Análisis
Por qué Trump consiguió lo que quería en Groenlandia
Alfred Hitchcock decía que una buena película debía comenzar con un terremoto y a partir de ahí subir la tensión. Tras el secuestro a principios de enero del presidente venezolano, Nicolás Maduro, la Casa Blanca ha ido aumentando la presión política sobre Groenlandia. Katie Miller —la esposa de Stephen Miller, el subdirector de gabinete de la Casa Blanca— publicó el pasado 4 de enero en la red social X un mapa de la isla con la bandera estadounidense sobreimpresa, y, en apremiantes letras mayúsculas, la palabra “pronto”. Sin apenas tiempo para recuperar el aliento, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó la Orden Ejecutiva 14199, por la cual los Estados Unidos se retiraban de 66 organizaciones internacionales —la mayoría de ellas centradas en el clima y el medio ambiente, las migraciones y los derechos humanos y laborales—, 31 de ellas ligadas a las Naciones Unidas, incluida la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático (UNFCCC), antes de retornar, con nuevos bríos, a la cuestión del territorio autónomo de Dinamarca.
Hay quien ha calificado esta batería de medidas sin pausa como el equivalente burocrático de la doctrina militar de shock and awe empleada por EEUU en Iraq en 2004. Según Henry A. Giroux, nos encontraríamos ante una forma de caos como método: “Lo que se enmascara como espectáculo y turbulencia es, en realidad, un calculado ejercicio del poder, una forma de gobierno que instrumentaliza la confusión, acelera la crueldad y funciona como el análogo doméstico del terrorismo, diseñado para intimidar, desorientar y agotar a la opinión pública hasta someterla. Mediante esta maquinaria de distracción y shock toma forma hoy el terrorismo de estado, no como un acontecimiento singular, sino como una secuencia continua de rupturas calculadas e incesantes actos de violencia”.
La noche del miércoles Trump anunció tanto en Davos como desde la red social Truth Social haber alcanzado un acuerdo sobre Groenlandia, sin ofrecer detalles. El ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, realizó, en la calle y pipa en mano, y visiblemente aliviado, una primera valoración, sosteniendo que el día terminaba “con un tono mejor del que con el que comenzó: celebramos que Trump haya descartado tomar Groenlandia por la fuerza y detener la guerra comercial”. “Ahora sentémonos y encontremos cómo podemos abordar las preocupaciones de seguridad estadounidenses en el Ártico mientras respetamos las líneas rojas del Reino de Dinamarca”, agregó Rasmussen.
A falta de conocer en el momento de escribir estas líneas el texto definitivo, la prensa alemana ha avanzado ya la posibilidad de que finalmente este acuerdo —que habría sido fraguado por el secretario general de la OTAN, Mark Rutte—, contemplaría la revisión del anterior firmado en 1951 por el que se rige la presencia de tropas estadounidenses en la isla y supondría la cesión de facto de la soberanía del territorio de la base estadounidense de Pituffik —y, posiblemente, de otros puntos de la isla donde instalar equipamiento militar—, lo que facilitaría su inclusión como componente de un eventual escudo antimisiles. En pocas palabras, Pituffik —y quizá otras bases— pasarían a tener el mismo estatus extraterritorial que Guantánamo en Cuba.
Trump aparcaba, así, su amenaza previa de imponer aranceles del 10% a todos los bienes importados de Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, los Países Bajos, Noruega, Suecia y el Reino Unido a partir del 1 de febrero, que ascenderían al 25% el 1 de junio y “hasta que se alcance un acuerdo para la adquisición completa y total de Groenlandia”. Aunque los medios de comunicación y comentaristas proeuropeos presentarán con toda seguridad el acuerdo como una derrota, ni que sea parcial, del presidente estadounidense, y lo justificarán aduciendo que se ha reforzado a la OTAN y frenado las ambiciones de Rusia y China sobre Groenlandia, es más razonable pensar que Trump ha conseguido seguramente lo que quería desde el comienzo. ¿No era un principio asumido que en toda negociación la parte demandante siempre exige más de lo que quiere obtener para conseguir aquello que realmente quiere? Este conocimiento básico parece haber quedado enterrado debajo del ruido mediático que la administración Trump sabe manejar bien.
