Madrid
Demandan que el Estado intervenga la venta de decenas de miles de viviendas de los fondos buitre

La venta de decenas de miles de viviendas en alquiler por parte de los mayores fondos de inversión multinacionales con presencia en España ha abierto un nuevo escenario que pone a prueba la voluntad de las administraciones que dicen apostar por un parque público de ratio europeo. 

El Sindicato de Inquilinos de Madrid ha lanzado una campaña para que 17.000 de estas viviendas pasen a formar parte del patrimonio del Estado. Mejor dicho, que vuelvan a formar parte, ya que la mayoría de esos pisos fueron construidos con fondos públicos y vendidos por los gobiernos del Partido Popular. Entre estos pisos se encuentran las 1.860 viviendas que el consistorio de Ana Botella entregó a Blackstone a un precio medio de 68.000 euros en 2013. Desde entonces y durante más de una década, este y otros grandes fondos internacionales rentabilizaron la necesidad de techo tras un millón de desahucios con alquileres cada vez más altos. 

Ahora, más de una década después, las inquilinas organizadas en las viviendas de Nestar/Azora y Fidere/Testa (Blackstone) se han coordinado para frenar la venta de sus casas y reclaman que el Gobierno recupere el patrimonio perdido a través de Casa47, la entidad del Ministerio de Vivienda. Se juegan mucho: aumentos del alquiler o directamente la expulsión de sus casas a un mercado desquiciado con alquileres impagables y precios de compraventa récord. El sindicato demanda que el Estado compre las viviendas “al mismo precio que se vendieron”. Este 18 de febrero, vecinos de una veintena de estos bloques tienen previsto entregar cientos de cartas al Ministerio de Vivienda para que el Gobierno recupere las viviendas. 

Durante años, estos fondos “han obtenido beneficios extraordinarios a costa de unas viviendas” que fueron “malvendidas”, señalan desde el Sindicato de Inquilinos. Tras comprar estas decenas de miles de viviendas “sin realizar mantenimiento alguno durante estos años, los fondos han impuesto subidas abusivas de alquiler, cláusulas ilegales y una gestión que ha vulnerado sistemáticamente los derechos de las inquilinas”. Ahora, acusan desde esta organización de arrendatarios, “pretenden culminar el negocio con una nueva venta masiva”.

“Estos fondos compraron barato y ahora venden caro porque interpretan que estamos al final de un ciclo en el que empezarán a estallar las burbujas”, explica el economista y diputado Carlos Martín Urriza (Sumar)

El economista Carlos Martín Urriza, diputado de Sumar, explica a El Salto qué hay detrás del último giro de los grandes fondos que han invertido en la vivienda en alquiler en España: “Estos fondos compraron barato y ahora venden caro porque interpretan que estamos al final de un ciclo en el que empezarán a estallar las burbujas que se han ido hinchando en el sector inmobiliario. Necesitan liquidez para saltar a la siguiente ganga”.

Los vecinos organizados de estos bloques, con el lanzamiento de la campaña “Recuperemos nuestras viviendas de las garras de los fondos buitre”, pretenden frenar esta “nueva operación especulativa” y anuncian que “lucharán para que sus casas pasen a formar parte del parque público de Casa47” con alquileres estables y asequibles, con una protección asegurada de unos intereses especulativos “que solo buscan hacer negocio con la vida de la gente”.

Como ejemplo reciente de lucha exitosa, el sindicato habla de las 1.700 viviendas de la Fundación de La Caixa que acaban de ser recuperadas en Catalunya. Una intensa campaña y una huelga de alquileres de nueve meses consiguió frustrar una venta millonaria y que el Govern de la Generalitat blinde estos pisos como parte del parque público a perpetuidad. 

Las leyes de tanteo y retracto podrían ser utilizadas para recuperar este patrimonio para la Comunidad de Madrid, como se ha hecho en otras comunidades autónomas, pero esta opción parece lejana por la política llevada a cabo por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Esta posibilidad, recogida en la ley de arrendamientos urbanos, permite a las administraciones adquirir de forma prioritaria un inmueble en las mismas condiciones pactadas o subrogar una venta ya cerrada.

