Valladolid
Bomberos y agentes forestales de todo el Estado exigen condiciones laborales dignas en Valladolid

Las Cortes de Castilla y León han finalizado la mañana de este miércoles con ceniza y manchas de sangre. Así han quedado después de la manifestación estatal convocada por Comisiones Obreras y UGT en Valladolid en defensa de los derechos laborales del cuerpo de gestión forestal. Los sindicatos exigen un operativo de prevención y extinción de incendios 100% público, suministros en los lugares de trabajo y estabilidad laboral a uno de los sectores más castigados por las administraciones públicas. Tras la pésima gestión de los incendios el pasado verano, las protestas han finalizado, una vez más, exigiendo la dimisión de los máximos responsables políticos en la Junta.

Una fila de policías recibía frente a las Cortes, paciente pero cada vez más numeroso, los golpes a las vallas, las bengalas de fuego y los gritos espetados a escasos centímetros de sus rostros por parte de miembros del cuerpo de bomberos y bomberas forestales. La represión de una manifestación que demanda mejoras en las condiciones laborales del cuerpo de profesionales forestales parece ser lo último que necesita el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. A pocos meses de las elecciones autonómicas convocadas para próximo 15 de marzo, el cuerpo de gestión forestal sigue demandando que no se olvide lo que ha ocurrido este verano en los montes. 

“Dignidad laboral al bombero forestal” o “bomberos forestales, derechos laborales” son algunas de las proclamas que se han escuchado en la manifestación estatal convocada hoy en Valladolid por los sindicatos mayoritarios. “Los responsables políticos aplican parches y no cuentan con los profesionales del sector, lo que impide mejorar el operativo”, ha declarado Jorge Nieto, coordinador estatal de agentes forestales y medioambientales de Comisiones Obreras (CCOO). El representante ha asegurado que es imprescindible que la extinción se realice desde un servicio 100% público y ha exigido la aplicación de la Ley 4/2024 de agentes forestales y medioambientales. Demandas como las de Nieto llevan escuchándose, sin cambios, durante la última década. 

Una lucha de más de diez años

Frente al paisaje ennegrecido de Las Médulas cuesta no proyectar, tras este verano, nuevas imágenes de la historia. Entre castaños centenarios arrugados se cuelan secuencias de bomberos forestales corriendo entre llamas, exhaustos y sin una coordinación clara. Frente a ellos camina ahora un miembro de la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León (ATIFCYL). Atiende llamadas visiblemente frustrado. Forma parte del equipo que desarrolla una investigación independiente sobre la gestión de los incendios de este verano, tras la negativa de la Junta a impulsarla. La cara en llamas del consejero de Medioambiente y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, destaca en una pegatina en su teléfono. En ella puede leerse: Quiñones dimisión. 

“La Junta no quiere hacer una investigación porque sería tirar piedras contra su propio tejado”, explica su compañero Alejandro, también de ATIFCYL. Desde la asociación reivindican condiciones laborales dignas para un operativo que no ha cambiado nada en diez años. En una década, sueldos congelados, jornadas laborales de veinte horas, puestos de vigilancia sin agua o electricidad, horas extras sin compensar. “Mucha gente no aguanta ni cuatro meses”, afirma Alejandro a El Salto, “y con estas condiciones es normal”. 

“Llevamos años de lucha constante contra el abandono”, denuncia Alejandro, miembro de la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León

Los sindicatos denuncian jornadas laborales de veinte horas seguidas, falta de equipos y avituallamiento tardío y escaso. En la extinción de este verano en Castilla y León constan casos de Equipos de Protección Individual (EPI) reciclados del incendio del día anterior. Las bases desde las que opera el cuerpo de profesionales tampoco cumplirían los requisitos mínimos exigidos por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Los sindicatos señalan ausencia de vestuarios suficientes, botiquines de primeros auxilios o una ventilación adecuada. “Llevamos años de lucha constante contra el abandono”, denuncia Alejandro. 

