se tumba, que sea el Congreso, no unos jueces. Por que además creo que desde la izquierda tenemos que dar el ejemplo de que somos perfectamente capaces de trasladar el espíritu del lema que llevamos en la pancarta a su traducción al Boletín Oficial del Estado.

Ahora bien, cuando se revise la directiva sobre contratos en Europa este sería uno de los temas en los que habría que incidir de manera muy notable, porque suponen hipotecas, no solo en el ámbito sanitario, en el ámbito concesional, en servicios que son fundamentales, desde carreteras de peaje hasta otro tipo de recursos en materia de transportes.

Buscáis dar viabilidad jurídica a la norma. Y también entiendo que un acuerdo con el socio de gobierno, porque el PSOE sí que se ha mostrado partidario de la colaboración público-privada. 
Sí, pero las leyes a veces también salen por ventanas de oportunidad que se abren delante de nosotros. Aquí es muy evidente cuál ha sido la ventana de oportunidad, todo lo ocurrido en Torrejón. Yo sí que he de decir que las mayores dificultades que hemos tenido con el socio de Gobierno a este respecto ha sido en delimitar de manera muy clara la no invasión competencial con las comunidades autónomas, porque respecto a la limitación estaba bastante más clara en lo que eran los choques con la directiva a nivel europeo. Sí que está claro que el Partido Socialista siempre se ha mostrado más conservador a este respecto y de hecho sigue habiendo filiales del partido que se muestran aún más. Pero sí que he de decir que el anteproyecto de ley no lo ha aprobado Sanidad, lo aprobó el Gobierno y es un anteproyecto de ley que yo puedo defender sin que se me caiga la cara de vergüenza, sino con todo el orgullo. De hecho, una de las cosas que teníamos muy claro era que nosotros no íbamos a salir adelante con un anteproyecto que no pudiéramos defender de manera orgullosa. Nosotros no queríamos, sabiendo que es un texto con todas las dificultades parlamentarias, llegar con un texto totalmente rebajado y recortado. En absoluto. Y creo que sí que es verdad que el caso de Torrejón abrió una ventana de oportunidad y ya estamos trabajando con la velocidad de crucero para que salga adelante. Ya se ha acabado el tiempo de alegaciones y de información pública. Estamos recopilando todos los informes, revisando las alegaciones, para cuanto antes posible darle la tramitación ya fuera de nuestro Ministerio, a Función Pública y al Consejo de Estado, que son los que tienen que poner el lazo al texto.

¿Se puede abrir esa ventana de oportunidad en el Congreso?
Yo tampoco soy iluso, creo que de todas las leyes que tenemos, esta es una de las que está en el centro del debate político de manera muy importante. Ahora bien, nuestro compromiso es que esto vaya al Congreso y que ahí cada cual tenga que votar y que si después de votar en contra surge el escándalo de turno con el régimen concesional de turno, que cada uno tenga que responsabilizarse de cuáles son las cosas que ha votado. Tengo la convicción de que este es el texto que va a servir de base para cuando se apruebe definitivamente, porque las ventanas que se cierran luego se vuelven a abrir.

Estatuto Marco y huelga de médicos

Vamos a pasar a otro tema, el nuevo Estatuto Marco, un estatuto que llevaba la friolera de 23 años sin actualizarse. Habéis llegado a un acuerdo tras duros meses de negociación. ¿Estáis satisfechas?

A mí me parece que el acuerdo al que se ha llegado con los cuatro sindicatos que lo han firmado del ámbito de negociación, SATSE, CCOO, UGT y CSIF, es un acuerdo muy positivo para los profesionales sanitarios, para los pacientes, para el sistema en su conjunto y para la sociedad. 23 años sin actualizar, sin renovar y sin ampliar los derechos de los profesionales sanitarios del Sistema Nacional de Salud, es una barbaridad. Nada satisface a 23 años de parálisis legislativa, porque las expectativas que se generan a ese respecto siempre son infinitas. Lo que ocurre es que lo mejor no puede ser enemigo de lo bueno. A este respecto, los avances son innombrables y también nosotros tenemos que tener un compromiso de que vaya también con nuestras contrapartes de los servicios regionales de salud. Nosotros no podemos hacer un Estatuto Marco que sea imposible. Nosotros tenemos que hacer un Estatuto Marco que sea posible y habilitar los ámbitos de transitoriedad para que los diferentes servicios autonómicos se vayan ajustando.

