Comunidad de Madrid
La comunidad universitaria se suma a la huelga del sector educativo madrileño

Las universidades públicas de Madrid serán las siguientes en sumarse a este otoño de movilizaciones previas a las elecciones generales. El día 14 de octubre, tal y como ha confirmado este jueves la Delegación Central de Estudiantes de la UCM, tanto este centro como la Universidad Rey Juan Carlos realizarán su primera jornada de huelga de docentes, estudiantes y personal de gestión. Se suman, por tanto, a los parones indefinidos que ha convocado para esa fecha el resto de la comunidad educativa por la bajada de ratios y horas lectivas, algunas, como las educadoras de 0 a 3 años las educadoras de la Plataforma Laboral Escuelas Infantiles (PLEI) llevan en huelga indefinida desde el pasado mes de abril.

“Nuestra lucha no se sucede en el vacío. Solo se entiende en el contexto más amplio de ataques a la educación pública por parte de las derechas y se imbrican con otras resistencias fundamentales por una vida digna y en defensa de lo público”, han clamado la pasada semana. Actualmente cuentan con el apoyo de CCOO, UGT y STEM, CGT Enseñanza Madrid, la sección sindical de CNT en la educación pública, Solidaridad Obrera y Menos Lectivas, entre otras organizaciones sindicales.

“Si esas demandas no tienen respuesta, seguiremos escalando el conflicto con esta potencial huelga de la primera semana de noviembre”

Se espera que la huelga universitaria del día 14 sirva también como pistoletazo de salida del resto de parones universitarios unitarios. No será hasta el 4 y 5 de noviembre cuando se realicen jornadas de huelga que esta vez sí aglutinen previsiblemente a todos los centros de enseñanza superior de la región. “Si esas demandas no tienen respuesta, seguiremos escalando el conflicto con esta potencial huelga de la primera semana de noviembre. Todo está sujeto a cómo vaya la negociación y a cómo vaya la huelga indefinida”, cuentan voces de la comunidad universitaria en lucha.

A finales de octubre se presentará el anteproyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad de Madrid, de manera que uno de los objetivos de las estudiantes y docentes es visibilizar su descontento ante la gestión del gobierno regional con los actuales presupuestos “ínfimos” destinados a las universidades públicas. “Tras 15 años de estancamiento financiero, las universidades públicas están asfixiadas”, aseguran.

Álvaro Briales, delegado de CGT en la Universidad Complutense de Madrid, explica que la razón por la que la mayor parte de las universidades no se sumarán hasta noviembre reside fundamentalmente en los tiempos, ya que contaban con poco margen para la organización. Por otro lado, actualmente son la UCM y la URJC las que se están viendo más azotadas por las políticas austericidas de la comunidad de Madrid, “con un plan de recortes de 34 millones de euros en la Rey Juan Carlos”. Esta última universidad continúa siendo, aún con más presupuesto que en los años anteriores, la peor financiada del Estado. Los otros centros ese día acompañarán con jornadas de lucha y posibles paros parciales.

“Hubo ciertas dudas con la convocatoria porque es verdad que no hay muchísimo tiempo de organización. Se fue debatiendo en las distintas asambleas de las universidades y se acabó de concretar en la reunión interuniversitaria del día 3 de octubre”, explica a El Salto Jesús Escribano, secretario de universidades de CCOO enseñanza. La última vez que las estudiantes de las públicas celebraron paros totales fue el 26 y 27 de noviembre de este mismo año: en aquel entonces una de las motivaciones de la huelga fue mostrar rechazo hacia la Ley de Estudios Superiores y Universidades de la Comunidad de Madrid (LESUC), que finalmente se paralizó gracias a dichas movilizaciones.

“La ley establecía que parte la financiación iba a tener que venir a partir de organismos privados. En la comunidad de Madrid nos daría un porcentaje de recursos y el resto lo tendríamos que buscar”, afirman fuentes de UCM por la Pública. También auguraba mayor presencia de empresas privadas en los consejos sociales de los centros, algo que condiciona los recorridos formativos de los grados.

Paros totales contra un plan de financiación con recortes “salvajes”

En el epicentro de la actual lucha de las universidades se encuentra el controvertido Plan Plurianual de Financiación de Isabel Díaz Ayuso (Partido Popular) firmado en marzo de 2026 por los seis rectores que conforman la CRUMA. Un plan que continúa con el modelo de “asfixia económica” e infrapresupuestación iniciada en 2011. Muchas estudiantes que han analizado en los últimos años las políticas financieras de la CAM para con las universidades han calificado el proyecto de “LESUC encubierta”. La comunidad universitaria cuestiona, además, la opacidad que rodeó desde el primer minuto la firma del acuerdo, aprobado a espaldas y sin el beneplácito de las plataformas en defensa de la pública.

