Migración
Llamas y limosna

La madrugada de este 14 de abril se ha registrado un incendio en un asentamiento chabolista justo al polígono San Jorge de Palos de la Frontera. En el asentamiento habitan trabajadores y trabajadoras del campo, de los tajos que con tanta urgencia se quieren ocupar haciendo omisión de las condiciones de quienes ya están. El incendio se ha llevado por delante más de 60 chabolas, que son los hogares de cientos de personas durante el confinamiento, antes del confinamiento y serían después del confinamiento. Porque antes de que nos mandaran a casa, ellos ya venían denunciando que no tenían casa. Y ahora, mucho menos, sin medidas de realojamiento inmediatas.

No es la primera vez que ocurre un incendio en un asentamiento de la provincia de Huelva, donde cientos de personas descansan de la jornada laboral en plena temporada entre plástico, cartón y madera. En diciembre de 2019, hace solamente cuatro meses, otro incendio en el mismo asentamiento se cobró la vida de un joven de 23 años que había venido a trabajar en el fruto rojo.

La crisis sanitaria y social espolea la demanda de regularización

Sarah Babiker

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Coronavirus

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El estado de alarma y sus consecuencias más inmediatas ha puesto sobre la mesa la demanda de regularizar a las personas migrantes. La tensión entre una mirada desde la garantía de derechos humanos y otra utilitarista define el debate y las políticas.

La provincia de Huelva es, desde hace décadas, sin duda una referencia agrícola que podría y debería operar como un contexto de oportunidades laborales dignas, pues el sector del fruto rojo contempla un nivel de beneficios en exportaciones que no han dejado de aumentar. Lo que se está produciendo es una importación de capital para una exportación de beneficios. Una importación de capital que se materializa en mano de obra deshumanizada. No estamos produciendo alimentación, estamos produciendo números, cifras y letras. Podemos así hablar de una frontera interna pues hay una línea liminal que separa el hecho del derecho. El hecho es que hay miles de manos de distintas latitudes salvando la agricultura andaluza y en este caso la industria del fruto rojo de la provincia de Huelva. La separación del derecho es la permisividad de que los trabajadores agrícolas en el siglo XXI sigan durmiendo en el suelo, en el mismo suelo que trabajan, en el mismo suelo que nos alimenta.

La urgencia del decreto para incorporar a parados e inmigrantes a la agricultura no se cuestiona en ningún punto el análisis de las condiciones de quienes ya están salvando la economía andaluza y proporcionando que las campañas no cesen. No contempla por qué las vecinas y vecinos oriundos de la provincia de Huelva también han tenido que quedarse en casa por no poder desplazarse ante la imposibilidad de seguir compartiendo vehículo. Por tanto el decreto no es factible, además de las restricciones con las que se presenta, entre ellas la no regularización de personas que en muchos casos ya trabajan en el campo, porque no asegura unas condiciones mínimas ni cuestiona la situación de cientos, de miles de personas. El horizonte del decreto es reponer puestos, no reparar situaciones.

Marcha en Huelva por una agricultura con derechos

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Una manifestación para alertar de “la situación de impunidad” de las temporeras agrícolas ha recorrido este domingo las calles de Huelva.

El incendio producido ayer no es un hecho aislado. A diario, los asentamientos sufren otros tipos de ataques externos que dificultan el ya complicado desarrollo de habitar en estos espacios. Con frecuencia encontramos a gente que tiene trabajo, que tiene toda su documentación, pero que no puede acceder a una vivienda simplemente por que le es negada por su condición de persona inmigrante. Así vienen denunciando la Asociación de Trabajadores Africanos , que junto a las Jornaleras de Huelva en Lucha y otros colectivos están aunando fuerzas en este y el resto de asuntos que conciernen a las irregularidades de la campaña. Esto no es una excepcionalidad, por lo que tampoco es un secreto. Los modelos de consumo del mercado alimentario global han permitido que este y otros macronegocios naturalicen esta forma de acción-producción-consolidación. Se deslocaliza la mano de obra, se deslocaliza la producción y se generan unos beneficios que no revierten sin embargo en la mejora de las condiciones sociales de quienes alimentan al mundo. El sector del fruto rojo es un ejemplo extrapolable a otras producciones y a otros territorios, con sus características propias del contexto, pero no es así una excepcionalidad.

Ni la pandemia del Covid 19 ha sido capaz de abrir el debate que facilite un análisis, mejora y cambio estructural de las condiciones de habitabilidad y trabajo de quienes permiten el sustento alimentario. Las medidas propuestas no tienen validez, no son una oportunidad, son un “uno por otro” da igual como.

Limosna y llamas. Trabajar para pedir y arder…