Medio ambiente
El adelanto electoral pasa factura a la agenda verde

El adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez para el próximo 29 de noviembre ha reducido la legislatura en casi diez meses. Si bien es difícil que en ese tiempo fructificasen la totalidad de las iniciativas legislativas anunciadas por el Gobierno en materia de clima y medio ambiente, lo cierto es que hay un buen número que se quedan en el tintero. Entre ellas se encuentran las que están en medio de la tramitación parlamentaria y los anteproyectos y planes que el Ejecutivo estaba preparando para los próximos meses. Ahora dependerán, en buena medida, del interés tanto del próximo Ejecutivo como de las nuevas Cortes.

Adiós al Pacto de Estado frente al cambio climático

Aunque es dudoso que los socios de Gobierno hubiesen podido sacar adelante el publicitado Pacto de Estado frente al cambio climático —dado el negacionismo de Vox y el acercamiento del PP a estas posturas acientíficas en la pugna electoral con la ultraderecha—, en agosto el Ejecutivo relanzaba una de las iniciativas estrella de la legislatura. El objetivo, señalaba el Gobierno, era consensuar “un gran acuerdo que permita responder, de manera eficaz, coordinada y sostenida, al desafío que el cambio climático implica para España”. El “acuerdo de país” incluía medidas que iban desde la creación de una nueva agencia estatal de Protección Civil y Emergencias hasta la actualización de los planes hidrológicos, el desarrollo de redes de refugios climáticos o toda una nueva política de gestión forestal, entre otros hitos.

En materia climática hay que decir adiós a la Ley de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero

Si la propuesta inicial de Pacto —lanzada tras un verano de 2025 fatídico en materia de olas de calor e incendios— no fue secundada, el nuevo impulso que desde el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) se pretendía dar al plan queda ahora en suspenso hasta nuevo aviso. El Pacto, en cualquier caso, no contentaba ni a un lado ni a buena parte del otro. Si en la grada conservadora el PP llegó a cuestionar –contra la evidencia científica– la relación de las recientes olas de incendios con el recrudecimiento del cambio climático, desde Ecologistas en Acción calificaban la iniciativa de “documento declarativo que contrasta con el cumplimiento insuficiente de la normativa, así como de planes ya existentes que podían contribuir a afrontar la emergencia ecológica, no solo climática”.

En materia climática también hay que decir adiós a la Ley de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Esta tenía como objetivo transponer al ordenamiento español el nuevo reglamento del sistema de comercio europeo de derechos de emisiones, más conocido como ET2. El Gobierno intentó en 2025 hacerlo, pero no obtuvo los apoyos. Ahora buscaba hacerlo con una proposición de ley que reformulase la ley de 2005 que regula estos mercados. Con el adelanto electoral no podrá salir adelante.

Por último, tampoco podrá salir adelante ni el real decreto de gestión de riesgos de inundación, espoleado por la DANA de 2024 y cuyo plazo de consulta pública terminó en septiembre, ni la modificación de la Ley de Calidad del Aire. El primero buscaba “adaptar las medidas de gestión del riesgo al escenario de cambio climático y a la mayor intensidad y frecuencia de los fenómenos extremos”, tal como explicaba el Miteco. La segunda estaba destinada a transponer la nueva Directiva europea de Calidad del Aire, que endurece los valores límite de contaminantes atmosféricos que podemos respirar.

La ley de residuos se cae, el sistema de depósito avanza

En materia de residuos son dos las principales iniciativas pendientes, muy interrelacionadas entre sí. Por un lado, la reforma de la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular ha pasado la fase de consulta pública, pero todo apunta a que se quedará en el saco de los proyectos que decaen. Tenía como objetivo transponer la nueva directiva europea al respecto, que busca prevenir la generación de residuos alimentarios, reducir el uso de plásticos, y establecer nuevos objetivos de reducción y reciclaje de residuos municipales.

Por otro lado, se espera que el Ministerio publique en breve el borrador del real decreto de envases. “El Ministerio ha dicho que a final de mes lo hará público”, señala a El Salto César Sánchez desde Retorna, una de las entidades integradas en la Alianza Residuo Cero. Este busca concretar en España el nuevo Reglamento Europeo de Envases y Residuos de Envases. 

En suspenso queda una normativa que afecta a un sector que se está expandiendo rápidamente por toda la geografía nacional: los centros de datos

El portavoz de Retorna confía, por otro lado, en que el esperado sistema de depósito, devolución y retorno de envases (SDDR) se materialice en el plazo de un año. Si bien la medida debía estar ya a punto de arrancar por mandato de la Ley de Residuos, la Comunidad de Madrid hizo de inesperado muro para una cuestión estatal: la administración presidida por Isabel Díaz Ayuso ha ignorado durante un año la tramitación de los expedientes de las empresas candidatas a gestionar el nuevo sistema, todas ellas registradas en la capital.