Horas después de que Trump amenazase con nuevos aranceles, Alemania discretamente retiró sus tropas de Groenlandia y el canciller Friedrich Merz moderó sensiblemente su discurso
Las cancillerías europeas respondieron como es sabido a las primeras declaraciones procedentes de EEUU sobre Groenlandia de manera atropellada, con el últimamente tan habitual torrente de comunicados apelando a resolver las diferencias dentro del marco del derecho internacional y la OTAN, primero, y con el envío de un pequeño contingente militar, después. Éste, oficialmente en misión de reconocimiento, estuvo formado por tropas de Francia, Alemania, Reino Unido, Suecia, Finlandia y los Países Bajos, además de Reino Unido y Noruega —que no forman parte de la UE— y fue el que motivó el anuncio de nuevos aranceles por parte de Trump.
Incluso si la cuestión de Groenlandia acaba relegada dentro de unos meses, o semanas, a un segundo plano ante la aparición de otro tema más apremiante —o que el presidente estadounidense considere como tal—, la pregunta “¿qué podría hacer la UE?” es más difícil que desaparezca con ella y, más bien, podría convertirse en la proverbial escritura en la pared, entre otras cosas porque podría —y acaso: debería— conducir a otra pregunta: “¿Qué pudo haber hecho la UE antes?” Aquí es donde conviene detenerse ante los escenarios que se dibujaban para entender por qué se ha llegado a algún tipo de acuerdo y por qué, casi con toda seguridad, este acuerdo es beneficioso a los intereses de la actual administración estadounidense.
Opción 1: ¿Despliegue de tropas?
El pequeño contingente de tropas europeas enviado a Groenlandia ha sido visto por los medios de comunicación como una de las primeras reacciones serias a las amenazas de Trump, e incluso, quizás, como el primer paso para la activación del mecanismo de capacidad de despliegue rápido (EU Rapid Deployment Capacity, EU RDC), por el cual el bloque puede movilizar hasta 5.000 soldados para responder a una situación de crisis.
Sea como fuere, el actual contingente cae más bien dentro de la definición de tropas 'tripwire' (literalmente: cable trampa). Bajo ese nombre se conoce el despliegue de un número de tropas que no sería capaz de ningún modo de detener una agresión armada, pero cuya presencia simboliza el compromiso del país aliado que las envía. Pero sobre todo obedece a la lógica de que un ataque contra ellas serviría para desencadenar una reacción en forma de una intervención mucho mayor como consecuencia de las alianzas con el país que las acoge, en línea con el símil de pisar inadvertidamente el cable de una trampa que activa una carga oculta que detona una explosión. El ejemplo paradigmático de tripwire son los soldados estadounidenses que fueron estacionados en Berlín occidental para evitar un ataque de las fuerzas del Pacto de Varsovia durante la guerra fría. ¿Pero quién sería ese aliado en este escenario?
Según los analistas del think tank Bruegel Moreno Bertoldi y Marco Buti en declaraciones al diario The Guardian, “aunque no habría ninguna necesidad una confrontación armada”, puesto que la derrota estaría asegurada, “el espectáculo de los Estados Unidos haciendo prisioneros a tropas de sus aliados más cercanos arruinaría la credibilidad de EEUU, empañaría su reputación internacional e influiría a la opinión pública y el Congreso estadounidenses”. Este pronóstico, no obstante, arrastra consigo el mismo sesgo de confirmación de otros tantos análisis y comentarios procedentes de Bruselas. ¿Cuánto le ha preocupado exactamente a Trump hasta la fecha su reputación internacional? Un movimiento contrario al derecho internacional así, ¿hasta qué punto preocuparía en el actual contexto internacional a, pongamos por caso, Vladímir Putin, Xi Jinping o Narendra Modi? Por otra parte, la pregunta puede invertirse: ¿Hay una única respuesta posible en lo tocante a la reputación internacional de la UE si varios de sus estados miembro enviasen a un pequeño contingente de soldados cuya única función es la de dejarse detener en aras de una respuesta internacional que no está por lo demás garantizada? ¿Cómo vería una decisión así la opinión pública no ya internacional, sino de los propios estados miembro de la UE?