En un comunicado de prensa, la Plataforma x la Pública denunciaba recientemente que la inversión en universidades sigue estancado en el 0,4% del PIB, muy lejos del 1% que obliga la ley estatal (la LOSU). Ni siquiera se acerca a la media española, de 0,7%. La cuestión de la escasa inversión pública sigue generando indignación entre los estudiantes, tal y como ya reflejó el referéndum autogestionado de la Universidad Complutense del pasado abril. Los resultados de la encuesta evidenciaron que el 95,78% de los estudiantes (7.278 de 7.599) rechazaba al plan de recortes impulsado por el Rectorado.

“Desde 2021, las transferencias de la Comunidad de Madrid no alcanzan para cubrir ni siquiera el gasto de personal de las universidades públicas. El desfase debe absorberse con tasas, ingresos propios u otras fuentes”, sostiene un informe de UCM x la Pública que analiza detalladamente las inversiones interanuales en enseñanza universitaria en la región desde la crisis económica de 2008.

Las políticas de recortes “salvajes” y ajustes se manifiestan diariamente en forma de “maltrato laboral hacia al profesorado, las investigadoras y el PTGAS”. Se palpa desde hace años en la cotidianidad de los centros, golpeados por la dejación institucional: edificios destartalados, reducción de préstamos interbibiliotecarios, limitaciones en salidas de campo, salarios míseros y abuso de figuras precarias como la de ayudante doctor. En este sentido, Enrique García Sánchez, profesor matemáticas portavoz de UCM por la Pública, lamenta el cierre de grupos y titulaciones, en especial de másteres y recorte de plantillas en bibliotecas fruto de esta situación de “estrangulamiento económico”.

Otra afectada por los recortes, Sarai Pazos, miembro de la Plataforma URJC por la Pública, pone como ejemplo al campus de Aranjuez, donde “hay paredes que se caen a pedazos pero no se puede hacer nada porque la comunidad de Madrid no da presupuesto para poder hacer preparaciones en esos espacios”.

La Comunidad de Madrid tiene las tasas más caras del todo el Estado y entre el 20 y el 25% de los presupuestos de las universidades proviene de las tasas académicas

A esta situación de carestía provocada se suma el creciente precio de las matrículas. La Comunidad de Madrid tiene las tasas más caras del todo el Estado y entre el 20 y el 25% de los presupuestos de las universidades proviene de las tasas académicas, como aseguran investigadores de la UCM y URJC. Desde CGT defienden que se aplique la gratuidad de las primeras matriculas al igual que sucede en comunidades como Andalucía o Galicia.

Pero también apuestan por la puesta en marcha de políticas expansivas como el aumento de plazas en másteres habilitantes. Cuanto más se reducen las posibilidades de entrar en un máster en la pública por la limitación de plazas, más se engrosan las filas en los centros privados. “Ahí las privadas hacen negocio, ofreciendo másteres online con muchas facilidades, con estándares de calidad a veces cuestionables”, asegura García. Una tendencia privatizadora que arrastra también a los servicios sanitarios de toda la región.

Sin vivienda digna no hay educación

Las protestas estudiantiles no pueden desligarse de las que han protagonizado la actualidad política y social estas últimas semanas: el movimiento de vivienda ha tomado las calles y ha convocado una huelga general con el apoyo de los sindicatos mayoritarios tras casi dos semanas de acampada en la Puerta del Sol. Sarai ha vivido con mucho optimismo la confluencia entre las movilizaciones del sector educativo y las del movimiento vivienda, que ha servido para amplificar el mensaje de las estudiantes.

“La educación universitaria deja de ser un derecho efectivo cuando estudiantes y trabajadoras nos vemos cada vez más imposibilitadas de acceder a la vivienda...”

“En la manifestación del fin de semana pasado también nos unimos como plataformas por la pública porque si no mostramos un centro unido contra lo que está pasando en la Comunidad de Madrid no vamos a cumplir nada”, establece. Iniciativas como “la Uni en la acampada” —clases ofrecidas por docentes de varias universidades en lucha de forma voluntaria a pie de calle— también han contribuido a visibilizar la lucha estudiantil más allá de los propios campus.

Ya las educadoras del PLEI lanzaron meses atrás el lema “sin vivienda no hay educación”. “La educación universitaria deja de ser un derecho efectivo cuando estudiantes y trabajadoras nos vemos cada vez más imposibilitadas de acceder a la vivienda; porque nos sentimos acosadas por el sistema rentista; porque no contamos con unas condiciones mínimas en nuestros hogares para poder concentrarnos en nuestros estudios y trabajos”, inferían en un comunicado reciente las universitarias en lucha.

No sólo las estudiantes se están viendo afectadas por los precios desorbitados de los alquileres: docentes, investigadoras y PTGAS están viendo cómo sus salarios resultan más que insuficientes para asumir el las rentas. “Tengo varios compañeros que siguen viviendo con sus padres aunque ya hayan terminado el doctorado porque con el sueldo que tienen de ayudante doctor no pueden permitirse ir a vivir siquiera compartiendo piso”, alega Sarai, mientras añade que se trata de una coyuntura presente en “todas las universidades” que se ha agravado con las sucesivas congelaciones de nóminas.