El nuevo sistema funcionará en paralelo al Sistema Integrado de Gestión (SIG) que supone el contenedor amarillo y tiene el 22 de noviembre como fecha tope para empezar a andar, algo inviable a día de hoy. No obstante, hay avances recientes. “La Comisión de Coordinación en Materia de Residuos ha vuelto a enviar un requerimiento de información a la Comunidad de Madrid para que pida información extra a las cuatro candidatas”, explica Sánchez, “y parece ser que esta vez sí lo han recibido”. Dicho movimiento supone el fin del bloqueo por parte de la Administración madrileña. Por ello, desde Retorna creen que el SDDR podrá seguir avanzando y empezar a funcionar en 2027.

Por último, en materia de residuos queda pendiente también el real decreto sobre pilas y baterías, que actualiza una normativa de 2008 y adapta el nuevo reglamento europeo a la legislación española. Entre sus principales novedades está la actualización de la responsabilidad ampliada del productor, que deberá financiar la recogida selectiva de los residuos, así como su reciclaje.

Planificación eléctrica y centros de datos

En materia energética está pendiente la Planificación de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2025-2030. Si bien esta está en su fase final, el adelanto electoral ha dejado en suspenso su aprobación en el Consejo de Ministros y está por ver si la Diputación Permanente del Congreso podrá darle el visto bueno. Según señala Ismael Morales, portavoz de la Fundación Renovables, el Gobierno en funciones “tendría que sacarla cuanto antes, en este periodo electoral, porque si no tenemos planificación de red eléctrica todo lo relativo al desarrollo de renovables se paraliza”.

En suspenso queda también una normativa que afecta a un sector que se está expandiendo rápidamente por toda la geografía nacional: los centros de datos. El Gobierno presentaba en septiembre el primer borrador del real decreto que regulará estas infraestructuras, una industria con altísimas necesidades energéticas e hídricas. 

La Ley de Grandes Simios, que iba a suponer que España fuese pionera en la protección de chimpancés, gorilas y orangutanes, se ha quedado también por el camino

Actualmente hay una veintena de centros de datos en construcción —complejos que pueden consumir cada uno tanta energía al año como 250.000 hogares— y medio centenar más planificados. “Si no ponemos una norma, esto va a ser el salvaje oeste para los centros de datos”, alerta Morales.

Sí parece que saldrán adelante antes del 29N los reales decretos de comunidades energéticas y autoconsumo. Ambos se tramitarán por vía de urgencia sin convalidación parlamentaria, tal como adelantaba esta semana eldiario.es. 

No es el caso del Proyecto de Real Decreto sobre Redes de Calor y Frío, una normativa que iba a regular los futuros sistemas urbanos calefacción y refrigeración para hacerlos más eficientes, entre otras medidas. Por el momento, queda paralizado, al igual que el Proyecto de real decreto para impulsar del biometano, una norma que tiene como objetivo incluir cuotas mínimas para el biometano con el fin de “garantizar una determinada cantidad de este gas renovable en el volumen total de gas natural y gas natural licuado suministrado o consumido”, según indicaba el Miteco.

Deforestación, consumo sostenible y animales de compañía

Con el adelanto electoral no verá la luz el Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible, pensado para intervenir los precios de productos básicos en situaciones de catástrofe, así como para combatir la llamada reduflación —la práctica por la que se reduce el contenido de un envase manteniendo el mismo precio— y el greenwashing. 

La Ley de Grandes Simios, que iba a suponer que España fuese pionera en la protección de chimpancés, gorilas y orangutanes, se ha quedado también por el camino. Es el mismo caso que el Listado Positivo de Animales de Compañía y el Listado de Especies Domésticas de Compañía, reglamentos derivados de la Ley de Bienestar Animal —aprobada en 2023— destinados a clarificar qué especies pueden vivir en los hogares. Ambos iban a ser aprobados mediante un real decreto que tampoco verá la luz.

Otro de los proyectos de ley que se cae es el de la aplicación del Reglamento Europeo de Lucha contra la Deforestación (EUDR), una norma aprobada en 2023 y pensada para frenar la pérdida y degradación de bosques derivada de las importaciones europeas. Se trata además de una normativa hoy bajo presión de la extrema derecha y de intereses de Estados Unidos y otros países, que empujan para vaciarla de contenido, si no eliminarla. 

Si bien este reglamento no necesita una transposición al ordenamiento jurídico de los Estados miembros y es de obligado cumplimiento desde su aprobación, el anteproyecto de ley pretendía completar el EUDR a nivel español. Entre sus propuestas estaba la creación de una Oficina de Lucha contra la Deforestación asociada al Comercio, pensada para “coordinar la aplicación del Reglamento a nivel nacional en colaboración con las autoridades competentes de las comunidades autónomas y la autoridad aduanera española”, según señalaba el Miteco, y una Comisión Estatal para la comercialización de productos libres de deforestación, como “espacio de cooperación institucional entre el Estado y las comunidades autónomas, responsables de los controles en el mercado interior”.