Galicia
Las escuelas públicas gallegas, al límite: aulas sin apoyo y profesorado agotado por los recortes

Xoel, un joven de 17 años con TEA e hipoacusia severa, empieza el curso sin el apoyo que tenía garantizado hasta ahora. Durante años contó con cincuenta minutos semanales de Audición y Lenguaje, una ayuda clave para su desarrollo comunicativo. Este septiembre, sin previo aviso, el recurso desapareció por completo de su centro de enseñanza. Su familia, como otras con hijos con necesidades educativas especiales, ya ha presentado reclamaciones a la Consellería de Educación.

El caso de Xoel es solo un ejemplo de una situación más amplia. Recortes de personal, Ampas asumiendo competencias impropias y un profesorado sobrecargado configuran la radiografía de la escuela pública gallega en este inicio de curso 2025-2026. La Confederación Intersindical Galega (CIG), sindicato mayoritario en la educación pública de Galicia, acaba de convocar una huelga el próximo 25 de septiembre y advierte que será el primer paso de un ciclo de protestas contra “la política de recortes del Gobierno gallego”. Las denuncias del sindicato son múltiples: plazas sin cubrir, reducción de especialistas en atención a la diversidad, aumento de las ratios, burocratización creciente y desaparición de programas de apoyo.

Plazas desiertas, claustros inestables

La huelga llega en un contexto en el que un tercio de las plazas convocadas en oposición quedaron desiertas. En la CIG señalan que el número de docentes en Galicia permanece congelado en 30.424 desde hace cuatro años, una cifra que incluso está por debajo de la que recibió Feijóo al llegar a la Xunta en 2009. La Xunta, por su parte, señala que la cifra es de 31.756 docentes, que sería, según ellos, la más alta de la serie histórica.

Las consecuencias se notan en los centros. Nerea, maestra de infantil en la Costa da Morte, describe un “claustro agotado”. Este año la plaza de Educación Física en su centro pasó a ser itinerante: “Antes, la maestra de esta materia también dedicaba parte de su jornada a refuerzos en otros grupos. Ahora, el centro ha perdido esas horas de apoyo”. La situación empeoró con la jubilación de la responsable de la biblioteca: “O cerramos la biblioteca o no sabemos qué hacer”, admite, consciente de que ningún docente dispone de las cinco horas de liberación necesarias para asumir esa tarea mientras compaginan guardias, coordinaciones y actividades extraescolares.

La carga también recae sobre las especialistas de apoyo. De las dos maestras de pedagogía terapéutica que había, queda solo una para 95 niños que, además, es la secretaria del centro. A la falta de profesorado se suma la creciente burocratización. El exceso de papeleo multiplica el agotamiento: registros diarios, actas, trámites que consumen el tiempo que debería dedicarse a preparar actividades y recursos: “Yo, por ejemplo, soy tutora de infantil, coordinadora de ciclo, miembro del equipo de biblioteca, llevo el club de lectura y también soy la responsable del comedor.” Un cúmulo de funciones que deja poco espacio para lo esencial: dar clase.

Además, la inestabilidad del profesorado es una de las quejas recurrentes en los centros. Nerea explica que los constantes cambios impiden dar continuidad a los proyectos: “Es muy difícil mantener actividades si cada curso cambia el equipo docente”. Una percepción que comparte Xela Arias, secretaria comarcal de la CIG, quien alerta de que esa falta de estabilidad repercute directamente en la calidad pedagógica y está provocando un aumento exponencial de las bajas por estrés entre el profesorado.

Atención a la diversidad recortada

La reducción de especialistas está dejando sin apoyo a buena parte del alumnado con necesidades educativas específicas. Nerea recuerda que antes había dos profesoras de pedagogía terapéutica que reforzaban tanto dentro como fuera de las aulas. “Trabajaban con niños con discalculias, dislexias o TDAH, que también necesitan ayuda constante”, explica. Ahora solo queda una para todo el centro, obligada a centrarse exclusivamente en los casos con discapacidad reconocida. Los demás, dice, quedan desatendidos, incluso cuando tienen adaptaciones curriculares.

El problema no es aislado. En el CEIP A Picota, en Mazaricos, las familias denuncian que la única maestra de Pedagogía Terapéutica está compartida con otro centro, así como también la maestra de Audición y Lenguaje. “Incluso compartimos la orientadora con un colegio situado a quince kilómetros”, lamenta Matilde, madre de la Ampa.

