Sanidad
Cómo acabar con la privatización sanitaria tras el escándalo del Hospital de Torrejón

De ser excepcional a una práctica estructural. La ministra de Sanidad, Mónica García, presentaba este martes un informe que refleja esta realidad: en España hay 472 hospitales operando en el Sistema Nacional de Salud (SNS) y el 30,7% (145) está en manos privadas, esto es uno de cada tres. Ese mismo día, y tras el escándalo por las grabaciones registradas en el Hospital de Torrejón, informaba de que el ministerio preparaba una ley para “acotar”, que no prohibir, la colaboración-público privada.

Una propuesta de norma, llamada Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, que no es nueva: en mayo de 2024 salía a consulta pública una escueta ficha con un esbozo de su contenido. 

Colectivos consultados para este reportaje piden una ley contundente que realmente blinde la sanidad pública frente al lucro privado. Los datos del informe del ministerio indican que el número de hospitales privados integrados en el SNS ha aumentado un 36,8 % en la última década (de 106 en 2011 a 145 en 2023) y, en consecuencia, el gasto total en hospitales privados pertenecientes al SNS se incrementó un 84,6 % entre 2011 y 2023, alcanzando los 4,8 mil millones de euros.

¿Limitar o prohibir?

El pasado 3 de diciembre El País publicó una conversación del CEO de Ribera Salud, que gestiona el Hospital público de Torrejón, que demuestra que emitió órdenes para rechazar pacientes con el fin de ganar más dinero. Y, pese al escándalo desatado, para Vicente Losada, portavoz de la Auditaría Ciudadana de la Deuda en Sanidad (Audita Sanidad), estamos ante unas declaraciones “esperables”. “A estas alturas de la película no creo que a nadie se le escape que la prioridad número uno de una empresa privada, que está gestionando un hospital, es la obtención de beneficio. En las declaraciones del CEO de Ribera Salud hay una coherencia máxima. Lo que no se acaba de entender es que haya gente que se haya rasgado las vestiduras, son coherentes con la filosofía del libre mercado y la justificación de una empresa que es la obtención del beneficio”, expresa.

Por eso, desde su organización piden contundencia en la nueva ley prometida por el Ministerio de Sanidad, cuyo primer objetivo es la limitación de la gestión de los servicios sanitarios públicos por parte de entes privados con ánimo de lucro, tal y como se lee en el borrador que salió a consulta pública. Para Losada, esto es “insuficiente”. “No parece que la intención sea erradicar la privatización del sistema sanitario, sino delimitar. Pero el sistema sanitario público tiene que ser 100% público. Nosotros pedimos que se erradique el rastros de la privatización sanitaria y que se impida la participación del sector privado en el público”, expresa.

Carmen Esbrí, portavoz de la Asociación Mareas Blancas, habla de una ley que, si no tiene contundencia, “puede ser inútil”. Desde su asociación avisan de que cualquier “excepcionalidad” para lo privado puede ser utilizado como una ventana para el negocio

Carmen Esbrí, portavoz de la Asociación Mareas Blancas, habla de una ley que, si no tiene contundencia, “puede ser inútil”. Desde su asociación avisan de que cualquier “excepcionalidad” para lo privado puede ser utilizado como una ventana para el negocio. Y es que la propuesta se restringe a acotar la intervención de entidades con ánimo de lucro. Pero, ¿qué ocurre con las entidades sin ánimo de lucro?

Desde Mareas Blancas proponen “reflexionar sobre el modismo balsámico” en cuanto a lo que se define por entidades sin ánimo de lucro ya que “su falsa concepción” con “elementos lucrativos de parte” hacen que se diluya “el único objetivo del servicio sanitario público“, ”erradicando caridad y beneficencia , y apostando por ejerciendo derechos”. Señalan también al riesgo de que se cuelen “supuestas cooperativas” que son realmente “empresas de lógicas privadas que desdibujan lo verdaderamente público”.

Derogar la ley 15/97, pero no solo

Mónica García ha explicado que la nueva norma incluirá la derogación de la Ley sobre Habilitación de Nuevas Formas de Gestión del Sistema Nacional de Salud, la famosa Ley 15/1997, que abrió la puerta a la privatización de servicios y que fue refrendada en el Congreso por todos los grupos parlamentarios (incluido el partido socialista), a excepción de IU y BNG.