Otra opción defendida por el movimiento de vivienda y algunos partidos políticos, como Izquierda Unida o Podemos, es la expropiación. “¿Saben lo que decimos desde Izquierda Unida? Exprópiense. Porque lo podemos hacer, porque hay normativa para ello”, sostenía el coordinador federal de IU, Antonio Maillo. Podemos propuso en abril activar con carácter “inmediato” el artículo 128 de la Constitución, donde se reconoce la “iniciativa pública en la actividad económica” para expropiar las viviendas de los fondos de inversión estadounidenses en respuesta a los aranceles de Donald Trump. La expropiación también fue la solución aportada por el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, en octubre de 2024. Sumar registró en abril una iniciativa que no prosperó que contemplaba expropiar viviendas de fondos de inversión en desuso y amenazadas por desahucios.

Fin de ciclo

La venta del fondo residencial de Fidere (Blackstone) afectará a unas 5.400 viviendas en régimen de alquiler, uno de los mayores paquetes de vivienda del Estado en manos de un solo vendedor, con un valor estimado de 1.200 millones de euros, a 222.000 euros el piso de media, tres veces más de lo que pagaron los pisos que compraron a Ana Botella. 

El fondo canadiense Brookfield es uno de los que aspira a quedarse con la socimi residencial Fidere. Según el periódico económico Expansión, la oferta de este fondo se ha impuesto a la de otras entidades y la operación podría cerrarse en marzo. Fidere cuenta con 47 edificios residenciales en la zona metropolitana de Madrid. De ellos, solo tres tienen algún tipo de protección, que finaliza en 2027, 2029 y 2038, según este medio.

La venta de Fidere no significa que Blackstone abandone el mercado inmobiliario español ni una huida de los grandes fondos por la incertidumbre jurídica, tal como han intentado señalar sectores afines al lobby inmobiliario. Todo apunta a una reconfiguración del mercado, con una renovación de actores tras el final de un ciclo de inversión. Después de comprar a precio de saldo viviendas, muchas veces gracias a favores políticos o puertas giratorias, han rentabilizado la inversión con los alquileres más altos de la historia de España, y, ahora que los precios de la vivienda están más altos que antes del estallido, interpretan que es un buen momento de vender.

Nestar/Azora es otro de los fondos que está buscando deshacerse de parte de su patrimonio. El fondo de inversión cuenta con más de 9.500 pisos en las principales ciudades de España y está estudiando una vía de salida para los actuales inversores principales para dar entrada a unos nuevos.

A estas operaciones de venta se suma Cerberus, que explora la venta de entre 3.500 y 4.000 viviendas, una operación que supondría entre 750 y 900 millones de euros. También el fondo de capital riesgo Ares Management está en proceso de vender 6.000 viviendas gestionadas por Avalon, muchas de ellas procedentes del plan VIVE de Madrid. Se trata de una cartera valorada en 1.200 millones de euros. 

Para el sindicato de inquilinos, se trata de una “oportunidad” para que el Estado recupere estas viviendas y que pasen otra vez a ser parte del parque público, para que miles de hogares estén “protegidos de la especulación”

Martín Urriza considera mala idea que el Estado adquiera esas miles de viviendas a los altos precios a los que se ofertan. Para este diputado de Sumar lo que tiene que promover el Estado es que la burbuja inmobiliaria estalle: “Sería un error que el sector público entrara ahora a comprar estas viviendas, facilitando la salida de los fondos. El sector público tiene que centrarse en pinchar cuanto antes la burbuja introduciendo las reformas pertinentes para asegurar el acceso de la vivienda a precios asequibles”. Reconoce que la creación de un gran parque público de vivienda de alquiler asequible “es la prioridad”, pero en esto, dice este economista, el PSOE “sigue arrastrando los pies porque cree que el partido de los propietarios es electoralmente más amplio que el de los inquilinos”.

Para el sindicato de inquilinos, se trata de una “oportunidad” para que el Estado recupere estas viviendas y que pasen otra vez a ser parte del parque público, para que miles de hogares estén “protegidos de la especulación” con contratos estables y precios ligados a sus ingresos. Por ello, anuncian, decenas de bloques organizados en el sindicato están dispuestos a “entorpecer y frenar esta venta vergonzosa”.