Desahucios
Una familia es desahuciada en Vallecas tras sufrir una estafa inmobiliaria

8.00 de la mañana en el barrio de Nueva Numancia (Vallecas). Decenas de vecinas y activistas de la PAH de Vallecas se han agolpado desde primera hora en la calle Sierra Carbonera para acuerpar este viernes a Lourdes durante su segundo intento de desahucio. Esta vez, no ha habido forma de mediar con la comisión judicial para impedir el lanzamiento, mientras tres lecheras y cerca de 30 policías se desplegaban en los aledaños para impedir el paso a las inmediaciones de la vivienda.

Otro desalojo más ejecutado en con celeridad, sin posibilidad de negociación y desconsiderando todos los factores de vulnerabilidad acreditados por las autoridades médicas. Las activistas, por su parte, han sido en su mayoria identificadas por las fuerzas de seguridad a pesar de no haber llevado a cabo ningún acto de resistencia o presión más allá de permanecer agrupadas a metros del inmueble. En esta organización de lucha por la vivienda digna acumulan multas de hasta 40.000 euros en total por intentar paralizar desalojos en puerta.

En el número 60 de la calle Carboneras habitaban hasta hace escasas horas Lourdes, quien lleva más de 20 años en la misma vivienda, su hijo de 17 años, su hija Lucía, de 22 y la criatura de esta, de tan solo 3 años

En el número 60 de esta calle habitaban hasta hace escasas horas Lourdes, quien lleva más de 20 años en la misma vivienda, su hijo de 17 años, su hija Lucía, de 22 y la criatura de esta, de tan solo 3 años. Juan, pareja de Lourdes, también forma parte del núcleo familiar, pero desde hace un tiempo se había visto obligado a mudarse temporalmente a casa de unos familiares en Méndez Álvaro por motivos de espacio. El periplo judicial de Juan y Lourdes comienza tras ser víctimas de una estafa inmobiliaria por parte de un prestamista particular: la pareja heredó la casa y recurrió a un usurero, Juan Antonio Ayo Piñero, vinculado según la PAH, que acompaña a la familia en el caso, a la inmobiliaria Grup Inversor d’Inmobles Arrahona SBD (propietaria del piso), para gestionar las escrituras. 

Su intención inicial era pedir prestado ese dinero a un banco. No obstante, su situación económica —por aquel entonces muy precaria— hizo que no les concedieran ningún crédito. Ambos cobran actualmente pensiones de unos 900 euros mensuales por incapacidad, ya que Juan sufrió hace 20 años un accidente de coche que le afectó a buena parte de su cuerpo y ella padece un cáncer metastásico desde hace más de tres años. 

Cuando se dispusieron a pagar estafador la cuantía que se les solicitaba, se encontraron con que el número de cuenta donde debían depositar el dinero no existía, por lo que no había forma de abonar la cantidad requerida y oficialmente incurrían en impago

Cuando se dispusieron a pagar religiosamenteal estafador la cuantía que se les solicitaba, unos 35.000 euros que luego escalaron hasta los 50.000, se encontraron con que el número de cuenta donde debían depositar el dinero no existía. De esta manera, no había forma de abonar la cantidad requerida y oficialmente incurrían en impago. Las activistas aseguran que se trata de una estrategia planificada y medida al milímetro por parte del prestamista, quien había hecho firmar ante notario al matrimonio que, en caso de impago, la vivienda pasaría a ser propiedad de él. 

“Ellos intentan en todo momento volver a contactarles para que se les indicara la cuenta bancaria correcta pero no obtienen noticias porque primero les da largas y luego les deja de coger el teléfono”, afirma a El Salto Mercedes López, portavoz de la PAH vallecana. En ese momento se dieron cuenta de que habían caído en una trampa inmobiliaria de la que finalmente les ha sido imposible escapar. Este tipo de acciones delictivas dirigidas especialmente contra personas vulnerables tienen ya un largo recorrido en España. De hecho, en 2017 un estafador con un perfil de actuación similar a Ayo Piñero, Antonio Arroyo, fue encausado por  un delito de estafa tras engañar a una mujer en Madrid a través de un préstamo fraudulento de 6.000 euros y asegurarse de que por distintas vías la mujer no pudiese afrontar las mensualidades. El usurero, según transmitió entonces El País, poseía 216 propiedades a su nombre y fue absuelto por prescripción del delito. 

