El Salvador
Sociedad civil, la última frontera hacia el totalitarismo en El Salvador

La sociedad civil organizada en El Salvador constituye la última frontera del viaje que el gobierno de Nayib Bukele inició hacia el Estado totalitario en 2019. La reciente aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros parece ser la herramienta con la que se trata de superar esta última barrera. La comunidad internacional, de manera muy especial la institucionalidad española presente en el país, pareciera estar mirando a otro lado —cuando no coludiendo con los intereses corporativos del gobierno salvadoreño—, en un contexto de estigmatización, criminalización, represión y violencia hacia las organizaciones populares y personas defensoras de derechos humanos.

Cómo hemos llegado hasta aquí

Desde que en 2020 el recién electo presidente Nayib Bukele irrumpiera en la Asamblea Nacional acompañado de militares armados para exigir la aprobación de un crédito para, supuestamente, luchar la contra las pandillas, la escalada en el proceso de concentración del poder y cooptación del conjunto de las instituciones públicas ha sido imparable.

La primera víctima fue la independencia judicial. Solo en un día de mayo de 2021 cayó el fiscal general —que precisamente investigaba casos de corrupción del ejecutivo— y se removió a una parte significativa de las y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, instaurando así un sistema judicial funcional a los intereses del gobierno. A partir de entonces la Fiscalía persigue a los adversarios políticos y tapona investigaciones en su contra, mientras la Corte Suprema avalaba la inconstitucional reelección de Bukele por un segundo mandato.

Con un sistema de justicia capturado, el siguiente paso fue cooptar las demás instancias de poder político del país, asamblea legislativa y municipalidades, cambiando las reglas del juego pocos meses antes del proceso electoral de 2024. Se redujo así de 84 a 60 el número de representantes del poder legislativo, y se redujo de 262 a 44 el de municipalidades. Como resultado, Nuevas Ideas —el partido de Bukele—, junto a otros grupos políticos bisagra, consiguió copar la práctica totalidad de cargos del país, obteniendo 57 diputadas y 43 alcaldías, sin negar la popularidad del presidente por la sensación social de mejora en términos de seguridad.

Por si no fuera suficiente, poco después cayó el último instrumento que permitía poner un límite, aunque fuera temporal, al poder absoluto del gobierno: el proceso de modificación constitucional en dos legislaturas. A dos días de finalizar su mandato, la anterior asamblea legislativa aprobó un cambio constitucional por el cual cualquier modificación de la Carta Magna se podría realizar de forma exprés, sin necesidad de ser ratificada en una segunda legislatura. Tras la ratificación de este cambio por la nueva asamblea en enero de 2025, la constitución puede ser reformada en dos días sin ningún diálogo social o debate parlamentario, a instancias de una publicación por redes sociales de Bukele, como viene siendo habitual.

Este proceso de degradación democrática está atravesado por la imposición de un régimen de excepción vigente ya hace 38 meses, en el que 400 personas han fallecido bajo la tutela del Estado, mientras 85.500 han sido capturadas sin garantía alguna

Para dimensionar la magnitud del poder acumulado, a día de hoy el gobierno podría en tan sólo 48 horas, si tuviera la voluntad, instaurar, por ejemplo, la pena de muerte, revocar los acuerdos de paz, o ilegalizar partidos políticos.

Por último, no podemos olvidar que este proceso de degradación democrática está atravesado por la imposición de un régimen de excepción vigente ya hace 38 meses, en el que 400 personas han fallecido bajo la tutela del Estado, mientras 85.500 han sido capturadas sin garantía alguna y sin que se haya podido probar su culpabilidad.

Por ello la sociedad civil salvadoreña, a través de sus diversas expresiones (sindicatos, movimientos de base, ONG, medios de comunicación, colectivos de abogados y abogadas, entre otros), constituye el único y último contrapeso y reducto de dignidad frente al poder absoluto de Nayib Bukele.

El relato oficial comienza a mostrar sus grietas

La popularidad de Bukele ya había empezado a caer desde el mes de abril, debido a la desaprobación mayoritaria de la población salvadoreña frente a la reactivación de la minería metálica, además del rechazo generalizado a la política de encarcelamiento masivo de migrantes deportados desde Estados Unidos.

No obstante, los acontecimientos de las últimas semanas han resultado especialmente desgastantes para el gobernante salvadoreño. Por un lado, la incapacidad de las instituciones públicas para gestionar la crisis de movilidad provocada por los derrumbes en la carretera “Los Chorros” se saldó con la detención de 16 transportistas, uno de los cuales falleció bajo custodia estatal.

Por otro lado, la reciente revelación del diario El Faro sobre el supuesto pacto con el entorno de Bukele por parte de líderes pandilleros para favorecer su victoria en la alcaldía de San Salvador, trampolín para su llegada a la presidencia del país, generó una nueva respuesta represiva que obligó a varios periodistas a salir del país ante las amenazas oficialistas de órdenes de captura en su contra.

