Madrid
“Con anunciar vivienda pública no basta”: reclaman un uso social de los terrenos de la excárcel de Carabanchel

El pasado enero el Ministerio del Interior traspasó al de Vivienda los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel, demolida en 2008. Desde hace más de una década, el destino final de las parcelas no ha estado exento de polémicas ni reclamaciones vecinales, donde varias plataformas llegaron a reclamar un Museo de la Memoria por la represión franquista o los presos políticos que levantaron originalmente el edificio. Ahora se convertirá, como ya se preveía, en una zona de viviendas, presuntamente públicas.

De hecho, el proyecto urbanístico lo gestionará la Entidad Pública Estatal de Suelo (Sepes), anunciada por el presidente Pedro Sánchez en diciembre de 2024 y que pretende ser punta de lanza en la lucha contra la crisis de la vivienda del Gobierno de coalición. 172.000 metros cuadrados en los que el porcentaje entre vivienda pública y libre aún no está definido, y solo corresponde a menos de la mitad del solar en las que se calculan levantar 600 viviendas.

Pero los vecinos y las organizaciones de vivienda no se fían. Aglutinados en torno a la Coordinadora Vecinal por el uso social de los terrenos de la cárcel–Salvemos Eugenia de Montijo, con décadas de existencia en un reclamo histórico del distrito, plantearon su primera movilización el pasado 1 de febrero, apenas días después de que se confirmase el traspaso de Interior a Vivienda, y piden mayor participación en un proceso aún por esclarecerse.

“Se prometen cosas como la Operación Campamento, en los que se llama vivienda pública a lo que realmente es vivienda protegida”: Alberto Crespo, del Sindicato de Inquilinas del Distrito Latina

Alberto Crespo, vecino a Carabanchel y portavoz del Sindicato de Inquilinas de Latina, y que entienden las entidades de la Coordinadora como un distrito también afectado por el futuro planeamiento, opina a El Salto que “anuncios como el del Ministerio de Vivienda se acaban quedando en nada. Se prometen cosas como la Operación Campamento, en los que se llama vivienda pública a lo que realmente es vivienda protegida, que acaba en manos de las propias inmobiliarias y los precios continúan inflados tanto en venta como en alquiler”.

Así que piden “políticas concretas: que se detalle de forma concreta cómo va a ser la gestión de esa vivienda, cómo va a ser el precio. También, la exigencia tanto del sindicato como de la plataforma, es que sean viviendas públicas en alquiler a largo plazo y con un alquiler en base a los ingresos de las personas que vayan a vivir ahí”.

Por su parte Mar Rives, presidenta de la Asociación de Vecinos del Parque Eugenia de Montijo, explica a El Salto que en el barrio “la preocupación es que el proyecto actual va a afectar, si no eliminar, las zonas verdes ya consolidadas. Está previsto un tramo de cuatro viales y una parte con varias rotondas que no vemos necesarios, primero porque es una parte de Carabanchel que está bien conectada por carretera, metro, Cercanías, autobús…”.

El plan urbanístico para los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel levanta al barrio en contra

Guillermo Martínez

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Urbanismo

Especulación urbanística El plan urbanístico para los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel levanta al barrio en contra

Guillermo Martínez

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Aislar un Bien de Interés Cultural, reducir una zona verde y las afecciones que supondrá a una vía pecuaria son algunos de los motivos por los que decenas de activistas se han unido en una plataforma.

Los vecinos han presentado alegaciones a este respecto con estudios que apoyan la accesibilidad del barrio y el respeto por sus zonas verdes. “El destrozo que harían es mayor que la necesidad de conexión de lo que hay proyectado”, añade Rives, que apunta que “dentro de la plataforma, cada entidad tiene su enfoque y nuestra lucha va a un poco por aquí: que exista participación vecinal y se respete lo que está bien en el barrio”.

Añade, además, que si fuese solo por las necesidades de vivienda de los barrios adyacentes “no tiene sentido que hagan ninguna, al menos es nuestro punto de vista, porque ya hay muchas promociones en proyecto, incluidas las de la Operación Campamento”. Pero, aclara la vecina, “sí se van a hacer, porque es una cuestión de planeamiento general de la ciudad, que sea en el modelo más social posible”.

Además, piden un centro de Formación Profesional, otro de mayores y una guardería infantil. “Son dotaciones que hacen falta en el barrio y que se reclaman desde hace años. Para los vecinos que ya existen. No tiene sentido hacer cada vez más viviendas y que no haya equipamientos para quien va a vivir ahí”, concluye.