Opción 2: ¿Guerra comercial?
Otra opción que ya se barajó desde los medios de comunicación y algunas instancias oficiales cuando Trump anunció en 2025 aranceles a la importación de productos de la UE es la de responder declarándole directamente la guerra comercial a los Estados Unidos. Bruselas desechó entonces la idea, después de tantearla durante algún tiempo, y alcanzó un acuerdo por el que el bloque suprimía los aranceles a la importación de una serie de productos estadounidenses y aceptaba un 15% a los propios y hasta un 50% en el caso del acero. En las últimas semanas se ha vuelto a hablar de la posibilidad de activar por primera vez el instrumento contra la coerción económica —conocido popularmente como “bazuca”—, aprobado por Bruselas en 2023.
Este mecanismo fue ideado después de que Beijing respondiese a la decisión de Lituania de profundizar sus relaciones con Taiwán creando cuellos de botella burocráticos a sus exportaciones. El instrumento anti-coerción económica —que nunca antes ha sido activado, por lo que se desconoce la rapidez con la que entraría en activo, o su eficacia— contempla un abanico de medidas que van desde las sanciones hasta la exclusión de empresas del mercado interno pasando por la imposición de controles a la importación o la anulación de toda protección a la propiedad intelectual en la UE de los productos del país contra el que se dirige el instrumento. De acuerdo con estimaciones aparecidas en los medios, la Comisión Europea podría tardar hasta cuatro meses para aprobar su activación, a lo que seguiría un período de ocho a diez semanas de los estados miembro para decidir si apoyan o no la decisión, que tendría que ser aprobada por una mayoría cualificada, esto es, por un 55% de los estados miembros (15 de 27), los cuales deben representar como mínimo el 65% de la población total de la UE.
Declarar a los EEUU una guerra comercial abierta es una opción que no está exenta de graves riesgos, y claramente es la UE quien tiene más posibilidades de perder en ella
Francia se ha presentado como el país más favorable a aprobar la medida junto con Bélgica —cuyo primer ministro, Bart De Wever, declaró el martes en Davos que si “alguien” amenaza con anexionarse territorio de la OTAN o empezar una guerra comercial, entonces la UE debería comenzarla antes—, mientras que países como Irlanda, los Países Bajos o Alemania —que dependen mucho más del sistema financiero estadounidense, o, como en el caso alemán, de sus exportaciones al país—, son más reticentes a la medida. La clase política alemana enfrió muy rápidamente el entusiasmo que pudiese despertar esta medida. La ministra de Economía y Energía alemana, Katherina Reiche, afirmó al portal The Pioneer que Alemania no podría ganar una guerra comercial contra EEUU y se declaró partidaria de que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, intentase mediar con Trump para evitar un conflicto.
El presidente de la Confederación de Asociaciones de Empresas Alemanas (BDA), Rainer Dulger, se pronunció a favor de una “solución libre de conflictos”, y el presidente del grupo parlamentario de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) en el Bundesatg, Jens Spahn, aseguró en el Süddeutsche Zeitung que no sería inteligente “conducir este debate de ese modo” teniendo en cuenta “la dependencia en la que nos encontramos de América”. Horas después de que Trump amenazase con nuevos aranceles, Alemania discretamente retiró sus tropas de Groenlandia y el canciller Friedrich Merz moderó sensiblemente su discurso.
