Derecho a la vivienda
Unión sindical frente a la especulación y los salarios bajos el día en el que murió Maricarmen

El 11 de noviembre es la fecha oficial en la que se celebrará la huelga general por la vivienda, que será una de las reivindicaciones junto con el aumento de los salarios para asegurar una vida digna a los y las trabajadoras. Así lo han acordado este miércoles la mayoría de sindicatos, que previamente se habían mostrado dispuestos a convocarla. La fecha ha sido a propuesta de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas y aceptada por grandes sindicatos como CCOO, UGT o CGT, seguido por otras centrales de clase como Co.Bas, Solidaridad obrera, CNT, y por los principales sindicatos independentistas como LAB, ELA, ESK, CIG y la Intersindical Alternativa de Catalunya, entre otras. 

Una respuesta que busca trasladar al ámbito laboral las reivindicaciones del movimiento por la vivienda, que hace dos semanas estalló con el simbólico desahucio de Maricarmen Abascal. La mujer de 87 años tuvo que abandonar el que fue su hogar los últimos 71 años en un operativo policial denunciado por violento y con gran foco mediático. Maricarmen tuvo que ser ingresada y permaneció en el hospital las últimas dos semanas. Maricarmen falleció este mismo miércoles que se convoca la huelga general. 

A última hora de la tarde de este miércoles se ha celebrado una rueda de prensa conjunta en Madrid para defender la necesidad de una movilización que conecte las reivindicaciones por una vivienda digna con la mejora de las condiciones laborales. Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid y de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, ha querido dejar claro que “el rentismo mata”. En la formalización de la huelga también han estado Paloma López, secretaria general de CCOO de Madrid; Miguel Fadrique Sanz, secretario general de CGT; Andrea Zayas, de la dirección estatal de Co.Bas; Álvaro Ferreira, secretario de Acción Social de Solidaridad Obrera, y Andrés Orta, secretario de Organización de UGT.

La iniciativa da continuidad a las conversaciones entre las organizaciones sindicales y el movimiento inquilino, que en los últimos días han intensificado los contactos para articular una respuesta conjunta. Como ya advertían las centrales en los primeros posicionamientos sobre la legalidad de la huelga, el objetivo es hacer frente a los intentos de la patronal de cuestionar una convocatoria que, según defienden, tiene una justificación laboral clara: la imposibilidad de acceder a una vivienda digna con los salarios actuales.

Desde CGT, Miguel Fadrique ha defendido la necesidad de trasladar el conflicto habitacional a los centros de trabajo. “En pocos días se ha avanzado más en materia de derecho a la vivienda que en los últimos años. Ha llegado el momento de llevar esta lucha al lugar de trabajo para convencer a nuestras compañeras de que, si con nuestro sueldo no podemos permitirnos un hogar, la vivienda es también una reivindicación sindical”, ha señalado. El sindicato considera que la huelga debe servir para implicar a las plantillas en una problemática que afecta tanto a las personas trabajadoras como a sus familias.

“Por eso, desde la CGT, estamos organizando la huelga general por la vivienda y los salarios dignos, porque esto nos está costando la vida”, ha afirmado Fadrique, que ha apelado a la participación colectiva para que la convocatoria tenga capacidad de presión. “Necesitamos ser mucha gente la que preparemos y organicemos esta huelga para poder hacer ceder al Gobierno que gane las próximas elecciones y, sobre todo, debe ser una advertencia general para toda la clase política —de todos los colores— que nos ha llevado a esta miserable situación y que ya no podemos aguantar más”.

CGT impulsa que la huelga general sea asumida por los centros de trabajo y no se limite a una convocatoria de las direcciones sindicales

La central anarcosindicalista ha planteado, además, una serie de pasos para extender la movilización a los centros de trabajo. Entre ellos, difundir los motivos de la huelga entre las plantillas, convocar asambleas informativas, conseguir que los comités de empresa y las delegaciones sindicales se posicionen públicamente y crear comités de apoyo que permitan organizar acciones y sumar participantes. Una estrategia con la que CGT busca que la huelga no se limite a una convocatoria de las direcciones sindicales, sino que se construya desde los propios centros de trabajo.

Por su parte, CCOO ha celebrado el avance de la convocatoria y la implicación de sus estructuras. “El máximo órgano de decisión de CCOO —representante de todas nuestras federaciones sectoriales y organizaciones territoriales— ha ratificado lo que la clase trabajadora lleva pidiendo a gritos: nos vamos a la huelga general”, ha señalado el sindicato. CCOO y UGT han vinculado la movilización a la necesidad de desbloquear la negociación colectiva, aumentar los salarios, reducir la jornada laboral, mejorar la salud de las personas trabajadoras y erradicar la precariedad.

“Mejores salarios, una vivienda digna y el control de los precios ante una inflación que lastra nuestro poder adquisitivo” son las reivindicaciones de CCOO y UGT para esta huelga

En un comunicado conjunto, ambas organizaciones han defendido que la huelga del 11 de noviembre debe servir para reclamar “mejores salarios, una vivienda digna y el control de los precios ante una inflación que lastra nuestro poder adquisitivo”. Los sindicatos denuncian que la especulación inmobiliaria convierte uno de los principales derechos de ciudadanía en un bien cada vez más inaccesible, al tiempo que los beneficios empresariales crecen a costa de las rentas del trabajo.