Cada una de las medidas que van en el Estatuto Marco, si se hubieran aprobado de manera independiente, habrían sido tremendamente celebradas

Cada una de las medidas que van en el Estatuto Marco, si se hubieran aprobado de manera independiente, habrían sido tremendamente celebradas. Yo creo que una propuesta de ley que simplemente dijera que el día que tienes guardia no tienes que trabajar las ocho horas de la mañana, habría sido celebrada. Una propuesta de ley que hubiera dicho simplemente que ningún servicio de salud puede pedirte que devuelvas las horas de descanso del saliente de la guardia, habría sido celebrada. Que bajar tres horas semanales el cómputo cuatrimestral del número de horas de guardia habría sido celebrado. Que hacer que la temporalidad prácticamente desaparezca con ofertas públicas de empleo cada dos años, habría sido celebrado. Creo que hay que facilitar que salga adelante. Ahora mismo estamos trabajando para que pase ya la primera vuelta del Consejo de Ministros, a la par que seguimos hablando con el sindicato corporativo médico para intentar alumbrar una salida a la situación existente.

Hay algunos colectivos médicos que se han descolgado y que están en huelga. Piden un estatuto marco propio. 

Bueno, en la última reclamación que nos hacían ahí ya no estaba presente esa petición. Ahí ya hablaban simplemente de tener una representación para la negociación que fuera independiente.

Yo creo están en todo su derecho, evidentemente, de hacer las reivindicaciones que quieran llevar a cabo. Nosotros siempre defendemos que hay vías para quien quiera proponer un estatuto propio, la Iniciativa Legislativa Popular, la proposición de ley que venga de un parlamento autonómico para elevarla al Congreso o la proposición de ley en el Congreso por parte de un grupo parlamentario, pero que nosotros tenemos que dar respuesta al conjunto del sistema. Además, como lo entendemos, que es un sistema que cada vez trabaja de manera más integrada y donde tenemos que dar una respuesta común a todo el mundo, garantizando sus particularidades. Por ejemplo, no piden las enfermeras un estatuto propio porque sean el colectivo que trabaja de manera mayoritaria por turnos y donde, por ejemplo, no estaban reflejadas hasta ahora la exención de turno de noche en personas mayores de 55 años. Pero han conseguido que eso se incluya en el Estatuto Marco.

Hemos propuesto, y hemos planteado en el acuerdo, un capítulo específico para las singularidades de los profesionales que trabajan con un modelo de guardias. Pues ahí ha quedado también reflejado. Nosotros creemos que el Estatuto Marco puede ser la casa común normativa de todos los profesionales del Sistema Nacional de Salud y vamos a seguir defendiéndolo. Planteando también, porque eso sí que lo hemos planteado, posibilidades para dar cabida a las particularidades también de las singularidades profesionales en el ámbito de la negociación. Nosotros ya planteamos que el Estatuto Básico del Empleado Público permite la creación de mesas técnicas por categorías. Y esa es una oferta que ha estado encima de la mesa, está encima de la mesa y va a estar encima de la mesa en todo momento.

No hay absolutamente ninguna reivindicación de los médicos que no pueda estar representada en el estatuto marco común

¿Por qué consideráis que un estatuto médico fragmenta y no contribuye al común?
Porque creo que parte de la idea de pensar que los médicos son una profesión aparte, segmentada del conjunto del funcionamiento del sistema sanitario. No hay absolutamente ninguna reivindicación de los médicos que no pueda estar representada en el estatuto médico marco común. De hecho creo que el posicionamiento de la gran mayoría de las fuerzas políticas muestra que la fragmentación de la negociación sindical rara vez ha llevado a una ganancia de derechos. Esto no es una cosa solamente de los médicos. Esto es pura historia del sindicalismo y de los derechos laborales. La fragmentación de la negociación sindical muy difícilmente puede llevarte a una ganancia de derechos. Pensado desde la perspectiva de ganancia de derechos, nos parece que es mucho más favorable también la generación de una masa crítica en un estatuto marco común que la fragmentación. 