La cautela alemana no es aquí exagerada. Como ha recordado estos días el analista alemán Wolfgang Münchau, “hay otros 21 estados miembro que no han sido sancionados” por Washington, ¿están todos ellos dispuestos a buscar el choque, de un modo u otro, con EEUU por Groenlandia? Es más, “correrán Viktor Orbán, Andrej Babiš y Robert Fico —los primeros ministros populistas de Hungría, la República checa y Eslovaquia respectivamente— al rescate de sus amigos liberales en Dinamarca?” Incluso Polonia, continúa Münchau, “con un gobierno de lo más pro-UE que puede haber, difícilmente va sacrificar su alianza estratégica con Estados Unidos” por el destino de la isla.
Un informe del Deutsche Bank que ha circulado ampliamente estos días en redes sociales ha reflotado la idea de vender los títulos de deuda en posesión de los estados europeos para propinar un duro golpe a la economía estadounidense —también se ha barajado en otros rincones de Internet la posibilidad de retirar masivamente las reservas de oro almacenadas en EEUU o la venta masiva de acciones de empresas estadounidenses—, pero, además del grado de coordinación que exigiría esta medida —más aún a la luz de las preguntas planteadas más arriba—, ¿a quién le venderían exactamente esos mismos títulos de deuda? Más de una década después de la crisis de deuda europea, ¿hasta qué punto pueden depositarse esperanzas en que los mercados acudan al rescate y corrijan una decisión política, cuando su interés prioritario es maximizar las ganancias de los accionistas? Pero sobre todo, ¿cómo afectaría una caída del consumo estadounidense a las economías europeas, y señaladamente a la alemana, que durante años lo ha apostado todo por un modelo basado en la exportación de mercancías?
De acuerdo con una frase muy repetida estos días, la UE es el mayor mercado único del mundo. Nadie cuestiona esta afirmación, ¿pero en qué tipo de mercado se ha convertido estos últimos años? ¿Puede el mercado interno europeo absorber el grueso de exportaciones si su consumo es débil? Al estancamiento de los salarios reales de la mayoría de la población le ha seguido su disminución como consecuencia de la inflación, causada, entre otros motivos, por los efectos de la guerra en Ucrania, y, sobre todo, las sanciones impuestas por ella a Rusia, la mayoría de las cuales que se han vuelto, como un bumerán, contra quien las ha puesto en primer lugar. ¿Hacia qué otros mercados exactamente podría redirigir esas mercancías ahora mismo?
Declarar a los EEUU una guerra comercial abierta es una opción que no está exenta de graves riesgos, y si bien los economistas mantienen que en una guerra comercial no hay ganadores, sino sólo perdedores, claramente es la UE quien tiene más posibilidades de perder en ella. El balance comercial de los países contra los que Trump anunció que impondría aranceles es, salvo en el caso de los Países Bajos y de Reino Unido, negativo para EEUU, y con un montante de 365 mil millones de euros prácticamente equivale a la mitad de las exportaciones europeas a ese país. En el caso de Alemania las exportaciones a EEUU ascendieron a más de 160 mil millones de dólares frente a los 75,7 mil millones de dólares en importaciones, mientras que Francia exportó a EEUU por valor de 59,8 mil millones de dólares e importó por valor de 43,5 mil millones de dólares (cifras de 2024).
Además, la lista de mercancías estadounidenses a las que Bruselas podría imponer aranceles también se agotaría antes. Quizá el lector recuerde que el año pasado la Comisión Europea elaboró una lista de potenciales productos a sancionar por valor de 93 mil millones de euros, y que dicha lista fue finalmente desechada tras el acuerdo comercial alcanzado con EEUU. En aquel documento se incluyeron productos como la soja, pero también —por su valor “simbólico” y “político”, se nos dijo— el bourbon, los pantalones vaqueros de la marca Levi's y las motocicletas Harley-Davidson. La lista de productos y servicios a sancionar a disposición de la Casa Blanca es, en cambio, mucho mayor. Como recordaba meses atrás el economista griego Yanis Varoufakis, “los europeos sobreestimaron el efecto palanca que el déficit de servicios de la UE frente a Estados Unidos confería a Bruselas”. En efecto, “mientras que los estadounidenses pueden vivir cómodamente sin pañuelos Hermès, champán francés, aceitunas Kalamata y Porsches, los europeos no pueden aguantar una hora sin Google, YouTube, Instagram y WhatsApp”, entre una lista considerablemente larga de servicios e infraestructuras digitales, para los que la UE —a diferencia de China y Rusia— no ha desarrollado alternativas propias.