El Centro de Asesoría y Estudios Sociales advierte de que impedir pagar la deuda para conseguir desahuciar en una práctica recurrente

Desde el Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), donde abordan ejecuciones hipotecarias desde la perspectiva de defensa del deudor, advierten de que este tipo de prácticas son recurrentes por parte de quienes buscan desahuciar a familias impidiéndoles pagar sus deudas para así poder hacerse con la propiedad y poder alquilarla a precios irrisorios. Prácticas que constituyen una violación flagrante tanto del Código Civil como de la normativa europea en defensa de los consumidores y usuarios. Ruth Núñez, portavoz de PAH Vallecas que ha acompañado estos meses el caso de estos vecinos, infiere a este medio que Lourdes y José pusieron varias denuncias al prestamista por esta estafa “pero como el sistema judicial va fatal no hay ni siquiera procedimiento abierto desde la primera denuncia”. Sospecha que la intención de estas operaciones fraudulentas no es otra que  mercadear con el piso en un barrio cada día más devorado por la especulación rentista. 

Como era de esperar, la estafa fue seguida inmediatamentre de una notificación de alzamiento “de la noche a la mañana”. Lucía recuerda con impotencia cuando, “mientras estaba durmiendo con mi amiga, de repente escuché a la comisión judicial entrar para entregar a mi madre la notificación diciéndole que ella y su familia eramos todos okupas”. Lograron sortear in extremis el primer intento  cuando una sanitaria que había acudido para atender a Lourdes por sufrir un ataque de ansiedad convenció a la comitiva judicial de que no podía ejecutarse debido a la frágil salud de la residente. Esta vez, la suerte no les ha acompañado pese a haber presentado un recurso que todavía no ha sido resuelto judicialmente. 

La expulsión se ha llevado a cabo sin garantía de una alternativa habitacional digna para la familia. La primera opción que recibieron fue acudir al albergue municipal de Las Caracolas, un recurso que cuenta con un historial de 40 desalojos documentados por los sindicatos de vivienda de Madrid. Aunque a priori debería funcionar como un recurso para aquellas familias que han sido echadas forzosamente de su hogar, en la práctica a penas permiten permanecer a las afectadas un mes desde su ingreso bajo el argumento de que se trata de un refugio temporal. La única vía que Lourdes tiene para evitar quedarse en la calle a las puertas del invierno madrileño es mudarse a un piso protegido situado en Legazpi donde puede residir por un año y sin su hijo de 17 años ni su hija y nieta. Por tanto, el juzgado no sólo le ha arrancado de su hogar, sino también de su barrio y del acompañamiento de sus hijos mientras atraviesa una enfermedad terminal. 

La PAH alertan de que los desahucios hipotecarios se han incrementado en el último trimestre, a la par que denuncian la presencia creciente de  empresas de desokupación que cometen prácticas de acoso inmobiliario

Desde la PAH alertan de que los desahucios hipotecarios se han incrementado en el último trimestre, a la par que denuncian la presencia creciente de  empresas de desokupación que cometen prácticas de acoso inmobiliario y hostigamiento para facilitar desalojos extrajudiciales. “La situación general de vivienda (aumento precios, subida alquileres, políticas de ‘camas calientes’ de las administraciones públicas, aumento desahucios, criminalización y multas) muestran la incapacidad de todas las administraciones públicas, empezando por el Gobierno central. La respuesta tiene que ser la organización popular en todos los frentes, desde el inquilinato a los problemas de sinhogarismo”, destaca Mercedes. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de inscripciones de certificaciones por ejecuciones hipotecarias iniciadas en los registros de la propiedad en el segundo trimestre de 2025 fue de 6.407, lo que supuso un aumento del 14,9% respecto al mismo periodo del año anterior. Entre ellas, las iniciadas sobre viviendas habituales crecieron también un 28,1%.