La captura de líderes sociales obedece a una estrategia: explicitar de forma clara ante el mundo la impunidad con la que Bukele ejerce su represión, y recordarle al pueblo salvadoreño que nadie está a salvo

Sin embargo, los acontecimientos se precipitan el 12 de mayo, cuando integrantes de la cooperativa El Bosque son violentamente reprimidos, y algunos de ellos capturados, por miembros de la policía militar, cuando realizaban una protesta pacífica ante el desalojo inminente de 300 familias. Al día siguiente el asesor legal de la cooperativa, Alejandro Henríquez, es capturado; actualmente, junto al pastor y presidente de la cooperativa, José Ángel Pérez, ambos guardan prisión. Ese mismo día, ante la indignación y muestras de rechazo por parte de la sociedad civil y del movimiento social, el presidente Bukele publica su ya célebre mensaje en la red social X anunciando el proyecto de Ley de Agentes Extranjeros.

En todo caso, la constatación de que El Salvador ha entrado en una nueva dimensión se produce con la detención de Ruth López el pasado 18 de mayo. López es integrante de la organización Cristosal y una de las personas más influyentes en el país. Su captura obedece a una estrategia: explicitar de forma clara ante el mundo la impunidad con la que Bukele ejerce su represión, y recordarle al pueblo salvadoreño que nadie está a salvo.  Al régimen se le ven las costuras, y este responde evidenciando su fuerza represiva.

Ley de Agentes Extranjeros

El anuncio en redes sociales rápidamente se concretó y formalmente se aprobó la Ley de Agentes Extranjeros, con nocturnidad y alevosía, el pasado 20 de mayo. Cuando muchos ya dábamos por amortizado el día, el diputado de Nuevas Ideas Christian Guevara introdujo la ley en la plenaria a las 16:40, y en menos de dos horas ya estaba aprobada. Sin discusión, sin estudio, sin debate de fondo y con dispensa de trámite. Si en 2021 la comunidad internacional logró —como suelen jactarse— paralizar la aprobación de un proyecto similar, en esta ocasión las misiones diplomáticas acreditadas en el país ni sabían, ese mismo día, que se estaba por aprobar una ley todavía más nociva. Se enteraron en directo y, en el mejor de los casos, con resignación ante la constatación de su propia irrelevancia.

En la lógica de Bukele, tiene todo el sentido: aprovechar este momento para realizar el tránsito definitivo de autocracia a totalitarismo, antes de que el edificio se derrumbe. La correlación de fuerzas a nivel internacional es diferente ahora con el auge de la extrema derecha y el gobierno de Trump. Sin embargo, el precedente reciente del FMI obligando a un proceso de desoficialización del bitcoin demuestra que, con los incentivos adecuados, la comunidad internacional podría influir sobre el Pulgarcito de Centroamérica. Pero claro, los incentivos han cambiado.

La Ley de Agentes Extranjeros podría representar el tiro de gracia para muchas organizaciones que, gracias a la solidaridad internacional, llevan a cabo una acción encomiable como garantes de dignidad y acceso a derechos

Como ya se ha denunciado ampliamente, esta ley podría representar el tiro de gracia para muchas organizaciones que, gracias a la solidaridad internacional, llevan a cabo una acción encomiable como garantes de dignidad y acceso a ciertos derechos para colectivos populares históricamente abandonados por el Estado. Además, también incidirá sobre otros grupos que en los últimos años se han convertido en blanco directo de ataques y represión por parte de las instituciones estatales, bajo la dirección de un gobierno que no solo reconoce abiertamente su desprecio por los derechos humanos, sino que además se jacta de ello.

Ahora cualquier acción de promoción de los derechos humanos puede ser considerada una actividad con fines políticos que, por tanto, podría conllevar multas, cierres de personería jurídica o el desarrollo de responsabilidades penales para sus integrantes. Todo ello bajo un marco de absoluta discrecionalidad y arbitrariedad por parte del gobierno.

Las insinuaciones más o menos directas y el tono revanchista y desafiante del presidente de la asamblea legislativa, Ernesto Castro, dirigidas hacía una parte de la sociedad civil salvadoreña durante la sesión de votación, hacen presagiar que la nueva normativa se va a utilizar de forma implacable en contra de cualquier voz crítica hacía el gobierno.

Por ello, los movimientos que aglutinan a personas víctimas del régimen de excepción injustamente encarceladas; las organizaciones que documentan y denuncian violaciones de derechos humanos; las y los abogados que representan a presos políticos y acompañan a familiares de desaparecidos; los sindicalistas que reivindican los derechos de la clase trabajadora ante el desmantelamiento del Estado; las organizaciones feministas y de la diversidad sexual, que actualmente representan el único apoyo para las mujeres víctimas de violencia y la población LGTBQ+; las y los periodistas, comunicadores sociales y medios alternativos que informan sobre casos de corrupción; o las organizaciones que acompañan a comunidades ante la amenaza de desalojos para la construcción de megaproyectos o en defensa de sus tierras, sus ríos o sus bosques, corren en la actualidad un serio riesgo de desaparición y/o criminalización por representar un fallo en la ecuación del proyecto político y económico de país basado en el culto a Bukele y  en el enriquecimiento voraz de su familia, entorno más cercano y oligarquía clásica.