Otra de las cosas que piden los sindicatos que se han descolgado es la desaparición de las guardias. ¿Eso se puede hacer con un Estatuto Marco?
Por poder, el papel lo aguanta todo. Está claro que el sistema ahora mismo no puede aguantar una desaparición de las guardias. En absoluto. Lo que nosotros hemos dicho es rebajar a 17 horas como máximo. Poner expresamente en el Estatuto Marco la posibilidad de que los servicios regionales de salud puedan avanzar hacia modelo de turnos y hacia una menor dependencia del sistema de guardias. Pero esto es un elemento que a día de hoy recae en las unidades de gestión. Hay hospitales que ya no están trabajando con modelos de guardia, por ejemplo, el Hospital Infanta Leonor en la Comunidad de Madrid. Los servicios de urgencias no funcionan con guardias, funcionan con turnos de 12 horas. El otro día leí una entrevista al consejero vasco que decía que en los grandes hospitales tenían el número suficiente de médicos como para acabar con la guardia de 24 horas. Lo pueden hacer mañana. La legislación existente no se lo prohíbe en absoluto. El Sindicato Médico del Principado de Asturias ha llegado a un acuerdo con el Gobierno del Principado de Asturias, también para limitar el número de horas de la guardia.

Yo creo que es un signo de notable impotencia el pensar que todo, absolutamente todo, tiene que solucionarse en el punto más alto de la jerarquía institucional, por decirlo de alguna manera, cuando en general lo que ocurre en nuestro ordenamiento jurídico es que el punto más alto lo que tiene que hacer es representar normas en las cuales quepan todo lo que tenemos abajo. Cuanto más intensa sea la negociación con las comunidades autónomas y más se vaya acotando todo lo que tiene que ver con la duración de las guardias, la presencia de turnos, etc, más fácil va a ser que el Estatuto Marco sea un marco cada vez más adecuado a la posibilidad de las comunidades.

Pero si el marco es amplio, esto tampoco beneficia.
Pero estamos hablando de pasar de guardias de 24 horas, a guardia de 17 horas, ya que solamente podrían hacerse guardias de 24 horas en lugares de difícil cobertura de fin de semana, siempre y cuando se cumplieran tres criterios que son la voluntariedad del profesional, el informe favorable del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y que haya sido previamente negociado en la Mesa Sectorial. No estamos hablando de cualquier cosa. 

¿Ya no es como marca el actual, por necesidades del servicio?
Se ha eliminado cualquier referencia a necesidad del servicio. Ojalá cualquier cambio en los derechos laborales tuviera que pasar por esos tres filtros para poderse llevar a cabo. Pero es que además, si lo pensamos, estamos hablando de una reducción de casi un tercio de la duración de la guardia, pero no solamente de un tercio, sino que si ahora mismo una persona trabajaba desde las 08:00 hasta las 08:00 del día siguiente, tenía el saliente de descanso. El saliente podía ser reclamado por el servicio de salud con la legislación actualmente existente. Nosotros lo que decimos ahora es que de 24 horas más ocho horas de saliente solo trabajas 17 y las otras 14 no sean exigibles de ninguna manera porque computen dentro del cómputo del horario laboral.

El precio de los medicamentos

Te voy a hacer una pregunta que creo que que no se ha hablado mucho de ello, pero me parece importante. Como sabes, cuando el Ministerio de Sanidad negocia el precio de un medicamento con una farmacéutica, los precios son secretos, no trascienden. Hay colectivos y hay plataformas como Civio que están batallando para que haya transparencia y tengamos acceso a esos precios. Ahora mismo hay varios procesos judiciales abiertos. La anterior ministra de Sanidad recurrió una decisión del Consejo de Transparencia que decía que teníamos derecho a conocer eso. ¿Qué opina el actual Ministerio de Sanidad?
Y nosotros nos inhibimos en el recurso, porque considerábamos que si los tribunales estaban fallando en un sentido, lo que no tenía sentido era que nosotros simplemente actuáramos de parte, intentando dilatar una decisión que parecía que que iba a ser así. Sí que es verdad que posteriormente los tribunales fallaron en el sentido contrario.

El tema de la transparencia de precios a mí me parece que es de los temas más apasionantes que tenemos aquí entre manos técnicamente en el Ministerio. 

