Galicia
La Xunta filtra a su prensa afín un informe decisivo sobre Altri mientras se lo niega a las partes afectadas

El Gobierno de Alfonso Rueda lo ha vuelto a hacer. A través del diario más complaciente de Galicia con las políticas del Partido Popular, La Voz de Galicia, han publicado una filtración de uno de los informes decisivos sobre la celulosa que Altri y Greenalia quieren construir en el centro de Galicia. Se trata del que emite la entidad pública Augas de Galicia sobre la potencial afectación de esta industria tanto al río Ulla como al embalse de Portodemouros. Estos son dos de los enclaves ambientales más reivindicados desde el amplio espectro social que se opone a la instalación de esta fábrica. También, claro, su afección en la ría de Arousa, donde desembocarían los vertidos.

En el texto, presuntamente acreditado por el Gobierno gallego, se relata cómo la planta de celulosa es “compatible con los objetivos medioambientales” y asegura que “no causará impactos significativos” ni en el entorno ni en el río Ulla ni en el embalse de Portodemouros. El Salto ha preguntado a la Presidencia de la Xunta y a la Consellería de Medio Ambiente si este tipo de perversión de los caudales legales de la Administración es algo habitual y quién ha dado dicha orden, pero todavía no han respondido. Tampoco ninguna pregunta sobre el contenido del informe, que ha llegado antes a un periódico privado que a las vecinas y vecinos afectados.

El medio elegido para la filtración es lo único que no sorprende de la estrategia de la Xunta. La Voz de Galicia es el destinatario de publicidad institucional más grande de las administraciones que dependen del Partido Popular en Galicia como ha documentado esta redacción en numerosas ocasiones. Pero, además, Greenalia —la parte empresarial gallega del proyecto— tiene estrechos vínculos con La Voz. Sin ir más lejos, uno de los asientos de su consejo de administración lo ocupa Antonio Couceiro que, además de ser conselleiro con Fraga en la Xunta, ostentó la vicepresidencia de la empresa que edita el periódico.

Ecoloxistas y Greenpeace señalan como “escandaloso” el modus operandi de la Xunta

A juicio de dos de las organizaciones ecologistas que mas están remando para frenar esta fábrica del tamaño de 500 campos de fútbol, el presidente de la Xunta y sus conselleiros y conselleiras “están actuando como meros agentes comerciales a los servicio de la multinacional portuguesa”, denuncia Cristobal López, portavoz de Ecoloxistas en Acción. “La manera de proceder es absolutamente escandalosa”, añade el coordinador de Greenpeace en Galicia, Manoel Santos: “Van enviando píldoras a través de la prensa sobre informes que no podemos ver, sobre correcciones del proyecto original que teóricamente se había hecho con las mejores técnicas disponibles”. Sobre algo, dicen, “que ya habían decidido hace mucho tiempo, con o sin informes”. 

“Están haciendo un abuso y un mal uso del poder político, manejando los tiempos y formas del procedimiento administrativo para favorecer el proyecto de Altri“, denuncia el portavoz de Ecoloxistas y añade: “Necesitamos parar este proyecto tan dañino y lesivo, pero sobre todo necesitamos cambiar las políticas que favorecen el extractivismo y que favorecen que nuestro país sea una gran zona de sacrificio para las multinacionales”. Desde Greenpeace, amplían la crítica y avisan al Gobierno gallego: “El desprecio a la ciudadanía es constante. No tenemos duda de que nos vamos a ver de nuevo en las calles y también en los juzgados porque es lo que nos queda”.

El BNG señala la “cacicada” de la Xunta

El BNG denuncia la “cacicada” y el “atentado ambiental” del Gobierno del PP con la autorización de Augas de Galicia para la captación de aguas de la macrocelulosa de Altri. Para la organización nacionalista, se trata de la “crónica de una autorización anunciada”. El portavoz parlamentario de Medio Ambiente, Luis Bará, señala que el Ejecutivo de Alfonso Rueda “ya hace tiempo que decidió autorizar” el proyecto y que “arreglará todos los informes” con “irregularidades y presiones” al personal de la administración.

Advierte de que supone un “atentado contra el país” por el impacto de la captación y el vertido de aguas contaminantes en el Ulla, afectando zonas protegidas y agravando la situación ambiental, especialmente en el embalse de Portodemouros, donde está el punto de captación.