Preocupa, por ingenuo o mal intencionado, el discurso oficioso que algunas representaciones diplomáticas o agencias de cooperación han manejado durante los últimos días, asumiendo —y en consecuencia, promoviendo— la inevitabilidad de la aprobación esta ley, relativizando sus potenciales impactos bajo el burdo argumento de que en Nicaragua todavía operan algunas agencias de cooperación, pese a la vigencia de una normativa similar.

Esta postura trata de obviar que en Nicaragua, bajo el amparo de su propia Ley de Agentes Extranjeros aprobada en 2020, que de facto cuenta con un poder represivo menor que su homóloga salvadoreña —no prevé la imposición de un impuesto sobre las transacciones que reciban los agentes extranjeros desde el exterior—, ha servido como marco legal para la cancelación de más de 4.000 organizaciones sin ánimo de lucro, así como la confiscación por parte del Estado de sus bienes y la persecución de sus dirigentes.

¿Respuesta pusilánime o colusión de intereses?

Pero como hemos señalado al principio, quizá no se trata solo de respuestas pusilánimes. ¿Quizá esta nueva ley supone una regulación funcional a los intereses de terceros Estados? ¿Hay una colusión de intereses?

Hoy, hace menos de un año, el rey de España Felipe VI viajó a El Salvador para participar en la toma de posesión del segundo mandato presidencial de Bukele. Un día antes de la ceremonia oficial, veteranos de guerra y firmantes de los acuerdos de Paz fueron acusados de terrorismo y subversión, sin que la fiscalía aportara pruebas, y hoy todavía guardan prisión a espera de juicio. Asimismo, por aquel entonces, organizaciones de derechos humanos ya denunciaban la detención y encarcelamiento injusto, y en condiciones infrahumanas, de miles de salvadoreños y salvadoreñas.

Sin embargo, a pesar del contexto señalado, el Estado Español no tuvo rubor alguno en iniciar a partir de ese momento el desarrollo de una política intensiva de estímulo para que empresas españolas invirtieran en El Salvador, aprovechando la falta de estándares medioambientales y la vulneración sistemática de los derechos de participación e información de personas y comunidades afectadas por megaproyectos. Lo que, según el relato oficial de la embajada española en El Salvador, sería aprovechar “la seguridad jurídica que perciben en el país”.

El reino de España ha financiado con fondos públicos la construcción de un aeropuerto, cuya obra está ocasionado una catástrofe ecológica, y ha promovido la implantación de la energía nuclear en El Salvador

Bajo esta premisa, y tan solo en el último año, el reino de España ha tenido tiempo, al menos, para en primer lugar financiar con fondos públicos la construcción de un aeropuerto, cuya obra está ocasionado una catástrofe ecológica en el oriente del país, generando escasez de agua y obligando al desplazamiento de decenas de familias; en segundo término, promover la implantación de la energía nuclear en El Salvador, a pesar de las advertencias del movimiento ambientalista de los riesgos que conlleva en un país de alta sismicidad; y tercero, inaugurar heladerías en el centro histórico de San Salvador, territorio que cuenta con innumerables denuncias vecinales por gentrificación a partir de empresas supuestamente vinculadas al entorno del presidente.

Aunque el ejemplo de España es el más característico, próximamente se prevé también un aterrizaje masivo de megaproyectos de infraestructuras, comunicaciones y proyectos de generación de energía renovable impulsados por la estrategia Global Gateway de la Unión Europea. Asimismo, como consecuencia de la reactivación de la minería metálica en el país, podríamos asistir en el medio plazo al regreso de corporaciones canadienses, australianas y estadounidenses, aprovechando el alza en el precio del oro y sin descartar la existencia de otros metales directamente vinculados al capitalismo verde oliva y digital.

En definitiva, la discrecionalidad con la que a partir de ahora se canalizará la solidaridad internacional, afectando directamente a quienes se opongan al desarrollo masivo de megaproyectos turísticos, urbanísticos, agroindustriales, energéticos y de infraestructura de todo tipo, pone en serio riesgo los mínimos democráticos del país. Todo ello, además, en un contexto de estimulación por parte del gobierno de la inversión extranjera y de subasta al mejor postor de la tierra y los recursos naturales de El Salvador. La Ley de Agentes extranjeros promueve la idea de que “si no los vemos y si no los oímos, no existen”, paradigma especialmente favorable a los intereses del poder corporativo que es preciso combatir.

Por ello, reclamamos todo el esfuerzo de la comunidad internacional para frenar este atropello y poner todas sus capacidades políticas y diplomáticas en esta tarea. Al mismo tiempo, queremos mostrar nuestro apoyo y compromiso con los movimientos sociales y populares salvadoreños: pase lo que pase, la solidaridad internacionalista no va a cejar por muchas trabas que pongan, y los lazos ya existentes no harán sino reforzarse.