Tenemos el elemento de coyuntura geopolítica. Hace unos meses Donald Trump decía que van a obligar a las farmacéuticas a fijar el precio que sea el precio más bajo de los países del G7, más Dinamarca y Suiza. Nosotros no estamos dentro, pero hay países del G7 que fijan sus precios en función del nuestro. En ese contexto, que es lo que se llama la cláusula de la nación más favorecida, nos encontramos aquí con que de repente las compañías farmacéuticas empiezan a sentir la necesidad de plantearse que si todo sigue así, van a tener que retrasar su comercialización en los países de Europa, especialmente en los países en los que se paga un precio más bajo, porque no quieren llegar a un acuerdo de precio que pueda repercutir negativamente en su principal mercado, que es Estados Unidos. Todo esto básicamente es Estados Unidos delegando su política farmacéutica de fijación de precios en los países de Europa.

Entonces, a nosotros como institución se nos plantea una situación bastante complicada. Yo creo que hay que avanzar en materia de transparencia. Hemos publicado los datos propios sobre retraso en los tiempos de la aprobación por parte de la Agencia de la Comisión Europea y la financiación en España. Estamos sacando fichas sobre cuáles son los criterios por los cuales se financian los medicamentos cada vez que hay una comisión de precio de medicamento. Estamos trabajando también en el Real Decreto de Evaluación de Tecnologías para que las empresas farmacéuticas tengan que darnos información sobre de dónde han recibido las vías de financiación y cuáles son los costes en el desarrollo y en la producción de los medicamentos. Son elementos fundamentales en los cuales creo que estamos avanzando, pero como institución tenemos que responder a una pregunta y es: ¿la publicación del precio neto puede poner en riesgo el abastecimiento de medicamentos en mi país?. Pueden entrar en choque dos derechos y que tenemos que tomar acciones para ver si tenemos que priorizar uno u otro, que es el derecho al conocimiento de la información y la transparencia y el derecho en el acceso a los medicamentos innovadores. Y el problema para esa respuesta es que no hay una evidencia científica disponible suficiente como para garantizarnos que el efecto de la transparencia de precios es neutro, por decirlo de alguna manera, que los efectos positivos de una mayor transparencia compensan las posibilidades en I+D. De lo que hay bastante más evidencia es de que la transparencia de precio neto sí que repercute negativamente en las inversiones en más de un país y en la disponibilidad.

A mí no me duelen prendas en decir que nosotros en el texto de la Ley del Medicamento vamos a avanzar en materia de transparencia, pero vamos a proteger el precio neto

Entonces, ante esta situación, a mí no me duelen prendas en decir que nosotros en el texto de la Ley del Medicamento vamos a avanzar en materia de transparencia, pero vamos a proteger el precio neto porque no podemos garantizar que eso no vaya a suponer que el nuevo medicamento para la piel de mariposa no lo vayan a comercializar en España porque van a esperar a fijar precio en Alemania y en Francia para condicionar el precio estadounidense. Y unos meses después, cuando aquí ya no les importe tanto un posible efecto cascada con otros países en la fijación de precio, entonces ya vamos a España.

Yo creo que España tiene el volumen suficiente y la estructura del sistema como para que podamos pensar que estamos pagando por los medicamentos un precio más barato que lo que puedan estar pagando otros países, aunque no son precios públicos, pero sí que tenemos datos indirectos para pensar eso. Pero también tenemos un sistema como para intentar aspirar a no ser un país, digamos, de segunda línea en la incorporación de medicamentos innovadores, especialmente cuando estamos viendo que hay medicamentos innovadores que merece mucho la pena. Ya no estamos donde hace unos años, donde la mayoría de los medicamentos que se generaban no aportaban prácticamente nada en innovaciones terapéuticas. La era de los biológicos, de las terapias celulares avanzadas, está logrando unas mejoras en la cronificación de procesos tumorales, en la curación de tumores infantiles. Si a mí alguien me da los datos suficientes como para decir que transparencia pura en precio neto no repercute negativamente en acceso a medicamentos, al día siguiente lo abrazamos.

¿Estamos pagando precios justos?
¿Qué es el precio justo? Porque para saber si estamos pagando precio justo, una de las cosas que tenemos que saber es cuánto está costando el desarrollo de un medicamento. Entonces, yo creo que nosotros a ese respecto sí que estamos avanzando en dar pasos en el conocimiento de cuál es ese precio. Pero por ejemplo, te diría más, hay que empezar a incorporar otras cosas. A mí me parece que merece la pena, por ejemplo, por un medicamento pagar un poco más o un poco menos en función de cuál sea su impacto medioambiental. Si han conseguido un proceso de fabricación neutro en emisiones de carbono, me parece que eso es una cosa que tenemos que considerarla en el precio sin ningún tipo de duda. Pero en el momento en el que estamos, especialmente también después de la pandemia y muy especialmente en el contexto en el que estamos con lo que está pasando en Irán, creo que, por ejemplo, si esa empresa tiene instaladas capacidades de producción en Europa, es una cosa que tenemos que considerar porque nos está protegiendo frente a situaciones de desabastecimiento, más allá de lo que supone en términos de actividad económica.