Incluso ante el escenario de la victoria de un candidato Demócrata, ¿qué garantías hay de que el nuevo presidente retiraría todas las medidas aprobadas por Trump?
Aún cabe añadir a todo ello que, a raíz de la guerra en Ucrania, la UE decidió trocar la adquisición de gas natural ruso por el gas natural licuado (GNL) de origen estadounidense, del que ya importa hasta un 59%, con tendencia al alza: en el acuerdo comercial entre Bruselas y Washington alcanzado el año pasado la UE se comprometió comprar 750 mil millones de dólares en energía para finales de 2028. Ursula von der Leyen ha llamado a esto “independencia energética”.
“La Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense de 2025 presenta de manera explícita las exportaciones de energía como una manera de proyectar poder”, ha explicado el profesor Kacper Szulecki, del Instituto Noruego de Relaciones Internacionales, al diario británico The Guardian, y, aunque “EEUU intentó una maniobra similar en los ochenta con Ronald Reagan, intentando convencer a sus socios europeos de que dejasen las compras de gas de la URSS”, entonces no existía una tecnología para licuar esta materia prima. La situación, opina Szulecki, podría incluso empeorar, ya que “por el momento, las reservas de gas en la UE son muy bajas, las más bajas en años, y más bajas que cuando estalló la guerra en Ucrania”. “Si tenemos un invierno frío y tensiones con los EEUU que condujesen a mayores incrementos del precio y un descenso de las reservas”, añadía, “podríamos ver una crisis energética dramática en los próximos meses”.
A todo ello Münchau añade razonablemente a la lista de puntos de presión el armamento estadounidense, del que los arsenales de los estados miembro de la UE dependen en gran medida para abastecer a sus ejércitos —y cuyas compras han aumentado en lo que se pretendía como una maniobra para apaciguar a Trump—; incluso el armamento de fabricación doméstica depende en buena medida de componentes estadounidenses. Existen otras tantas medidas de presión en la bien surtida caja de herramientas política estadounidense, como, pongamos por caso, imponer unilateralmente un tratado de paz a Ucrania que empeorase la situación de la UE o suspender la cooperación en materia de inteligencia con los servicios secretos europeos.
Trump podría decretar cortar el acceso de la UE a los sistemas de pago de Visa y Mastercard, como ha advertido una eurodiputada francesa, o cancelar los programas de mantenimiento del armamento de fabricación estadounidense en los arsenales europeos, y así sucesivamente. Para este comentarista, ante esta situación “la mejor respuesta sería encajar el golpe y centrarse en las decisiones estratégicas a largo plazo”, como, sobre todo, “reducir la dependencia de la UE de los superávits en exportación para su crecimiento, que constituyen la mayor vulnerabilidad geoeconómica del bloque”. No sería un camino fácil, y tampoco sería desde luego un camino corto, pero a estas alturas todo el mundo parece ver con claridad la necesidad de que la UE corrija el curso. La pregunta es, ¿pueden los dirigentes europeos hacerlo? ¿O será una respuesta del tipo, como dice una conocida expresión inglesa, “demasiado poco, demasiado tarde”? Más aún, ¿quieren realmente hacerlo?
