Granada
El exalcalde de un municipio de Granada, condenado a dos años de prisión por acoso y agresión sexual

La sentencia condenatoria publicada por el Juzgado de lo Penal número 6 de Granada, sostiene que el exalcalde de El Pinar (Granada) Franciscos  Titos realizó una serie de tocamientos no consentidos a la segunda Teniente de Alcalde y Concejal de su Ayuntamiento, ambos del Partido Popular, en diversas ocasiones, aprovechando que por las labores propias de ambos puestos de trabajo tenían que compartir tiempo juntos. Además de tocamientos, la sentencia, que es firme al llegar a un acuerdo de conformidad entre ambas partes en las que el ex regidor reconoció los hechos por los que ha tenido que indemnizar a la víctima con 25.000 euros por los perjuicios psicológicos y el daño moral sufrido, recoge que el edil le obligó en una ocasión a realizarle una masturbación y mensajes de contenido sexual.

Las agresiones ocurrieron en 2022, año en el que la segunda teniente alcalde pidió la baja laboral por la situación de ansiedad y miedo que atravesaba a causa de los actos del edil. En 2023 finalmente denuncia a Titos.

Tras la denuncia, la Concejala ha señalado al equipo del ayuntamiento y al Partido Popular de “pese a la gravedad de los hechos, no haber sido respaldada”. La actual alcaldesa, al reincorporarse la denunciante a su puesto de trabajo durante el verano de 2024, decidió revocarle las competencias delegadas y su retribución económica.

La actual alcaldesa, al reincorporarse la denunciante a su puesto de trabajo durante el verano de 2024, decidió revocarle las competencias delegadas y su retribución económica.

Así mismo declara en una nota de prensa que, “al contrario que otros partidos de la oposición”, su partido no le ha mostrado apoyo, sino que se ha sentido “marginada” desde que interpuso denuncia, hasta el punto de haber llegado a recibir una llamada con ocasión de unas Jornadas por la Igualdad organizadas por la Cooperativa San Roque con la colaboración de la Junta de Andalucía y la Diputación de Granada para que “no asistiese a las mismas pese a estar inscrita, porque preferían que asistiese el ex alcalde, y como tenía una orden de alejamiento…”. La concejala recrimina también la actitud de la asociación “Cada Sonrisa Cuenta” de la cual era voluntaria y de la que fue expulsada sin motivo alguno tras hacerse pública su denuncia.

“Como sociedad no podemos consentir cuestionar a la víctima y que sea esta la que se desplace del espacio público”, María Gallego, abogada de la denunciante.

La abogada de la víctima, María Gallego Cano, se muestra satisfecha con la condena, pero señala su preocupación por el tratamiento público hacia las víctimas que denuncian, considerando que “como sociedad no podemos consentir cuestionar a la víctima y que sea esta la que se desplace del espacio público”.