Las demandas de Vox a PP y Ciudadanos: expulsión de migrantes y eliminación de impuestos a los ricos

La perspectiva de una repetición electoral en Andalucía cobra impulso después de que Vox haya ido más allá de lo esperado en su propuesta para la investidura de un presidente para la Junta de Andalucía. El partido ultra ha publicado los 19 puntos establecidos por su comisión negociadora, entre los que se incluye la demanda de una macroexpulsión de migrantes, el fin de la ley de memoria histórica y la derogación de medidas efectivas contra la violencia de género mediante una nueva ley “que no prejuzgue el sexo del agresor”.

La carta de demandas de Vox aparece un día antes de que Ciudadanos y Partido Popular se sienten para cerrar definitivamente el pacto con el que los partidos de derecha quieren terminar con el periodo de Susana Díaz al frente de la Junta de Andalucía. Ciudadanos, advertido por sus socios europeos de Alde, por el “fichaje” para la alcaldía de Barcelona, Manuel Valls, y por parte del establishement mediático de las posibles consecuencias de su pacto con la extrema derecha, quiere dejar al PP con la responsabilidad de entenderse con Vox y alejarse así en la medida de lo posible del partido ultra. Hoy mismo, los secretarios generales del PP y de Vox, Teodoro García Egea y Javier Ortega Smith, se han reunido en Madrid —sin contar para ello con Ciudadanos— con el objetivo de trabajar en un posible acuerdo para la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía.

Con sus demandas publicadas hoy, Vox sitúa a sus hipotéticos socios ante un escenario difícil de cumplir, tanto por lo rocambolesco de sus iniciativas —en términos legislativos— como por lo extremo de sus postulados. Así, medidas como la exigencia de que el Día de Andalucía pase del 28 de febrero —conmemoración del referéndum de la autonomía andaluza— al 2 de enero, día de la llamada “toma de Granada” —culminación de la reconquista en el imaginario de Vox— o la propuesta de supresión del término “realidad nacional” deben pasar por una reforma del Estatuto de Autonomía, para lo que se necesitan dos tercios de la cámara y un referéndum posterior.

Otras medidas, como la expulsión de 52.000 migrantes que, según Vox, permanecen en Andalucía de manera irregular —una medida que se confrontaría con la Ley de Protección de Datos al suponer el acceso de la Policía Nacional al registro de la Junta—, o la eliminación de la Ley 8/2017, de 28 de diciembre, de garantía de derechos, igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía, señalan el carácter declarativo del texto, más orientado hacia la promoción de las ideas de Vox en el marco de la campaña electoral. Asimismo, Vox exige a sus futuros socios la derogación de la Ley de memoria histórica de Andalucía y la supresión de subvenciones a “asociaciones islámicas”.

También explícitas son sus ideas en materia fiscal. El partido ultra apuesta por reducir drásticamente la recaudación en Andalucía, bonificando en un 99% los impuestos de sucesión y donaciones, la reducción de tramos del IRPF en su tramo autonómico y la reducción a cero del impuesto de patrimonio. Actualmente, este gravamen solo lo pagan las personas con una base liquidable mayor a 166.000 euros y solo pagan una cantidad superior al 2% de su patrimonio las fortunas con más de dos millones de euros en cuenta.