CCOO y UGT también sitúan la inflación y el encarecimiento de los productos básicos entre los motivos de la protesta. En su argumentario, las centrales señalan que los márgenes empresariales están repercutiendo en los precios y que las personas trabajadoras están soportando los costes de las crisis energéticas y de los conflictos internacionales. La huelga, sostienen, debe ser también una expresión de rechazo a un modelo económico que traslada el coste de estas crisis a los hogares, mientras dificulta llegar a fin de mes.

La movilización pretende, asimismo, interpelar a las distintas administraciones públicas para que adopten medidas contra la especulación inmobiliaria y el encarecimiento de la vivienda. Los sindicatos reclaman políticas que garanticen el acceso a un hogar digno y que eviten que las personas trabajadoras tengan que destinar una parte cada vez mayor de sus salarios al alquiler o a la hipoteca. En este sentido, la convocatoria se dirige tanto al Gobierno central como a las comunidades autónomas, a las empresas y a las organizaciones patronales.

La huelga llega a todos los territorios

En Euskal Herria, las tres grandes centrales —ELA, LAB y ESK— han confirmado su apoyo a la huelga general del 11 de noviembre. La primera considera que la crisis habitacional debe abordarse desde Hego Euskal Herria, especialmente en la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra, cuyos gobiernos cuentan con competencias para adoptar medidas en materia de vivienda. ELA reclama un cambio de orientación en las políticas públicas desarrolladas hasta ahora por los gobiernos de Gasteiz, Iruñea y Madrid. Para el sindicato, la prioridad de las administraciones debe ser garantizar el acceso a una vivienda digna, por encima de la rentabilidad de propietarios, constructoras y fondos de inversión. La organización considera que las instituciones disponen de herramientas para hacer frente a la crisis y que deben utilizarlas para responder a las necesidades de la población trabajadora.

LAB también ha mostrado su disposición a participar en la convocatoria y ha defendido que la lucha por la vivienda y los salarios dignos forma parte de una misma reivindicación por unas condiciones de vida dignas. El sindicato, que sitúa la movilización en continuidad con la huelga por un salario mínimo propio celebrada meses atrás, apuesta por una respuesta unitaria que permita avanzar en transformaciones estructurales y hacer frente a la precariedad laboral y habitacional.

“Tenemos como objetivo salarios y viviendas dignas para todos y todas, cerraremos los centros de trabajo y llenaremos las calles”, señala LAB, que ha planteado llevar la propuesta de huelga a su Asamblea Nacional. Entre sus reivindicaciones figuran los alquileres indefinidos, la bajada de los precios de la vivienda y unos salarios que permitan garantizar las condiciones de vida de la clase trabajadora. La central también reclama a las instituciones de Euskal Herria que abandonen las políticas que, a su juicio, favorecen el rentismo.

Por su parte, ESK ha anunciado que está preparada para poner en marcha la huelga general en Euskal Herria y que continúa trabajando con movimientos sociales y organizaciones sindicales para hacerla realidad en Hego Euskal Herria. La central considera que el derecho a una vivienda digna es una condición imprescindible para garantizar vidas dignas y someterá la convocatoria a la decisión de su Batzorde Nazionala, el órgano competente para ratificarla, en su reunión del 8 de octubre.

La CIG reclama un plan de choque que incluya una subida del salario mínimo interprofesional hasta los 1.375 euros mensuales en 2026, entre otras medidas

La incorporación de estas organizaciones se suma a los apoyos que la convocatoria ha ido reuniendo en distintos territorios. En Galicia, la CIG ha anunciado su apuesta por una huelga general ante el encarecimiento de los precios y las dificultades de acceso a la vivienda, que, según denuncia, están empobreciendo a la clase trabajadora. La central nacionalista reclama un plan de choque a los gobiernos central y gallego que incluya una subida del salario mínimo interprofesional hasta los 1.375 euros mensuales en 2026, medidas de protección social, el refuerzo de los servicios públicos y actuaciones contra la especulación inmobiliaria.

Entre sus propuestas en materia de vivienda, la CIG plantea prohibir los desahucios, proteger a las personas con dificultades para pagar el alquiler o la hipoteca, congelar las rentas y limitar los precios de los grandes propietarios. También reclama poner las viviendas de la Sareb a disposición de las personas y colectivos que las necesitan y crear un banco gallego de vivienda destinado al alquiler social. En el ámbito de los suministros, propone medidas para contener los precios de la electricidad y los combustibles, así como reforzar el transporte público.

“Los y las trabajadoras pierden capacidad adquisitiva mientras una parte creciente de los ingresos de las familias se destina a pagar la vivienda,” denuncian desde la Intersindical catalana

Por su parte, la Intersindical catalana también ha anunciado que apoyará la huelga en Catalunya. “Trabajar no garantiza vivir dignamente. Los trabajadores y trabajadoras pierden capacidad adquisitiva mientras una parte creciente de los ingresos de las familias se destina a pagar la vivienda. El precio de la vivienda, junto al aumento del coste de los productos básicos, es una pieza central del encarecimiento del coste de la vida y del empobrecimiento de la clase trabajadora”, explican su comunicado. 

La suma de apoyos sindicales sitúa la convocatoria del 11 de noviembre como un intento de articular una respuesta común frente a la crisis de la vivienda y la pérdida de poder adquisitivo. Las organizaciones coinciden en que la dificultad para acceder a un hogar no puede entenderse al margen de los salarios, la precariedad y el encarecimiento de los bienes y servicios básicos. La huelga busca, así, llevar estas reivindicaciones a los centros de trabajo y a las calles, con la intención de convertir el conflicto por la vivienda en una movilización del conjunto de la clase trabajadora.