En Ribeira, la concejala de Educación, Cruz Rivadulla, alerta de que el Colegio Público O Grupo solo cuenta con un orientador para 400 chicos. “Están tardando hasta dos años en confirmar casos de TEA o TDAH”, explica y añade: “Mientras no lleguen los informes, no se pueden activar los protocolos y los niños quedan a la espera.”

La Confederación de Anpas Galegas confirma que el colapso de los equipos de orientación se ha convertido en un círculo vicioso. “Les cuesta mucho tiempo sacar los diagnósticos porque no tienen personal, y aunque los saquen, después no hay especialistas suficientes para atender a los niños”, resume su presidenta, Isabel Calvete.

Araceli, maestra de infantil, añade otro ejemplo: en su centro tiene un alumno extranjero que no habla gallego ni castellano y que debería recibir apoyo de Audición y Lenguaje, pero no hay horarios disponibles: “Se priorizan los niños de primaria y infantil queda relegado, cuando si interviéramos antes evitaríamos muchas dificultades más adelante.”

La desaparición de la Red de Acompañamiento y Orientación personal y familiar de Galicia (Raogal) supuso otro golpe a la atención al alumnado más vulnerable. En municipios como Mazaricos, donde muchas personas migrantes llegan para trabajar en explotaciones ganaderas, la Raogal era especialmente necesario para garantizar una acogida digna en las aulas. Para Arias, de la CIG-Ensino, la pérdida no afecta solo a la calidad educativa sino al conjunto de la sociedad: “Sin programas de integración en la enseñanza pública es imposible construir una convivencia real”.

Ampas y ayuntamientos asumen competencias ajenas

Uno de los efectos colaterales más evidentes de los recortes en la educación pública gallega es el impacto en las Ampas y en los ayuntamientos, que se ven forzados a asumir competencias que, en teoría, no les corresponden.

Maika, presidenta de la Federación Anpas Costa da Morte, lamenta que las asociaciones de padres y madres se conviertan en “empresas de administración”. Se ven en la obligación de gestionar desinteresadamente actividades de apoyo, extraescolares y otras de conciliación como el servicio de madrugadores o incluso monitoreo en comedores.

El Ayuntamiento de Ribeira subvenciona a los colegios un monitor de forma gratuita. “Este dinero sale de las partidas municipales cuando realmente no es competencia del Ayuntamiento,” explica Cruz Rivadulla. Como ejemplo del desinterés por parte de la Xunta, menciona el colegio de Olveira, que necesita una reforma integral: un edificio de tres plantas sin ascensor ni salidas de emergencia, con importantes deficiencias estructurales. La dirección del centro y la Ampa, con el apoyo del Ayuntamiento, llevan dos años reclamando actuaciones sin obtener respuesta.

Desde la Confederación de Anpas Galegas también denuncian problemas recurrentes con los servicios de transporte escolar. “La semana pasada en el municipio de Vilalba, 11 niños quedaron tirados sin plaza en el bus”, afirma Isabel. Esta falta de planificación y recursos por parte de la Xunta es un reflejo de la desorganización general que impera en la educación pública gallega, agravada por los constantes recortes de personal y recortes presupuestarios.

Entre 2015 y 2022, el gasto educativo en Galicia apenas creció un 4,8 % en términos reales, frente a una media estatal del 12,6 %. Además, Galicia es, junto con Baleares, la comunidad que menos invierte por habitante en educación: un 92 % de la media estatal. El panorama se agrava cuando se revisa la convocatoria de oposiciones de 2025. De las 1.434 plazas ofertadas para el cuerpo de maestros, solo 40 son de Pedagogía Terapéutica y 53 de Audición y Lenguaje para toda Galicia. “Sin especialistas suficientes, muchas familias se ven en la obligación de acudir a gabinetes privados”, admite Isabel Calvete, quien insiste en que esto genera una brecha cada vez mayor entre quienes pueden pagar atención externa y quienes no. “Si la enseñanza es un derecho constitucional, hay que exigir los especialistas necesarios. Todos los alumnos tienen que convertirse en ciudadanos conscientes de la importancia de tener una sociedad inclusiva”, concluye.