El problema de fondo
Como ha señalado Thomas Fazi en un reciente artículo, más que en la “autonomía estratégica” europea de la que tanto se habló en 2025, los dirigentes de los estados miembro de la UE, que han recibido en su mayoría su educación política en el sistema de instituciones transatlánticas que al mismo tiempo los ha aupado al poder —uno de los ejemplos más notables es el de Merz, presidente del consejo supervisor de BlackRock para Alemania entre 2016 y 2020—, en lo que están en realidad más interesados es en preservar una arquitectural legal —la del periclitado sistema transatlántico— en la que pueden jugar un papel subordinado, pero privilegiado, y, desempeñando este papel, acceder el poder, la legitimidad y los beneficios que se derivan de aquélla. “Perciben que ese sistema está bajo amenaza y están preparados para defenderlo a cualquier precio”, escribe Fazi, “incluso si ese precio incluye soberanía o territorio europeos”.
Así, Europa, subraya este autor, “ya ha sacrificado sus principales intereses económicos y de seguridad a los diktats imperiales de EEUU: se ha unido a una guerra subsidiaria (proxy) contra Rusia que ha devastado Ucrania y eviscerado la competitividad industrial de Europa; ha impuesto sanciones que han infligido un mayor daño a las economías europeas que a Rusia; ha permanecido en un atronador silencio tras la destrucción de Nord Stream, una pieza clave de la infraestructura energética europea —una acción probablemente llevada a cabo al menos con la participación indirecta de EEUU y con el conocimiento previo de algunos gobiernos europeos—; si los dirigentes europeos estuvieron dispuestos a aceptar todo esto, consentir el control estadounidense sobre Groenlandia —ya sea a través de la presión militar o acuerdos pseudolegales— no representaría un cambio radical”.
“Aferrándose a un rol subordinado en el cada vez más desgastado sistema imperial estadounidense”, advierte Fazi, “las élites europeas están sacrificando la autonomía a largo plazo del continente por la perspectiva de su acceso continuado al poder”, sin que ésta esté en ningún caso garantizada y aunque “esto también significa alinearse ellos mismos con un hegemon que gobierna a través de la violencia descarnada y la coerción en el momento mismo que más se necesitan la adaptabilidad y la moderación”. Haciéndolo, termina, “exponen a sus sociedades a riesgos cada vez mayores —económicos, políticos y militares— sin que haya ningún incremento ni en su seguridad ni en su influencia”.
Puede que los dirigentes de la UE esperen capear el temporal hasta que Trump termine su mandato, como hicieron con el anterior, y con la esperanza de que el próximo presidente elegido sea un Demócrata que reconduzca las relaciones transatlánticas al statu quo ante. ¿Pero qué ocurriría si a Trump le sucediese otro presidente que continuase su programa, como el actual vicepresidente y por ahora más que probable candidato, JD Vance? Incluso ante el escenario de la victoria de un candidato Demócrata, ¿qué garantías hay de que el nuevo presidente retiraría todas las medidas aprobadas por Trump? ¿No podría mantener algunas en efecto para conservar mecanismos de presión sobre la UE si considera que los intereses estadounidenses así lo precisan?
"China tiene un punto de presión sobre los EEUU: sus materias primas”, sentencia Münchau, “nosotros, en cambio, “tenemos champán, moda y automóviles alemanes”. La economista alemana Isabella Weber ha propuesto “la periferialización de Europa” como “la única manera” de salir del callejón sin salida al que ella misma se ha llevado: “Europa ha de unir finalmente sus fuerzas con el Sur Global en vez de volver a caer en la gesticulación imperialista: en un mundo de superpotencias, Europa ya no lo es”. Por ahora la UE sigue atada a EEUU. Si hay que dar por buenas las proyecciones económicas del sociólogo húngaro-estadounidense József Böröcz, de ligarse a EEUU el bloque lograría ralentizar su declive global, como mucho, unos 25 años. Para tantas referencias a la mitología clásica, hubieran hecho bien en releer el secuestro de Europa en Las metamorfosis de Ovidio: “Se atrevió también la regia virgen, / ignorante de a quién montaba, en la espalda sentarse del toro: / cuando el dios, de la tierra y del seco litoral, insensiblemente, / las falsas plantas de sus pies a lo primero pone en las ondas; / de allí se va más lejos, y por las superficies de mitad del ponto / se lleva su botín”.
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