Bomberos
Los bomberos forestales se manifiestan en Madrid para exigir el fin del “maltrato institucional" en el sector

Una marea amarilla de más de 2.000 profesionales ataviados con uniformes para la extinción de incendios ha inundado el centro de Madrid este sábado 18 de octubre. Una manifestación estatal convocada desde la Plataforma de Asociaciones y Sindicatos de Bomberos Forestales (PASBF) ha recorrido desde primera hora de la mañana la calle Ferraz hasta el Congreso de los Diputados, pasando por Génova para exigir el fin del maltrato institucional que sufren desde hace años. 

“No necesitamos declaraciones grandilocuentes, necesitamos hechos concretos del reconocimiento de nuestro trabajo y nuestra profesión”, denunciaba esta plataforma a través de un comunicado.

Protesta sin incidentes

Durante la ruta, que ha transcurrido sin incidentes ni cargas, han confluido profesionales llegados en buses fletados desde muchos territorios del Estado como Aragón, Guadalajara o Burgos, con el fin de reclamar lo que ya llevan meses reivindicando en balde: servicios adecuados de prevención y extinción de fuegos y una inversión pública suficiente para cubrir las necesidades del sector. La plataforma convocante denuncia una situación de abandono estructural que en la práctica se traduce en “la externalización de los servicios públicos, que deberían ser prestados directamente por las Administraciones Públicas, las jornadas y horarios inadecuados y agotadores, los bajos salarios, las malas condiciones de seguridad y salud laboral, etc”.

En este sentido, aunque las demandas son múltiples y de muy diversa índole (aplicación de coeficientes reductores de la edad de jubilación con carácter retroactivo, contratos fijos o EPIs acordes con la actividad actual, entre otros) el origen común de toda la precariedad se sitúa en el tipo de contratación, que varía en función del territorio. Actualmente, existe personal contratado por el Estado central, como es el caso de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), que dependen del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, mientras que otros profesionales son contratados por las autonomías a través de empresas intermediarias como Tragsa. “Es una empresa de capital público, pero es una mercantil que se rige por los principios del mercado, de sacar beneficios allí donde pueda”, infiere un trabajador. 

Esto ocurre, por ejemplo, en comunidades como Castilla y León, donde el 40% del personal está contratado por esta entidad, si bien en esta comunidad otro 40% trabaja para empresas privadas de prevención y extinción de incendios. También dependen de Tragsa los bomberos de la Comunidad de Madrid, donde en julio de este año arrancó una huelga de un mes con servicios mínimos (aunque fue retomada a finales de agosto de manera indefinida) para conseguir la firma de un nuevo convenio colectivo con mejoras salariales, menor temporalidad y más dotaciones materiales.

La plataforma convocante denuncia una situación de abandono estructural que en la práctica se traduce en “la externalización de los servicios públicos"

Por ello, todos ellos claman por ser considerados de forma homogénea en todo el país “personas trabajadoras al servicio directo de las Administraciones Públicas, con todos los derechos inherentes a tal condición”. “Siendo trabajadores públicos, no dependientes de ninguna empresa, conseguiríamos tener una mejor formación, mejores equipamientos, salarios más dignos, en definitiva, mejores condiciones”, alega en conversación con El Salto José Manuel Alonso, portavoz de la plataforma.

Precisamente en Castilla y León, se han producido recientemente varias movilizaciones similares a la de este sábado, pero en el ámbito autonómico. La última de ellas, el pasado 24 de septiembre en Valladolid, reunió en torno a 2.000 bomberos forestales y representantes sindicales para reivindicar igualdad de condiciones laborales en los distintos territorios, así como una mayor formación de las plantillas a lo largo de todo el año.

Contratos fijos que pongan fin a la elevada temporalidad en el sector

Los bomberos de todo el país, pero especialmente en comunidades como Galicia o Castilla-La Mancha, pusieron el cuerpo durante la que ha sido este verano la peor ola de incendios desde 2006. En lo que llevamos de 2025, han ardido más de 381.103 hectáreas con un total de 268 fuegos, que han calicinado buena parte del noroeste peninsular. A pesar de haber sido trabajadores imprescindibles especialmente en el último periodo estival, la mayoría están sujetos a un régimen de temporalidad insostenible. Por tanto, otro de los reclamos generales es el establecimiento de contratos de 12 meses y el fin de los fijos discontinuos.

