Huelva
En lo que va de 2025 se han producido al menos quince incendios en los asentamientos chabolistas de Huelva

La imagen se vuelve a repetir, y no por ello se disminuye el impacto. Un horizonte de restos de plástico calcinados entre arbustos y pinos es lo que queda de las chabolas de al menos 70 personas a las afueras de la localidad de Palos de la Frontera (Huelva). Decenas de personas han perdido no solo su refugio, también su documentación, sus recuerdos y sus objetos personales. El fuego las arrasó el pasado domingo por la noche; apenas tres semanas antes, un incendio arrasaba otras doce chabolas en otro asentamiento en Lepe (Huelva). En el lapso de tiempo entre el 29 de mayo y el 9 de junio se detectaron ocho incendios en asentamientos de Lucena del Puerto; en los meses anteriores, entre las localidades anteriores y Moguer, se produjeron otros cinco fuegos, lo que supone un total de quince incendios desde enero de este año. 

“Los incendios en los asentamientos no son accidentes, son la consecuencia de la falta de voluntad política para garantizar condiciones de vida dignas a quienes trabajan en la provincia”, sostienen desde la APDHA.

A causa del primer incendio registrado este año, Kullu Konay, un trabajador originario de Ghana de 40 años, perdía la vida mientras dormía a causa de las llamas que arrasaron el asentamiento Santa Catalina de Lucena del Puerto. Desde 2019 han fallecido cuatro personas en esta situación. A pesar de que las cifras superan el incendio mensual, no es un año anómalo; de forma recurrente, estas poblaciones de infraviviendas salen ardiendo a causa de los generadores que utilizan para tener luz, ya que son zonas donde no hay acceso a electricidad, y la composición de plástico de sus hogares.

Desinterés institucional

“Los incendios en los asentamientos no son accidentes aislados: son la consecuencia directa de la falta de voluntad política para garantizar condiciones de vida dignas a quienes sostienen con su trabajo la economía agrícola de la provincia”, sostienen desde la APDHA. Una reflexión que comparten también desde el Secretariado de Migraciones de Huelva: “Resulta insoportable contemplar cómo estos sucesos se repiten una y otra vez, mientras las administraciones competentes continúan sumidas en una inanición política y moral que condena a cientos de seres humanos a vivir en condiciones indignas, a merced del fuego, el frío o la intemperie”. El sindicato CCOO también se ha posicionado denunciando la situación al exponer que “no es de recibo que miles de personas con nombres y apellidos sobrevivan en condiciones inhumanas y de extrema pobreza, sin acceso a agua potable, electricidad, recursos básicos y expuestos a innumerables peligros de salubridad y de incendios como el que acaba de suceder”.

En los asentamientos onubenses, una realidad que existe desde hace más de 25 años sin que se haya solucionado, viven más de 5.000 personas, en su mayoría trabajadoras y trabajadores migrantes que sostienen la industria de los frutos rojos en la provincia, un sector que en 2024 alcanzó su máximo histórico con una producción de más de 1.500 millones de euros. Horas después de que se produjera este último incendio, durante la mañana del domingo, el gerente de Freshuelva, Rafael Domínguez, hablaba acerca de la próxima campaña de frutos rojos y definía el sector como “referente” y añadía que: “Es un gran generador de empleo, no solo en la provincia o el país, sino incluso de muchos otros países”. Unas horas antes del suceso, la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, exponía en una visita a la localidad onubense de San Juan del Puerto que “el Gobierno del PSOE de España es lo mejor que le ha pasado a Huelva”, haciendo referencias al plan de Doñana, una posible llegada del AVE y proyectos industriales, sin hacer referencia alguna a la situación de vulneración de los derechos humanos que miles de personas sufren en la localidad.

“Otro más mientras los 'planes de erradicación del chabolismo', que se supone aportarían alternativas viables, caen en saco roto”, denuncian desde Jornaleras de Huelva en Lucha y señalan a un plan elaborado por la Junta de Andalucía que no está ofreciendo soluciones para estas personas. Desde la APDHA exigen a las instituciones, tanto locales como regionales y nacionales, que se pongan en marcha de forma inmediata “alternativas habitacionales dignas y seguras para todas las personas afectadas”, una acción que hasta ahora, y en incendios anteriores, no se ha producido. La asociación además propone que se genere un plan de erradicación “con la participación activa de las propias personas inmigrantes y de las organizaciones sociales que trabajan con ellas” que garantice “el cumplimiento de los derechos humanos básicos, en especial el derecho a la vivienda, a la seguridad y a la no discriminación”.