Yo creo que estamos dando los pasos correctos para saber si estamos pagando un precio justo, pero es difícil saber si lo estamos pagando o no. Sí que creo que en términos globales, el mercado de acceso al medicamento no es en absoluto justo, porque nosotros estamos pagando lo que podemos pagar. Hay muchos países en los cuales no se está pagando lo que se puede pagar. Recientemente hemos financiado la profilaxis de exposición inyectable de acción prolongada para prevenir la transmisión del VIH. Nosotros hemos conseguido integrarla aquí, pero donde esto verdaderamente cambiaría la historia global de la enfermedad es en los países de rentas bajas. Y sobre todo, diría casi incluso de rentas medias. Los países de rentas bajas, parece ser que por acuerdos de licencia voluntaria, van a acabar llegando a acuerdos con las farmacéuticas y los diferentes agentes multilaterales que están trabajando a ese respecto. Pero los países de rentas medias no. Creo que ahí sí que podemos decir sin ningún tipo de duda que no estamos desarrollando un sistema de acceso justo a los medicamentos.

Te preguntaba también esto por el tema de los genéricos, que es otra de las cosas que impulsa la Ley del Medicamento y en la que aseguras que uno de los objetivos es que se reduzcan los precios de los genéricos porque los pagamos muy caro y sobre todo en relación con otros países de Europa.
Porque hay que entender que el medicamento genérico te baja el precio en tanto en cuanto consigas vender mucho medicamento genérico. ¿Cuál es el problema? Que en España no hay medidas que vayan encaminadas a la promoción del medicamento genérico. En Estados Unidos el 90% de los medicamentos fuera de patentes son medicamentos genéricos. Y aquí en España estamos en un 45 o 50%. Depende de los lugares. No hay mecanismos que fuercen la bajada. Y el mecanismo de precios que vamos a implantar obliga a que haya una bajada ligada al volumen de compra, también para las comunidades autónomas. Yo creo que ya quedó atrás la época de los recelos con los medicamentos genéricos. Ahora mismo cualquiera abre el botiquín de casa y se encuentra marcas de medicamentos genéricos totalmente integradas en su cotidianidad. Esa confianza en los medicamentos genéricos hay que trasladarla a nuestra factura farmacéutica. No tiene sentido pagar dos por lo que podemos pagar medio. Lo que ocurre es que para pagar medio necesitamos que ese medio tenga un 70% de cuota de mercado y no un 30. Hay que avanzar en ese sentido.

Balance

Para ir finalizando, se avecinan elecciones y si los números lo permiten y con la configuración del nuevo gobierno conserváis esta cartera en vuestro poder. De todo lo que hemos hablado, ¿en qué línea creéis que es prioritario seguir trabajando?
Yo creo que, con un equilibrio parlamentario como el de la legislatura anterior, la ley de universalidad y la de gestión pública tendrían una vía mucho más acelerada, sin ningún tipo de lugar a dudas. Una de las cosas que tendríamos que intentar, si no saliera durante ésta que trabajamos para que salga, es el Estatuto Marco. No podemos seguirle sumando años a un Estatuto Marco de 23 años. Así que yo creo que esa es una de las prioridades. He de decir, que no lo hemos comentado, que hemos abierto una vía para modificar todo lo que tiene que ver con las guardias de unos profesionales del sistema que son fundamentales, pero que no son estatutarios, no se rigen por el Estatuto Marco, que son los profesionales en formación, los MIR, PIR, etc, que además se regula por la vía del Real Decreto, por lo cual no necesita convalidación parlamentaria. Así que sí que creemos que en unos meses vamos a poder aprobar la eliminación de las guardias de 24 horas en el personal en formación sanitaria especializada.

Poder sacar pecho de un sistema que se universaliza e intentar reparar una herida que se abrió en 2012 es lo mejor que puede hacer alguien que esté en este despacho