Lo cuentan a El Salto Gala, Bárbara y Clara, bomberas venidas desde la Sierra Norte, en Guadalajara. “Uno de los puntos que más negativamente nos afecta y por lo que estamos hoy luchando es la falta de trabajo estable todo el año y la capacidad de poder permanecer en un lugar para trabajar allí, porque siempre es trabajo cambiante, cada verano te mandan a un sitio diferente y tienes que estar buscándote la vida para seguir trabajando el resto del año”, destaca Bárbara, que incide en que “en invierno nos echan a la calle, dejamos de trabajar y hay que esperar años hasta que se formalice un contrato de 12 meses”. 

A pesar de ser trabajadores imprescindibles, la mayoría están sujetos a un régimen de temporalidad insostenible

El acceso al cuerpo de bomberos se produce muchas veces a través de una bolsa de empleo y solamente se cubren los meses de verano, por lo que con el tiempo se puede conseguir una plaza fija, aunque ella lleva cinco años todavía siendo fija discontinua. “El verano está asegurado, pero luego te vas a la calle. Es algo muy generalizado entre las comunidades autónomas”, protesta.

Precisamente esta inestabilidad salpica directamente a la conciliación, un problema tan sofocante como silencioso. “A las compañeras que tienen criaturas les cuesta mucho conciliar, la empresa se lo pone muy difícil, no les ponen coche para que vayan a los trabajos, como tienen reducciones de jornada, entran más tarde o salen antes y están siempre a vueltas y con denuncias con la empresa”, confiesa Gala, que advierte de la dificultad de maternar en un sector tan precarizado como el suyo. “En concreto en Guadalajara siempre es todo a última hora, siempre te avisan mal y tarde de todo y no te dan las opciones ni para conciliar ni para que tengas una estabilidad”, denuncia. 

Formación continuada y reconocimiento de enfermedades laborales específicas

Las cuestiones de seguridad y salud laboral no son un tema menor en las demandas de los bomberos. “Estamos haciendo turnos para cubrir inundaciones sin haber tenido nada de formación al respecto, sin tener EPI para ese tipo de emergencias, trabajando con monos de incendio en las inundaciones”, comentan Raquel y Carmen, procedentes de Aragón. Este verano tuvieron jornadas de hasta siete días de trabajo, trabajando entre 12 y 14 horas al día. El Estatuto de Bomberos Forestales contempla la creación de un catálogo de enfermedades profesionales, que llevan esperando desde el pasado 7 de noviembre, casi un año.

“Hay muchísimas lesiones que tienen que ver con el aparato musculoesquelético. Hay tendones, rodillas y toda clase de articulaciones que acaban machacadas y en la prevención trabajamos con desbrozadoras, con motosierras y en zonas con muy mala estabilidad. Cuando vas a la mutua, hay veces que hasta te dicen que el daño te lo habrás hecho jugando al pádel, montando en bici o haciendo cualquier cosa, por eso muchos acabamos yendo a la Seguridad Social”, destaca Ángel, perteneciente a las Unidades Helitransportadas del Servicio de Bomberos Forestales de Castilla y León. En el caso de los bomberos, recuerda, muchas veces hablamos de “una siniestralidad sin retorno”, refiere en recuerdo de sus compañeros fallecidos durante las labores de extinción.  

Desde Comisiones Obreras subrayan asimismo la necesidad de cumplir con el compromiso adquirido hace un año “con la aprobación de las leyes 4/2024 y 5/2024 básicas de bomberos y agentes forestales y medioambientales, que establecieron el marco legal para la estabilización, estructuración y consolidación de los dispositivos de prevención de incendios, especialmente ante las necesidades actuales y el contexto de emergencia climática”. En su comunicado de adhesión a la marcha detallan que todavía falta desarrollar varias materias reconocidas en la norma, como la correcta aplicación de la clasificación profesional o los procedimientos de acreditación formativa y de competencias, “que para el sindicato son fundamentales en la consolidación del operativo de prevención y extinción de incendios forestales”.