Medios de comunicación
La Xunta del PP repartió dos millones a dedo a medios amigos una semana después de convocar elecciones

Exactamente ocho días después de convocar las elecciones gallegas, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, repartió dos millones de euros del erario público a los principales medios de comunicación hegemónicos y habitualmente amables con la gestión del Partido Popular. Rueda, que heredó el cargo gracias al dedo con el que Alberto Núñez Feijóo lo señaló antes de marchar hacia Madrid para liderar el PP, tomó la decisión de hacer efectivas estas ayudas “en régimen de concurrencia no competitiva”, es decir, opacas y arbitrarias, el día 29 diciembre con su publicación en el Diario Oficial Galicia, el BOE gallego. Apenas una semana antes, el día 21, y tras aprobar los presupuestos gallegos solamente con los votos de su partido, decidió adelantar los comicios gallegos al 18 de febrero. Una estrategia mediática recurrente en la historia de su partido en Galicia.

Las empresas periodísticas y de radiodifusión que han sido beneficiarias de estos 1.976.777 euros también son recurrentes destinatarias del reparto dirigido desde los despachos del Gobierno gallego a través de la Secretaría Xeral de Medios, capitaneada por Silvia Valdés. De hecho, solamente cuatro empresas se llevan el 80% de esos casi dos millones de euros de dinero público. Por orden de montante: La Voz de Galicia se agencia 873.837,71 euros; el grupo Prensa Ibérica a través de sus cabeceras Faro de Vigo y La Opinión de A Coruña suma 362.748,11 euros a sus cuentas; El Progreso de Lugo se lleva 167.105,04 euros; y La Región de Ourense otros 146.733,09 euros. ¿Pero a cambio de qué? 

La propia Presidencia de la Xunta explica que basan esta ayuda en que “la libertad de expresión y de difusión constituye un derecho fundamental y una de las bases esenciales de convivencia democrática, valores que los poderes públicos deben garantizar (...) promoviendo la participación de toda la ciudadanía en la vida política, económica y social”. Por eso, añaden, “se hace necesario que el Gobierno gallego ponga los adecuados instrumentos de financiación al servicio de la potenciación y difusión de los medios de comunicación que, además de responder a dichas premisas, defiendan la identidad de Galicia y sus intereses, su lengua, su cultura y, en general, la galleguidad entendida como vínculo histórico de los gallegos de dentro y fuera de Galicia”.

La falacia no llega muy lejos: ninguno de los cinco periódicos citados edita sus diarios en gallego como lengua vehicular, solamente puntuales piezas en las secciones de cultura, opinión y algún gesto simbólico en el Día Nacional de Galicia o en las Letras Galegas. De hecho, los principales medios de Galicia que utilizan la lengua gallega como Nós Diario, Praza.gal, GCiencia, Luzes, Campo Galego o Novas da Galiza, entre otras decenas, como O Salto, o no se llevan nada o se hacen con un dinero testimonial. “El Gobierno gallego pone los adecuados instrumentos de financiación”, pero donde ellos quieren.

Coberturas leales: de la investidura de Feijóo a los pellets

Las estrategias políticas de los medios de comunicación más influyentes —o al menos de más alcance— en Galicia de cara al tratamiento informativo de todo lo que emane del Partido Popular no acostumbra a ser ni muy sofisticado ni, mucho menos, plural. Y el ejemplo más reciente y revelador de estas maniobras en las hemerotecas de estos diarios es, sin duda, la cobertura de la investidura, que nació muerta, de Alberto Núñez Feijóo como presidente del Gobierno del Estado. Aquella investidura que se sabía fallida, el líder del Partido Popular la transformó en una moción de censura velada al presidente del Gobierno, en aquel momento en funciones, Pedro Sánchez. Y los medios que hoy recogen estos ostentosos frutos aquel 27 de septiembre de 2023 sembraron lealtad. La Voz de Galicia: “Feijóo se presenta como una persona de fiar y alerta sobre la amnistía”. El Faro de Vigo: “Feijóo se erige como baluarte de la Constitución ante un Sánchez mudo”. O La Región de Ourense: “Feijóo se postula como el garante constitucional y Sánchez le hace el vacío”. Unas líneas editoriales indistinguibles para tres de los diarios con más tirada del país.

Harina de otro costal está siendo la cobertura del desastre medioambiental que a día de hoy todavía asola la costa gallega y cada vez más las asturiana y cántabra con el vertido de millones de microplásticos por la pérdida de un container por parte de un buque de carga frente al litoral de Viana do Castelo, en Portugal. Las maniobras, que no la catástrofe, han sido similares a las acontecidas con el hundimiento del petrolero Prestige en 2002. Primero, ocultación. Cuando ya resulta imposible frenar la información del desastre, relativizar su gravedad. Cuando la gravedad es manifiesta, diseminar las responsabilidades. Y, siempre, de telón de fondo, la opinión del Gobierno gallego por encima del resto o una malograda equidistancia.

El PSdeG también paga en la medida de sus posibilidades

Aunque las empresas destinatarias no siempre son las mismas, la estrategia de reparto de dinero público entre medios de comunicación por parte de los gobiernos que el PSdeG tiene en Galicia sigue una dinámica similar y es, fundamentalmente, el reparto sin concurrencia competitiva o directamente con contratos negociados sin publicidad. Esto es, a dedo. Esta redacción ya reveló cómo el gran granero de votos de los socialistas en Galicia, que está, además de en A Coruña, en los feudos de Abel Caballero, sigue dinámicas muy similares a las que esgrime la Xunta de Galicia. Contratos opacos a través de empresas de comunicación y marketing o directamente repartos indiscriminados dirigidos en este caso, desde diputaciones y grandes ayuntamientos de Galicia. Como los dos 2,5 millones de euros que el alcalde de la Navidad surtió a medios afines a semanas de las elecciones locales para, supuestamente, promocionar un concierto de los Guns N' Roses con casi todas las entradas vendidas.

Una de las herramientas más habituales en los ayuntamientos y gobiernos autonómicos para financiar medios de comunicación a dedo y no atendiendo a criterios de audiencia son los contratos menores. Ante la gran presión aunque de pocos medios que se está ejerciendo sobre esta gestión torticera de los recursos públicos, la mayor parte de los grandes ayuntamientos están optando por canalizar a través de empresas privadas el reparto publicitario en los diferentes medios de comunicación. Esto hace más opaco el procedimiento e imposibilita el acceso al reparto de partidas concretas a cada medio de comunicación, viéndose obligados a hacer solicitudes amparadas en la Ley de Transparencia o pidiendo el amparo de los Defensores del Pueblo y demorándose hasta tres meses. Sin contar, eso sí, la publicidad institucional que financian las concesiones públicas del Estado, administraciones autonómicas, diputaciones o los propios ayuntamientos.