Sanidad
Sanidad pone coto a las privatizaciones y las mantiene como excepción

El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado un nuevo proyecto de ley para acotar la privatización sanitaria. Una ley, que asoma tras el escándalo del hospital de Torrejón (Madrid), en el que unos audios del CEO de Ribera Salud, empresa que gestiona este centro público, pedía rechazar pacientes para mejorar resultados económicos. Una norma que la ministra de Sanidad, Mónica García, ha definido como “triunfo de la sociedad civil” que va a servir para “proteger” y “blindar” nuestro sistema “de las garras especuladoras y privatizadoras”.

García ha recordado lo que demuestra la evidencia científica: Un estudio de 2022 de la Universidad de Oxford relaciona la privatización con el aumento de la mortalidad evitable. “Esta ley pone fin a esta deriva” y “cierra una etapa y abre otra”, ha asegurado García sobre, según sus palabras, la primera norma que establece como prioridad la gestión pública.

Fin al modelo de Torrejón

La propuesta de norma, llamada Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, no es nueva: en mayo de 2024 salía a consulta pública una escueta ficha con un esbozo de su contenido. Según el anteproyecto de ley, en una información a la que ha tenido acceso El Salto, la norma prohíbe los contratos en los que la empresa privada se encarga de construir el hospital y se queda también con la gestión del centro. “El modelo de construir un hospital y explotarlo 20 o 30 años como si fuera una autopista queda fuera del sistema”, aseguran desde el ministerio.

De otro lado, el anteproyecto deroga la ley 15/97 que abrió la puerta a la privatización en nuestro país y que fue refrendada en el Congreso por todos los grupos parlamentarios (incluido el partido socialista), a excepción de IU y BNG. Además modifica el artículo 67 de la Ley 14/1986, General de Sanidad, que establece convenios singulares para que hospitales privados se vinculen al Sistema Nacional de Seguridad (SNS). 

Aseguran desde el ministerio que la ley deja claro que la forma preferente de gestionar la sanidad pública es la gestión pública directa, en un país donde, según los datos de un informe de este ministerio, en España hay 472 hospitales operando en el SNS y el 30,7% (145) está en manos privadas, esto es uno de cada tres. 

La privatización, una excepción

No obstante, el modelo privatizado no dejará de existir. La nueva norma lo contempla como una excepción, permitiéndola “solo cuando no sea posible la prestación directa, se garantice sostenibilidad financiera y eficiencia y se cumplan requisitos de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad del servicio”. “No se va a poder recurrir a lo privado por capricho o por ideología”, ha asegurado García.

Afirman desde el ministerio que “la gestión indirecta solo podrá usarse de forma muy justificada, demostrando que no hay alternativa pública, que no debilita el sistema y que mejora la atención”

Además, antes de traspasar cualquier servicio, la administración sanitaria, en este caso las Comunidades Autónomas, deberán  de entregar una memoria justificativa sobre la externalización que se pretende avalar y se llevará a cabo un análisis por un comité de evaluación para la gestión sanitaria indirecta, “compuesto por personas expertas del ámbito sanitario, representantes profesionales y de la sociedad civil”. El informe y la resolución de este comité deberán publicarse en el boletín oficial y en la sede electrónica de la comunidad. Igualmente, se introduce una cláusula en la Ley de Contratos del Sector Público para priorizar a entidades sin ánimo de lucro en casos de empate. 

Afirman desde el ministerio que “la gestión indirecta solo podrá usarse de forma muy justificada, demostrando que no hay alternativa pública, que no debilita el sistema y que mejora la atención”. Si bien la ley no significará el fin de los hospitales gestionados por empresas como Quirón o Ribera Salud, ya que no tiene efectos retroactivos la ley normaliza la reversión a la gestión pública cuando un contrato termina. Además, aseguran, a partir de ahora, “estos centros estarán sometidos a una evaluación estricta y al mismo escrutinio público que uno de gestión directa”.

Apoyos necesarios en el Congreso

Durante este martes, el consejo de ministros ha aprobado otro proyecto de norma: la ley de Organizaciones de Pacientes, que supone el reconocimiento jurídico y político de las organizaciones de pacientes por primera vez en la historia. Además, ha salido adelante un Real Decreto para modernizar la financiación de los productos sanitarios en la prestación farmacéutica, que, según aseguran desde el ministerio, establece un “sistema ordenado y transparente de financiación selectiva y fijación de precios para productos sanitarios”.

“Dudo mucho que haya algún partido político que ponga por delante el beneficio económico a la salud”, ha zanjado Mónica García tras ser preguntada si la ley saldrá adelante en el Congreso

En cuanto a la ley sobre gestión sanitaria, esta deberá ahora arrancar su camino en Congreso y Senado, con una difícil aritmética parlamentaria donde partidos como Junts, cuyo voto sería necesario, defiende la privatización de los servicios públicos. En cuanto a la existencia o no de apoyos necesarios, García ha asegurado que si los parlamentarios consideran “que nuestro de sistema de salud es sagrado” y “el sistema garante del bienestar de nuestra sociedad es el sistema público” esta ley saldrá adelante, porque es una ley “que pone coto a la obscenidad” .“Dudo mucho que haya algún partido político que ponga por delante el beneficio económico a la salud”, ha zanjado.