Aunque ATIFCYL no es una de las organizaciones convocantes, ha decidido sumarse a la manifestación. “No debemos dividirnos como trabajadores”, señala Alejandro. Cree que este es el momento de presionar a la Junta y los sindicatos mayoritarios para que acuerden un cambio radical en el operativo de prevención y extinción de incendios. Desde ATIFCYL piden finalizar con la privatización del sector, repartido entre empresas que precarizan sus condiciones laborales, y alcanzar una gestión real y efectiva de los montes, que incluya el cuidado y la repoblación de los pueblos. “Y una cosa más”, repite Alejandro para finalizar, “la dimisión de los responsables: Quiñones y el Director General de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz”. 

Sobre la mesa de negociación, otra vez

“Si algo tenemos claro es que con los responsables actuales no vamos a tener interlocución”, afirma a El Salto José Ramón Jiménez, delegado de Medioambiente en el Sector Autonómico de Comisiones Obreras (CCOO). En 2022, tras los incendios que arrasaron con más de 60.000 hectáreas en la Sierra de la Culebra, CCOO, UGT y CEOE llegaron a un acuerdo de mínimos con la Junta para estabilizar las condiciones de los bomberos forestales, en unas negociaciones que califican como “muy duras”. En esta ocasión, CCOO no se va a conformar con nada que no implique una reforma integral del operativo. “El modelo hace aguas, tiene tantos agujeros que no es posible taparlos, su fracaso es absoluto”, afirma Jiménez. 

Al igual que el resto de los sindicatos, CCOO exige un operativo cien por cien público. Jiménez invierte muchos minutos en tratar de explicar a El Salto la complejidad del actual operativo de prevención y extinción de incendios, que la Junta divide entre más de 35 empresas privadas con concesiones con la administración. Desde los escasos cuerpos forestales que trabajan directamente para el sector público, menos de un 20%, hasta quienes lo hacen bajo el pésimo tratamiento de las empresas privadas, un 40%, o la semipública Tragsa, otro 40%, las condiciones varían. También entre las distintas categorías, desde las cuadrillas terrestres, a quien la administración “trata de la peor forma posible”, según Jiménez, hasta el cuerpo de Agentes Ambientales, que sigue sistemáticamente sin recibir reconocimiento de sus funciones pese a ser quienes dirigen la gestión de cada incendio. “Existe un nivel de clasismo y caciquismo vergonzoso”, denuncia Jiménez. 

Las conversaciones con la Junta no se han detenido desde los acuerdos de la Mesa de Diálogo de 2022, que siguen sin haberse cumplido. “Se les tendría que caer la cara de vergüenza si empiezan a cumplir estos acuerdos solo tras los incendios de este verano”, afirma Jiménez, “no quieren asumir que necesitan un cambio de rumbo”. Comisiones Obreras ha anunciado que presentará a la Fiscalía una denuncia contra la Junta de Castilla y León por incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en los incendios de este verano. “Y te aseguro que el documento es prolijo en argumentación”, afirma Jiménez, “es muy triste que haya que llegar a estos extremos con una administración pública”. La demanda se suma a otras iniciativas de organizaciones y partidos. Izquierda Unida también presentará una denuncia por incumplimiento de derechos laborales frente a la Inspección Territorial de Trabajo de Castilla y León, solicitando el levantamiento de actas contra las empresas privadas con concesiones con la Junta. 

“Esta situación parte del argumentario de una dirección autonómica encallada y una población acomodada en una dirección de barco”, afirma Jiménez. En la manifestación, todavía se escuchan los gritos que han abundado en todas las protestas por la gestión de incendios de las últimas semanas: “Quiñones, Arranz, dimisión”. Las mismas palabras que pueden leerse en el teléfono del bombero forestal en Las Médulas. El 18 de octubre el cuerpo de profesionales de gestión forestal volverá a reunirse en Madrid para exigir la aplicación efectiva del Estatuto de Bomberos Forestales por parte de las autonomías. “A costa de que se vaya quemando el terreno van haciendo pequeñas modificaciones”, afirma Jiménez, “no podemos esperar a que se queme todo”.