Finalmente, Rives nos explica que han propuesto situar en la zona un Centro de Interpretación o Museo de Carabanchel, que una la parte de memoria de la antigua cárcel con la Ermita de la Antigua -el edificio más antiguo de Madrid, con problemas de suciedad y mantenimiento-, los yacimientos encontrados a su alrededor o la parte del Parque Eugenia de Montijo que fue finca de recreo de la emperatriz de Francia que le da nombre.

Planeta Desarmado

Trece años del derribo de la cárcel de Carabanchel

Nacho Gómez

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Memoria histórica

Trece años del derribo de la cárcel de Carabanchel

Nacho Gómez

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La cárcel de Carabanchel: memoria a rescatar tras su interesado derribo en 2008

Desde el Sindicato Vivienda Carabanchel apuntan que “aunque estamos de acuerdo con que las promociones se destinen a vivienda pública, lo que intentamos dejar claro es que no es una solución al problema de la vivienda, porque es algo mayor. En este caso apoyaremos vigilar que el gobierno no los venda al mercado privado, como un arma para frenar la especulación y la gentrificación en Carabanchel. Pero construir más no es la solución simplemente porque en el barrio viviendas suficientes ya hay”. 

De hecho, la gran preocupación del sindicato es cómo en la propia Carabanchel ni siquiera vivir en una vivienda social de cualquier tipo es una garantía. “En el barrio llevamos ya como año y medio recibiendo una oleada de gente de la zona que vive en vivienda pública y están siendo amenazados con el desahucio o directamente desahuciados”, apuntan a El Salto. El caso más reciente, el de Ana María, la vecina de Camino Alto de San Isidro cuyo desahucio por parte de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid se consiguió detener por la movilización vecinal el pasado 30 de octubre de 2024.

Culpan a la “superburocratización” de los organismos públicos e incluso consideran que su capacidad de negociación es “peor” que la del parque privado, provocando muchos más desahucios, sin opciones de tercera vía. Así que “en ese terreno se construyan viviendas públicas no garantiza que la vivienda vaya a ser universal o garantizada. Estamos viendo como las familias más vulnerables son desahuciadas aplicando criterios clasistas u muchas veces racistas, con informes tan vagos como que hay quien dice que en el bloque huele a marihuana y se señala a la familia gitana”.

Por eso exigen alquileres sociales vitalicios, similares a los de otros países europeos como Italia, y una participación vecinal real. “Ahora mismo esos terrenos no son ‘para el barrio’, como se ha dicho, sino que están en manos del Ministerio de Vivienda, y mientras no sepamos que lo que se construya no incluye una cláusula que declare que nunca van a poder venderse al mercado privado, no están fuera del alcance de la especulación”. 

Crespo, del Sindicato de Inquilinas, apunta como “el rentismo se ha expandido mucho por el sur de Madrid y ha aterrizado en los distritos de forma salvaje a través de la entrada de los fondos buitre. El mayor ejemplo es Puerta del Ángel y ya estamos viendo como en Lucero hay fondos que compran edificios completos. En estos distritos, como Latina o Carabanchel, hace 10 años era imposible ver un piso turístico y ahora son esos locales comerciales reconvertidos en viviendas y con el cajetín para la lleva en la puerta”.

Para ellos promociones como la de la antigua cárcel pueden ser un “cortafuegos” en barrios de este tipo pero “no la solución, no se trata de simplemente construir vivienda pública y ya, aunque eso sería una victoria, sino frenar la especulación y los precios, con medidas fuertes”. En ese sentido valora la colaboración dentro de la coordinadora “porque se dan casos de que a veces en una zona hay 10 asociaciones y no hay contacto entre ellas. La plataforma está siendo muy enriquecedora por compartir experiencias y objetivos y cada uno aporta una visión de una problemática”.

El más reciente movimiento de la Coordinadora ha sido solicitar una reunión a la ministra de Vivienda y Agenda, después de la nula respuesta que obtuvieron a otras peticiones similares al Ministerio del Interior, la Comunidad de Madrid y el propio Ayuntamiento de la ciudad, las tres administraciones que tienen competencia en el desarrollo de dichos terrenos. El objetivo es el mismo, “abordar la manera en que estas viviendas sirvan realmente a paliar el grava problema que existe en nuestra sociedad, y en particular en los distritos más poblados de Madrid, Latina y Carabanchel”.