Además de la derogación de la Ley 15/97, desde Audita Sanidad piden la eliminación de tres artículos de la Ley 14/1986 que abrieron la puerta para que los hospitales privados pudieran entrar en el sistema público de manera excepcional

Desde Audita Sanidad piden retroceder un poco más, hasta la Ley 14/1986 General de Sanidad, que en sus artículos 66 y 67 hacen referencia a la vinculación de los hospitales privados al SNS. Así, el punto 1 del artículo 66 establece que los hospitales generales del sector privado que lo soliciten serán vinculados al Sistema Nacional de Salud “cuando las necesidades asistenciales lo justifiquen y si las disponibilidades económicas del sector público lo permiten”. Por su parte, el punto 1 del artículo 67 establece que “la vinculación a la red pública de los hospitales a que se refiere el artículo anterior se realizará mediante convenios singulares”.

Por tanto, desde esta organización, que también elevó sus peticiones tras la consulta pública, proponen derogar este articulado, así como el artículo 90 que encierra “la posibilidad por parte de las administraciones públicas de llevar a cabo conciertos para la prestación de servicios sanitarios con medios ajenos a ellas”.

La posibilidad de establecer convenios singulares con hospitales privados es lo que ha llevado a la Fundación Jiménez Díaz, del grupo QuirónSalud, a ser el hospital de referencia para más de 400.000 personas que viven en Madrid capital y que ha ocasionado documentados sobrecostes. El Anteproyecto del Informe de Fiscalización horizontal operativa del gasto sanitario y farmacéutico en la Comunidad de Madrid 2011-2015, elaborado por la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, demostraba que al Gobierno regional le cuesta hasta seis veces más el mismo tratamiento en la Fundación Jiménez Díaz que en un hospital público.

Revertir las privatizaciones

Según el borrador de la norma sacada a consulta pública, entre los objetivos de la nueva ley, además de limitar la gestión por entes privados con ánimo de lucro, está “añadir mejoras en los procedimientos de transparencia, auditoria y rendición de cuentas de los modelos de gestión privada ya existentes en la actualidad”, además de “facilitar la reversión de los fenómenos de gestión por entes privados de servicios sanitarios públicos existentes”.

Carmen Esbrí valora que con una actuación robusta de los organismos de inspección administrativos no se habría llegado hasta la situación actual. Los hospitales privatizados, asegura, han actuado con dinero público sin ser debidamente auditados. “Si la inspección hubiera funcionado desde el minuto uno no pasaría esto. El ministerio tiene que poner en funcionamiento esa Alta Inspección y lo tiene que hacer ya en todos los centros”, avisa.

Por el momento, Sanidad ha avisado que el ministerio, a través de su Alta Inspección, ha remitido una solicitud oficial a la Comunidad de Madrid para recabar “información detallada” de las “investigaciones iniciadas” en torno a la gestión del Hospital de Torrejón, además de información sobre el seguimiento realizado a los centros madrileños de gestión privada operados por el Grupo Quirón.

Mientras tanto, valoran las entidades consultadas, habría que avanzar por la senda de la desprivatización de los hospitales de colaboración público-privada, una senda ya iniciada en el País Valencià por el Govern del Pacto del Botanic con los hospitales gestionados por Ribera Salud en su comunidad. Así, devolvieron a lo público el que inauguró la saga, el Hospital de la Ribera (Alzira), además del Hospital Universitario de Torrevieja, y comenzaron los trámites con el Hospital de Manises y el Hospital Marina Salud (Denia).

Desde Mareas Blancas piden que la nueva norma defina un “protocolo de desmontaje” para “rescatar” y “reconstruir” el sistema público y así “ facilitar los procesos de desprivatización sobre los ya existentes”

Desde Mareas Blancas piden que la nueva norma defina un “protocolo de desmontaje” para “rescatar” y “reconstruir” el sistema público y así “ facilitar los procesos de desprivatización sobre los ya existentes”.

Audita Sanidad especifica que, además de un articulado que permita revertir los hospitales construidos bajo el modelo público-privado, habría que elaborar una ley específica para evitar que los fondos de inversión especulativos compren el accionariado de las empresas adjudicatarias, lo que sucede en la mayoría de hospitales construidos bajo esta lógica en la Comunidad de Madrid.

Una ley que deberá enfrentarse al Congreso

Además de pasar por el aro de la tradicional oposición del PSOE a cerrar la puerta a la privatización sanitaria, cuando la nueva norma salga del Consejo de Ministros deberá atravesar la puerta del Congreso de los diputados, que en la actualidad cuenta con una aritmética parlamentaria complicada para llegar a acuerdos.

Desde el Ministerio de Sanidad trasladan a El Salto que harán todo lo posible para que esta ley sea aprobada y lo sea en esta legislatura. “Necesitamos una ley que proteja lo público para que la sanidad se gestione con criterios públicos, para que nadie ponga los criterios privados por encima de los públicos y que ponga fin a los desmanes del modelo Quirón y el modelo Ribera. La futura ley muestra la solución”, aseguraba la ministra Mónica García.